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LA FISCALÍA ESPAÑOLA ENCUBRE LAS TORTURAS FRANQUISTAS
Gerardo Iglesias, fundador de Izquierda Unida, no ha podido declarar ante la Justicia por las torturas que sufrió durante la dictadura. La declaración del ex secretario general del PCE ha sido suspendida a petición de la Fiscalía. Gerardo Iglesias había sido citado para que prestara declaración por la querella que en su día interpuso en la Querella Argentina por las torturas sufridas durante su primera etapa en la mina, las palizas que recibieron sus padres y el asesinato de un tío. La denuncia de Iglesias supuso la imputación en Argentina del policía Pascual Honrado. Iglesias denunció que Honrado era uno de los torturadores más terribles y el más bestia de la sesión de tortura que recibió. Estaba especializado en tumbarte al suelo dándote puñetazos en el hígado. Te daban patadas, hostias de toda clase, sufrías todo tipo de ensañamientos, aparte de humillaciones.
La abogada Ana Messuti ha denunciado el trato degradante que ha sufrido Gerardo Iglesias por la Justicia. Iglesias acudió haciendo un enorme esfuerzo de salud al Juzgado. Tuvo que medicarse fuertemente para poder aguantar una hora de declaración ya que ha sido operado recientemente. Un minuto antes de empezar le dijeron que se le prohibía declarar porque habían recibido un mensaje de la Fiscalía.
Esta una de los mucho casos de las trabas que el poder judicial está poniendo a la Querella Argentina, tras la denegación de extradición de los torturadores para tomarles declaración. Este pasado agosto, Félix Padín Gallo, compañero de la CNT recientemente fallecido, fue citado a declarar por María Servini. A pesar de la obstrucción de la Justicia española, la jueza se entrevistó personalmente con Félix, quien pudo testimoniar finalmente en el Juzgado de Miranda de Ebro.
Pero además es una forma de encubrir, apoyar y aceptar como legítimas las torturas y la violencia policial. E impedir a un ciudadano el derecho a declarar ante la Justicia es un acto dictatorial inadmisible.
Los sindicatos policiales, presuntamente demócratas y las organizaciones de fiscalía y de abogacía, tienen el deber moral de denunciar a una Fiscalía que denigra el concepto de Justicia, y la labor de la policía.
Mientras la “Justicia” siga en manos de franquistas que siguen defendiendo las torturas y los crímenes de lesa humanidad y negando las garantías procesales propias de un Estado democrático. Mientras sigamos gobernados por un partido y a un gobierno cuyos dirigentes, nietos de los asesinos fascistas, siguen vejando públicamente a las víctimas y a los familiares de víctimas. Mientras el Parlamento no condene el régimen dictatorial. Mientras las instituciones no respeten la Memoria Histórica y la Justicia, en España no habrá una Democracia Real.
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