diumenge, 9 d’abril de 2017

CUARENTA AÑOS DEL "SÁBADO SANTO ROJO". Eusebio Lucía Olmos. (1 , 2 y 3).



https://www.facebook.com/eusebiolucia/posts/1369713499765253


CUARENTA AÑOS DEL "SÁBADO SANTO ROJO" (1/3)
Artículo publicado en Publicoscopia, el 13/09/15
Estos días, que tanto se reclama por parte de algunos el sometimiento a la legalidad vigente, no puedo dejar de recordar aquellos otros en que políticos, necesariamente con mucha menor experiencia en su oficio que los que ahora así se expresan, ignoraban tales preceptos legales para conseguir el fin deseado: la restauración democrática. De otra forma, el acatamiento de la ley de Principios del Movimiento Nacional, de los fueros del Trabajo y de los Españoles, de las leyes fundamentales del Estado franquista en definitiva, nos hubiera obligado a una eterna parálisis en relación a aquello que toda España pretendía para dar salida a los cuarenta largos años de régimen dictatorial. Y para conseguirlo no tuvieron más que aplicar las acciones políticas más adecuadas en cada caso, olvidándose de la legalidad vigente. Hasta tal punto que, el 18 de noviembre de 1976, y tras una dura y larga confrontación entre los diferentes grupos de procuradores – aperturistas unos y ultra franquistas otros –, en la que se llegó a recurrir hasta a recabar la opinión de representantes de la oposición clandestina mediante contactos telefónicos del profesor Carlos Ollero, el gobierno de Adolfo Suárez y el presidente de la Cortes y del Consejo del Reino, Torcuato Fernández Miranda, consiguieron que sus propios creadores acabasen con toda la estructura jurídica del régimen franquista mediante la ley para la Reforma Política. Este texto legal fue aprobado en votación nominal por 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones. Los propios procuradores franquistas habían hecho posible el recorrido “de la ley a la ley, a través de la ley”.

Numerosos podrían ser los ejemplos detallados de las medulares estructuras que, siendo consideradas legales, fueron cayendo en aquellas fechas por meros acuerdos políticos, sin que la transgresión de la legalidad fuese esgrimida precisamente que por unos pocos nostálgicos del régimen del general Franco. Pero, voy a centrarme sólo en uno de los casos que, por su singularidad y especial reacción en contra, merece una especial atención: el proceso de legalización del Partido Comunista de España, que se convertiría en piedra angular del arco del cambio político emprendido.

En enero de 1976, la dirección del PCE decidió que Santiago Carrillo, su secretario general, debería abandonar su residencia en las proximidades de París para instalarse clandestinamente en Madrid, por más que tal traslado le supusiera un importante riesgo para su vida, ya que tanto su nombre como su organización política despertaban imperdonables resonancias bélicas entre amplios sectores de la sociedad española y, sobre todo, los numerosos ultras franquistas. Su declarada evolución eurocomunista hacia la democracia no era suficiente transformación para ellos, de la que, además, no se fiaban. Fue necesario, de momento, un oportuno cambio de imagen, del que serían piezas imprescindibles una peluca encargada ex profeso, un pasaporte de arquitecto francés magníficamente falsificado, unas adecuadas lentillas y un traje de excelente corte. Todo ello constituiría un arriesgado aunque eficaz camuflaje para entrar en España, consiguiendo la apariencia de un individuo extravagante, de aspecto incluso homosexual, según todos los testigos. El viaje a Madrid lo realizó el 8 de febrero de 1976, en un flamante “Mercedes” blanco, conducido por la esposa de su amigo y próspero hombre de negocios, aunque simpatizante comunista – que no militante –, Teodulfo Lagunero, quien le sirvió también de acompañante. Como domicilio secreto de Carrillo en Madrid, y de acuerdo con la dirección del partido, Lagunero había adquirido un discreto chalet en la selecta Colonia de El Viso – en el número 19 de la calle Leizarán –, al que sólo tendrían acceso el propio comprador, Jaime Ballesteros, la camarada Carmen, que se cuidaba de la atención de la casa, el conductor, “Isidoro”, y la que desde entonces sería su fiel secretaria, Belén Piniés, sobrina del embajador de España ante la ONU.

A pesar del riesgo que corría, al poco tiempo de estar instalado en Madrid se hizo acompañar por Lagunero para volar a Roma, con objeto de asistir a una reunión de la Junta Democrática, visitando a su regreso Valencia y Castellón. Pocos días después, y convocados con la oportuna recomendación de la mayor de las prudencias, 150 dirigentes del partido se reunieron en una nave industrial de un polígono madrileño, sin conocer el motivo. La sorpresa enmudeció la natural primera reacción de aquellos disciplinados militantes, al encontrarse ante el mítico Santiago Carrillo, quien les dedicó unas emocionadas palabras. Con objeto de que su presencia se detectase también fuera de España, pocos días más tarde viajó a Yugoslavia y Rumanía, donde se entrevistó con Ceaucescu, quien le dio detalle de la conversación que había mantenido con un enviado del rey de España: ofrecimiento de la legalización del PCE para más adelante, a cambio de la moderación de sus militantes. Socialistas y democristianos serían legalizados de inmediato, lo que no era aceptable aquella para Carrillo, extrañándose de que Ceaucescu no opinase de igual modo. Al regreso de Bucarest, y para seguir haciendo pública su presencia lejos de España, participó en París en un acto de la Junta Democrática y, ya en Madrid, no dejó de frecuentar restaurantes conocidos, comprobando la eficacia de su acertado disfraz. Aunque, en el fondo, Carrillo se preguntaba si no sería más provechosa su detención para acelerar con ella la legalización del partido.

Ante el previsible final del gobierno de Arias Navarro, como indicaban sus propias discrepancias internas, toda la oposición había decidido cambiar de estrategia y unir las organizaciones rivales, Junta Democrática y Plataforma Democrática, en Coordinación Democrática – la “Platajunta” –, suponiendo un importante reconocimiento para el PCE. La nueva entidad no sería ya un organismo de confrontación, sino de negociación. Ya no se hablaría de “acción democrática nacional”, sino de “acciones y manifestaciones pacíficas” para la legalización de los partidos, así como de la amnistía o la obtención de las libertades. El PCE, por su parte, cambió también de gestos y lenguaje. Abandonaría su vieja retórica y llamará a la “ruptura pactada”, o a “la apertura de una negociación a los elementos que se declaran reformistas y a los representantes de las Fuerzas Armadas o la Iglesia”, para un gobierno provisional o transitorio. El propio Juan Tomás de Salas, en un editorial de la revista de gran influencia que dirigía – “Cambio 16” –, ya abogaba públicamente por el reconocimiento de los comunistas si se quería que el pretendido proceso democrático fuera verdadero.

Mientras tanto, Carrillo no paraba un momento en su domicilio madrileño, comprobando en sus frecuentes salidas la efectividad de su disfraz. El 1º de mayo visitó Brunete, glorioso escenario republicano de la guerra civil, para seguir hacia París, donde mantuvo una reunión con el comité ejecutivo del partido. A finales de junio salió por Bilbao hacia Berlín, donde asistió a una conferencia de partidos comunistas, en la que fueron derrotadas las tesis de Brezhnev, resultando vencedoras las de italianos, españoles, franceses, yugoslavos y rumanos. Regresó el 1 de julio para conocer la dimisión de Arias Navarro como presidente del gobierno, así como la designación de Adolfo Suárez para el cargo dos días más tarde.

Aunque la mayoría de la clase política criticó esta elección, Carrillo se sintió satisfecho en su interior con ella, tanto por la juventud del seleccionado como por su detallado conocimiento del entramado del régimen franquista. Otra cosa era lo que manifestase sobre el proceso selectivo, tal como le comentó al ex ministro de Asuntos Exteriores y decepcionado candidato, José María de Areilza, con quien se entrevistó en el domicilio parisino del arquitecto Bofill a finales de julio. Por propia sugerencia de Areilza, al día siguiente mantuvo una entrevista con el embajador español en París, Miguel María de Lojendio, en su propio despacho de la embajada, en la que le solicitó nuevamente su pasaporte, que como ciudadano español le correspondía. En distendida y amable conversación, el embajador donostiarra prometió a Carrillo consultar el caso con La Moncloa. Pero, al tener conocimiento de esta visita a la embajada, Suárez cesó fulminantemente al titular por haber recibido en su despacho oficial al dirigente comunista.

A finales de julio, se celebró en Roma un pleno del comité central del PCE, del que se dio amplia noticia en la prensa española, y en el que Carrillo anunció sería ésta la última reunión que se celebrase fuera de España. Allí se mostró la “ruptura pactada” y la adecuación de las estructuras del partido a la nueva realidad democrática, a cargo de un partido muy distinto al de la guerra civil. La prensa española se vuelca sobre el tema, subrayando las intervenciones de Carrillo y La Pasionaria, y destacando la presencia de nuevos dirigentes hasta entonces desconocidos, como Ramón Tamames, Julián Ariza, García Salve, Nicolás Sartorius o Marcelino Camacho. Así como el apoyo mostrado por destacados miembros de por toda la oposición democrática (Txiki Benegas, Ruiz Jiménez, Joan Garcés, Enrico de la Peña, Calvo Serer…). Resentido por el cese de Lojendio, Carrillo hizo unas críticas declaraciones sobre el proceso español hacia la democracia, involucrando al rey y a Suárez como sus rémoras. Estas manifestaciones dan pie a que la policía española piense que está llevando a cabo una campaña por el extranjero en protesta por no haber obtenido el pasaporte, cuando está siguiendo las reacciones a sus comentarios desde su casa de El Viso.

El mes de agosto disfrutaría Carrillo de unas merecidas vacaciones en Villa Comète, la finca que Lagunero poseía en la Costa Azul, haciendo en su viaje de ida una parada en Barcelona para mantener una entrevista domiciliaria con el entonces líder del catalanismo, Jordi Pujol. En las largas conversaciones vacacionales que mantuvieron Lagunero y su huésped, llegaron a la conclusión de la necesidad de que aquél estableciese inmediatamente contactos con las dos personas de su confianza que le podían hacer llegar un mensaje de Carrillo a Suárez: el ministro de Educación y Ciencia, Aurelio Menéndez, y el prestigioso abogado y presidente de la agencia de noticias Europa Press, José Mario Armero. Y así se hizo.

La mañana del 25 de agosto, Lagunero estaba en el despacho del ministro para trasmitirle la petición de Carrillo de obtener su pasaporte español, para intervenir libremente en los asuntos públicos como secretario general de un partido bien organizado y combativo, en aquellos trascendentales momentos. Ni que decir tiene que le ocultó su residencia madrileña, aunque en aquellos momentos se encontrase en la Costa Azul. El ministro le recomendó a Lagunero trasmitiese a Carrillo la necesidad de mantener una temporal paciencia, pues, además del bunquer ultraderechista, una buena parte de la sociedad española aún identificaba a los comunistas con “los malos” de la guerra civil, viendo con mejores ojos a los herederos de otras fuerzas republicanas. Más aún: que cualquier movimiento precipitado podía ser perjudicial tanto para la nación como para el propio partido comunista.

A la salida de su despacho con el ministro, Lagunero acudió a entrevistarse con Armero, quien, tras alguna consulta al más alto nivel, voló a Cannes el día 28 para conocer a Carrillo. Éste sabía de la influencia del abogado, por lo que escuchó con enorme interés sus comentarios y recomendaciones, coincidentes en gran parte con los del ministro Menéndez, a lo que añadió la necesidad de establecer un puente permanente de comunicación entre partido y gobierno, para lo que deberían buscar dos interlocutores de total confianza. En aquella primera e interesante entrevista, Carrillo aceptó la apertura de esta vía, mantuvo la reclamación de su pasaporte, y añadió su interés por mantener un contacto con los militares, aunque no planteara de momento la legalización del partido. Cuando entraron en el delicado tema de la conformación del Estado, Carrillo aseguró al abogado que si el rey defendía con firmeza las libertades democráticas, los comunistas le aceptarían. Tras su regreso a Madrid, Armero consiguió que Suárez leyera su informe con detenimiento, quedando éste muy interesado en mantener la conexión con el líder comunista.


CUARENTA AÑOS DEL "SÁBADO SANTO ROJO" (2/3)
El 8 de septiembre, Suárez convocó en su despacho de Castellana, 3, a los altos mandos militares para hacerles una consulta sobre el proceso reformista que se proponía llevar a cabo. Estuvo brillante en su exposición sobre el necesario camino hacia la democracia, que para todos los presentes tenía, sin duda alguna, el límite del comunismo. Aunque esa misma tarde Carrillo se entrevistó en el parisino Hotel Commodore con Armero, para que éste le diese cuenta del resultado de la trasmisión a Suárez de la reunión de hacía diez días. Éste aceptaba con interés el contacto permanente, pero daba largas a la concesión del pasaporte y, mucho más aún, a la tolerancia hacia el partido. No era mucho, pero sí un inicio de contacto. Lo que ignoraban ambos es que una semana más tarde – el 16 de septiembre – se celebraría en la Escuela de Policía, y a convocatoria del director general de Seguridad, Emilio Rodríguez Román, una importante reunión con todos los altos cargos del Cuerpo. En ella, el director general hizo una amplia exposición del nuevo orden público, anunciando el inminente cambio de la ley, y subrayando la necesidad de servir al gobierno en exclusiva, y no a los grupos políticos que iban apareciendo, por mucha inclinación que se tuviera hacia ellos. Hizo la siguiente distinción entre éstos: a) los afines al régimen; b) los tolerados, incluido el PSOE; c) intolerancia con respecto al PCE y filiales; d) intolerancia drástica con los más a la izquierda aún (PTE, Joven Guardia Roja, Liga Comunista…); y e) estado de guerra frente a los grupos terroristas. El encendido debate posterior entre los mandos policiales asistentes se centró en las críticas al distinto tratamiento a emplear con socialistas y comunistas, pues, para la mayoría, tenían ambos similares raíces violentas y subversivas. Ante el confuso panorama, cuando llevaban años acostumbrados a obedecer órdenes claras y a taconazos, la Policía bajó ligeramente su guardia ante los comunistas.

El 19 de septiembre tomó el vuelo París – Málaga, acompañado de otros dos camaradas franceses, arquitectos, como escala para llegar a Madrid con mínimos riesgos de ser reconocido por la policía, que estaba ya alertada, como demostró su importante despliegue en el aeropuerto malagueño. Unos días más tarde se producirá un frenazo en seco al proceso democratizador, cuando la noticia de una reunión de trabajo del ministro de Relaciones Sindicales, Enrique de la Mata, con destacados miembros de Comisiones Obreras, tras haber celebrado similares encuentros con representantes de UGT y USO, provocó la dimisión de la máxima autoridad castrense: el vicepresidente para Asuntos de la Defensa, teniente general Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil. La mayoría del Ejército sospechaba que aquel liberalizador proceso sindical podía acabar en el político. Y no estaban dispuestos a dejar entrar al comunismo. Suárez no sólo no trató de retener al dimisionario, sino que nombró de inmediato para sustituirle a su compañero de graduación Manuel Gutiérrez Mellado, lo que provocó división de opiniones entre la milicia.

El susto de Málaga y la dimisión del vicepresidente, aconsejaron a Carrillo salir lo menos posible. El día 21 la familia Carrillo se instaló en Madrid, en el número 12 de la calle de Seco, juntándose todos sus componentes en un pueblo de la sierra, el día 2 de noviembre, en medio de grandes medidas de seguridad de la propia organización. Quedaron también decididos los dos interlocutores que se encargarán del contacto permanente entre Suárez y Carrillo: Armero, por parte del primero, y el escasamente conocido Jaime Ballesteros, por el segundo, quienes pasarían pronto de desempeñar unos papeles meramente informativos a otros ya negociadores. Su confianza en el proceso seguido llevó a Carrillo – a quien le habían hecho ya una nueva peluca, ante el deterioro de la primera – a prodigar de nuevo sus salidas, como sucedió el 11 de noviembre, cuando viajó a Barcelona para entrevistarse con Pujol y Roca. Es la víspera de la convocatoria de huelga general, que obtendría un seguimiento muy aceptable aunque inferior al esperado. La táctica comunista tenía una doble faceta: por una parte demostraba su voluntad de contribuir al sistema democrático, pero, por otra, no abandonaba la presión de masas, imprescindible para demostrar su fuerza. Dos días más tarde se reunió, en el domicilio madrileño de un camarada, con Joaquín Ruiz Jiménez; para cuatro días después encontrarse con Felipe González, también en un domicilio secreto. 

Son los días 16 al 18 de noviembre, en que se reúnen las Cortes franquistas para “hacerse el harakiri” con la aprobación del proyecto de ley para la Reforma Política, que será sometido a referéndum un mes más tarde. Carrillo, en un exceso de confianza, convocó el 21 de noviembre la primera reunión en España del comité ejecutivo desde la guerra civil, en un molino perdido de la provincia de Guadalajara, en la que ninguno de los cuarenta asistentes fue detectado por la Guardia Civil. En ella se decidió formalmente el cambio radical de estrategia, así como el rechazo sin una campaña demasiado intensa del anunciado referéndum. El PCE se limitaría a evitar su aislamiento y conseguir su legalización antes de las futuras elecciones, para lo que continuaría con la “salida a la superficie” de su militancia y dirigentes, iniciada ya con la presentación pública del comité central en Roma.

Los días siguientes serían de gran actividad para Carrillo, pues, ya sin disfraz alguno, rodó para dos cadenas de televisión (francesa y sueca) unos recorridos en coche por el centro de Madrid, viéndosele circulando por delante de monumentos muy conocidos y acompañado por los periodistas, con lo que demostraba su estancia en la capital, además de hacerle sendas entrevistas posteriores en las que lo ratificaba. La policía española llegó a la conclusión de que, si bien las imágenes eran ciertas, no estaban rodadas en los momentos en que se decía, sino en otros anteriores en que había hecho una fugaz escapada a Madrid, exhibiéndolas después para despistar a las autoridades españolas. Ante la impasibilidad de gobierno, decidieron dar un paso más y provocar detenciones, para lo que empezaron por repartir carnets del partido en fábricas y otros lugares públicos. Por este motivo fueron detenidos por la Guardia Civil Jaime Ballesteros y Simón Sánchez Montero, el día 28 de noviembre, cuando lo hacían en Pegaso, declarando ambos ser miembros del comité ejecutivo del PCE ante la sorpresa de los agentes. Antes de ser conducidos a la Dirección General de Seguridad, Ballesteros pidió hacer una llamada, que evidentemente, fue a José Mario Armero. A pesar de que Suárez había salido de La Moncloa, para recibir en Barajas al presidente de Venezuela que venía en visita oficial, Armero consiguió hacerle llegar la noticia de la detención de los dos comunistas, dando inmediatamente la orden de su puesta en libertad. En línea con esa nueva actitud, la noche anterior Carrillo había asistido a una cena en el domicilio de José María de Areilza, en Aravaca, a la que también acudieron Enrique Tierno Galván, Joaquín Ruiz Giménez, Felipe González y Antonio de Senillosa, dando un repaso a la situación del país, y a las previsiones sobre el referéndum del próximo día 15 de diciembre. José María Gil Robles declinó la invitación al saber que asistiría Carrillo.

Entre los días 5 y 8 de diciembre, el PSOE, todavía ilegal aunque tolerado, celebró en un hotel madrileño su primer congreso en España desde 1932, al que asistieron los grandes líderes del socialismo mundial. El grito entonado por los asistentes era “¡España está de suerte, el PSOE es el más fuerte!”, en clara alusión a su entonces partido rival. El día 8 de diciembre se reunió el comité ejecutivo del PCE para analizar la evolución de los acontecimientos, sobre todo la puesta en libertad de Ballesteros y Sánchez Montero, siendo miembros de la ejecutiva. Ante el desconcierto del gobierno, se reafirmó la idea de incrementar el número de acciones al descubierto para forzar el reconocimiento del partido, al menos para gozar de similar tolerancia a la aplicada al PSOE. Se decidió asimismo convocar una rueda de prensa en Madrid para todos los medios nacionales y extranjeros, que supondría, sin duda, la detención del líder comunista. El 10 de diciembre, y tomando las debidas medidas de seguridad, unos 70 periodistas, previamente convocados el día anterior para “una rueda informativa muy especial, en la que se va a producir una noticia”, fueron siendo recogidos en distintos lugares de Madrid y trasladados a un piso medio vacío del nº 5 de la calle de la Alameda, a 50 metros del diario franquista “PUEBLO” y de la comisaría de policía del distrito de Retiro. En aquel piso abarrotado de periodistas expectantes por la anunciada primicia informativa y en medio de un tenso ambiente de clandestinidad, hizo Carrillo acto de presencia ante la general sorpresa, encabezando el más representativo grupo dirigente del comunismo español del momento (Tamames, Ballesteros, Pilar Bravo, Azcárate, Díaz Cardiel, López Raimundo y Ormazábal). Durante dos horas habló y contestó a multitud de preguntas sobre la situación política y el necesario reconocimiento del PCE, ofrecimiento de sumarse a una política de reconciliación nacional, anunciando su presentación de listas a las próximas elecciones y aceptación formal de tres puntos vitales: a) una entrevista con el rey, b) la economía de mercado, y c) del riesgo físico que a partir de entonces supondría su liderazgo.

Mientras toda la prensa se hizo amplio eco de la noticia, el gobierno no salía de su sorpresa por la osadía del viejo líder comunista, que contaba con grandes contactos internacionales, y que manejaba una organización muy disciplinada y experimentada. El ministro de la gobernación, Rodolfo Martín Villa, dio tajantes órdenes de proceder a su detención, mientras en determinados medios policiales fue creciendo cierto malestar a medida que lo hacía el rumor de que la estancia madrileña de Carrillo era conocida y tolerada por algunas autoridades políticas. Aunque la mayor parte de las fuerzas del orden seguía creyendo que Carrillo había entrado ocasionalmente a España para celebrar alguna entrevista puntual, pero que sus estancias habían sido fugaces y buscando el desconcierto policial. Lo que todos tenían muy claro era el compromiso en que se vería el gobierno una vez fuese detenido, para lo que estaba ya movilizada toda la policía madrileña, que seguía de cerca a todos los responsables conocidos.

El mismo día de la rueda de prensa de Carrillo quedó constituida la denominada “Comisión de los Nueve” (o “de los Diez”, según acudiera o no, en calidad de observador, un representante de las centrales sindicales). Formaba parte de ella, en representación de los comunistas, Santiago Carrillo, que, al no estar “reconocido oficialmente en Madrid”, es representado por Simón Sánchez Montero. Acuerdan siete puntos que intentan transmitir a Suárez, empezando por el reconocimiento de todos los partidos y organizaciones sindicales, pero el presidente está a la espera del resultado del referéndum del día 15, para saber si podría mantener una firme postura en la negociación.

Pero, comenzaría entonces un mes y medio en que se vio seriamente amenazada la transición política española por la concatenación de una serie de nefastos episodios. El día 11 de diciembre fue secuestrado Antonio María de Oriol, presidente del Consejo de Estado, acción que es reivindicada por los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), al tiempo que exigían la libertad y traslado a Argelia de quince presos de diversas organizaciones políticas. El día 14, el presidente Suárez se dirigió a los españoles, a través de RTVE, para cerrar la campaña del referéndum, calificando de “criminal acción” el secuestro de Oriol. El día 15 se celebró el referéndum, que obtuvo el respaldo mayoritario popular, mientras los GRAPO, en nuevos comunicados a la prensa señalaban un ultimatum para que el Gobierno cumpliese las condiciones exigidas. En caso contrario, amenazaban con pasar a Oriol “por las armas”. El día 17, cientos de policías y guardias civiles se echaron a las calles de Madrid en demanda de un salario digno y su inclusión en el sistema de Seguridad Social. Ante este nuevo pulso, el Gobierno reaccionó con un gesto de firmeza destituyendo a toda la cúpula policial. Ese mismo día, los GRAPO anunciaron en un nuevo comunicado la ejecución de Oriol, si antes de las once de la noche el Gobierno no hacía un anuncio claro de una próxima amnistía total para los presos políticos. Minutos antes de que expirara este plazo, el ministro de la Gobernación se dirigía al país a través de RTVE, manifestando que el Gobierno no podía aceptar el chantaje. El día 18, dieciocho horas después de que finalizase el ultimátum dado por los secuestradores, los GRAPO hicieron llegar un nuevo mensaje al diario “Informaciones”, al que se adjuntaba una carta autógrafa del secuestrado. En el mensaje, los secuestradores comunicaban su decisión de no cumplir sus amenazas de “pasar por las armas” al presidente del Consejo de Estado, ante las “vagas” esperanzas de que el Gobierno accediera a una ampliación de la amnistía. Nueva intervención de Martín Villa en RTVE, manifestando la satisfacción del gobierno al conocer las noticias de que el señor Oriol estaba con vida, y que, en efecto, se estaba estudiando la posibilidad de ampliar la amnistía. Durante los treinta días siguientes fueron frecuentes los comunicados enviados por los secuestradores, en los que se incluían cartas manuscritas del señor Oriol dirigidas a su familia.

Carrillo salía poco de su casa aquellos días, pero el día 18 acudió a presidir una reunión del secretariado del partido en casa de un camarada, en la que todos se mostraron satisfechos por el éxito de la rueda de prensa, aunque seguros de que se acercaba el momento de la detención del líder, por muy contradictoria que fuese con la apertura democrática. Estaban preparados para ella, aunque mucho más les preocupaba su detención por algún “comando incontrolado”, como los hechos de aquellos días hacían sospechar. El día 22 se celebró la reunión del comité central en otro domicilio particular, en el número 14 de la discreta calle Jesús Ordóñez, en el barrio de la Prosperidad, estando ya toda la policía pendiente de quienes entraban y salían del edificio, lo que fue detectado por el chófer de Carrillo quien, ignorante del piso en el que se celebra la reunión, no pudo dar el aviso. A su salidaa, sobre las 7 de la tarde, tres hombres le piden su identificación, aceptando la presentación previa de las suyas como les demanda el interpelado. Tras proceder a lo solicitado, Carrillo se quita la incómoda peluca, entregándosela a uno de los policías. Él ya no la necesita.

Alguno de los reunidos vio desde el balcón la detención de Carrillo, dando la voz de alarma al resto, comprobando por el despliegue de coches que se trataba de la policía y no de incontrolados. Esperando que subieran también a por ellos, pusieron inmediatamente en marcha el plan previsto para una movilización inmediata (aviso a la militancia y enlaces, impresión de carteles, contactos con París y Roma…), pero nadie subió a detenerles hasta una hora más tarde. Mientras tanto, Carrillo había llegado a la Dirección General de Seguridad donde, tras ser fichado, le pasaron al despacho del Jefe Superior de Policía. Pero pronto comenzaría a detectarse el inicio de una manifestación ante las puertas del céntrico edificio, por lo que decidieron trasladarle a la comisaría de la discreta calle de la Luna, donde procedieron a tomarle declaración. Contestó a todo lo que se le preguntó, sin facilitar nombre ni dirección alguno, pero aprovechando el interrogatorio para defender la causa del partido, manifestando estar en similar situación al resto de los partidos democráticos, como el PSOE, el PSP o los democristianos. Subrayó que el motivo de su residencia en España desde el pasado mes de febrero era la obtención de su legalización, tanto personal como del partido. Conducidos también a la Dirección General de Seguridad, los miembros del comité central fueron haciendo sus declaraciones, sin ser bajados a los calabozos, pues les hicieron permanecer en las oficinas hasta su traslado a la cárcel. Los militantes seguían conectando entre sí, mientras la eficiente Belén Pinies acudió al chalet de El Viso para destruir los documentos más comprometidos, como el falso pasaporte francés. Al día siguiente llevaría buena parte del archivo de Carrillo al inmejorable recaudo de la casa de sus padres.


CUARENTA AÑOS DEL "SÁBADO SANTO ROJO" (3/3)

Suárez había sido inmediatamente informado de la detención, convocando en su despacho a los dos vicepresidentes, Gutiérrez Mellado y Alfonso Osorio. La primera idea es extrañar a Carrillo, pero enseguida caen en la cuenta de que el extrañamiento sería un delito, por ser una medida penal no decretada por juez alguno. Sus responsabilidades de la guerra civil habían quedado ya amnistiadas, por lo que se encontraban ante la detención del secretario general de un partido político que aspiraba a intervenir en la vida pública y que, como mucho, podía ser acusado de asociación ilegal (con su correspondiente coste político, pues era la misma situación del resto de partidos), y de indocumentación (que era precisamente lo que Carrillo reclamaba). Suárez se siente por ello atrapado pues su gobierno, que lucha en aquellos momentos por su credibilidad interior y exterior, no puede obrar con dureza. A pesar de que él no se planteaba aun la legalización del comunismo, sino hasta después de las primeras elecciones, la detención de su máximo líder había trastocado la situación. Habló con Armero para que sondeara a los próximos a Carrillo sobre su opinión de la situación, pero están todos detenidos. No obstante, conectó con Armando López Salinas, quien opinó que entre poner a Carrillo ante el TOP y subirle a un avión que le llevase a París, preferían esto. Justo lo contrario de lo que opinó Carrillo cuando el comisario le hizo la misma pregunta. Mientras tanto, la prensa internacional ya tenía dispuesta en sus primeras páginas la noticia de la detención. Otro golpe más para el gobierno español. Antes de que amaneciera, Carillo fue llevado de nuevo a la Puerta del Sol, dejándole solo en un despacho para que descansase.

Pero, a las 8 de la mañana del día 23, el detenido pasó de serlo por la Brigada de Información a la Inspección de Guardia, con lo que el correcto trato que había recibido hasta entonces cambió radicalmente, siendo recriminado por los nuevos funcionarios encargados de su custodia y trasladado a los sótanos, donde se le obligó a desnudarse para ser registrado con minuciosidad en claro gesto vejatorio. Afortunadamente, a mediodía fue trasladado a la cárcel de Carabanchel donde, tras ser alojado en el Hospital, recibió la visita del juez de Orden Público, quien acudió a tomarle declaración y a dictar el auto de procesamiento. Una semana más tarde, el día 30, Carrillo y sus compañeros fueron puestos en libertad, trasladando a aquél directamente al domicilio familiar de la calle de Seco, donde residirá a partir de ese momento. Aquella misma tarde recibiría la visita de numerosos camaradas que consideraban que su liberación significaba el reconocimiento del partido, y al día siguiente celebraría de manera muy especial con los compañeros de la ejecutiva un final del año 1976.

Al comenzar 1977, el camuflado local del Centro de Estudios de Investigaciones Sociales (CEISA), en la céntrica calle de Peligros, pasaría a ser la sede del partido en la que Carrillo hizo montar su despacho, siendo tolerada por el gobierno que montó sobre ella la correspondiente vigilancia policial, al igual que ante el nº 12 de la calle de Seco. La policía le previno sobre el riesgo que corría, por lo que le recomendó cambiara con frecuencia de domicilio. Cumplió los consejos policiales durante un mes para volver al domicilio familiar, si bien extremando la vigilancia. Mientras tanto, la relación entre Ballesteros y Armero – que era tanto como decir entre Suárez y Carrillo – se hacía cada día más fluida, habiéndose convertido ya en totalmente negociadora y no meramente informativa, sin olvidar que el objetivo final era la legalización del partido. Aquel agitado mes de enero, los militares que, en general, aceptaban más por disciplina que por convencimiento el proceso democrático, continuaban dando por hecho que jamás se incluiría en éste a los comunistas. Y los hechos no fueron precisamente favorecedores para un cambio de actitud.

El domingo, día 23 de enero, el joven de diecinueve años Arturo Ruiz García, fue asesinado a sangre fría y por la espalda por un pistolero ultraderechista, en el transcurso de una manifestación pro amnistía en las proximidades de la Gran Vía madrileña. En la manifestación convocada en Madrid, como en todas las ciudades españolas, al día siguiente como protesta a dicha muerte, la estudiante María Luz Nájera falleció tras recibir en la cara el impacto de un bote de humo lanzado por los antidisturbios para disolverla. Ese mismo día 24 de enero, otro impacto sacudiría a la desconcertada sociedad española. El teniente general Emilio Villaescusa, presidente del consejo Supremo de Justicia Militar, era secuestrado a las puertas de su domicilio de la calle de O’Donnell, número 49. Los GRAPO, que mantenían en su poder a Oriol, se hacían con un segundo rehén. Pero no había concluido aún la aciaga jornada. Apenas doce horas más tarde, un grupo de pistoleros ultraderechistas irrumpió en un despacho de abogados laboralistas de la calle de Atocha, nº 55, abriendo fuego a discreción. En aquel criminal atentado fallecerían los letrados Javier Sauquillo, Javier Benavides, Enrique Valdelvira, el pasante Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal, y resultarían heridos de gravedad Alejandro Ruiz Huertas, María Dolores González, Luis Ramos y Miguel Sarabia. Habida cuenta de su militancia comunista, un gran sector de opinión que tendía a identificar terrorismo con comunismo, relacionó estos crímenes con una respuesta a los secuestros y a “la violencia de la izquierda”.

El comité ejecutivo del PCE se reunió la mañana del día 25 para analizar la situación. Era claro el intento de enfrentar al ejército con el pueblo y romper el acercamiento del gobierno con la oposición, por lo que esa misma tarde se dio a conocer un comunicado de toda la oposición democrática llamando a la serenidad y a la responsabilidad. El entierro del día siguiente, al que se sumaron más de cien mil madrileños, se celebró en medio de un sobrecogedor silencio, formando una cadena de seguridad dos mil disciplinados camaradas comunistas con sus brazos entrelazados. Carrillo hizo un prudente e instantáneo acto de presencia. El viernes, día 28 de enero, el GRAPO asesina a dos miembros de la Policía Armada y a un guardia civil, dejando gravísimamente heridos a otros tres guardias civiles, en sendas sucursales de la Caja Postal de Ahorros en Campamento y la carretera de Andalucía. Las manifestaciones de la extrema derecha no se hicieron esperar, por lo que el presidente Suárez se dirigió por televisión a la población la noche del 29 de enero, intentando transmitir tranquilidad. Se cerraba así la semana más difícil de toda la transición política.

El día 11 de febrero, Oriol y Villaescusa fueron liberados por la policía, en sendos pisos del Puente de Vallecas y Alcorcón. Pero, una vez superado aquel negro período, el problema seguía siendo el PCE. Suárez no podía aparecer públicamente en compañía de Carrillo, por más que éste formara parte de Comisión de los Nueve, pero alguna medida política puso en práctica, como la modificación por decreto de la ley de Asociaciones Políticas, renunciando el gobierno a intervenir en la legalización de los partidos.

Así las cosas, el domingo 27 de febrero de 1977, a las cinco de la tarde, el presidente del gobierno español y el secretario general del PCE mantuvieron una secreta entrevista en un chalet de las afueras de Madrid, propiedad de quien llevaba algún tiempo haciendo de enlace entre ambos: José Mario Armero. A pesar del riesgo que, sobre todo para el primero, suponía, ambos necesitaban establecer un primer contacto para comprobar si podían confiar entre sí, pues tanto uno como otro tenían muy claro el protagonismo que necesariamente iban a tener que vivir en los próximos meses. A pesar de que Carrillo se hubiera ya comprometido directa o indirectamente a mantener la calma de sus afiliados, Suárez necesitaba una garantía expresa del veterano comunista para la lanzarse a la importante operación que tenía pendiente: la legalización del partido para completar el proceso hacia la democracia que él mismo había iniciado. Hablaron de muchas cosas, pero para la que más interesaba a Carrillo, como era las previsiones de legalización del partido, Suárez no tenía respuesta, aunque le aseguró haría todo lo posible. Lo que sí consiguió aquél es que Suárez autorizase la celebración, cuatro días más tarde, de una “cumbre eurocomunista” en Madrid, a la que asistirían los líderes Georges Marchais y Enrico Berliguer, secretarios generales de los partido comunistas francés e italiano respectivamente. Podría ser una imitación a pequeña escala del congreso del PSOE de diciembre. Según declaraciones posteriores, ambos interlocutores salieron satisfechos de aquella primera reunión. Carrillo quedó convencido de la sinceridad de Suárez en su intención de traer un sistema democrático para España, a la vez que éste lo era de la de Carrillo sobre el control de su gente, en cuanto a un posible boicoteo de las primera elecciones democráticas que estaba decidido a convocar, así como su aceptación de determinados símbolos nacionales que facilitarían el éxito de tan importante operación política.

El mismo día 11 de febrero, al igual que el resto de los partidos, el PCE había presentado la correspondiente documentación en el Ministerio de Gobernación para ser incluido en el Registro de Asociaciones. Pero, el art. 172 del Código Penal prohibía las asociaciones de obediencia internacional o que pretendiera establecer un régimen totalitario, por lo que los comunistas deberían de esperar el dictamen solicitado al Tribunal Supremo. El día 1 de abril, el alto tribunal comunicó al Ministerio de Justicia su inhibición en el asunto, por lo que la pelota estaba de nuevo en el campo del gobierno, quien no estaba dispuesto a que la campaña electoral diese comienzo con un PCE sin legalizar. No obstante, y para mayor seguridad, solicitó también dictamen de la Junta de Fiscales, pues Suárez no quería encontrarse totalmente solo para tomar una decisión que sabía de todo punto necesaria, y a la que tenía que enfrentarse a contracorriente. Pese a la reacción airada de ciertos sectores militares y los ultras franquistas, la legalización del PCE tenía la gran ventaja de legitimar su proceso y evitar conflictos en la próxima contienda electoral, especialmente movilizaciones obreras, que era lo que más temía el gobierno. Contaba a su favor con el conocimiento de los resultados de una encuesta fiable según la cual el 40% de la población está a favor de la legalización, el 25% en contra, y el resto no opinaba; resultados que luego se confirmaron. Tan solo cuatro meses antes, la mayoría se oponía. Esta previsión de sus escasos resultados, unida a la madurez y disciplina mostradas por los militantes comunistas en el entierro de los abogados de Atocha, le ayudaron a Suárez en la decisión a tomar. No había más que un camino, decisión que comparte con el rey.

Los primeros días de abril, Suárez disolvió el Movimiento Nacional y su Secretaría General, desapareciendo todos su símbolos y emblemas de los pueblos y ciudades españoles los días 7 y 8 de abril, jueves y viernes santos. Recibió también con gran alegría la noticia de que la Junta de Fiscales no veía inconveniente alguno para la legalización del PCE, por lo que el Ministerio de Gobernación dispuso su inscripción en el Registro de Asociaciones Políticas. Era el día 9 de abril de 1977, sábado santo.

Armero telefoneó a Cannes, donde se encontraba Carrillo, para comunicárselo, quien inmediatamente redactó un comunicado que se hizo público, cuando ya se había difundido la noticia, pues el periodista Alejo García la había dado por Radio Nacional de España. En la fachada del nº 4 de la calle de Peligros, sede de CEISA, se desplegó una enorme pancarta, en la que se leía PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA.

¿Cuántas veces se habría conculcado la legalidad en este largo proceso?

EUSEBIO LUCÍA OLMOS