La Ley de Amnistía del 77 también hizo borrón y cuenta nueva para los represores y torturadores de la dictadura
Madrid
Julio Pacheco es la primera víctima de torturas del franquismo que va a ser escuchada por la justicia española. Será el viernes 15 a las 10 de la mañana. Es un momento histórico porque estos crímenes de tortura han prescrito, y las querellas anteriores no fueron admitidas. La Ley de Amnistía del 77 ha sido uno de los obstáculos que han impedido la justicia y reparación de la represión durante la dictadura. Como dice el Catedrático emérito de derecho constitucional, Marc Carrillo, la Ley de Amnistía supuso un "acuerdo de olvido en ambos sentidos". En borrar y perdonar los delitos que perseguía el franquismo, como por ejemplo defender la democracia, los derechos fundamentales y las libertades. Y también borrar las actividades represoras de jueces, policías y funcionarios públicos que en muchas ocasiones se traducían en torturas y otras acciones, que podrían considerarse crímenes de lesa humanidad. Marc Carrillo acaba de publicar un libro, "El derecho represivo de Franco (1936-1975)" Ed. Trotta, donde cuenta detalladamente cómo la dictadura construyó un cuerpo normativo institucional del que resultó un Estado con derecho propio, pero que nunca fue un Estado de Derecho. Y algo de eso queda en algunos sectores. Julio tendría que haber declarado el pasado 14 de julio pero, el entonces juez suplente, canceló la declaración porque quería estudiar mejor el caso. Esto, Pacheco lo ha calificado como una treta, y se congratula que la jueza titular, Ana María Iguacel Pérez, haya retomado su declaración.
Una noche de agosto cambió su vida
24 de agosto de 1975. Once de la noche. Julio Pacheco es estudiante de biológicas en la Universidad Complutense. Llaman a su puerta y cuando abre ve una pistola apuntándole a la cara. Miembros de la Brigada Político Social de la Policía franquista se lo llevan detenido a la tristemente famosa Dirección General de Seguridad en el edificio de la Puerta del Sol. Allí durante 7 días lo torturan e interrogan. Tenía 19 años. Era militante comunista y ese día junto a él cayeron 36 camaradas. En el auto de admisión de la querella, la jueza cita a declarar a varios miembros de la Político Social entre los que destaca José Manuel Villarejo, entonces un joven policía. "Le llamábamos el alemán por su aspecto" nos dice Julio. Una de las dificultades - nos cuenta- es identificar a los torturadores porque no sabían sus nombres. Han ido poniéndoselos a medida que van siendo señalados por la prensa, como Billy el Niño o Roberto Conesa y el mismo Villarejo. "Les pagaron 25 mil pesetas por nuestras detenciones, porque nos lo decían mientras nos torturaban" y muchos de ellos han sido condecorados incluso durante los años de la democracia. Tras su detención, Julio Pacheco perdió la beca que le permitía estudiar en la universidad y no pudo seguir estudiando. Claramente su vida hubiera sido otra. Quiere que siga adelante la vía judicial por justicia y reparación de las víctimas de la representación franquista.
La Ley de Memoria Democrática es un patrimonio democrático para todos
El catedrático en derecho constucional, Marc Carrillo, destaca que la Ley de Memoria Democrática es buena para todos y especialmente para cerrar este capítulo tan injusto y la herida todavía abierta con quienes se oponían a la dictadura. Y está hecha con la mejor de las intenciones, pero tiene limitaciones. El riesgo es la prescripción de los delitos. El prestigioso jurista apunta que "la Ley dice, razonablemente, que para juzgar estos delitos se interpretará según el Derecho Internacional". En su artículo 2 dice que "de acuerdo con el artículo 10.2 de la Constitución Española, los poderes públicos interpretarán la presente ley de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos en la materia ratificados por España, sin perjuicio de su aplicación directa cuando correspondiera". El problema es que el derecho internacional aplicable, en casos de tortura, en primer lugar se refiere a la Convención para la persecución de la tortura de 1984. "Que no establece la imprescriptibilidad de los delitos de tortura" por lo que la mayoría de estos crímenes comentidos durante la dictadura han prescrito. Qué crímenes no prescriben nunca: los crímenes de guerra y de lesa humanidad como la persecución y exterminio de grupos, colectivos etc... "que podrían imputarse a agentes, funcionarios y autoridades franquistas. El problema es que España no ha firmado todavía la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Sería preciso que el legislador español, para perseguir esos delitos, se adhiriese y firmase esa convención" apunta Marc Carrillo.
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