“Desde el fin de las guerras civiles y conflictos mundiales que asolaron Europa en el siglo XX, y especialmente desde el Holocausto, el impulso de las políticas de memoria democrática se ha convertido en un deber moral que es indispensable fortalecer para neutralizar el olvido y evitar la repetición de los episodios más trágicos de la historia. El firme compromiso con la pedagogía del «nunca más» se ha convertido en un imperativo ético fundamental en las sociedades democráticas en todo el mundo”.
Así arranca el preámbulo de la ley de Memoria Democrática, que cumple este martes tres años en vigor desde su publicación en el BOE. Una norma que sirvió para actualizar el texto pionero aprobado por las Cortes en 2007 bajo el impulso del primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La coalición decidió dar un paso más con esta ley, que estuvo pilotada en un primer momento por la vicepresidenta primera Carmen Calvo y que luego pasó a manos de Félix Bolaños, contando siempre con Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria Democrática, como gran cerebro del texto legal. Y se trata de una ley que cobra más sentido que nunca en un momento de ola reaccionaria, convirtiéndose en objetivo a batir de las derechas.
El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido derogarla si llega al Palacio de La Moncloa, mientras que las comunidades autónomas gobernadas por los populares están eliminando sus leyes de memoria y, además, poniendo trabas para la aplicación de la norma nacional en sus territorios, como el pulso que echó Isabel Díaz Ayuso para no instalar una placa en la Puerta del Sol para identificar el edificio donde hoy está la sede de la Comunidad de Madrid como lugar de memoria por haber sido centro de detención y torturas durante la dictadura franquista.
Acabar con las fosas comunes
Fernando Martínez, en conversación con infoLibre, califica de “bastante positivo” el balance de estos tres años de la ley en vigor, y pone sobre la mesa el objetivo prioritario de que sigan los trabajos para que desaparezcan las fosas comunes que hay en España en los próximos tres años (si se sigue el ritmo de las labores actuales) y que se puedan exhumar 11.000 cadáveres, dentro del nuevo plan cuatrienal. Acaba de concluir el primero, que se ha saldado con más de 300 actuaciones y la extracción de unos 8.900 cadáveres.
Martínez explica que se han puesto en marcha la mayoría de organismos recogidos en la norma y se ha activado la disposición respecto a la nacionalidad de descendientes de españoles en el extranjero. El plazo de petición termina en este mes de octubre y ya han hecho la solicitud cerca de un millón y medio de personas, especialmente en Argentina, según detalla el secretario de Estado de Memoria Democrática.
También se ha avanzado, prosigue Martínez, en la aprobación de lugares de memoria (incluidos seis en el extranjero, como Collioure y el Jardín de la Nueve, en París). En España, por ejemplo, se han declarado lugares como la tapia del cementerio de la Almudena y la cárcel de Carabanchel, en Madrid, y la localidad vasca de Gernika. Asimismo, el Ejecutivo se plantea como prioritario el tema de la creación de memoriales en cementerios en relación a víctimas cuyos cuerpos no se pueden entregar a familiares. Uno de los más significativos estará en Víznar (Granada), donde diferentes investigaciones sitúan el lugar del fusilamiento de Federico García Lorca.
Martínez también se refiere a aspectos que todavía no se han puesto en marcha, y sobre los que presionan las asociaciones de memoria, como es el prometido banco de ADN, cuyo software Bonaparte fue adquirido en septiembre de 2023. “Estamos en proceso de la entrada en funcionamiento y se ha avanzado en la sistematización. Falta una medida administrativa para ponerlo en marcha, pero se han dado todos lo pasos”, admite.
Pone el acento a continuación en la importancia de las declaraciones de reparación de las víctimas y la anulación de las condenas ilegales, las sanciones y las resoluciones hechas por tribunales franquistas. En total, según prosigue Martínez, se han llevado a cabo 1.843.
El secretario de Estado explica, además, la importancia del proceso, a raíz de la ley, iniciado para resignificar el Valle de Cuelgamuros. Se presentaron 34 propuestas y se han seleccionado diez. En noviembre se resolverá el concurso, que conlleva una financiación en torno a los 27 millones de euros. Para añadir la importancia al hilo de los actos de España en libertad, el programa elaborado por el Ejecutivo con motivo de los cincuenta años de la muerte de Franco para explicar las diferencias entre la dictadura y la democracia, pensando especialmente en los jóvenes.
Las lagunas de la ley
En cambio, las asociaciones de memoria, pese a reconocer los éxitos, son críticos con la actuación del Gobierno. El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, reconoce que la ley de Memoria Democrática ha supuesto "un pequeño avance" y ha permitido "impulsar exhumaciones y animar a familias que aún dudaban en dar el paso". No obstante, también señala fallos, ya que considera que "es una ley que habla de verdad, justicia y reparación, pero no garantiza ninguna de las tres".
Silva sostiene que el Estado ha preferido un "modelo burocrático" que evita el fondo del problema porque "no habla de los verdugos, no menciona a la Iglesia católica y mantiene intacta la Ley de Amnistía de 1977". Según el presidente de ARMH, mientras los tribunales sigan cerrados para las víctimas del franquismo, "seguiremos resolviendo el pasado con subvenciones, no con sentencias".
El activista denuncia que uno de los mayores incumplimientos de la ley de Memoria Democrática es la falta de un Banco de ADN operativo. "Hace más de dos años que el Gobierno compró el programa informático y no ha sido capaz de ponerlo en marcha", incide. Recuerda que, pese a miles de cuerpos exhumados, "solo se han identificado setenta", una cifra que para él evidencia la falta de medios reales. También critica que la ley prometía un censo de bienes incautados a las familias republicanas, pero "nunca se ha hecho ni parece estar en marcha". "Sería un documento revelador porque mostraría cómo buena parte del poder económico actual procede de aquellos expolios", subraya.
"La responsabilidad deja de recaer en las familias y pasa al aparato público"
Desde el terreno, la arqueóloga forense y antropóloga Laura Muñoz Encinar considera que la norma ha permitido que "la responsabilidad deje de recaer en las familias y pase al aparato público". Ese viraje, explica, ha ayudado a acometer grandes exhumaciones en fosas urbanas, como las de Sevilla, Córdoba o Huelva, que requieren una financiación sostenida y equipos técnicos estables. También resalta la ampliación del concepto de víctima, que ahora incluye a las de la Transición, y la anulación de las sentencias de los consejos de guerra, que lo define como "una reclamación histórica de las familias".
Muñoz destaca que la ley ha consolidado un marco institucional estable que permite planificar el trabajo a largo plazo. "Por primera vez se ha dotado de continuidad y coordinación a las políticas de memoria", señala.
Considera, además, que la norma "ha profesionalizado las intervenciones", integrando a equipos forenses y universidades y asegurando que los resultados "no se limiten a recuperar restos, sino también a generar conocimiento histórico y documentación pública". Para la antropóloga, esa estructura permanente "acerca a España al estándar internacional de derechos humanos en materia de desapariciones".
Sobre la identificación genética, advierte de que "no puede ser el único objetivo ni el único indicador de éxito". Considera prioritario centralizar los registros dispersos en un banco de ADN estatal, pero recuerda que "no se puede medir el valor de la memoria por el porcentaje de coincidencias genéticas". Cada fosa documentada, dice, "aporta verdad y reparación". Además, apunta que de cara al futuro es fundamental "mantener la financiación pública y el trabajo científico frente al revisionismo y culminar el censo estatal de víctimas".
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