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Historiadora, investigadora del CEDID-UAB y coordinadora del Archivo Histórico de la Fundació Carles Pi i Sunyer
El 18 de julio de 1936 marca el inicio de una de las tragedias más profundas de la historia contemporánea de España. Aquel día, una parte del ejército español se sublevó contra el gobierno legítimo de la Segunda República Española. Aquella insurrección abrió un fatídico proceso de violencia que desembocaría en una guerra civil de tres años, seguida de una larguísima dictadura franquista que se prolongó casi cuatro décadas. El resultado: centenares de miles de muertos, desaparecidos, represaliados y uno de los mayores exilios políticos de España.
Noventa años después, recordar esta fecha no responde a un ejercicio de nostalgia, ni al deseo o voluntad de mantener la sociedad española atrapada en divisiones pasadas. Recordar el 18 de julio implica explicar bien cómo se abrieron aquellas heridas, quiénes las causaron, cuáles fueron sus consecuencias y por qué muchas de ellas tardaron tanto en empezar a cicatrizar. Hay quien piensa que algunas de ellas siguen abiertas e intactas.
La guerra civil no fue una catástrofe natural, fue consecuencia de una decisión política y militar concreta: derribar por la fuerza un régimen democrático. El fracaso inicial del golpe de Estado no minimiza su responsabilidad histórica. Al contrario, convirtió la sublevación en una guerra devastadora y abrió el camino al franquismo.
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Hoy podemos afirmar que nuestra historia contemporánea, la de la guerra civil y el franquismo, ya no es un territorio virgen y sin papeles rastreados. No. Ahora mismo, y gracias al esfuerzo de todos los investigadores, conocemos más que nunca las ejecuciones extrajudiciales, la vida en las cárceles, los campos de concentración, los batallones de trabajadores, la depuración de maestros, académicos y funcionarios, la persecución de las lenguas y culturas distintas de la castellana, la represión específica sufrida por las mujeres, las fosas comunes, la hambruna y las dimensiones del exilio republicano.
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España no carece de conocimiento histórico. Sabemos mucho y hemos trabajado mucho. Poseemos una historiografía extensa, plural, rigurosa y reconocida. El problema actual no es la ausencia de profesionales dedicados a la investigación, sino la dificultad para trasladar sus resultados al conjunto de la sociedad.
La memoria democrática no puede construirse sin dar la voz a los que han buceado en los archivos. Sin escuchar a los que han abierto las fosas. Sin leer a los que han desenmascarado todo el entramado de la dictadura franquista. Todo este conocimiento acumulado tiene que llegar a las escuelas, a los institutos, a los medios de comunicación, a las instituciones y a los debates públicos. Estos artículos pretenden abrir una pequeña vía a todo este saber porque la historia no es únicamente una conversación entre especialistas. También es una herramienta magnífica para la formación cívica.
La paradoja de nuestros días es inquietante. Nunca habíamos sabido tanto sobre la guerra civil y el franquismo y, sin embargo, nunca habíamos asistido a un intento tan visible de relativizar, maquillar o banalizar aquel pasado. Corren sin freno los "personajes" que inundan los medios de comunicación y la esfera política rebajando la responsabilidad del Caudillo, presentándolo como un "abuelete" severo pero eficaz; afirmando que José Antonio Primo de Rivera era un joven idealista desprovisto de cualquier vinculación fascista; o constatando que los cuarenta años de dictadura fueron el reino del orden, la prosperidad y la estabilidad. Así, sin más. De este relato, sin embargo, brillan por su ausencia premeditada las ejecuciones, la censura, el miedo, las cárceles, la represión, la persecución, la desigualdad jurídica de la mujer o la ausencia de libertades.
Los resultados de las últimas encuestas del CIS obligan a prestar mucha atención a este fenómeno. Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de octubre de 2025, un 21,3% de la población consideraba que los años de la dictadura habían sido buenos o muy buenos para España. Y la encuesta sobre la calidad de la democracia en España publicada este mismo mes de julio ha puesto sobre la mesa otra cifra alarmante: el 56,9% de la población está “poco o nada” satisfecha con el funcionamiento democrático en España. La insatisfacción con el funcionamiento de la democracia no implica necesariamente un rechazo del sistema democrático: de hecho, la misma encuesta indica que el 80,8% de la ciudadanía considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Pero cuando disminuye la confianza en las instituciones, se extiende la percepción de que la política no resuelve los problemas, y es entonces cuando los discursos autoritarios encuentran su terreno más favorable.
El franquismo que puede seducir hoy a algunos jóvenes, y no tan jóvenes, no es el franquismo histórico que los historiadores hemos radiografiado. Es una versión light y convertida en meme. No contiene ni el hambre, ni las cárceles, ni el miedo, ni el exilio. Por eso resulta tan importante explicar bien la historia.
Las consecuencias de aquella ruptura democrática no pertenecen únicamente al terreno de la memoria. Algunas siguen teniendo hoy una dimensión humana, jurídica y política muy concreta. El exilio es quizás el ejemplo más evidente. Más de 440.000 personas cruzaron la frontera francesa los primeros meses de 1939. Soldados, mujeres, niños, ancianos, políticos republicanos, maestros, intelectuales, médicos, juristas… todos aquellos que temían, con razón, las represalias del nuevo régimen. Unos fueron internados en campos improvisados en el sur de Francia; otros huyeron de España hacia Europa y América. Algunos regresaron años más tarde. Otros no volvieron nunca. España perdió con ellos un capital enorme, científico, pedagógico, artístico, intelectual.
Noventa años después las consecuencias jurídicas de aquel exilio siguen presentes. La polémica reciente acerca de la llamada "Ley de Nietos" lo demuestra. No se trata de una ley autónoma sino de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. Esta disposición permite optar a la nacionalidad española a determinados descendientes de personas que fueron originariamente españolas y que perdieron o renunciaron a su nacionalidad como consecuencia del exilio. La tramitación de esta disposición ha adquirido una dimensión considerable. Hasta marzo de este año se habían aprobado más de 545.000 expedientes. Resulta revelador que quienes acceden a la nacionalidad mediante un mecanismo legal concebido para reparar las consecuencias del exilio y de antiguas discriminaciones sean ahora presentados como «sospechosos electorales». La nacionalidad no debería entenderse como una concesión política o partidista, sino como una restitución del vínculo jurídico y simbólico que la guerra y la dictadura franquista rompieron.
Los nietos y nietas que ahora acceden a la nacionalidad española no regresan sólo a un país, reconstruyen también el hilo de una historia familiar truncada por el exilio. El pasado todavía nos alcanza porque no desaparece si no hablamos de él. Persiste. Permanece en los silencios de las familias, en los cuerpos enterrados en las fosas o en las miles de vidas perdidas por el camino.
El 18 de julio no debe recordarse porque toca. El 18 de julio debe recordarse para no seguir atrapados en el año 1936. Para impedir que la ignorancia, la manipulación o la indiferencia vuelvan a convertir el autoritarismo y la dictadura en una alternativa imaginable. La democracia se defiende explicando, alto y claro, cómo fue destruida, quiénes la destruyeron y cuáles fueron las consecuencias.
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