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A veure si esbrinem per què es felicita Borja Mari Costa. En castellà tenim dues paraules distintes per diferenciar el delicte que se'ls imputa -a Camps, Costa, l'exvicepresident Víctor Campos i a Betoret-. Per a càrrecs públics que reben regals o diners d'algú fraudulentament es diu "cohecho". Més en general, "soborno". En català no tenim més que "suborn". O sigui, estan imputats per haver rebut en diners o en espècie diners d'empreses a canvi de favors en negocis en el País Valencià.
Sincerament no sé de què es felicita el cínic de Borja Mari. O sí: hi ha molt més merder i, de moment, "només" se'ls acusa de suborn.
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El TSJ investigará a Camps y Costa por un posible cohecho
La Sala de lo Civil y Penal asume la competencia para indagar la rama valenciana del caso Gürtel
Regina Laguna, Valencia
"Posible delito de cohecho".
Esta es la calificación jurídica que el magistrado José Flors atribuye a los trajes que Camps y Costa recibieron por parte de Orange Market. En un auto en el que asume la competencia para investigar los hechos derivados de la operación Gürtel, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) abrió diligencias previas contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y contra el número dos del PP en la Comunitat, Ricardo Costa. Según informó el TSJ de Valencia, la Sala dictó en la mañana de ayer un "auto en el que se declara competente para conocer los hechos derivados de la resolución dictada por el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en el conocido como caso Gürtel". Estos hechos, añade en un comunicado, "son atribuidos al presidente de la Generalitat, Francisco Camps; al portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Ricardo Costa; al ex conseller Víctor Campos, y a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo y actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia".
"Posible participación"
En este mismo auto, que no se ha facilitado a los medios como el resto de los que han dictado la Sala y el juez ponente, "se ha acordado la apertura de diligencias previas, por posible delito de cohecho, para determinar la naturaleza de los hechos y la posible participación en los mismos de las personas mencionadas".El magistrado José Flors, que ha actuado como ponente para asumir la competencia, ha sido designado también instructor de la investigación penal.
Con la apertura de estas diligencias, se inicia la fase de instrucción judicial en la que el juez llamará a declarar a los implicados como imputados -como garantía procesal o porque ya hay indicios contra ellos- por el delito que se investiga, en este caso, el de cohecho. También puede solicitar otro tipo de pruebas documentales o declaraciones de testigos.
En este sentido, la Fiscalía Anticorrupción ya solicitó la pasada semana al ponente que asumiera la competencia y tomara "declaración a los dos aforados". En su petición a la Sala, Anticorrupción explicaba que los hechos investigados se referían a la "recepción de dádivas procedentes de alguno de los imputados" en la presente causa, sin que en el momento presente y sin perjuicio de lo que resulte de la posterior investigación, resulten vinculados a una concreta actividad del entorno de Francisco Correa".
Ello significa que la causa puede quedar abierta por un tiempo determinado en el que se derivará que hay indicios suficientes de criminalidad o, por el contrario, que no los hay y, por tanto, se decida el archivo.
Los hechos por los que se investigará al presidente de la Generalitat, al número dos del PP y al resto de imputados se refieren a la entrega de trajes como "dádivas" a cambio de adjudicaciones de eventos públicos por parte de la Generalitat a la empresa Orange Market. Ésta es una filial de Special Events radicada en Valencia, de la que son consejeros Francisco Correa -en prisión- y otro imputado, Álvaro Pérez, conocido como "El Bigotes". Al menos, esto es lo que se desprende de la investigación realizada por el juez Garzón.En su auto, Garzón aludía también al delito de tráfico de influencias y falsedad, declarando imputados a Víctor Campos y a Rafael Betoret.
De momento, el TSJ de Valencia sólo investigará el delito de cohecho "del artículo 426 del Código penal". Este delito se refiere a la "aceptación de regalos por parte de una autoridad o funcionario público para conseguir un acto no prohibido legalmente", que sería la adjudicación de contratos de distintas consellerias, como el "stand" de Fitur.
Garzón explicaba el 5 de marzo que Francisco Correa concurre desde 2005 a los concursos para la adjudicación de los "stands" de la Comunitat Valenciana en distintas ferias de turismo, a través de Orange Market.Y añadía que Orange Market obtuvo desde 2006 la adjudicación del paquete de cuatro ferias de turismo que incluye Fitur, TCV, Expovacaciones, SITC e Intur.
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Costa se felicita al "excluirse" financiación del PP y tráfico de influencias
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"Los uniformes eran para gente del PP. Álvaro se encargó"
Empleados de Milano indicaron que la trama corrupta pagó trajes a Francisco Camps
JOSÉ MANUEL ROMERO - Madrid - 22/04/2009
Empleados de la tienda de ropa Milano apuntaron en diciembre de 2008, dos meses antes de que estallara el escándalo del caso Gürtel y se hiciera pública la posible implicación de dirigentes del PP, que los responsables de la trama empresarial corrupta habían pagado trajes de ese establecimiento al presidente valenciano, Francisco Camps. Al menos dos directores de esas tiendas informaron de ello en sendos correos electrónicos -incorporados al sumario y a los que ha tenido acceso EL PAÍS- dirigidos al responsable del departamento de auditoría del Grupo Cortefiel.
Francisco Camps Ortiz
Ricardo Costa Climent
Anticorrupción rastreó una factura que no figuraba en la contabilidad
Ninguno de los trabajadores de Milano que habló de estas circunstancias era José Tomás, el sastre que atendía habitualmente a Camps y al que ha descalificado el PP en las últimas semanas. Tomás ha declarado al juez Baltasar Garzón que ni Camps ni ninguno de los políticos valencianos del PP a los que entregó trajes pagaron por ello, sino que lo hicieron los directivos de Orange Market, una las empresas de la trama corrupta que consiguió más de seis millones de euros en contratos de la Comunidad Valenciana.
En diciembre de 2008, Cortefiel (propietario de las tiendas Milano) recibió un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, que llevaba más de un año investigando una denuncia. Anticorrupción preguntaba por una factura pagada por Easy Concept -una de las empresas de la trama que operaba en la Comunidad de Madrid- por importe de 34.336 euros ("en una o varias facturas"). El responsable del departamento de auditoría no localizó la factura, por lo que remitió un correo electrónico a los directores de las tiendas Milano en España.
La inmensa mayoría contestó de manera negativa, pero hubo dos directores -el de la tienda de la calle Serrano (Madrid) y el de una de Sevilla- que ofrecieron los primeros datos sobre el supuesto pago de trajes por parte de la trama al presidente valenciano, Francisco Camps.
El responsable de la tienda de Sevilla respondió a la pregunta con una hipótesis basada en sus recuerdos: "Quizás los uniformes fueran de [José] Tomás", dijo en referencia al anterior director de la tienda de Serrano. El director sevillano aseguró en su correo electrónico que Tomás había hecho trajes a "gente del PP de Valencia". Y apuntó que la persona que se encargaba de todas esas gestiones era "Álvaro", en referencia a Álvaro Pérez, el amigo de Camps y directivo de una de las empresas de la trama corrupta.
El director de la tienda de Serrano, en Madrid, ofreció en su correo electrónico datos más precisos citando como fuente de su información a una compañera que trabajaba como cajera en la tienda. "Recuerda haber generado una factura por una cantidad parecida a una empresa llamada Orange Market [la que dirigía Álvaro Pérez] por un importe de 24.308 euros, factura abonada por talón el día 13-07-2005". La empresa, según el mismo correo electrónico, se dedicaba a montar los eventos del PP de la Comunidad Valenciana.
Los encargos a la tienda Milano, según la cajera, correspondían a unos uniformes que se realizaron a distintos cargos de este partido, incluido Francisco Camps".
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"Es de unos uniformes para gente del PP"
EL PAÍS - Madrid - 22/04/2009
El 17 de diciembre de 2008, Daniel Ninou, responsable de Auditoría Interna del Grupo Cortefiel, envió un correo electrónico a los directores de varias tiendas Milano de España. Les explicó que la Fiscalía Anticorrupción reclamaba a Cortefiel una factura de 2005, por importe de 34.336 euros, que él no encontraba en la contabilidad. Ese mismo día, a las 19.50, le respondió el director de la tienda de Serrano (Madrid); y a las 21.02 el de Sevilla. Faltaban aún dos meses para que saltasen a los medios las noticias del caso Gürtel. Los tres correos se reproducen a continuación, extractados.
- 17-12-2008. De Daniel Ninou para Tiendas Milano España. Asunto: Urgente Factura Milano. "Hemos recibido una citación de la Fiscalía Anticorrupción que nos solicita aportar una factura de compra de unos uniformes que al parecer fue emitida por una tienda de Milano a la empresa Easy Concept Comunicación SL pero contablemente no la tenemos ni registrada ni declarada. Necesitaríamos urgentemente que indiquéis a las tiendas de Milano que busquen en los archivos alguna documentación al respecto".
- 17-12-2008. De Tien0257 Serrano-Madrid para Daniel Ninou. Asunto: RE: Urgente Factura Milano. "No he encontrado ninguna factura hecha a Easy Concept Comunicación SL. Mi compañera [...], que es la cajera de la tienda y quien lleva habitualmente todos los temas de facturación, recuerda haber generado una factura por una cantidad parecida a una empresa llamada Orange Market por un importe de 24.308,38 euros, factura abonada por talón el día 13-7-2005. Esta factura se realizó a una empresa que realizaba los eventos del PP de la Comunidad Valenciana, y corresponden a unos uniformes que se realizaron a distintos cargos de este partido, incluido Francisco Camps. Sin tener ninguna prueba material, sospecho que esta factura pueda deberse a este asunto. [...] Según me comenta mi compañera, en este caso pudo cometerse alguna irregularidad pues en la tienda se les realizaba facturas (a Orange Market) por conceptos como 'Mantelerías' o 'Cristalerías', mercancía que no vendemos [...] Creo que una de estas facturas es la que nos reclaman".
- 17-12-2008. De Tien0101 (Sevilla) para Daniel Ninou. Asunto: RE: Urgente Factura Milano. "Daniel, quizás los uniformes fueran de Tomás (antiguo director de Serrano); se los hizo estando en Serrano a la gente del PP de Valencia. Había un señor llamado Álvaro que fue el que se encargó de todo, creo".
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Empleados de Milano indicaron que la trama corrupta pagó trajes a Camps
Mensajes electrónicos enviados antes de estallar el escándalo confirman los hechos
JOSÉ MANUEL ROMERO - Madrid - 22/04/2009
Empleados de la tienda de ropa Milano apuntaron en diciembre de 2008, dos meses antes de que estallara el escándalo del caso Gürtel y se hiciera pública la posible implicación de dirigentes del PP, que los responsables de la trama empresarial corrupta habían pagado trajes de ese establecimiento al presidente valenciano, Francisco Camps. Al menos dos directores de esas tiendas informaron de ello en sendos correos electrónicos -incorporados al sumario y a los que ha tenido acceso EL PAÍS- dirigidos al responsable del departamento de auditoría del Grupo Cortefiel.
Anticorrupción rastreó una factura que no figuraba en la contabilidad
Ninguno de los trabajadores de Milano que habló de estas circunstancias era José Tomás, el sastre que atendía habitualmente a Camps y al que ha descalificado el PP en las últimas semanas. Tomás ha declarado al juez Baltasar Garzón que ni Camps ni ninguno de los políticos valencianos del PP a los que entregó trajes pagaron por ello, sino que lo hicieron los directivos de Orange Market, una las empresas de la trama corrupta que consiguió más de seis millones de euros en contratos de la Comunidad Valenciana.
En diciembre de 2008, Cortefiel (propietario de las tiendas Milano) recibió un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, que llevaba más de un año investigando una denuncia. Anticorrupción preguntaba por una factura pagada por Easy Concept -una de las empresas de la trama que operaba en la Comunidad de Madrid- por importe de 34.336 euros ("en una o varias facturas"). El responsable del departamento de auditoría no localizó la factura, por lo que remitió un correo electrónico a los directores de las tiendas Milano en España.
La inmensa mayoría contestó de manera negativa, pero hubo dos directores -el de la tienda de la calle Serrano (Madrid) y el de una de Sevilla- que ofrecieron los primeros datos sobre el supuesto pago de trajes por parte de la trama al presidente valenciano, Francisco Camps.
El responsable de la tienda de Sevilla respondió a la pregunta con una hipótesis basada en sus recuerdos: "Quizás los uniformes fueran de [José] Tomás", dijo en referencia al anterior director de la tienda de Serrano. El director sevillano aseguró en su correo electrónico que Tomás había hecho trajes a "gente del PP de Valencia". Y apuntó que la persona que se encargaba de todas esas gestiones era "Álvaro", en referencia a Álvaro Pérez, el amigo de Camps y directivo de una de las empresas de la trama corrupta.
El director de la tienda de Serrano, en Madrid, ofreció en su correo electrónico datos más precisos citando como fuente de su información a una compañera que trabajaba como cajera en la tienda. "Recuerda haber generado una factura por una cantidad parecida a una empresa llamada Orange Market [la que dirigía Álvaro Pérez] por un importe de 24.308 euros, factura abonada por talón el día 13-07-2005". La empresa, según el mismo correo electrónico, se dedicaba a montar los eventos del PP de la Comunidad Valenciana.
Los encargos a la tienda Milano, según la cajera, correspondían a unos uniformes que se realizaron a distintos cargos de este partido, incluido Francisco Camps".
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El Tribunal Superior de Valencia acepta investigar el supuesto cohecho
LYDIA GARRIDO - Valencia - 22/04/2009
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) investigará a Francisco Camps, presidente de la Generalitat, por un supuesto delito de cohecho. La Sala de lo Civil y Penal se declaró ayer competente para instruir la parte del caso Gürtel que afecta a Camps; al secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; al ex vicepresidente Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret.
El delito de cohecho está en relación con la aceptación por parte de los dos aforados, Camps y Costa, y los otros dos supuestos implicados, Campos y Betoret, de regalos por parte de empresas de Francisco Correa, esencialmente de Orange Market, su filial en Valencia, dirigida por Álvaro Pérez. Esos regalos, al menos inicialmente, habrían sido trajes donados a los supuestamente implicados. Según Garzón, esas dádivas podrían estar en relación con la obtención de numerosas adjudicaciones de servicios de la Administración autonómica. De momento, la causa se ha abierto por un delito de cohecho, lo cual no exime de que, si se encuentran indicios de cualquier otro ilícito penal, se investigue. El delito de cohecho es, según fuentes del caso, el que precisamente el juez Garzón más sustentó con indicios racionales.
Garzón, en su auto, amplió las supuestas infracciones penales a tráfico de influencias y falsedad. Y llegó a apuntar una posible relación con una supuesta financiación ilegal del PP.
La respuesta del PP valenciano fue inmediata. Ricardo Costa afirmó ayer que el hecho de que la causa en Valencia se abra por cohecho deja patente "que el PP valenciano no tiene nada que ver con ninguna trama de corrupción y esto no es más que el principio para demostrar que todas las acusaciones son falsas e infundadas". Según Costa, con el auto de ayer "se aparta al PP y al Gobierno valenciano de cualquier sospecha y posible relación con cualquier trama, lo cual demuestra que la gestión de ambos es inmaculada".
José Flors ha sido el ponente del auto por el que el TSJCV asume la parte de la causa instruida por Garzón que le fue remitida, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, el 5 de marzo. Otra parte del caso está siendo investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Flors también ha sido designado instructor de la causa y, en el mismo acto en el que la sala acordó asumir el caso, se decidió la apertura de diligencias previas para iniciar la investigación.
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La Justicia de Valencia investigará a Camps
Junto al ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, y el jefe del protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, y Ricardo Costa.
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Mensajes electrónicos de Milano confirman que Correa pagó trajes para el PP
"Corresponde [la factura] a unos uniformes para gente del PP, incluido Francisco Camps"
La mano derecha de Camps no deja, en cambio, sus negocios privados
Ricardo Costa dimite de presidente de una comisión porque tiene mucho trabajo en el PP valenciano
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dimecres, 22 d’abril del 2009
dimarts, 21 d’abril del 2009
PP Vice. 21/04/2009. La trama corrupta gastó 200.000 euros en ropa para regalar a cargos del PP.
_La trama corrupta gastó 200.000 euros en ropa para regalar a cargos del PP
JOAQUÍN FERRANDIS - Valencia - 21/04/2009
Los directivos de la trama empresarial creada por Francisco Correa para lucrarse con contratos de administraciones gobernadas por el PP solían hacer regalos de agradecimiento a los cargos públicos vinculados a esas adjudicaciones.
JOAQUÍN FERRANDIS - Valencia - 21/04/2009
Los directivos de la trama empresarial creada por Francisco Correa para lucrarse con contratos de administraciones gobernadas por el PP solían hacer regalos de agradecimiento a los cargos públicos vinculados a esas adjudicaciones.
Una cajera de Milano: "Nos propusieron facturar trajes como mantelerías"
En unos casos, según la investigación judicial y policial, se trataba de vehículos; en otros, de joyas; en algún supuesto, de inmuebles y, en muchos, de simples trajes de entre 600 y 1.000 euros la pieza. Esos regalos aparecían reflejados en la contabilidad de las distintas empresas como gastos propios de su actividad.
Un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario que se está instruyendo en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al que ha tenido acceso EL PAÍS, acredita que en sólo dos años (2005 y 2006) las empresas Easy Concept, Good anb Better, Servimadrid Integral y Orange Market han declarado compras de material a la empresa Milano por casi 200.000 euros.
Directivos de alguna de estas empresas han declarado al juez que hacían regalos en forma de trajes a alcaldes y concejales de ayuntamientos donde habían logrado distintos contratos.
Entre esos directivos figura Isabel Jordán, despedida de la trama empresarial corrupta a finales de 2007, quien confesó al juez y a la policía que compró en dos ocasiones trajes para quien era entonces alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Y también sugirió que compró otros regalos a concejales de la misma corporación.
Jordán aseguró que eran regalos por Navidad, pero el juez le preguntó entonces por qué se habían comprado los trajes en la tienda Milano en el mes de octubre. La ex directiva de la trama corrupta argumentó entonces que entre que se encargaba el traje, se confeccionaba y se entregaba, pasaban dos meses, justo para el regalo de Navidad. El jefe de ventas de esa tienda de ropa, José Tomás, negó ante el juez que la compra de los trajes se hubiera hecho en fechas próximas a las navidades.
"Igual que le regalo a él [Arturo González Panero], regalo a otras personas", declaró Jordán a la policía: "Son regalos por propia iniciativa mía, al igual que he hecho a muchos concejales de Boadilla del Monte. Es habitual en el sector de la publicidad".
Boadilla del Monte es un municipio de la Comunidad de Madrid donde gobierna el PP con una amplísima mayoría absoluta y donde, supuestamente, la trama corrupta había echado raíces para sus negocios. Tanto es así, que la investigación judicial destapó el supuesto pago de una comisión de tres millones de euros por la adjudicación de suelo para viviendas de lujo a un promotor inmobiliario para el que trabajaba Francisco Correa como conseguidor e intermediario.
Las empresas de la trama corrupta camuflaban los gastos en regalos de todo tipo para cargos públicos del PP, como adquisición de material necesario para la actividad de la sociedad, de manera que pudieran declararlo a la hacienda pública y ahorrarse mucho dinero, pues les esa fórmula les permitía reducir el monto de los beneficios por los que tendrían que pagar al fisco.
Durante la investigación, la policía interrogó a varias cajeras que trabajaron durante el tiempo en que ocurrieron los hechos en las tiendas Milano y Forever Young.
Una de esas trabajadoras relató así el procedimiento utilizado en relación con los trajes que la trama corrupta compraba a cargos del PP: "Elaborábamos las facturas poniendo el concepto que deseara el cliente o nos dijera el encargado [José Tomás], poniendo un número a la factura sin ningún tipo de control o registro para que las mismas fueran consecutivas, y no quedaba registrada ni almacenada en ningún sitio".
"Recuerdo", continúa la empleada de Milano en su declaración ante la policía, "que el entonces director de la tienda, José Tomás, me propuso que una venta de trajes de chaqueta que iban a hacer a personas que ostentaban cargos en el PP, entre ellos Francisco Camps, se facturaría como venta de mantelerías o cristalerías. Lo propusieron las personas que iban a comprar los trajes. Una de estas personas era un hombre con bigote que se llamaba Álvaro [en relación a Álvaro Pérez, directivo de Orange Market, empresa que contrataba con la administración valenciana]".
La empresa Orange Market se encargaba de montar los eventos del PP en la Comunidad Valenciana, donde, en algunos casos, se trataba de organizar almuerzos con numerosos asistentes, por lo que podrían hacer pasar los regalos de trajes a cargos públicos populares como gastos para montar los actos políticos a la empresa, en este caso el PP, que se los encargaba.
"Tengo la oficina llena de trajes para dejárselos a personalidades"
- Primera visita tras la citación. José Tomás, jefe de ventas de Milano y de Forever Young, donde los altos cargos del PP adquirían sus trajes por encargo de Álvaro Pérez y Pablo Crespo (dos de los directivos de la trama corrupta), recibió a mediados de febrero la citación de la Fiscalía Anticorrupción. Tomás, según su propio relato ante la policía, se vio con Crespo antes de acudir a la fiscalía, y éste -afirma en su declaración el jefe de ventas- elucubró sobre los motivos de la misma: "Puede estar relacionado con algo del alcalde de Boadilla porque ha podido decir algo Isabel Jordán porque la hemos despedido. Pero no hay ningún problema, lo tenemos todo muy bien, no tenemos nada que ocultar fiscalmente". Dos días después, se presenta en la tienda Álvaro Pérez y habla con José Tomás: "Tranquilo, no tenemos nada que ocultar".
- Un café con el sastre. Al día siguiente, Tomás declaró ante la Fiscalía Anticorrupción y, 24 horas después, Pablo Crespo le invitó a tomar un café en un establecimiento comercial próximo a la tienda. En ese lugar le pregunta qué ha pasado con el fiscal y Tomás contesta que le ha preguntado por dos empresas de la trama corrupta y sobre la facturación de la tienda de ropa en la que trabajaba.
- La explicación de Pérez. Una semana después, Álvaro Pérez acude a la tienda de Tomás y le cuenta su versión de los hechos: "El tema de los trajes y la fiscalía me dan exactamente igual. Tengo en la oficina una barra [sic] de trajes llena y puedo decir que los tengo para dejárselos a determinadas personalidades. Que los compré yo y que yo los dejo y luego me los devuelven. Estoy supertranquilo, no tengo nada que ocultar".
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El sumario de la causa iniciada por el juez de la Audiencia Baltasar Garzón implica, entre otros, al presidente de la Generalitat, Francisco Camps
ELPAÍS.com / AGENCIAS - Madrid - 21/04/2009
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha asumido la competencia sobre la causa que investiga la red de corrupción dirigida por Francisco Correa y que implica a altos cargos del PP en la Comunidad Autónoma como el presidente Francisco Camps, su número dos, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, el ex conseller Víctor Campos, y a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia.
En este mismo auto se ha acordado la apertura de diligencias previas por posible delito de cohecho para determinar la naturaleza de los hechos y la posible participación en ellos de las personas mencionadas, según ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. La sala ha adoptado esta decisión una semana después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara en un auto al TSJCV que tomara declaración a Camps y a Costa, aunque especificaba en el escrito que en el estado actual de la causa.
El sumario de la trama ha ido avanzando en estos últimos días aportando nuevos indicios contra los implicados. Los tomos del sumario del caso Gürtel que hacen referencia a supuestas conductas delictivas en la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, incorporan numerosas evidencias que, según la Fiscalía Anticorrupción, acreditarían la responsabilidad del secretario general del Partido Popular valenciano, Ricardo Costa, y la existencia de facturas que implicarían al presidente del Ejecutivo valenciano, el popular Francisco Camps, informa Joaquín Ferrandis.
El pasado 31 de marzo, la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó aceptar la inhibición planteada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la trama de corrupción destapada en la 'Operación Gürtel' que afectaba a aforados autonómicos del PP madrileño
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El Tribunal abre diligencias previas de investigación para determinar si existen indicios de delito
Serán investigados el president de la Generalitat, Francisco Camps, el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, y el jefe del protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, y Ricardo Costa.
PÚBLICO.ES / EUROPA PRESS - Madrid - 21/04/2009 14:53
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictado un auto por el que se declara competente para investigar la trama valenciana del caso Gürtel.
El Tribunal pretende conocer los hechos derivados de la resolución dictada por Baltasar Garzón (auto en PDF ), atribuidos presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el portavoz del PP en las Cortes Valencianas y secretario general del PPCV, Ricardo Costa, el ex conseller y ex vicepresidente Víctor Campos y a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, y actual jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia.
Según informó el TSJCV en un comunicado, en este mismo auto se ha acordado la apertura de diligencias previas, por posible delito de cohecho, "para determinar la naturaleza de los hechos y la posible participación en los mismos de las personas mencionadas".
El magistrado José Flors ha sido designado instructor de esta investigación penal.
Solicitud de la Fiscalía
La sala ha adoptado esta decisión una semana después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara en un auto al TSJCV que tomara declaración a Camps y a Costa, aunque especificaba en el escrito que en el estado actual de la causa, las dádivas que percibieron "no aparecen relacionadas con una actividad concreta de las mercantiles vinculadas a Francisco Correa".
El pasado 31 de marzo se aceptó la inhibición planteada por el juez Garzón
El pasado 31 de marzo, la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó aceptar la inhibición planteada por el juez Garzón, que afectaba a aforados autonómicos del PP madrileño.
Asimismo, la Sala de lo Civil y Penal, a la vista de las "numerosas filtraciones" que sobre el contenido del procedimiento se están conociendo a través de los medios de comunicación, ha efectuado también un pronunciamiento sobre el secreto sumarial.
Regulación clara y expresa
En este sentido, recuerda que este secreto, "que afecta a todas aquellas personas que no sean parte", tiene una regulación "clara y expresa" en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento criminal.
Este precepto señala textualmente, según indica el comunicado, que las diligencias del sumario "serán secretas hasta que se abra el juicio oral con las excepciones determinadas en la presente Ley.
El abogado o procurador de cualquier de las partes que revelare indebidamente el secreto del sumario, será corregido con multa de 250 a 2.500 pesetas (sic)".
"En la misma multa incurrirá cualquier otra persona que no siendo funcionario público cometa la misma falta. El funcionario público, en el caso de los párrafos anteriores, incurrirá en la responsabilidad que el Código Penal señale en su lugar respectivo", añade.
Esta responsabilidad está recogida en el artículo 417 del Código Penal, cuyo artículo 466 tipifica como delito el hecho de revelar actuaciones declaradas secretas por la autoridad judicial, como lo ha sido la causa principal de este procedimiento.
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J. F. - Valencia - 21/04/2009
La inmensa mayoría de la ropa que vendieron las tiendas Milano y Forever Young a cinco altos cargos del PP en la Comunidad Valenciana -entre ellos el presidente autonómico, Francisco Camps, y el secretario general del partido en esa comunidad, Ricardo Costa- fue pagada por Orange Market, la empresa integrada en la trama corrupta de Francisco Correa, que dirigía en Valencia Álvaro Pérez. Ésa es la conclusión de los expertos policiales que investigaron durante varios meses la documentación aportada por Milano y Forever Young e interrogaron a directivos de ambas tiendas y a miembros del personal de las mismas.
La inmensa mayoría de la ropa que vendieron las tiendas Milano y Forever Young a cinco altos cargos del PP en la Comunidad Valenciana -entre ellos el presidente autonómico, Francisco Camps, y el secretario general del partido en esa comunidad, Ricardo Costa- fue pagada por Orange Market, la empresa integrada en la trama corrupta de Francisco Correa, que dirigía en Valencia Álvaro Pérez. Ésa es la conclusión de los expertos policiales que investigaron durante varios meses la documentación aportada por Milano y Forever Young e interrogaron a directivos de ambas tiendas y a miembros del personal de las mismas.
Francisco Camps Ortiz
A FONDO
Orange Market fue creada en Valencia unos meses después de que Francisco Camps ganara sus primeras elecciones autonómicas a presidente de esa comunidad. Durante los cinco años de existencia de Orange Market, esta empresa logró contratos de la Administración valenciana por seis millones de euros. Pérez ha presumido durante este tiempo de su amistad con Camps. El presidente valenciano, en algunas conversaciones mantenidas con personas vinculadas a la trama que se investiga, ha reconocido esa relación.
A FONDO
Orange Market fue creada en Valencia unos meses después de que Francisco Camps ganara sus primeras elecciones autonómicas a presidente de esa comunidad. Durante los cinco años de existencia de Orange Market, esta empresa logró contratos de la Administración valenciana por seis millones de euros. Pérez ha presumido durante este tiempo de su amistad con Camps. El presidente valenciano, en algunas conversaciones mantenidas con personas vinculadas a la trama que se investiga, ha reconocido esa relación.
La Brigada de Blanqueo de Capitales del Cuerpo Nacional de Policía entregó el pasado 23 de febrero un "informe sobre ventas en las tiendas de la cadena Forever Young y Milano" al juzgado de Baltasar Garzón. Lo que sigue es un amplio resumen de ese informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS y que consta en el sumario que está instruyendo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana:
- Pagos a cuenta. "Una vez analizados los distintos pagos a cuenta y la forma de liquidación de los mismos, en cuanto al listado que se detalla (compras por más de 20.000 euros en ropa para Rafael Betoret, Francisco Camps, Víctor Campos, Ricardo Costa y Pedro García) se puede manifestar, siempre según los datos aportados por la empresa Cortefiel (matriz de Milano), que las compras efectuadas por todas esas personas, a excepción de uno de los [dos] pedidos a nombre de Camps, que todos ellos han sido abonados, junto con otros, mediante dos talones bancarios por importe de 10.672 euros y 16.936 euros, ingresados con fecha 20 de septiembre de 2006, en la cuenta del Banco Barclays Bank de la tienda, procedentes de la mercantil Orange Market".
- Facturas a gusto del cliente. "Es de destacar que no se disponen (sic) de las facturas que habrían elaborado al objeto de justificar los distintos pagos efectuados, puesto que Milano no elabora sistemáticamente las facturas de las ventas que efectúa, salvo petición expresa del cliente, no guardando copia de las mismas, y menos en el caso que nos ocupa, en que habrían generado una serie de facturas a gusto del cliente, con conceptos, fechas y números de las mismas inexistentes".
- Conclusiones. "Por parte de las personas que trabajaban en Milano y Forever Young, bien sea directamente por su responsable José Tomás, o bien por parte de personal a su cargo, dependiente del mismo, el cual seguía sus instrucciones, se elaboraban facturas, alterando el concepto de las mismas, siguiendo las instrucciones de Pablo Crespo y Álvaro Pérez [directivos de la trama corrupta], adaptando el contenido de éstas a distintos productos que nada tienen que ver con la prenda de vestir real que se vende, con el único fin de ocultar el verdadero destinatario de las ventas efectuadas, por lo que se trata de facturas falsas. El importe de las facturas achacables a Camps, Costa, Betoret, García y Campos, que no habrían sido abonadas directamente por los mismos, según información facilitada al respecto por dichos establecimientos asciende a 36.442 euros. Todas estas compras han sido saldadas mediante transferencias bancarias o cheques de las compañías Servimadrid, Diseño Asimétrico y Orange Market".
Las tres empresas están dirigidas por Francisco Correa y sus principales colaboradores, todos ellos imputados en el caso de la trama corrupta vinculada a Administraciones gobernadas por el PP.
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El Albondiguilla, el ex alcalde de Arganda, el diputado Bosch Tejedor... ¿cabezas pensantes de la trama corrupta?
Cargos populares de Madrid ideaban negocios para Correa, además de poner la mano
Cargos populares de Madrid ideaban negocios para Correa, además de poner la mano
La Agencia Tributaria detecta que se cargaban como material para eventos
Correa se gastó 200.000 euros en trajes-regalo para cargos del PP
Correa se gastó 200.000 euros en trajes-regalo para cargos del PP
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El TSJ valenciano asume la competencia del caso Gürtel
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha asumido la competencia sobre el caso en el que están implicados el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el número dos del PP valenciano, Ricardo Costa
El líder socialista eleva el tono de su crítica al presidente, al que llama "jefe del lodazal político"
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Yak 42. 21/04/2009. El general Navarro culpa a los forenses turcos.
21 Abr 2009Autor intelectual
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Asegura que eran ellos los que tenían prisa e "hicieron desaparecer restos".- Rajoy ve a Trillo preocupado por el juicio del Yak-42
ELPAÍS.com - Madrid - 21/04/2009
"A Trillo le preocupa que sus colaboradores sean sancionados". Después de que los familiares de víctimas del Yak pidieran ayer en el juicio por las identificaciones erróneas que se siga investigando a quienes obtuvieron "beneficio político", el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha admitido hoy en una entrevista en Punto Radio que el ex ministro de Defensa tiene la "conciencia tranquila", pero teme que algún miembro de su equipo pueda verse implicado.
El "círculo íntimo" de Trillo conocía las falsas identificaciones del Yak
El fiscal pide cárcel para tres militares por "inventar" identificaciones del Yak
Federico Trillo
La catástrofe del Yak-42
A FONDO
El juicio queda hoy visto para sentencia con los informes finales de las defensas del general Vicente Navarro, del comandante José Ramírez y del capitán Miguel Sáez. "El acta de identificación no goza de esa veracidad inmaculada que le han venido dando las acusaciones", ha afirmado el letrado encargado de la defensa, quien ha cargado la responsabilidad de los errores a los turcos y ha pedido la libre absolución del acusado. Según el testimonio de varios testigos que han pasado por la Audiencia, incluidos dos forenses cuya declaración no estaba inicialmente prevista, el equipo español firmó el documento sabiendo que había 30 cuerpos sin identificar porque tenían prisa para regresar a tiempo al funeral de Estado.
"Quienes tenían prisa por quitarse de en medio todos aquellos cadáveres eran las autoridades turcas. Confeccionaron ese acta de identificación en turco y en el que se hace firmar a dos forenses que no participaron en las tareas. No se les dio copia a los españoles ni en turco ni en inglés. Navarro ha dicho que no se leyó públicamente ese párrafo -en el que se menciona que había cuerpos sin identificar-", ha indicado el abogado.
"La cadena de custodia de les correspondió a los turcos; fueron los únicos que manipularon los cadáveres y entraron en las cámaras". "¿Qué credibilidad tiene ese acta y sus autores?", ha añadido el letrado para referirse al equipo de forenses locales, que en su opinión "hicieron desaparecer" un cadáver y realizaron la lista con un "cambalache" de restos. "Ninguno -ha proseguido-, salvo que queramos dar carta de naturaleza a un documento que contiene menciones falsas", ha asegurado el abogado.
Petición de cárcel
Al margen de la solicitud de los familiares de continuar investigando a los responsables políticos, el fiscal del caso, Fernando Burgos, pidió ayer cinco años de cárcel para el general Navarro y cuatro años y medio para sus ayudantes, Ramírez y Sáez, al considerar que se "inventaron" los nombres de quienes no pudieron ser reconocidos. El ministerio público considera probado que el equipo médico español actuó con premura para repatriar los cuerpos aun sin identificar, posiblemente para llegar a tiempo al funeral.
El presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, rechazó que comparecieran como testigos el ex presidente del Gobierno José María Aznar y el ex ministro Trillo, tal y como solicitaban las acusaciones. Rajoy ha insistido hoy en que Trillo ha sido "objeto de querellas criminales" que no se han admitido a trámite y, durante el juicio en la Audiencia Nacional no ha sido llamado a declarar "ni siquiera como testigo". En su opinión, ya se han pedido disculpas por "los errores que se pudieron cometer". El fiscal solicitó además el pasado 27 de marzo que acudiera a declarar Jiménez Ugarte, lo que también fue rechazado. El número tres de Trillo se encargó de hablar con las familias y trató de impedir que las autoridades turcas les recibieran, como consta en una carta que le envío a Trillo en marzo de 2004.
De acuerdo con otra carta escrita en junio de 2004 por el ex jefe del Ejército de Tierra Luis Alejandre, cuyo destinatario era el director del Gabinete Técnico del ministro, el general Manuel Bretón, el "círculo íntimo" de Trillo conocía los errores. Ese grupo de confianza estaba compuesto por el almirante Rafael Lorenzo, director general de Política de Defensa; el diplomático Javier Jiménez-Ugarte, número tres del departamento; y el propio Bretón. "Tú bien conoces que yo nunca supe que había veintitantos cadáveres del Yak-42 mal identificados. Imagino que tú sí lo sabías, porque Trillo lo mantuvo en su círculo íntimo", decía entonces Alejandre, pese a que en su declaración ante el tribunal negó saber quiénes lo componían.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reconocido esta mañana que se produjeron errores, pero ha defendido la actuación de los responsables de Defensa. "Ahorrar sufrimiento a las familias en aquel momento tan duro no parece que sea para criminalizarlo; no se puede criminalizar a quienes trataron de acortar el dolor", ha indicado.
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Las acusaciones aseguran que todavía falta gente por juzgar
Piden investigar a los "autores intelectuales" que obtuvieron "beneficio político" de la "pronta repatriación" para celebrar el funeral de Estado ya programado
Piden investigar a los "autores intelectuales" que obtuvieron "beneficio político" de la "pronta repatriación" para celebrar el funeral de Estado ya programado
La defensa del general atribuye a los turcos los errores en las identificaciones de los cadáveres
AGENCIAS 21-04-2009
El letrado del general Vicente Navarro, Ramiro Guardiola, ha defendido la inocencia de su cliente acusando a las autoridades turcas de ser los responsables de los errores en las identificaciones de 30 de las 62 víctimas del Yak-42 y ha asegurado que eran ellos y no el equipo español quienes tenían prisa por repatriar los cadáveres a España.
AUDIOS: Aguirre: "No se puede criminalizar a aquellas autoridades que, para disminuir el dolor de las familias, intentaron acotarlo"
Dos forenses turcos vienen a España con la intención de declarar en el juicio del Yak 42
El PP sigue respaldando a Trillo pese a la declaración de los dos forenses turcos
El fiscal acusa a los militares de "inventarse" las identificaciones
ENCUESTA: ¿Se debe investigar a los "autores intelectuales" del caso Yak-42?
Sarabia, pidió que se deduzca testimonio a los generales Luis Alejandre, ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) y Félix Sanz Roldán, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), por un delito de falsedad, ya que ambos dieron una versión contrapuesta de la reunión del Comité de Dirección del Ministerio de Defensa en la que se fijó la fecha del funeral del Estado.
El letrado, que denunció la existencia de "una vorágine de mentiras" tras la identificación errónea de los cuerpos, también solicitó que se abra una investigación contra el ex secretario general de Política de Defensa y ex 'número 3' de Federico Trillo en el Ministerio de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, por si pudiera haber cometido un delito de "encubrimiento".
"Angustia y dolor"
En la sesión vespertina de la octava sesión del juicio, en la que expusieron sus informes las tres acusaciones particulares que han ejercido la acusación al margen de la principal asociación de víctimas, también reclamaron que las víctimas sean resarcidas por los "daños morales" derivados de "la angustia y el dolor" que sufrieron al descubrir que a sus seres queridos se les había atribuido una identidad falsa.
El abogado Leopoldo Torres explicó que las familias vieron agravado su duelo por "las noticias sobre la falsa identificación de los cadáveres", a las que se sumaron "engaños, maltratos psicológicos, amenazas e intimidaciones" por parte de los responsables del Ministerio de Defensa.
El letrado, que recordó durante su exposición la frase "dejen en paz a los muertos" atribuida al ex presidente José María Aznar, también denunció las estrategias de "ocultación y manipulación" que "desde el primer día" llevaron a cabo "personas del entorno de los acusados dentro de su ámbito profesional del Ministerio de Defensa que o fueron excluidas del procedimiento o en ningún momento fueron imputados".
El fiscal Fernando Burgos explica en su informe que el general Vicente Navarro se inventó la identidad de 30 de los 62 fallecidos en el accidente del Yak-42 porque el equipo español tenía "mucha prisa" en el traslado de los cuerpos. Además, la decisión de repatriar a las víctimas en dos días "estaba tomada desde el primer momento".
El fiscal Burgos solicita cinco años de cárcel para el general médico Vicente Navarro, que elaboró la lista de los 62 fallecidos, y cuatro años y medio al comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez, los dos médicos que llevaron a cabo "la redacción cínica" de los informes de necroscopia. Así lo ha comunicado el la exposición de su informe definitivo de conclusiones en la octava sesión del juicio sobre las identificaciones erróneas del Yak-42.
En dicho documento, Burgos asegura que los acusados incumplieron "sistemáticamente" la Ley de Registro Civil y no tomaron muestras de ADN a los cuerpos porque "se organizó un acto fúnebre inmediatamente, el día 27, cuando no existía la más remota posibilidad de que aquello tuviese la identificación" de las víctimas.
Burgos explicó que el acta elaborada por las autoridades turcas contaba con la identificación de 32 cuerpos y que los otros 30, fueron "rellenados con nombres y apellidos por el acusado", el general Navarro. Estas labores de identificación sólo pudieron ser realizadas por miembros del equipo militar enviado por el Ministerio de Defensa y en el que utilizaron datos como el uso de 'piercings' que "sólo conocía el equipo español".
Durante los dos días que se desarrollaron estas labores contaron con "la absoluta permisividad de las autoridades turcas", dijo el fiscal, que además añadió que Navarro contó con la ayuda del traductor del Consulado español, por lo que no puede alegar que no conociera el acta por encontrarse en el idioma turco. "Es la alegación de la ignorancia de lo obvio y eso no puede ser recogido por el tribunal como algo serio".
Burgos acusa a los tres acusados de un delito de falsedad de documento oficial. A esto hay que añadir la existencia de 'dolo falsario' por parte del general Navarro y sus ayudantes por actuar con "conciencia y voluntad de trasmutar la realidad" y por lo tanto quebrar "la confianza" de la sociedad y las instituciones en el ejercicio de sus funciones.
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El abogado defensor asegura que los forenses otomanos hicieron desparecer restos.
21/04/2009 13:09
La defensa del general de Sanidad Vicente Navarro, principal acusado en el juicio por las identificaciones erróneas de 30 de los 62 cadáveres de los militares muertos en el accidente del Yak-42, ha asegurado este martes que quienes tenían prisa "por quitarse de en medio esos cadáveres" eran las autoridades turcas.
Así lo ha manifestado el abogado defensor, Ramiro Guardiola, en la novena y última sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional y en el que, además de Navarro, se sientan en el banquillo el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, todos acusados de un delito continuado de falsedad documental.
Guardiola ha acusado además a los forenses turcos de "hacer desaparecer" la bolsa número 42 "porque ya no servía para nada, ya que tenían los 74 cuerpos", los 62 militares españoles y la tripulación de 12 ucranianos muertos el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía).
El abogado del general Navarro dice que los turcos no paraba de preguntar "cómo iban" los trámites
"Mucho nos tememos que quienes tenían prisa por quitarse de en medio esos cadáveres eran las autoridades turcas", ha sostenido el letrado durante su informe final, contradiciendo así lo expuesto ayer por el teniente fiscal Fernando Burgos, quien señaló que falsearon las identificaciones con una "invención" porque había "mucha prisa" en repatriar los cuerpos.
Prueba de ello, según ha explicado Guardiola, era que los funerarios que enferetraron los cadáveres preguntaban al equipo español "cómo iban" y "eso no conecta con un equipo que tiene prisa por recuperar los cuerpos".
Según ha apuntado, la actuación "anómala e ilícita" de los forenses turcos se tuvo que producir en el "cambalache de restos y cuerpos" que había entre la tarde del 26 y la mañana del 27, período en el que estos forenses examinaron los cuerpos.
Guardiola ha asegurado que las imputaciones que pesan sobre Navarro responden al acta de identificación y a las autopsias realizadas por los forense turcos, "manantial de donde fluye todo", ha sostenido el letrado, que ha dicho las acusaciones han dotado de una "veracidad inmaculada".
"Poca credibilidad"
"Poca credibilidad se puede dar a los fiscales y forense turcos", ha recalcado el letrado, que ha añadido que las listas y las notas de campo de Navarro no tienen valor probatorio porque "no están en autos".
El letrado ha insistido en que las identificaciones realizadas por el general Navarro, "que no obtenía ningún beneficio con falsealas", fueron correctas, "con independencia de que la entrega de 30 cadáveres no fue correcta en la morgue".
"Es distinto errar en la identificación de los cadáveres en un periodo de treinta tantas horas y un escenario dantesco, como era la morgue, que errar en una identificación al cabo cinco años de instrucción en la paz y en la quietud de los despachos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional", ha agregado.
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dilluns, 20 d’abril del 2009
El PSPV cifra en 6.400 los dependientes fallecidos sin recibir las ayudas solicitadas. A qui van els diners que rep el Consell per a la Dependència?
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El PSPV cifra en 6.400 los dependientes fallecidos sin recibir las ayudas solicitadas
Los socialistas detectan un retraso de 582 días de media desde la valoración hasta que los afectados reciben la resolución
Levante-EMV, Valencia
El PSPV estima que en la Comunitat Valenciana hasta marzo de este año unas 6.400 personas han fallecido sin recibir las ayudas contempladas en la Ley de Dependencia que habían solicitado.
Según señaló ayer a este diario el portavoz socialista de Políticas Sociales en las Corts, Antonio Torres, la aplicación de la ley que está llevando a cabo el Consell es "el mayor fracaso administrativo desde que existe la Generalitat".
Del mismo modo, explicó que han recogido información de diversos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que en su conjunto suman un total de 500.000 ciudadanos y que han detectado que las personas que han solicitado esta ayuda están esperando una media de 582 días desde que pidieron la valoración hasta la realización de la resolución. En este sentido, recordó que el PSPV ha solicitado que se contemple un procedimiento especial para pagar de manera retroactiva los gastos que hayan tenido familiares de personas dependientes que hayan fallecido esperando la ayuda, que no ha contado con el apoyo del grupo parlamentario popular en las Corts.
Esperan más de 20.000 personas
Cabe recordar que como publicó Levante-EMV recientemente más de veinte mil valencianos están a la espera de obtener las ayudas. Según Antonio Torres en la Comunitat hay 21.489 personas que están pendientes de cobrar las ayudas. Asegura que en todo el país se han autorizado 326.630, lo que significa que en la Comunitat tendrían que abonarse ya 36.600, si se tiene en cuenta que los ciudadanos de esta autonomía representan el 10,9% de la población española, y que sólo se han autorizado 15.111, agrega.
Asimismo, señala que teniendo en cuenta la población de la Comunitat y la media de solicitudes en España, los datos del Imserso (que facilita la Generalitat), que indican que en la Comunitat se han presentado 38.332 solicitudes, de las que se han resuelto 32.631, no son reales y que deberían haber más solicitudes registradas. Del mismo modo, en los dos años que lleva en marcha la normativa unos dos mil ciudadanos de la Comunitat han pedido el amparo al Síndic de Greuges y se han llevado a cabo miles de reclamaciones por parte de asociaciones para que se les conceda la ayuda. Los familiares de dependientes con esta prestación ya reconocida han denunciado también retrasos por parte de la Conselleria de Bienestar Social en abonar las mensualidades. Por su parte, la Plataforma en defensa de la Ley de la Dependencia de Aspe señalaron que al menos 10 vecinos de este municipio han fallecido mientras tramitaban las solicitudes de ayuda económica.
La representante local de esta Plataforma, María Cruz Gallego, denunció la actual situación de "boicot por parte de la Conselleria de Bienestar Social que está produciendo que unas 5.000 personas en toda la Comunidad Valenciana fallezcan sin percibir la prestación a la que tienen derecho. Ocho de ellas de Aspe". Gallego reclamó "una pizca de humanidad a los gestores políticos encargados de hacer efectiva esta ley, que en otras comunidades sí se está aplicando y en cambio en la nuestra no".
Nuevo reparto de fondos
Asimismo, este diario ya publicó que el nuevo reparto de fondos del Gobierno Central para la Ley de Dependencia ha otorgado para 2009 menos dinero a la Comunitat, 26,4 millones de euros de los 283 para todo el Estado, tras premiar a las comunidades autónomas que están atendiendo a más personas en situación de dependencia. La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez anunció el miércoles este nuevo criterio tras presidir por primera vez el Consejo Territorial de la Dependencia, integrado por los responsables autonómicos en asuntos sociales y representantes del ministerio. El denominado "nivel acordado" de financiación se distribuyen para todo el año, al margen de los que se proporcionan mensualmente en función de los casos tramitados en cada autonomía. Ahora este "nivel acordado" de financiación deja de distribuirse exclusivamente por el número de la población de cada territorio del Estado. Así, para el año 2009 el Ejecutivo Central repartirá un 20% de estos fondos en función de las personas evaluadas hasta el 1 de abril.
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El Consell debe 23 millones a entidades de discapacitados
EL PAÍS - Valencia - 20/04/2009
Lo denunciaron ayer los socialistas. El Consell "está reteniendo 23 millones de euros" que tiene comprometidos con diversas entidades asociaciones encargadas de la atención de personas con discapacidad, dijo el secretario de Bienestar Social y Sanidad del PSPV-PSOE, José Mayans. Esta deuda está obligando a estas entidades a asumir incluso préstamos para atender las necesidades de este colectivo.
El dirigente socialista exigió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que ordene al conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, a pagar el dinero que debe a estas asociaciones sin ánimo de lucro. Éstas no han recibido todavía ninguno de los ingresos correspondientes al año 2009, "lo que está provocando su asfixia económica y las está situando en serias dificultades", aseguró.
El socialista atribuyó este retraso a la "nefasta gestión que tiene arruinadas las arcas de un Consell situado de espaldas a los ciudadanos". Estas organizaciones están formadas en su mayor parte por familiares y amigos de los afectados y "realizan", según Mayans, "un enorme esfuerzo humano y económico para suplir en muchas ocasiones las carencias a las que tiene sometida el PP el área de Bienestar Social".
Mayans subrayó que este "intolerable olvido y dejadez de Camps a la sociedad que más requiere su ayuda" está provocando que algunas asociaciones se vean obligadas a solicitar préstamos en entidades financieras para poder pagar los gastos corrientes.
A estos problemas, explicó el secretario del área social del PSPV, hay que añadir los de índole laboral, ya que "los diferentes centros asistenciales son atendidos por profesionales que están teniendo problemas para percibir sus nóminas". Los socialistas este asunto a las Cortes.
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El PSPV cifra en 6.400 los dependientes fallecidos sin recibir las ayudas solicitadas
Los socialistas detectan un retraso de 582 días de media desde la valoración hasta que los afectados reciben la resolución
Levante-EMV, Valencia
El PSPV estima que en la Comunitat Valenciana hasta marzo de este año unas 6.400 personas han fallecido sin recibir las ayudas contempladas en la Ley de Dependencia que habían solicitado.
Según señaló ayer a este diario el portavoz socialista de Políticas Sociales en las Corts, Antonio Torres, la aplicación de la ley que está llevando a cabo el Consell es "el mayor fracaso administrativo desde que existe la Generalitat".
Del mismo modo, explicó que han recogido información de diversos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que en su conjunto suman un total de 500.000 ciudadanos y que han detectado que las personas que han solicitado esta ayuda están esperando una media de 582 días desde que pidieron la valoración hasta la realización de la resolución. En este sentido, recordó que el PSPV ha solicitado que se contemple un procedimiento especial para pagar de manera retroactiva los gastos que hayan tenido familiares de personas dependientes que hayan fallecido esperando la ayuda, que no ha contado con el apoyo del grupo parlamentario popular en las Corts.
Esperan más de 20.000 personas
Cabe recordar que como publicó Levante-EMV recientemente más de veinte mil valencianos están a la espera de obtener las ayudas. Según Antonio Torres en la Comunitat hay 21.489 personas que están pendientes de cobrar las ayudas. Asegura que en todo el país se han autorizado 326.630, lo que significa que en la Comunitat tendrían que abonarse ya 36.600, si se tiene en cuenta que los ciudadanos de esta autonomía representan el 10,9% de la población española, y que sólo se han autorizado 15.111, agrega.
Asimismo, señala que teniendo en cuenta la población de la Comunitat y la media de solicitudes en España, los datos del Imserso (que facilita la Generalitat), que indican que en la Comunitat se han presentado 38.332 solicitudes, de las que se han resuelto 32.631, no son reales y que deberían haber más solicitudes registradas. Del mismo modo, en los dos años que lleva en marcha la normativa unos dos mil ciudadanos de la Comunitat han pedido el amparo al Síndic de Greuges y se han llevado a cabo miles de reclamaciones por parte de asociaciones para que se les conceda la ayuda. Los familiares de dependientes con esta prestación ya reconocida han denunciado también retrasos por parte de la Conselleria de Bienestar Social en abonar las mensualidades. Por su parte, la Plataforma en defensa de la Ley de la Dependencia de Aspe señalaron que al menos 10 vecinos de este municipio han fallecido mientras tramitaban las solicitudes de ayuda económica.
La representante local de esta Plataforma, María Cruz Gallego, denunció la actual situación de "boicot por parte de la Conselleria de Bienestar Social que está produciendo que unas 5.000 personas en toda la Comunidad Valenciana fallezcan sin percibir la prestación a la que tienen derecho. Ocho de ellas de Aspe". Gallego reclamó "una pizca de humanidad a los gestores políticos encargados de hacer efectiva esta ley, que en otras comunidades sí se está aplicando y en cambio en la nuestra no".
Nuevo reparto de fondos
Asimismo, este diario ya publicó que el nuevo reparto de fondos del Gobierno Central para la Ley de Dependencia ha otorgado para 2009 menos dinero a la Comunitat, 26,4 millones de euros de los 283 para todo el Estado, tras premiar a las comunidades autónomas que están atendiendo a más personas en situación de dependencia. La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez anunció el miércoles este nuevo criterio tras presidir por primera vez el Consejo Territorial de la Dependencia, integrado por los responsables autonómicos en asuntos sociales y representantes del ministerio. El denominado "nivel acordado" de financiación se distribuyen para todo el año, al margen de los que se proporcionan mensualmente en función de los casos tramitados en cada autonomía. Ahora este "nivel acordado" de financiación deja de distribuirse exclusivamente por el número de la población de cada territorio del Estado. Así, para el año 2009 el Ejecutivo Central repartirá un 20% de estos fondos en función de las personas evaluadas hasta el 1 de abril.
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El Consell debe 23 millones a entidades de discapacitados
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Lo denunciaron ayer los socialistas. El Consell "está reteniendo 23 millones de euros" que tiene comprometidos con diversas entidades asociaciones encargadas de la atención de personas con discapacidad, dijo el secretario de Bienestar Social y Sanidad del PSPV-PSOE, José Mayans. Esta deuda está obligando a estas entidades a asumir incluso préstamos para atender las necesidades de este colectivo.
El dirigente socialista exigió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que ordene al conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, a pagar el dinero que debe a estas asociaciones sin ánimo de lucro. Éstas no han recibido todavía ninguno de los ingresos correspondientes al año 2009, "lo que está provocando su asfixia económica y las está situando en serias dificultades", aseguró.
El socialista atribuyó este retraso a la "nefasta gestión que tiene arruinadas las arcas de un Consell situado de espaldas a los ciudadanos". Estas organizaciones están formadas en su mayor parte por familiares y amigos de los afectados y "realizan", según Mayans, "un enorme esfuerzo humano y económico para suplir en muchas ocasiones las carencias a las que tiene sometida el PP el área de Bienestar Social".
Mayans subrayó que este "intolerable olvido y dejadez de Camps a la sociedad que más requiere su ayuda" está provocando que algunas asociaciones se vean obligadas a solicitar préstamos en entidades financieras para poder pagar los gastos corrientes.
A estos problemas, explicó el secretario del área social del PSPV, hay que añadir los de índole laboral, ya que "los diferentes centros asistenciales son atendidos por profesionales que están teniendo problemas para percibir sus nóminas". Los socialistas este asunto a las Cortes.
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Yak 42. El "círculo íntimo" de Trillo conocía las falsas identificaciones del Yak..
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Un abogado de las familias del Yak pide que se investigue a "los autores intelectuales"
"La decisión de traer los cadáveres del Yak estaba tomada", asegura el fiscal Fernando Burgos, que pide cinco años de cárcel para el general Navarro y cuatro años y medio para sus colaboradores por delito de falsedad en documento oficial
ELPAÍS.com / AGENCIAS - Madrid - 20/04/2009
El abogado Diego Sarabia, que representa a un grupo de familias de las víctimas del accidente del Yak-42, ha pedido hoy al tribunal que juzga las identificaciones erróneas que investigue a los "autores intelectuales" de la operación de repatriación de los cuerpos, que, según ha indicado, obtuvieron "un beneficio político por la pronta celebración del funeral de Estado".
La catástrofe del Yak-42
Federico Trillo
Sarabia, que realizó esta petición durante la exposición de su informe de conclusiones definitivas, pidió que se deduzca testimonio a los generales Luis Alejandre, ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) y Félix Sanz Roldán, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), por un delito de falsedad, ya que ambos dieron una versión contrapuesta de la reunión del Comité de Dirección del Ministerio de Defensa en la que se fijó la fecha del funeral del Estado.
"La decisión estaba tomada"
"La decisión estaba tomada desde el primer momento; en el documento del general Navarro se dice que contaban con un biólogo que no se utilizó, no se tomaron muestras de ADN que es el único modo de alcanzar seguridad, pero no es que no les dejaran, la razón es que tenían prisa", ha asegurado el fiscal Fernando Burgos, que ha expuesto durante la sesión de por la mañana la exposición de los informes definitivos en el juicio del Yak-42.
El ministerio público pide cinco años de cárcel para el general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos en el siniestro ocurrido en 2003 en Turquía, y cuatro años y medio para los dos médicos que redactaron los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez. A los tres les acusa de un delito de falsedad en documento oficial, porque eran funcionarios públicos en el momento de los hechos, realizaron actuaciones sobre los documentos y contienen "datos falsos" en elementos esenciales. El fiscal considera probado que los responsables del equipo español repatriaron los cadáveres conscientes de que había cuerpos que no pudieron ser reconocidos. En su opinión, los acusados realizaron una "invención", puesto que en el acta de entrega elaborada por las autoridades turcas se asignaron 32 identidades, y los 30 espacios vacíos fueron "rellenados con nombres y apellidos".
Dos forenses turcos, cuya declaración no estaba prevista inicialmente, ratificaron la semana pasada ante el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, que los responsables del equipo español decidieron volver con los cuerpos de los militares sin identificar porque tenían prisa para llegar al funeral. El fiscal ha apuntado hoy en la misma dirección: "Tenían que salir con los cadáveres inmediatamente, con mucha prisa, por las razones que fueran y que podían estar determinadas por la celebración de un acto o no".
Una relación "cínica"
"Si esos documentos no se hubieran falseado no se hubiera podido enterrar o incinerar a las personas", ha manifestado el fiscal. "Se activaron los servicios de la compañía funeraria el mismo día 26 de mayo de 2003 (cuando se produjo el siniestro), se despreciaron datos que aparecían en los anillos, se introdujo en un féretro de tres personas", ha proseguido el fiscal. "Todos estos indicios revelan que necesariamente los cadáveres tenían que salir de allí inmediatamente por las razones que fuera, al parecer determinadas por la celebración de un funeral. El estado de los restos permitía la identificación decía Navarro, pero este es un documento oficial que falta a la verdad", ha explicado Burgos.
"El contenido de las necropsias es inveraz. Es muy dudoso que se utilizaran notas, se trta de una relación cínica", según Burgos, quien ha relatado todos los nombres atribuidos a nombres equivocados. "El certificado de defunción es el cierre final de lo que se perseguía: cumplir un servicio público faltando a la verdad. Se dice que fueron identificados individualmente, lo que no es verdad", ha señalado. "El idioma no fue ninguna traba. El inglés fue el idioma vehicular, se leyó el acta en español", ha añadido durante su exposición el letrado representante de las asociaciones de familiares. El general Navarro argumentó ante el juez que firmó el acta sin conocer el contenido porque estaba escrito en turco. "Hubo una ausencia de identificaciones. Hemos de acudir a la palabra mentira", ha dicho la acusación particular.
"El contenido de las necropsias es inveraz. Es muy dudoso que se utilizaran notas, se trata de una relación cínica", según Burgos, quien ha relatado todos los nombres atribuidos a nombres equivocados. "El certificado de defunción es el cierre final de lo que se perseguía: cumplir un servicio público faltando a la verdad. Se dice que fueron identificados individualmente, lo que no es verdad", ha señalado. "El idioma no fue ninguna traba. El inglés fue el idioma vehicular, se leyó el acta en español", ha añadido durante su exposición el letrado representante de las asociaciones de familiares. El general Navarro argumentó ante el juez que firmó el acta sin conocer el contenido porque estaba escrito en turco. "Hubo una ausencia de identificaciones. Hemos de acudir a la palabra mentira; hubo conciencia de lo que estaba sucediendo, de que era imposible de identificar todos los cuerpos y una voluntad de de decir lo que no era la realidad", ha dicho la acusación particular.
Ausencias políticas
"No han venido los responsables políticos", ha lamentado durante su exposición el representante de la acusación particular de los familiares, que ha recordado los nombres del ex presidente José María Aznar, el ex ministro Federico Trillo o el jefe del Estado Mayor de la Defensa entre los ausentes, al margen de otros personas cuya declaración hubiera podido ser, en su opinión, interesante para arrojar "más luz" como todos los forenses turcos o el director del laboratorio de Estambul. El abogado ha pedido que se sigan investigando los hechos hasta que se conozca quién ordenó la repatriación de los cadáveres de los militares.
La Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Yak-42 y otros dos grupos de allegados a los fallecidos piden seis años de cárcel para cada uno de los acusados, mientras que otras dos acusaciones particulares reclaman penas de prisión de tres años. La Fiscalía solicita que Navarro y los otros dos oficiales sean inhabilitados durante cinco y cuatro años, respectivamente, y que también se les condene a pagar sendas multas de 30.000 y 24.000 euros. Las familias de las víctimas elevan estas cantidades a 60.000 y 48.000 euros, respectivamente. La acusación particular ha recalcado durante su exposición el daño moral causado a las familias: "No están fortalecidos ante un fraude de quien más confían. Ha habido familias militares frustradas por el comportamiento de mandos; no hay auxilio en mi casa, hay desprecio en mi casa, me voy a la justicia, pensaron. El alivio se ha producido en esta sala".
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Vídeo: Piden cinco años de cárcel para el General Navarro
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El "círculo íntimo" de Trillo conocía las falsas identificaciones del Yak
Alejandre, ex jefe del Ejército, se lo reprochó en una carta al general Bretón
MIGUEL GONZÁLEZ - Madrid - 20/04/2009
"Tú bien conoces que yo nunca supe que había veintitantos cadáveres del Yak-42 mal identificados. Imagino que tú sí lo sabías, porque Trillo lo mantuvo en su círculo íntimo, Lorenzo, Jiménez Ugarte, entiendo que tú. Dudo que Antonio Moreno y Gallarza lo supieran. ¿Torrente? ¿Por qué con lealtad no se lo dijiste a tu jefe de Estado Mayor? ¿Por qué no me lo advertiste ante posturas más valientes o duras? ¿Por qué estuviste a punto de cortar la carrera de Emilio [Pérez] Alamán, que defendía posturas parecidas a la de la actual Administración?"
Alguien hizo desaparecer los anillos que llevaban varios cadáveres
Si hay delito, hay instigadores y encubridores, según las acusaciones
Cuando compareció como testigo, el pasado 1 de abril, ante el tribunal que juzga el caso Yak 42, el ex jefe del Ejército de Tierra Luis Alejandre dijo no entender a quiénes se refería un abogado con la expresión "círculo íntimo" de Trillo. Pero en la carta que escribió el 13 de junio de 2004, ya con el PSOE en el Gobierno, parecía seguro de quiénes lo integraban: el almirante Rafael Lorenzo, director general de Política de Defensa; el diplomático Javier Jiménez-Ugarte, número tres del departamento; y "tú". Es decir, el destinatario de la misiva: el director del Gabinete Técnico del ministro, el general Manuel Bretón, quien también declaró como testigo en la Audiencia Nacional.
Las declaraciones de los dos generales ante el tribunal coincidieron en un punto: en la reunión que el 27 de mayo de 2003, un día después del accidente, celebró el Consejo de Dirección del Ministerio de Defensa nadie comentó que hubiera problemas con la identificación de los cadáveres.
Reunión en la cúpula
Alejandre alegó además no recordar si le comentó al ex jefe de la cúpula militar Félix Sanz, como éste sostiene, que él propusiera en dicha reunión entregar a las familias sólo los cuerpos positivamente identificados y remitir los demás al tanatorio. Lo que, en todo caso, subrayó, nunca hizo.
Pero si el entonces jefe del Ejército no sabía nada de las falsas identificaciones ¿quién lo sabía? "Dudo que Antonio Moreno [Barberá] y [Eduardo González] Gallarza lo supiesen", prosigue Alejandre en su epístola al general Bretón, aludiendo a quienes eran en esa época jefe del Estado Mayor de la Defensa y del Ejército del Aire, respectivamente. "¿[Francisco] Torrente?", insinúa, en referencia al almirante jefe de la Armada, con quien se enfrentó al final de su carrera.
¿Quién lo sabía? Alejandre no es el único que se ha hecho esta pregunta. También la han formulado repetidamente, sin hallar respuesta, las familias de los militares muertos en el accidente. Lo que parece claro, a la luz de lo oído en el juicio, que hoy entra en su fase final con los alegatos del fiscal y las acusaciones, es que mucha gente estaba al corriente de que casi la mitad de los 62 cadáveres fueron repatriados sin identificar y se les enterró o incineró con nombre falso.
Según Bulent Sam, uno de los dos forenses turcos que se presentaron en la Audiencia Nacional sin haber sido citados y a los que el tribunal accedió finalmente a interrogar, el general Vicente Navarro, jefe del equipo médico, y el teniente general Beltrán, responsable de la repatriación de las víctimas, conocían perfectamente el contenido del acta en el que se comprometían a identificar en España 30 cadáveres de militares que estaban irreconocibles. Aunque alegaron que no entendieron el sentido del acta porque estaba en turco, el documento se negoció en inglés y el texto final se tradujo al castellano. El forense turco reveló además que los dos generales recibieron una copia del acta tras firmarla, aunque jamás ha aparecido. Como tampoco lo han hecho las fichas que sirvieron para elaborarla y que, según confesó Navarro, destruyó después de que estallase el escándalo.
Pero aunque Navarro y Beltrán no hubieran informado a la cúpula del departamento, sí lo hizo como mínimo el comandante Alberto Ruiz de los Paños, quien, según dijo en el juicio, nada más llegar a Madrid, el mismo día del funeral, advirtió a sus superiores, en la Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa, de que muchos cadáveres venían de Turquía sin identificar.
Oficialmente, algunos de ellos lo habían sido gracias a objetos personales como anillos con el nombre del cónyuge y la fecha de la boda. Cuando las viudas los reclamaron, Defensa les contestó -y no sólo a ellas, sino también al Congreso, en respuesta por escrito- que habían sido enterrados en los féretros por orden del juez turco. Mentía: ningún juez turco intervino en el caso y, cuando se reabrieron los ataúdes (para intercambiar los cadáveres erróneamente asignados a familias que no eran suyas), los anillos no estaban dentro. Su desaparición es uno de los misterios sin aclarar.
Tampoco se ha explicado quién ordenó desactivar el equipo de catástrofes de la Guardia Civil, que estaba ya listo en la base de Torrejón para salir hacia Turquía con todo el material necesario para realizar una identificación correcta. Y por qué.
Muy pocos militares se atrevieron entonces a elevar una tímida protesta. Uno de ellos fue, como recordaba Alejandre en su carta, el general Emilio Pérez Alamán, a quien Trillo puso en la lista negra porque criticó el trato a los parientes de los fallecidos.
Si el general Navarro, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez cometieron un delito, y así lo sostienen el fiscal y las acusaciones, tuvo que haber instigadores, cooperadores, cómplices y encubridores, según las familias de las víctimas.
El tribunal ha tendido un cortafuego alrededor a los tres mandos militares que se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional. Trillo ni siquiera ha sido citado como testigo, igual que Jiménez-Ugarte, y la declaración de Beltrán, imputado en la instrucción pero no en el juicio, fue desmontada por el testimonio de los forenses turcos. Con estos mimbres, puede haber sentencia. Pero será muy difícil explicar la razón de que los acusados actuaran como lo hicieron.
"¿Por qué con lealtad no se lo dijiste a tu jefe de Estado Mayor? ¿Por qué no me lo advertiste?", le reprocha el general Alejandre a Bretón en su misiva.
En el caso Yak-42 hubo algunos que supieron y muchos que no quisieron saber. Al menos, cuando aún era tiempo.
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El fiscal acusa a los militares de "inventarse" las identificaciones
Asegura que la decisión de repatriar los cuerpos incluso sin identificar se tomó "desde un primer momento" por las "prisas" para llegar al funeral
SERVIMEDIA 20-04-2009
El fiscal del caso Yak-42, Fernando Burgos, ha acusado al general Vicente Navarro y a sus subordinados de "inventarse" la identificación de 30 de las 62 víctimas del accidente aéreo y aseguró que lo hicieron por las "prisas" que tenían por repatriar los cadáveres a tiempo para llegar al funeral de Estado, que se celebró tan sólo tres días después de la catástrofe.
AUDIOS: El silencio de Pons ante preguntas sobre el juicio del Yak y la web de Gerardo Galeote
Dos forenses turcos vienen a España con la intención de declarar en el juicio del Yak 42
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El representante del Ministerio Público ha hecho un resumen de todas los indicios que, a su entender, prueban que los tres acusados, Navarro, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, cometieron un delito continuado de falsedad en documento oficial. Burgos pide cinco años de cárcel para Navarro y cuatro años y medio para Ramírez y Sáez.
Burgos hizo estas afirmaciones durante la octava sesión del juicio que la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional está celebrando por el error en la identificación de 30 de las 62 víctimas del Yak-42, el avión que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía), provocando la mayor catátrofe de la historia de las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz.
Llama "cínicos" a los acusados
Durante la lectura de su informe de conclusiones, de un perfil muy técnico, el fiscal Burgos tildó de "cínicos" a los acusados por inventarse "torticeramente" y a sabiendas la identificación de 30 de las 62 víctimas. "La razón es que tenían prisa", aseguró. En este sentido, Burgos señaló que la decisión de repatriar cuanto antes los cadáveres, incluso sin identificar, se tomó "desde un primer momento." Para demostrar este extremo, el fiscal señaló que, por ejemplo, el equipo español "se despidió" del hotel en el que estaban alojados en Trebisonda el mismo día 27, antes de que hubiesen comenzado con el grueso de los trabajos de identificación.
Además, indicó que no se tomaron las muestras de ADN "no porque no les dejaran, sino porque tenían prisa". De hecho, destacó que al día siguiente del accidente se decidió no tomar muestras genéticas a los familiares, algo que era imprescindible para indentificar a las víctimas mediante el ADN. El fiscal Burgos también subrayó que los servicios de la funeraria que viajó a Turquía para ayudar en la repatración así como los aviones Hércules en los que viajaron los féretros se activaron en la tarde del 26 de mayo, el mismo día del accidente. Por otro lado, el representante del Ministerio Público hizo hincapié en los númerosos testigos que han comparecido ante el tribunal y que han desmentido la versión de los hechos ofrecida por los acusados, en especial en relación con los presuntos problemas de comunicación y la supuesta falta de colaboración de las autoridades turcas. En este sentido, dijo que, en contra de lo expresado por los acusados, los testimonios practicados en la vista oral han probado "la total ausencia de problemas planteados por parte del equipo turco". Burgos destacó que los militares españoles sí tuvieron la asistencia de un traductor y que, además, pudieron comunicarse con las autoridades turcas gracias a "los conocimientos de inglés de unos y otros". "Los acusados dicen que ignoraban lo obvio, esto no puede ser recogido por el tribunal como algo serio", señaló el fiscal.
La invención de los acusados de la identidad de 30 de las 62 víctimas, recogidas en la lista elaborada en Turquía, provocó que se faltara a la verdad en cuatro documentos oficiales: los certificados necropsia, los certificados de defunción, las licencias de enterramiento y los registros de los cementerios.
"Estas falsedades se pueden atribuir a Navarro, dominador de todos los actos y autor de la primera lista, y a los otros dos acusados, que saben perfectamente que los restos que se introducen en las féretros no corresponden a la identidad que se les atribuye", concluyó Burgos.
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El fiscal acusa a Navarro de inventar identidades
Dice que la decisión de trasladar los cuerpos "estaba tomada desde el primer momento".
EUROPA PRESS - Madrid - 20/04/2009 13:41
El fiscal Fernando Burgos aseguró hoy que el general Vicente Navarro llevó a cabo la "invención" de los documentos que atribuían erróneamente 30 de las 62 identidades de las víctimas del accidente del Yak-42 porque el equipo español tenía "mucha prisa" para llevar a cabo las labores de repatriación.
"Tenían que salir cadáveres inmediatamente, con mucha prisa, por las razones que fueran y que podían estar determinadas por la celebración de un acto o no", señaló Burgos durante la exposición de su informe definitivo de conclusiones, en la que se mostró convencido de que la decisión de trasladar los cuerpos en dos días para celebrar el funeral de estado el 28 de mayo de 2003 "estaba tomada desde el primer momento".
Solicita cinco años para el general médico Navarro y cuatro para los que redactaron los informes
El fiscal, que pidió al tribunal valorar los "daños morales" que sufrieron las familias de las víctimas aunque ello resulte "atrevido", defendió que los acusados incumplieron "sistemáticamente" la Ley del Registro Civil y renunciaron a tomar muestras de ADN a los cuerpos porque "se organizó un acto fúnebre efectuados inmeditamente, el día 27, cuando no existía ni la más remota posibilidad de que aquello tuviese la identificación de cadáveres". "No es que no les dejaran --señaló--. Había prisa".
Burgos, que expuso su informe al inicio de la octava sesión del juicio sobre las identificaciones erróneas del Yak-42, solicita cinco años de cárcel para el general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos, y cuatro años y medio para los dos médicos que llevaron a cabo "la redacción cínica" de los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez.
"Todos son documentos falsos", resumió el fiscal antes de explicar que estos informes generaron falsedad en los certificados de defunción de los fallecidos, en las licencias de enterramiento falsos y en los registros de los cementerios. "Si los cadáveres no identificados no se hubieran identificado falsamente, no se habrían podido enterrar ni incinerar --dijo--. Se ha mentido para que se pueda hacer".
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Un abogado de las familias del Yak pide que se investigue a "los autores intelectuales"
"La decisión de traer los cadáveres del Yak estaba tomada", asegura el fiscal Fernando Burgos, que pide cinco años de cárcel para el general Navarro y cuatro años y medio para sus colaboradores por delito de falsedad en documento oficial
ELPAÍS.com / AGENCIAS - Madrid - 20/04/2009
El abogado Diego Sarabia, que representa a un grupo de familias de las víctimas del accidente del Yak-42, ha pedido hoy al tribunal que juzga las identificaciones erróneas que investigue a los "autores intelectuales" de la operación de repatriación de los cuerpos, que, según ha indicado, obtuvieron "un beneficio político por la pronta celebración del funeral de Estado".
La catástrofe del Yak-42
Federico Trillo
Sarabia, que realizó esta petición durante la exposición de su informe de conclusiones definitivas, pidió que se deduzca testimonio a los generales Luis Alejandre, ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) y Félix Sanz Roldán, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), por un delito de falsedad, ya que ambos dieron una versión contrapuesta de la reunión del Comité de Dirección del Ministerio de Defensa en la que se fijó la fecha del funeral del Estado.
"La decisión estaba tomada"
"La decisión estaba tomada desde el primer momento; en el documento del general Navarro se dice que contaban con un biólogo que no se utilizó, no se tomaron muestras de ADN que es el único modo de alcanzar seguridad, pero no es que no les dejaran, la razón es que tenían prisa", ha asegurado el fiscal Fernando Burgos, que ha expuesto durante la sesión de por la mañana la exposición de los informes definitivos en el juicio del Yak-42.
El ministerio público pide cinco años de cárcel para el general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos en el siniestro ocurrido en 2003 en Turquía, y cuatro años y medio para los dos médicos que redactaron los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez. A los tres les acusa de un delito de falsedad en documento oficial, porque eran funcionarios públicos en el momento de los hechos, realizaron actuaciones sobre los documentos y contienen "datos falsos" en elementos esenciales. El fiscal considera probado que los responsables del equipo español repatriaron los cadáveres conscientes de que había cuerpos que no pudieron ser reconocidos. En su opinión, los acusados realizaron una "invención", puesto que en el acta de entrega elaborada por las autoridades turcas se asignaron 32 identidades, y los 30 espacios vacíos fueron "rellenados con nombres y apellidos".
Dos forenses turcos, cuya declaración no estaba prevista inicialmente, ratificaron la semana pasada ante el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, que los responsables del equipo español decidieron volver con los cuerpos de los militares sin identificar porque tenían prisa para llegar al funeral. El fiscal ha apuntado hoy en la misma dirección: "Tenían que salir con los cadáveres inmediatamente, con mucha prisa, por las razones que fueran y que podían estar determinadas por la celebración de un acto o no".
Una relación "cínica"
"Si esos documentos no se hubieran falseado no se hubiera podido enterrar o incinerar a las personas", ha manifestado el fiscal. "Se activaron los servicios de la compañía funeraria el mismo día 26 de mayo de 2003 (cuando se produjo el siniestro), se despreciaron datos que aparecían en los anillos, se introdujo en un féretro de tres personas", ha proseguido el fiscal. "Todos estos indicios revelan que necesariamente los cadáveres tenían que salir de allí inmediatamente por las razones que fuera, al parecer determinadas por la celebración de un funeral. El estado de los restos permitía la identificación decía Navarro, pero este es un documento oficial que falta a la verdad", ha explicado Burgos.
"El contenido de las necropsias es inveraz. Es muy dudoso que se utilizaran notas, se trta de una relación cínica", según Burgos, quien ha relatado todos los nombres atribuidos a nombres equivocados. "El certificado de defunción es el cierre final de lo que se perseguía: cumplir un servicio público faltando a la verdad. Se dice que fueron identificados individualmente, lo que no es verdad", ha señalado. "El idioma no fue ninguna traba. El inglés fue el idioma vehicular, se leyó el acta en español", ha añadido durante su exposición el letrado representante de las asociaciones de familiares. El general Navarro argumentó ante el juez que firmó el acta sin conocer el contenido porque estaba escrito en turco. "Hubo una ausencia de identificaciones. Hemos de acudir a la palabra mentira", ha dicho la acusación particular.
"El contenido de las necropsias es inveraz. Es muy dudoso que se utilizaran notas, se trata de una relación cínica", según Burgos, quien ha relatado todos los nombres atribuidos a nombres equivocados. "El certificado de defunción es el cierre final de lo que se perseguía: cumplir un servicio público faltando a la verdad. Se dice que fueron identificados individualmente, lo que no es verdad", ha señalado. "El idioma no fue ninguna traba. El inglés fue el idioma vehicular, se leyó el acta en español", ha añadido durante su exposición el letrado representante de las asociaciones de familiares. El general Navarro argumentó ante el juez que firmó el acta sin conocer el contenido porque estaba escrito en turco. "Hubo una ausencia de identificaciones. Hemos de acudir a la palabra mentira; hubo conciencia de lo que estaba sucediendo, de que era imposible de identificar todos los cuerpos y una voluntad de de decir lo que no era la realidad", ha dicho la acusación particular.
Ausencias políticas
"No han venido los responsables políticos", ha lamentado durante su exposición el representante de la acusación particular de los familiares, que ha recordado los nombres del ex presidente José María Aznar, el ex ministro Federico Trillo o el jefe del Estado Mayor de la Defensa entre los ausentes, al margen de otros personas cuya declaración hubiera podido ser, en su opinión, interesante para arrojar "más luz" como todos los forenses turcos o el director del laboratorio de Estambul. El abogado ha pedido que se sigan investigando los hechos hasta que se conozca quién ordenó la repatriación de los cadáveres de los militares.
La Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Yak-42 y otros dos grupos de allegados a los fallecidos piden seis años de cárcel para cada uno de los acusados, mientras que otras dos acusaciones particulares reclaman penas de prisión de tres años. La Fiscalía solicita que Navarro y los otros dos oficiales sean inhabilitados durante cinco y cuatro años, respectivamente, y que también se les condene a pagar sendas multas de 30.000 y 24.000 euros. Las familias de las víctimas elevan estas cantidades a 60.000 y 48.000 euros, respectivamente. La acusación particular ha recalcado durante su exposición el daño moral causado a las familias: "No están fortalecidos ante un fraude de quien más confían. Ha habido familias militares frustradas por el comportamiento de mandos; no hay auxilio en mi casa, hay desprecio en mi casa, me voy a la justicia, pensaron. El alivio se ha producido en esta sala".
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El "círculo íntimo" de Trillo conocía las falsas identificaciones del Yak
Alejandre, ex jefe del Ejército, se lo reprochó en una carta al general Bretón
MIGUEL GONZÁLEZ - Madrid - 20/04/2009
"Tú bien conoces que yo nunca supe que había veintitantos cadáveres del Yak-42 mal identificados. Imagino que tú sí lo sabías, porque Trillo lo mantuvo en su círculo íntimo, Lorenzo, Jiménez Ugarte, entiendo que tú. Dudo que Antonio Moreno y Gallarza lo supieran. ¿Torrente? ¿Por qué con lealtad no se lo dijiste a tu jefe de Estado Mayor? ¿Por qué no me lo advertiste ante posturas más valientes o duras? ¿Por qué estuviste a punto de cortar la carrera de Emilio [Pérez] Alamán, que defendía posturas parecidas a la de la actual Administración?"
Alguien hizo desaparecer los anillos que llevaban varios cadáveres
Si hay delito, hay instigadores y encubridores, según las acusaciones
Cuando compareció como testigo, el pasado 1 de abril, ante el tribunal que juzga el caso Yak 42, el ex jefe del Ejército de Tierra Luis Alejandre dijo no entender a quiénes se refería un abogado con la expresión "círculo íntimo" de Trillo. Pero en la carta que escribió el 13 de junio de 2004, ya con el PSOE en el Gobierno, parecía seguro de quiénes lo integraban: el almirante Rafael Lorenzo, director general de Política de Defensa; el diplomático Javier Jiménez-Ugarte, número tres del departamento; y "tú". Es decir, el destinatario de la misiva: el director del Gabinete Técnico del ministro, el general Manuel Bretón, quien también declaró como testigo en la Audiencia Nacional.
Las declaraciones de los dos generales ante el tribunal coincidieron en un punto: en la reunión que el 27 de mayo de 2003, un día después del accidente, celebró el Consejo de Dirección del Ministerio de Defensa nadie comentó que hubiera problemas con la identificación de los cadáveres.
Reunión en la cúpula
Alejandre alegó además no recordar si le comentó al ex jefe de la cúpula militar Félix Sanz, como éste sostiene, que él propusiera en dicha reunión entregar a las familias sólo los cuerpos positivamente identificados y remitir los demás al tanatorio. Lo que, en todo caso, subrayó, nunca hizo.
Pero si el entonces jefe del Ejército no sabía nada de las falsas identificaciones ¿quién lo sabía? "Dudo que Antonio Moreno [Barberá] y [Eduardo González] Gallarza lo supiesen", prosigue Alejandre en su epístola al general Bretón, aludiendo a quienes eran en esa época jefe del Estado Mayor de la Defensa y del Ejército del Aire, respectivamente. "¿[Francisco] Torrente?", insinúa, en referencia al almirante jefe de la Armada, con quien se enfrentó al final de su carrera.
¿Quién lo sabía? Alejandre no es el único que se ha hecho esta pregunta. También la han formulado repetidamente, sin hallar respuesta, las familias de los militares muertos en el accidente. Lo que parece claro, a la luz de lo oído en el juicio, que hoy entra en su fase final con los alegatos del fiscal y las acusaciones, es que mucha gente estaba al corriente de que casi la mitad de los 62 cadáveres fueron repatriados sin identificar y se les enterró o incineró con nombre falso.
Según Bulent Sam, uno de los dos forenses turcos que se presentaron en la Audiencia Nacional sin haber sido citados y a los que el tribunal accedió finalmente a interrogar, el general Vicente Navarro, jefe del equipo médico, y el teniente general Beltrán, responsable de la repatriación de las víctimas, conocían perfectamente el contenido del acta en el que se comprometían a identificar en España 30 cadáveres de militares que estaban irreconocibles. Aunque alegaron que no entendieron el sentido del acta porque estaba en turco, el documento se negoció en inglés y el texto final se tradujo al castellano. El forense turco reveló además que los dos generales recibieron una copia del acta tras firmarla, aunque jamás ha aparecido. Como tampoco lo han hecho las fichas que sirvieron para elaborarla y que, según confesó Navarro, destruyó después de que estallase el escándalo.
Pero aunque Navarro y Beltrán no hubieran informado a la cúpula del departamento, sí lo hizo como mínimo el comandante Alberto Ruiz de los Paños, quien, según dijo en el juicio, nada más llegar a Madrid, el mismo día del funeral, advirtió a sus superiores, en la Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa, de que muchos cadáveres venían de Turquía sin identificar.
Oficialmente, algunos de ellos lo habían sido gracias a objetos personales como anillos con el nombre del cónyuge y la fecha de la boda. Cuando las viudas los reclamaron, Defensa les contestó -y no sólo a ellas, sino también al Congreso, en respuesta por escrito- que habían sido enterrados en los féretros por orden del juez turco. Mentía: ningún juez turco intervino en el caso y, cuando se reabrieron los ataúdes (para intercambiar los cadáveres erróneamente asignados a familias que no eran suyas), los anillos no estaban dentro. Su desaparición es uno de los misterios sin aclarar.
Tampoco se ha explicado quién ordenó desactivar el equipo de catástrofes de la Guardia Civil, que estaba ya listo en la base de Torrejón para salir hacia Turquía con todo el material necesario para realizar una identificación correcta. Y por qué.
Muy pocos militares se atrevieron entonces a elevar una tímida protesta. Uno de ellos fue, como recordaba Alejandre en su carta, el general Emilio Pérez Alamán, a quien Trillo puso en la lista negra porque criticó el trato a los parientes de los fallecidos.
Si el general Navarro, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez cometieron un delito, y así lo sostienen el fiscal y las acusaciones, tuvo que haber instigadores, cooperadores, cómplices y encubridores, según las familias de las víctimas.
El tribunal ha tendido un cortafuego alrededor a los tres mandos militares que se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional. Trillo ni siquiera ha sido citado como testigo, igual que Jiménez-Ugarte, y la declaración de Beltrán, imputado en la instrucción pero no en el juicio, fue desmontada por el testimonio de los forenses turcos. Con estos mimbres, puede haber sentencia. Pero será muy difícil explicar la razón de que los acusados actuaran como lo hicieron.
"¿Por qué con lealtad no se lo dijiste a tu jefe de Estado Mayor? ¿Por qué no me lo advertiste?", le reprocha el general Alejandre a Bretón en su misiva.
En el caso Yak-42 hubo algunos que supieron y muchos que no quisieron saber. Al menos, cuando aún era tiempo.
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El fiscal acusa a los militares de "inventarse" las identificaciones
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El fiscal del caso Yak-42, Fernando Burgos, ha acusado al general Vicente Navarro y a sus subordinados de "inventarse" la identificación de 30 de las 62 víctimas del accidente aéreo y aseguró que lo hicieron por las "prisas" que tenían por repatriar los cadáveres a tiempo para llegar al funeral de Estado, que se celebró tan sólo tres días después de la catástrofe.
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El representante del Ministerio Público ha hecho un resumen de todas los indicios que, a su entender, prueban que los tres acusados, Navarro, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, cometieron un delito continuado de falsedad en documento oficial. Burgos pide cinco años de cárcel para Navarro y cuatro años y medio para Ramírez y Sáez.
Burgos hizo estas afirmaciones durante la octava sesión del juicio que la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional está celebrando por el error en la identificación de 30 de las 62 víctimas del Yak-42, el avión que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía), provocando la mayor catátrofe de la historia de las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz.
Llama "cínicos" a los acusados
Durante la lectura de su informe de conclusiones, de un perfil muy técnico, el fiscal Burgos tildó de "cínicos" a los acusados por inventarse "torticeramente" y a sabiendas la identificación de 30 de las 62 víctimas. "La razón es que tenían prisa", aseguró. En este sentido, Burgos señaló que la decisión de repatriar cuanto antes los cadáveres, incluso sin identificar, se tomó "desde un primer momento." Para demostrar este extremo, el fiscal señaló que, por ejemplo, el equipo español "se despidió" del hotel en el que estaban alojados en Trebisonda el mismo día 27, antes de que hubiesen comenzado con el grueso de los trabajos de identificación.
Además, indicó que no se tomaron las muestras de ADN "no porque no les dejaran, sino porque tenían prisa". De hecho, destacó que al día siguiente del accidente se decidió no tomar muestras genéticas a los familiares, algo que era imprescindible para indentificar a las víctimas mediante el ADN. El fiscal Burgos también subrayó que los servicios de la funeraria que viajó a Turquía para ayudar en la repatración así como los aviones Hércules en los que viajaron los féretros se activaron en la tarde del 26 de mayo, el mismo día del accidente. Por otro lado, el representante del Ministerio Público hizo hincapié en los númerosos testigos que han comparecido ante el tribunal y que han desmentido la versión de los hechos ofrecida por los acusados, en especial en relación con los presuntos problemas de comunicación y la supuesta falta de colaboración de las autoridades turcas. En este sentido, dijo que, en contra de lo expresado por los acusados, los testimonios practicados en la vista oral han probado "la total ausencia de problemas planteados por parte del equipo turco". Burgos destacó que los militares españoles sí tuvieron la asistencia de un traductor y que, además, pudieron comunicarse con las autoridades turcas gracias a "los conocimientos de inglés de unos y otros". "Los acusados dicen que ignoraban lo obvio, esto no puede ser recogido por el tribunal como algo serio", señaló el fiscal.
La invención de los acusados de la identidad de 30 de las 62 víctimas, recogidas en la lista elaborada en Turquía, provocó que se faltara a la verdad en cuatro documentos oficiales: los certificados necropsia, los certificados de defunción, las licencias de enterramiento y los registros de los cementerios.
"Estas falsedades se pueden atribuir a Navarro, dominador de todos los actos y autor de la primera lista, y a los otros dos acusados, que saben perfectamente que los restos que se introducen en las féretros no corresponden a la identidad que se les atribuye", concluyó Burgos.
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El fiscal acusa a Navarro de inventar identidades
Dice que la decisión de trasladar los cuerpos "estaba tomada desde el primer momento".
EUROPA PRESS - Madrid - 20/04/2009 13:41
El fiscal Fernando Burgos aseguró hoy que el general Vicente Navarro llevó a cabo la "invención" de los documentos que atribuían erróneamente 30 de las 62 identidades de las víctimas del accidente del Yak-42 porque el equipo español tenía "mucha prisa" para llevar a cabo las labores de repatriación.
"Tenían que salir cadáveres inmediatamente, con mucha prisa, por las razones que fueran y que podían estar determinadas por la celebración de un acto o no", señaló Burgos durante la exposición de su informe definitivo de conclusiones, en la que se mostró convencido de que la decisión de trasladar los cuerpos en dos días para celebrar el funeral de estado el 28 de mayo de 2003 "estaba tomada desde el primer momento".
Solicita cinco años para el general médico Navarro y cuatro para los que redactaron los informes
El fiscal, que pidió al tribunal valorar los "daños morales" que sufrieron las familias de las víctimas aunque ello resulte "atrevido", defendió que los acusados incumplieron "sistemáticamente" la Ley del Registro Civil y renunciaron a tomar muestras de ADN a los cuerpos porque "se organizó un acto fúnebre efectuados inmeditamente, el día 27, cuando no existía ni la más remota posibilidad de que aquello tuviese la identificación de cadáveres". "No es que no les dejaran --señaló--. Había prisa".
Burgos, que expuso su informe al inicio de la octava sesión del juicio sobre las identificaciones erróneas del Yak-42, solicita cinco años de cárcel para el general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos, y cuatro años y medio para los dos médicos que llevaron a cabo "la redacción cínica" de los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez.
"Todos son documentos falsos", resumió el fiscal antes de explicar que estos informes generaron falsedad en los certificados de defunción de los fallecidos, en las licencias de enterramiento falsos y en los registros de los cementerios. "Si los cadáveres no identificados no se hubieran identificado falsamente, no se habrían podido enterrar ni incinerar --dijo--. Se ha mentido para que se pueda hacer".
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PP Vice 20/04/2009. La fiscalía ve indicios claros contra el 'número dos' del PP valenciano.
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La fiscalía ve indicios claros contra el 'número dos' del PP valenciano
Anticorrupción tiene nuevas evidencias contra Camps y Costa, que recibieron trajes cuyo pago no consta
JOAQUÍN FERRANDIS - Valencia - 20/04/2009
Los tomos del sumario del caso Gürtel que hacen referencia a supuestas conductas delictivas en la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, incorporan numerosas evidencias que, según la Fiscalía Anticorrupción, acreditarían la responsabilidad del secretario general del Partido Popular valenciano, Ricardo Costa, y la existencia de facturas que implicarían al presidente del Ejecutivo valenciano, el popular Francisco Camps.
Francisco Camps Ortiz
A FONDO
"Crespo y Pérez hablan de una deuda que ha de pagar Ricardo Costa"
La investigación ha hallado pruebas contra Camps en regalos de trajes
El informe de la Fiscalía Anticorrupción, fechado el pasado 4 de marzo y donde rectifica algunas apreciaciones anteriores, se basa en distintas pruebas conseguidas durante la investigación para culpar a Costa y atribuirle la supuesta recepción de dádivas de la red de Correa por parte de algunos dirigentes de la trama que afecta a altos cargos del Partido Popular.
- La fiscalía modifica su criterio. "Examinada la nueva documentación aportada por la representación de los distintos establecimientos de venta de prensas de vestir y de sus declaraciones, el informe ha de ser modificado", escribe la Fiscalía Anticorrupción. El informe cita, entre las novedades descubiertas durante la investigación policial y judicial, las siguientes pruebas, que obran en el sumario del caso Gürtel:
-Documentación intervenida en el domicilio de José Luis Izquierdo [contable de la trama empresarial corrupta que presuntamente dirigía Francisco Correa] consistente en escritos relativos a recibos de dinero y su distribución.
-Declaraciones del contable de la trama y del sastre, José Tomás.
-Documentación relativa a las ventas de trajes por parte de las tiendas de ropa Milano y Forever Young.
-Declaraciones ante la policía de Eduardo Hinojosa (el administrador de Forever Young) y de Javier García Fernández (director de la tienda que la citada firma posee en el Paseo de la Habana, 37 en la ciudad de Madrid).
- Regalos de ropa. El informe añade: "En cuanto a las prendas de vestir de la tienda Forever Young regaladas, al parecer, a Ricardo Costa [número dos del PP valenciano] por parte de alguno de los imputados, se aporta nueva documentación consistente en hojas de pedido número 54.464 de mayo de 2007 a nombre de aquél. El señor Hinojosa, en su declaración prestada ante la policía, afirmó que los apuntes del documento número 71, entre los que se incluía uno de Ricardo Costa por 4.925 euros, corresponden a compras efectuadas por esas personas entre finales de 2006 y julio de 2007, lo que coincide con la fecha de la hoja de pedido aportada".
- Culpabilidad del vicepresdente. "Todo ello", explica la Fiscalía Anticorrupción, "unido a la declaración prestada por José Tomás, director de la sucursal de Forever Young, constituyen indicios ya suficientemente claros de responsabilidad contra Ricardo Costa".
- Corrupción en la Administración. "En el momento actual del procedimiento, no puede descartarse una correlación entre las dádivas presuntamente recibidas [por los dirigentes del PP valenciano] y la concreta contratación de las empresas investigadas por parte de la Administración pública valenciana".
Orange Market, la empresa de la trama corrupta que operaba en la Comunidad Valenciana, logró contratos por más de cinco millones de euros de la citada Administración pública en cuatro años.
- Pinchazos telefónicos. "Así, la estrecha relación entre distintos imputados vinculados a la entidad Orange Market y Ricardo Costa se ha puesto de manifiesto en las intervenciones telefónicas obrantes en las actuaciones. En conversaciones mantenidas en noviembre de 2008 entre Pablo Crespo y Álvaro Pérez [dos de los principales directivos de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa], comentan dobre una deuda que ha de pagar Ricardo Costa y cuyo origen se desconoce".
- Facturas de Camps. "El informe policial", señala la Fiscalía Anticorrupción, "adjunta nueva declaración ante la Policía de José Tomás [el satre] y documentación requerida a la entidad Milano Difusión. Entre esta última documentación se encuentra copia del denominado inventario general de pagos a cuenta de enero 2006. Entre estos pagos se incluyen dos, con los números 187.706 y 187.729 a nombre de Camps por importe de 3.300 y 1.400 euros, respectivamente. El primero, de acuerdo con la documentación remitida por la entidad vendedora, se habría abonado en efectivo. El segundo, conforme a la misma documentación, se habría abonado junto con otros pedidos por sendos talones de 10.672 y 16.936 euros librados por la entidad Orange Market [la empresa de Valencia relacionada con la trama que dirigía Francisco Correa]".
Sastre en viaje de negocios
El sumario del caso Gürtel incluye cientos de facturas de las tiendas de ropa Milano y Forever Young de Madrid. En decenas de ellas aparecen los nombres de los principales dirigentes de la trama y de altos cargos de la Comunidad Valenciana.
La relación entre la tienda de ropa y los jefes de la trama, según declaró ante la policía José Tomás, director de uno de los establecimientos, se inició en mayo de 2005: "Álvaro Pérez [el jefe de la trama corrupta en Valencia] me comentó si me importaría bajar a Valencia a tomarle medidas a Ricardo Costa y a Víctor Campos [en aquella época vicepresidente del Gobierno valenciano], ya que quería que les hiciera ropa. Pasados unos días, me desplacé a Valencia. Fui a ver a Ricardo Costa a su despacho en la sede del PP, donde le tomé medidas y le enseñé un muestrario de tejidos para que escogiera. Me encargó dos trajes, una americana y dos o tres pantalones(...) A la mañana siguiente, me pasó a buscar Álvaro Pérez y nos fuimos al palacio del vicepresidente de la Comunidad Valenciana, Víctor Campos, y en su despacho le tomé medidas. Él mismo eligió los tejidos y me encargó tres trajes. Tras terminar, cogí el tren y volví a Madrid".
Esta relación se prolongó en los años siguientes, hasta 2009 cuando la investigación desarticuló la trama y el sastre José Tomás, tras declarar ante la policía y el juez, fue despedido por los dueños de la tienda.
LAS MEDIDAS DE LOS TRAJES DE CAMPS Y COSTA
Dos pedidos de ropa elaboradas por la tienda Forever Young de Madrid para el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y para el número dos del PP en esa comunidad, Ricardo Costa. En el pedido de Camps, a la izquierda, figura la indicación de "urgente", además de que el tipo de tejido debe ser de gorina (alta calidad). En el de Costa figuran anotadas las medidas de la vestimenta que desea.
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La derecha convierte la Comunidad valenciana en república bananera
El Tribunal de Justicia omitió en una nota de prensa que Camps, el presidente de los trajes gratis, sí está “imputado”
Camps, “imputado” por el juez valenciano que ha estudiado el auto de Garzón
"Aún estamos esperando que nos expliquen esas fotos con El Bigotes"
Los socialistas de Elche denuncian que el PP tapa sus escándalos con denuncias falsas
La fiscalía ve indicios claros contra el 'número dos' del PP valenciano
Anticorrupción tiene nuevas evidencias contra Camps y Costa, que recibieron trajes cuyo pago no consta
JOAQUÍN FERRANDIS - Valencia - 20/04/2009
Los tomos del sumario del caso Gürtel que hacen referencia a supuestas conductas delictivas en la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, incorporan numerosas evidencias que, según la Fiscalía Anticorrupción, acreditarían la responsabilidad del secretario general del Partido Popular valenciano, Ricardo Costa, y la existencia de facturas que implicarían al presidente del Ejecutivo valenciano, el popular Francisco Camps.
Francisco Camps Ortiz
A FONDO
"Crespo y Pérez hablan de una deuda que ha de pagar Ricardo Costa"
La investigación ha hallado pruebas contra Camps en regalos de trajes
El informe de la Fiscalía Anticorrupción, fechado el pasado 4 de marzo y donde rectifica algunas apreciaciones anteriores, se basa en distintas pruebas conseguidas durante la investigación para culpar a Costa y atribuirle la supuesta recepción de dádivas de la red de Correa por parte de algunos dirigentes de la trama que afecta a altos cargos del Partido Popular.
- La fiscalía modifica su criterio. "Examinada la nueva documentación aportada por la representación de los distintos establecimientos de venta de prensas de vestir y de sus declaraciones, el informe ha de ser modificado", escribe la Fiscalía Anticorrupción. El informe cita, entre las novedades descubiertas durante la investigación policial y judicial, las siguientes pruebas, que obran en el sumario del caso Gürtel:
-Documentación intervenida en el domicilio de José Luis Izquierdo [contable de la trama empresarial corrupta que presuntamente dirigía Francisco Correa] consistente en escritos relativos a recibos de dinero y su distribución.
-Declaraciones del contable de la trama y del sastre, José Tomás.
-Documentación relativa a las ventas de trajes por parte de las tiendas de ropa Milano y Forever Young.
-Declaraciones ante la policía de Eduardo Hinojosa (el administrador de Forever Young) y de Javier García Fernández (director de la tienda que la citada firma posee en el Paseo de la Habana, 37 en la ciudad de Madrid).
- Regalos de ropa. El informe añade: "En cuanto a las prendas de vestir de la tienda Forever Young regaladas, al parecer, a Ricardo Costa [número dos del PP valenciano] por parte de alguno de los imputados, se aporta nueva documentación consistente en hojas de pedido número 54.464 de mayo de 2007 a nombre de aquél. El señor Hinojosa, en su declaración prestada ante la policía, afirmó que los apuntes del documento número 71, entre los que se incluía uno de Ricardo Costa por 4.925 euros, corresponden a compras efectuadas por esas personas entre finales de 2006 y julio de 2007, lo que coincide con la fecha de la hoja de pedido aportada".
- Culpabilidad del vicepresdente. "Todo ello", explica la Fiscalía Anticorrupción, "unido a la declaración prestada por José Tomás, director de la sucursal de Forever Young, constituyen indicios ya suficientemente claros de responsabilidad contra Ricardo Costa".
- Corrupción en la Administración. "En el momento actual del procedimiento, no puede descartarse una correlación entre las dádivas presuntamente recibidas [por los dirigentes del PP valenciano] y la concreta contratación de las empresas investigadas por parte de la Administración pública valenciana".
Orange Market, la empresa de la trama corrupta que operaba en la Comunidad Valenciana, logró contratos por más de cinco millones de euros de la citada Administración pública en cuatro años.
- Pinchazos telefónicos. "Así, la estrecha relación entre distintos imputados vinculados a la entidad Orange Market y Ricardo Costa se ha puesto de manifiesto en las intervenciones telefónicas obrantes en las actuaciones. En conversaciones mantenidas en noviembre de 2008 entre Pablo Crespo y Álvaro Pérez [dos de los principales directivos de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa], comentan dobre una deuda que ha de pagar Ricardo Costa y cuyo origen se desconoce".
- Facturas de Camps. "El informe policial", señala la Fiscalía Anticorrupción, "adjunta nueva declaración ante la Policía de José Tomás [el satre] y documentación requerida a la entidad Milano Difusión. Entre esta última documentación se encuentra copia del denominado inventario general de pagos a cuenta de enero 2006. Entre estos pagos se incluyen dos, con los números 187.706 y 187.729 a nombre de Camps por importe de 3.300 y 1.400 euros, respectivamente. El primero, de acuerdo con la documentación remitida por la entidad vendedora, se habría abonado en efectivo. El segundo, conforme a la misma documentación, se habría abonado junto con otros pedidos por sendos talones de 10.672 y 16.936 euros librados por la entidad Orange Market [la empresa de Valencia relacionada con la trama que dirigía Francisco Correa]".
Sastre en viaje de negocios
El sumario del caso Gürtel incluye cientos de facturas de las tiendas de ropa Milano y Forever Young de Madrid. En decenas de ellas aparecen los nombres de los principales dirigentes de la trama y de altos cargos de la Comunidad Valenciana.
La relación entre la tienda de ropa y los jefes de la trama, según declaró ante la policía José Tomás, director de uno de los establecimientos, se inició en mayo de 2005: "Álvaro Pérez [el jefe de la trama corrupta en Valencia] me comentó si me importaría bajar a Valencia a tomarle medidas a Ricardo Costa y a Víctor Campos [en aquella época vicepresidente del Gobierno valenciano], ya que quería que les hiciera ropa. Pasados unos días, me desplacé a Valencia. Fui a ver a Ricardo Costa a su despacho en la sede del PP, donde le tomé medidas y le enseñé un muestrario de tejidos para que escogiera. Me encargó dos trajes, una americana y dos o tres pantalones(...) A la mañana siguiente, me pasó a buscar Álvaro Pérez y nos fuimos al palacio del vicepresidente de la Comunidad Valenciana, Víctor Campos, y en su despacho le tomé medidas. Él mismo eligió los tejidos y me encargó tres trajes. Tras terminar, cogí el tren y volví a Madrid".
Esta relación se prolongó en los años siguientes, hasta 2009 cuando la investigación desarticuló la trama y el sastre José Tomás, tras declarar ante la policía y el juez, fue despedido por los dueños de la tienda.
LAS MEDIDAS DE LOS TRAJES DE CAMPS Y COSTA
Dos pedidos de ropa elaboradas por la tienda Forever Young de Madrid para el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y para el número dos del PP en esa comunidad, Ricardo Costa. En el pedido de Camps, a la izquierda, figura la indicación de "urgente", además de que el tipo de tejido debe ser de gorina (alta calidad). En el de Costa figuran anotadas las medidas de la vestimenta que desea.
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La derecha convierte la Comunidad valenciana en república bananera
El Tribunal de Justicia omitió en una nota de prensa que Camps, el presidente de los trajes gratis, sí está “imputado”
Camps, “imputado” por el juez valenciano que ha estudiado el auto de Garzón
"Aún estamos esperando que nos expliquen esas fotos con El Bigotes"
Los socialistas de Elche denuncian que el PP tapa sus escándalos con denuncias falsas
diumenge, 19 d’abril del 2009
PP Vice 19/04/2009. El TSJ se refiere a Camps como "imputado" en un auto que no facilitó a la prensa.
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El TSJ se refiere a Camps como "imputado" en un auto que no facilitó a la prensa
Ricardo Costa es el único implicado que aún no se ha personado
M. M., Valencia
El magistrado ponente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el llamado caso Gürtel, José Flors, se refiere al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, como "imputado" en el auto que dictó el pasado día 2 de abril para levantar el secreto que el juez de la audiencia nacional Baltasar Garzón había dictado sobre las diligencias, según ha podido saber este periódico. En concreto, el auto señala que "se tiene por comparecidos y en calidad de imputados" a tres personas, que son el propio Camps, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe del gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret. En el escrito de Garzón por el que remitía las diligencias y se inhibía en favor del Tribunal Superior de Justicia valenciano se cita un cuarto implicado valenciano: el secretario general del PP de la Comunitat Valenciana y portavoz del grupo popular en las Corts, Ricardo Costa, que es el único de los cuatro que aún no se ha personado . Decisión del tribunalSe da la circunstancia de que el Tribunal Superior de Justicia informó de este auto de Flors a través de una nota de prensa pero no facilitó el texto del mismo. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia atribuyeron a una decisión del tribunal el hecho de que no se remitiese a los medios de comunicación el propio auto, si bien hay quien la interpreta como encaminada a intentar evitar que se vinculase la palabra "imputado" al presidente de la Generalitat. Las citadas fuentes no confirmaron ni desmintieron que el citado auto de Flors se refiera a Camps como imputado.
El Tribunal Superior tiene aún pendiente anunciar oficialmente su decisión de asumir la denuncia contra Camps y Costa que el pasado día 5 de marzo le remitió Garzón en función de la calidad de aforados de ambos. No obstante, como informó Levante-EMV el pasado viernes, el tribunal se inclina por investigar el caso.
Escrito del fiscal
El pasado martes la Fiscalía Anticorrupción instó al Tribunal Superior de Justicia a llamar a declarar a Camps y a Costa con el fin de esclarecer la supuesta relación entre los trajes supuestamente pagados por firmas vinculadas a la trama de corrupción dirigida por Rafel Correa, actualmente en prisión, y los contratos de la Generalitat Valenciana con sociedades como Orange Market y Orange Factory. El escrito de la Fiscalía señala que existe "abundante documentación aún sin examinar", intervenida tanto en las sedes de Madrid como en la de Valencia, de las empresas del grupo de Correa. Respecto de Camps, se recuerda que en la causa obra "documentación que parece reflejar la recepción" por parte de distintas prendas de vestir de las tiendas Milano y Forever Young "abonadas por el entorno de Correa". Según Garzón, los casi 12.800 euros de la ropa fueron pagados por Orange Market, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico. Se recuerda que de esa cantidad, 4.700 euros corresponden a compras en Milano y 8.073 en Forever Young. Las entregas estarían, además, "confirmadas por las declaraciones de imputados y testigos", según Anticorrupción. A Costa se atribuyen hechos "semejantes, en el estado actual de la instrucción, a los expuestos en relación con Camps".
Según el escrito de la fiscalía, el sastre de Milano y Forever Young José Tomás García, en sus distintas declaraciones ha afirmado haber entregado distintas prendas de vestir de Milano y de Forever Young a Costa en su domicilio de Castelló.
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El PSPV de Alaquàs llama a Costa "presunto ladrón de trajes"
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El TSJV evita que el texto llegue a la prensa
Camps, “imputado” por el juez valenciano que ha estudiado el auto de Garzón
Los jueces valencianos asumen su competencia para juzgar a Camps
Familiares del conseller Juan Cotino podrían beneficiarse con la medida
La Generalitat Valenciana da un peligroso paso hacia la privatización de la Sanidad
El club de rugby del eurodiputado recibió múltiples subvenciones
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Feijóo aúna Economía e Industria y fusiona Obras Públicas y Urbanismo
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dissabte, 18 d’abril del 2009
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divendres, 17 d’abril del 2009
PP Vice. 17/04/2009. El TSJ se inclina por investigar los regalos de los trajes a Camps.
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El TSJ se inclina por investigar los regalos de los trajes a Camps
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El TSJ se inclina por investigar los regalos de los trajes a Camps
Los magistrados argumentarán su decisión de asumir el asunto en un auto que se notificará a las partes en los próximos días
El Fiscal General del Estado asegura que el caso Gürtel «durará años»
Conde-Pumpido desconoce si el procedimiento, que no es "contra políticos", acabará en el Tribunal Supremo
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El Gobierno estudia personarse en el caso Gürtel por si hay delito fiscal
"Paco Camps ha sido, es y será siempre "molt honorable" por lo que significa en política"
Garzón pide a Compromís informes del Síndic críticos con el Consell por si afectan al caso Gürtel
Costa insiste: "el caso Gürtel es absolutamente ajeno a la C.Valenciana"
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Pese a estar imputado por blanquo de capitales...
El Albondiguilla será también vocal de Economía y Hacienda de Boadilla, epicentro de la trama corrupta
Panero tendrá voz y voto en la comisión que decidirá la personación del Ayuntamiento de Boadilla en el caso Gürtel
¡El PP también nombra a El Albondiguilla vocal de Justicia!
Bárcenas, Galeote y Costa aseguran estar “tranquilos”
El PP exhibe su triada Gürtel en Sevilla
¿Destrucción de documentos confidenciales en Génova 13 en plena Operación Correa?
¿El PP acuciado por el caso Correa, la trama de espionaje interno y las sospechas sobre su tesorero, y una empresa de destrucción de documentos...
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Anticorrupción pide que declaren por el 'caso Gürtel' varios empresarios
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Granados es incapaz de aclarar su comida con Vieira
Comentarios: 1 ALICIA GUTIÉRREZ
La oposición pregunta sin éxito "en calidad de qué" habló del caso Gürtel con el magistrado.
El PP tumba la reprobación de Granados solicitada por el PSOE
Bárcenas crea desconcierto al acudir a una cita del PP
Comentarios: 15 MARÍA JESÚS GÜEMES
Algunos alababan su coraje "por haber dado la cara" y otros criticaban su presencia.
Bárcenas niega ser L.B.
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