-
http://www.levante-emv.com/secciones/seccion.jsp?pRef=2008100400_19_0__Comunitat-Valenciana
http://www.elpais.com/espana/cvalenciana/
El Consell advierte que sancionará a los profesores rebeldes tras la amenaza de huelga
Rambla responde a la asamblea del colectivo docente y afirma que se cumplirá la orden
Efe/M. D., Valencia
El divorcio entre el Consell y un sector de la enseñanza es ya total. El vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, anunció ayer que la Generalitat sancionará a los profesores que "no cumplan" con las normas educativas e impidan, por tanto, que "las actividades puedan desarrollarse con normalidad" en los institutos.
Rambla respondió, en la rueda de prensa sobre el pleno del Consell, al ser preguntado por las movilizaciones anunciadas por los sindicatos STEPV, CC OO y UGT y respaldadas por cientos de profesores contra la orden de impartir Ciudadanía en inglés. El colectivo docente advirtió de la "completa paralización del sistema educativo en el caso de que se produzca una sola sanción" a algún profesor.Rambla recordó que "nos hemos marcado unas reglas de juego con unas garantías para convivir". Una de ellas, subrayó, "es tratar de cumplir las normas de convivencia", por lo que "si hay que proceder a realizar alguna sanción para desarrollar las actividades con normalidad en ese marco normativo, se tendrán que acometer y cumplir".
La advertencia fue enseguida contestada por el STE-PV al opinar que la primera sanción del Consell por incumplir las normas educativas debería ser contra el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, y su secretaria autonómica, Concha Gómez, por su postura ante Ciudadanía en inglés. Mientras, uno de los portavoces de la Asamblea de directores de Institutos de ESO reconocía ayer que algunos centros no imparten la asignatura de Educación para la Ciudadanía a la espera de que se resuelva la polémica surgida en torno a la orden autonómica que obliga a ofrecerla en inglés.
José Luis Peris, director del IES Ravatxol de Valencia,destacó que debido a los problemas que ha generado la orden de la conselleria, algunos centros "no la están dando, otros la imparten en castellano, otros en valenciano y algunos incluso un rato en castellano y otro en inglés".
En el mismo sentido se pronunció el presidente de la asamblea de directores, Vicent Baggetto.Peris recordó que los profesores itinerantes enviados por conselleria para impartir la materia "en muchos casos no han llegado" y algunos que sí lo han hecho "habían engañado a la conselleria asegurando que estaban capacitados en este idioma y después no ha sido así".
__
EU y el Bloc apoyan las protestas docentes contra la norma de Font de Mora
La senda del disparate y la agitación
__
Rambla insiste en amenazar a los profesores de Ciudadanía
EL PAÍS
El Consell mantuvo ayer su posición en la guerra de Educación para la Ciudadanía. Vicente Rambla, vicepresidente primero de la Generalitat, insistió en que los profesores que se nieguen a dar la asignatura en inglés serán sancionados. Un día después de que cerca de 800 docentes de los 2.000 que imparten la asignatura, y los sindicatos mayoritarios advirtieran de que paralizarán el sistema educativo si se abre un solo expediente por este motivo, el portavoz del Consell repitió la amenaza invocando la obligación de cumplir las normas.
"Los sindicatos, como los alumnos, los padres y el resto de ciudadanos que vivimos en esta sociedad nos hemos marcado unas reglas de juego para convivir", declaró Rambla; "no veo por qué alguien o algún colectivo, de forma unilateral, puede querer impedir que el marco normativo pueda cumplirse".
Las palabras del vicepresidente sonaron a sarcasmo a oídos de los sindicatos: "La primera cosa que debería hacer Rambla es sancionar al consejero Font de Mora y a la secretaria autonómica Concha Gómez por no cumplir las normas educativas estatales y valencianas", señaló el STE-PV.
"Senda del disparate"
El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, instó a la Generalitat a abandonar "la senda del disparate", que "sólo lleva al enfrentamiento con profesores, padres, alumnos y directores". Peralta se declaró perplejo con la afirmación realizada por Font de Mora en las Cortes (según la cual Ciudadanía sirve para convencer "a los niños de votar a los socialistas"), y recordó que existen asignaturas similares en muchos países europeos. El delegado pidió al consejero que la materia se dé de "forma normal", y consideró que los profesores están acreditando "con su actuación su pleno sentido ciudadano".
Un comentario que le valió a Marisol Linares, portavoz adjunta del PP en Las Cortes, para calificar a Peralta de "agitador que en vez de perseguir a delincuentes promueve y alienta el incumplimiento de la ley". EU dio su apoyo a las "movilizaciones".
El presidente de la Asociación de Directores de Secundaria, Vicente Baggetto, describió, finalmente, el "caos" que la iniciativa de Educación ha generado en los centros. "En la mayor parte" de ellos, dijo a Europa Press, "no se está impartiendo conforme a la norma" valenciana debido, entre otras cosas, a que faltan medios para hacerlo.
El Gobierno exige a Madrid que frene la objeción a Ciudadanía
PILAR ÁLVAREZ
La Comunidad tendrá que responder en dos meses o se verá en los tribunales
Penúltimo aviso antes de ir a la justicia. El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte ha remitido a la Comunidad de Madrid un requerimiento para que retire en un plazo de dos meses las instrucciones enviadas a los centros de secundaria que amparan la objeción a Educación para la Ciudadanía (EpC). La Comunidad ya ha dicho que seguirá adelante con su plan de objeciones. Pero si no hay cambios, el ministerio presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El requerimiento es un primer paso, una llamada de atención entre administraciones que no se había producido en otras comunidades autónomas. Se debe a que Madrid no ha elaborado una normativa concreta para rechazar la asignatura, como hizo la Comunidad Valenciana al regular que se impartiera en inglés, sino que se ha limitado a enviar circulares a los centros de secundaria con objetores. Las instrucciones, remitidas en septiembre, establecían como materia alternativa un trabajo individual sobre la Constitución española y actividades de voluntariado para quienes rechacen cursar EpC. El requerimiento, remitido por la secretaria de Estado, Amparo Valcarce, a la consejera de Educación, Lucía Figar, reclama "la anulación" de esas órdenes que amparan motivos de conciencia y de libertad ideológica de los padres. Se basa en el artículo 149.1 de la Constitución para señalar que las condiciones para obtener títulos académicos las debe fijar el Estado y que la LOE establece que le corresponde al Gobierno "fijar los aspectos básicos del currículo y a las comunidades autónomas aprobar el currículo del que formarán parte, en todo caso, dichos aspectos básicos" de la enseñanza primaria y secundaria, que son obligatorias.
Un portavoz del ministerio asegura que la carta fue enviada el 30 de septiembre. Otro portavoz de la Consejería de Educación indica que aún no han recibido ese requerimiento y que se pronunciarán cuando lo estudien. Pero el Gobierno de Aguirre ya ha reaccionado. El consejero de Presidencia, Francisco Granados, declaró ayer que seguirán adelante con las objeciones porque "la ley lo primero que garantiza es la libertad de los padres a dar la educación que consideren oportuna a sus hijos".
Granados, como también apuntaba la circular a los centros, recordó que varios tribunales superiores de justicia de otras comunidades (Andalucía y La Rioja) han amparado la objeción. En el requerimiento, el Ministerio de Educación les recuerda que esas sentencias "sólo afectan a las partes" -el Estado y la región en concreto- y que, además, los altos tribunales de Asturias, Baleares, Cantabria, Navarra y Valencia han rechazado que se pueda objetar.
Más de 110.000 alumnos recibirán este curso la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Las objeciones representan menos del 1% del total. El Ministerio de Educación ya ha advertido en varias ocasiones que no cursar la materia es lo mismo que no asistir a matemáticas, porque es obligatoria.
A Juan José Bazán, portavoz de una plataforma de padres objetores de Madrid con una veintena de miembros, no le preocupa. "Prefiero que mi hija suspenda la asignatura antes de que reciba una formación moral que prefiero darle yo", asegura este hombre cuya hija estudia 2º de ESO en el centro Senara, del Opus Dei. "Es una asignatura que habla de la libertad y de la familia, y no quiero que nadie le enseñe a mi hija que hay más modelos de familia que el formado por un hombre y una mujer, aunque existan".
-
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada