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No em toca la camisa el cos. Demà sabrem la quantitat de "tontos de los cojones" que hi ha a Galícia si guanyen aquests feixistes delinqüents del PP. Ara que, amb eleccions, "sarna con gusto no pica".
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Rus prepara un acto del PP en defensa de Camps
Algunos dirigentes temen que la policía tenga grabado al presidente. Los campsistas duros se aferran a la teoría de la conspiración
V. Romero/ P. Cerdà Valencia/Xàtiva
El PP amaneció ayer noqueado antes las nuevas revelaciones en torno a la Operación Gürtel y la posible implicación del jefe del Consell, Francisco Camps, y otros cargos valencianos. Las últimas informaciones que involucran a Camps por las llamadas del presidente de la Generalitat al sastre de Milano y Ferever Young José Tomás mientras declaraba ante el juez Baltasar Garzón, han sumido al PP en el desconcierto. En ese ambiente, el presidente de la Diputación de Valencia y líder provincial del PP, Alfonso Rus, anunció su intención de montar una manifestación de apoyo a Camps.
Lo que ha trascendido hasta ahora es que el teléfono del sastre estaba apagado. Pero algunos dirigentes temen que la policía tenga registradas conversaciones del jefe del Consell que puedan comprometerlo en plena investigación sobre si la red de Francisco Correa le pagaba el vestuario, algo que él ha negado. "Por teléfono se pueden decir muchas tonterías", afirmaba ayer una diputada que trataba de exculpar al presidente. "Paco está en una situación muy complicada", admitía otro alto responsable del PP que conoce muy bien al jefe del Consell. Los campsistas más acérrimos no daban crédito a las revelaciones policiales e insistían en aferrarse a la teoría de la conspiración entre Garzón y el PSOE contra la formación de la gaviota. Entre los populares valencianos corre especie de que todo puede desinflarse tras las elecciones gallegas y vascas de mañana, especialmente si Alberto Núñez Feijóo logra recuperar la Xunta de Galicia.
Rus salió ayer en defensa de Camps y anunció su intención de montar una "manifestación" en la "calle" en protesta por la "injusticia" y la "inmoralidad" que según él está sufriendo. En una rueda de prensa ofrecida en Xàtiva, Alfonso Rus aseguró: "Voy a proponer a los militantes de mi partido hacer una manifestación en contra de los sinvergüenzas y de los medios que han filtrado cosas [de la trama de presunta corrupción que investiga el juez Garzón] sin abrir el secreto de sumario". En un tono indignado, el también alcalde de Xàtiva y presidente de la diputación afirmó: "Estoy recibiendo constantemente mensajes de militantes, de afiliados, de personas de la calle, de empresarios, de asociaciones que quieren salir a la calle y ya le he pedido al presidente que me deje que yo movilice ese tema en la calle. Porque es de vergüenza que a una persona que no ha hecho nada se le intente echar basura encima sin más". Alfonso Rus lamentó que el presidente de la Generalitat esté sufriendo una campaña de "acoso y derribo constante" por parte de "la Fiscalía, la Delegación del Gobierno, y la Confederación Hidrográfica del Júcar (...) desde que Zapatero está gobernando".
Acto con militantes
Rus rebajó más tarde su iniciativa a "un acto con militantes" que propondrá al Comité Ejecutivo Provincial y del que ayer la dirección regional dijo no tener todavía constancia. Rus hacía pública una intención que ya había comentado el pasado sábado a dirigentes comarcales en uno de los almuerzos que celebran habitualmente. Allí mostró su intención de tratar de movilizar a la militancia y cargos públicos ante la percepción de que el entorno y colaboradores más cercanos del jefe del Consell se estaban viendo desbordados por los acontecimientos. La filtración de las reuniones de Camps con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, han contribuido a enrarecer el ambiente porque la situación es muy similar a la cacería conjunta de Garzón y el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. De hecho, fuentes populares sostienen que los encuentros de Camps con De Rosa en plena Operación Gürtel no han gustado en la madrileña calle Génova, sede del PP que preside Mariano Rajoy.
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El bufete de Michavila utiliza que es diputado para atraer clientes
El bufete del diputado del PP Michavila incluye como mérito los "servicios al Estado" de sus abogados e incluye a parlamentarios y letrados de las Cortes
FERNANDO GAREA - Madrid - 28/02/2009
A José María Michavila le ha venido bien que estas semanas no haya pleno en el Congreso, porque tiene en Madrid a todo el equipo de Shakira que ha llegado de Londres y de Nueva York para preparar el nuevo disco de la cantante. No tendrá que dejar sus labores de representante, ni el despacho de abogados, ni la sucursal de Londres, ni la fundación que dirige para ir a la Cámara a apretar el botón de las votaciones.
Michavila, que es diputado en los ratos libres, es lo que se llama un abogado of counsel del despacho Eius, que se distingue por estar formado por letrados que pisan diariamente la línea que separa lo público de lo privado. La propia web del despacho define a los "abogados of counsel" como "juristas de reconocido prestigio nacional y amplia experiencia, que se encuentran vinculados al despacho bajo la condición de colaboradores externos permanentes". En esa presentación se vende como mérito esa proximidad a lo público: "Desarrollan su actividad profesional respecto a clientes concretos del despacho, dentro y fuera de España, en materias de su especialidad, compatibilizando estas funciones con su dedicación a la vida académica y al servicio del Estado". La web dice que el diputado tiene el despacho en Londres. Para poder seguir al servicio del Estado a Michavila le favorece la manga ancha que el Congreso aplica tradicionalmente para aceptar las compatibilidades de los diputados y, especialmente, los que se dedican a la abogacía. La ley electoral impide que esos abogados cobren de administraciones públicas, incluidos ayuntamientos, pero buscan artimañas para que intervenga el despacho, pero no el diputado-letrado. Así sortean la ley.
En este caso, el despacho de Michavila asesora a ayuntamientos como el de Boadilla del Monte en Madrid y a otros de la Comunidad Valenciana, pero el que firma y pone su nombre es otro abogado del bufete. Podrá no ser estético como admiten diputados del PP, pero literalmente no es ilegal, como reconocen resignados los representantes de otros partidos en la Comisión del Estatuto del Diputado.
Ese despacho, que tiene sucursales en Madrid, Barcelona, Valencia, Londres y Miami, aparece relacionado con actuaciones vinculadas a la trama de corrupción que investiga Garzón y tiene nexos con algunos imputados y con las administraciones públicas bajo sospecha.
Así, Alberto Dorrego y Andrés Jiménez Díaz, socios de Michavila, asesoran al Ayuntamiento de Boadilla del Monte y han intervenido a favor de las empresas de José Luis Ulibarri, imputado en el caso, para que la Generalitat valenciana otorgara 13 licencias de TDT a su empresa, Mediamed.
El caso de estos dos abogados es similar al de Michavila en su cercanía a lo público y su proximidad a la incompatibilidad. Ambos compaginan el despacho privado con su cargo de letrados de las Cortes. Tienen concedida una compatibilidad genérica para ejercer el derecho, que cada día desbordan. Así, el estatuto de funcionarios de las Cortes impide en su artículo 62 "la elaboración de informes o dictámenes para las administraciones públicas".
Dorrego explica a EL PAÍS que ha sido abogado de ayuntamientos como el de Boadilla, pero sostiene que no han hecho informes jurídicos para ese consistorio. Es decir, utiliza una aplicación laxa de la ley que diferencia entre defensa jurídica y elaboración de informes o dictámenes.
Además, Dorrego es secretario del consejo de Cabanyal 2010 y vicesecretario de Comunitat Valenciana d'Inversions, ambas empresas públicas de Valencia. La ley les impide "el desempeño por sí o persona interpuesta de cargos de todo orden en Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas". Dorrego sostiene que ser secretario de un consejo de administración no entra dentro de la categoría de "cargos de todo orden" y que, por eso, es compatible.
El azar ha querido que Dorrego, que está adscrito como letrado a la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso, esté en breve a las órdenes del ex ministro Mariano Fernández Bermejo que presidirá esa comisión.
En el despacho de Michavila trabaja también José Marí Olano, que llegó al Ministerio de Administraciones Públicas con Francisco Camps, muy próximo al actual presidente de la Generalitat y ahora es el portavoz de economía del PP en las Cortes valencianas. Lo privado y lo público se superponen porque trabaja en un despacho que defiende a una empresa ante la Generalidad y él forma parte del grupo mayoritario en la cámara autonómica. Marí asesora, a través de Eius, a Andrés Selma, promotor socio de Ulibarri en Mediamed, en operaciones urbanísticas. El despacho defiende ante la Generalitat la concesión de licencias de TDT y Ana Michavila, la hermana del diputado, es la jefa de Gabinete de Camps.
Otro caso es el del letrado Francisco Javier González Sánchez que fue nombrado en 2007 director técnico jurídico del entonces alcalde Boadilla, imputado y recién dimitido. Cuando cesó en 2008 fue sustituido por Carlos Ruiz Cabrera, vinculado también al despacho. Michavila, además, conoce desde hace más de 20 años a uno de los imputados, Jesús Calvo. Éste era gerente de la Universidad Complutense de Madrid y él secretario general. Y como el mundo es un pañuelo, Michavila es amigo personal y vecino de Enrique López, ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial, cuyo cuñado, Miguel Hernán Manovel, es secretario del consejo de una empresa de Ulibarri investigada por Garzón.
La hiperactividad de Michavila se complementa con la dirección, sin ánimo de lucro de la Fundación Alas de la que forman parte, entre otros Miguel Bosé, Juanes, Shakira y Alejandro Sanz.
En política, Michavila también ha sabido estar siempre bien colocado. El hijo del general Benjamín Michavila Pallarés, con expediente académico brillante, llegó al PP desde UCD y se ha mantenido en la dirección del partido con José María Aznar y con Mariano Rajoy, además de ser secretario de Estado de Justicia y de Relaciones con las Cortes y ministro de Justicia.
Con Aznar se decía que le protegía Carlos Aragonés, todopoderoso jefe de Gabinete de Aznar, pero se cuenta que siempre quiso y no pudo ser miembro del patronato de Faes. Ahora es vecino de Aznar en Pozuelo (Madrid) y logra aparecer en casi todas las fotos al lado de Rajoy. El día que todos salieron a respaldarle frente a Garzón, allí estaba Michavila en lugar destacado. Y su hermano, Narciso Michavila, es sociólogo y uno de los asesores que más influye en Rajoy.
Michavila está tan liado estos días con el equipo de Shakira que aplazó dos veces la cita para dar su versión sobre sus actividades.
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