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Auto de inhibición a favor el TSJ de la Comunidad Valenciana
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El TSJV planea archivar el caso Camps tras las presiones del PP
Federico Trillo ha estado, según han señalado a la SER fuentes jurídicas, en contacto permanente con los magistrados que deben decidir si el presidente de la Generalitat debe ser juzgado por los trajes que recibió de la trama de Correa.- La sala que tiene la úñtima palabra está presidida por el magistrado De la Rúa que mantiene una estrecha relación con Francisco Camps
PEDRO JIMÉNEZ / CADENA SER 31-07-2009
La decisión se hará oficial el próximo lunes, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) haya solicitado una prórroga para seguir deliberando. En cualquier caso, el Presidente de la Sala, Juan Luis de la Rúa y el Magistrado Juan Montero apuestan por dar carpetazo a la investigación abierta contra Camps y su número 2, Ricardo Costa.
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AUDIOS: Juan Cotino: "Lamento que usted trabaje en la SER, pero habitualmente dice muchas mentiras"
El juez del TSJM se ha inhibido de la parte de los trajes de Camps en favor del de Valencia
Ahora se trata de convencer al ponente, José Francisco Ceres para que la decisión de archivar el caso se tome por unanimidad, algo que dan por hecho en el entorno del Presidente de la Generalitat.
Fuentes cercanas al Tribunal de Justicia de Valencia han señalado a la SER que esta decisión, contra la que cabe recurso, supone un duro revés para el magistrado José Flors que dictó un auto de imputación contra Camps y Costa muy bien fundamentado y que contenía hasta 11 indicios de la comisión de un presunto delito de cohecho al haber recibido regalos -trajes a medida- de las empresas de la trama Gürtel.
Una decisión que además se tomará antes de que haya llegado a Valencia la documentación del caso que le tiene que enviar el Tribunal de Justicia de Madrid. Estas mismas fuentes sostienen que el magistrado Montero ha estado en contacto casi a diario con el responsable de Justicia del Partido Popular, Federico Trillo.
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De la Rúa y Camps, “una íntima y sentida relación”
¿Habrá final vergonzoso en el caso Gürtel valenciano, similar al del caso Naseiro?
Si Francisco Camps, presidente de la Generalitat, tuviera –en términos políticos- una mínima dosis de dignidad, debería haberse dirigido hace meses, y en público, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia (TSJV), Juan Luis de la Rúa, para subrayarle que le agradecía mucho sus gestos de deferencia hacia él, pero que le solicitaba su inhibición en el affaire de los trajes. Y ello porque entre ambos –según dijera textualmente Camps hace menos de un año- hay “una íntima y sentida relación”.
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Pero ni Camps se lo pidió ni se le pasó por las mientes a De la Rúa hacerlo. Por cierto, conviene además no desdeñar el dato de que De la Rúa ha rebasado el plazo de su presidencia reglamentaria en el TSJV. Sin embargo, ahí continúa ejerciendo su mando en plaza, entre su propia indiferencia y, lo que es peor, la indiferencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), poco sensible al parecer frente a un juicio –como el de Camps- de una trascendencia política y social sin apenas precedentes.
Nombramientos sorprendentes
Claro que, en este punto, hay que puntualizar que quien nombró presidente del CGPJ y, por tanto, del Tribunal Supremo al conservador Carlos Divar –menospreciando así, de facto, a numerosos jueces progresistas- fue José Luis Rodríguez Zapatero. Y es que la tendencia de Zapatero para sacarse de la manga nombramientos sorprendentes viene de lejos. Algún día tendrá que explicar –al menos en su libro de memorias- porqué, de pronto, designó a Miguel Sebastián candidato a la alcaldía de Madrid y, como premio por los servicios prestados [probablemente a Alberto Ruiz-Gallardón], luego lo hizo ministro de Industria.
El carpetazo
Volvamos a Valencia. De la Rúa parece que se dispone –según múltiples indicios- a dar el carpetazo definitivo al asunto de los trajes. Pretende archivar el caso, dejando de rebote en fuera de juego al juez instructor José Flors, –conservador moderado- quien tuvo que luchar él solo contra el viento y la marea de los De la Rúa y compañía, que intentan salvar como sea al Gran Estadista de los Vestidos y los Zapatos, gratis total; pues pagaban los corruptos las facturas. O sea, su “amiguito del alma, te quiero un huevo”, Álvaro Pérez, más conocido como el Bigotes y los auxiliares de éste.
¿Exento de connivencia?
Sucede que si Camps estuviera de verdad exento de connivencia con los jefes de la trama Gürtel, lo que no ha podido investigarse hasta el momento en la Comunidad valenciana -que es el escenario de hechos presuntamente delictivos que pudieron conducir a los famosos trajes-, tendría que ser el primero en ofrecerse a todo género de pesquisas judiciales.
¿A qué temen De la Rúa y Camps?
Si Camps no tuviera nada que esconder, no habría motivo para empeñarse en enterrar cuanto antes un affaire sórdido y –por lo que ha trascendido en estos últimos tiempos- rebosante de negocios extraordinariamente florecientes en ganancias aunque repugnantes en el método de conseguirlas.
Nitidez y clarividencia
Camps ha mentido desde que le estalló el regalo de los trajes. El juez Flors lo ha probado con una nitidez y clarividencia encomiables. Basta con leer su instrucción. Y por eso ahora el líder de la derecha valenciana espera ansioso que la justicia lo absuelva por la puerta falsa, la de eludir una investigación a fondo. ¿Tendremos que soportar un final vergonzoso del caso Gürtel, en lo relativo a Camps, similar al del caso Naseiro?.
Enric Sopena es director de El Plural
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El 'caso Camps' llega a una encrucijada
La causa puede seguir en Valencia o acabar en el SupremoEl tribunal de Madrid advierte de que puede haber nueva documentación
LYDIA GARRIDO - Valencia - 01/08/2009
Los dos "escalones" que Francisco Camps, presidente de la Generalitat, pensaba subir sin esfuerzo y con paso firme hacia el archivo de la causa en la que está imputado por recibir regalos de una trama corrupta son desde el viernes bastante más altos y complicados de superar. Camps y los otros tres imputados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Ricardo Costa, secretario general de los populares valencianos; Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, podrían tener como compañeros de banquillo al cabecilla de la trama, Francisco Correa, y a dos de sus hombres: Álvaro Pérez, El Bigotes, y Pablo Crespo, el hombre que pagó los trajes supuestamente regalados.
Francisco Camps Ortiz
La sala ha recibido una invitación para seguir investigando los regalos a Camps
Están más cerca que hace solo dos días de verse todos juntos frente a un jurado popular. El auto del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) en el que se inhibe en favor del TSJCV para que incorpore a la causa a los empresarios corruptos ha introducido un elemento nuevo que puede desembocar en que la investigación prosiga con más imputados o en que se archive y el tribunal madrileño plantee un incidente de competencia ante el Supremo. Los jueces de la Sala de Lo Civil y Penal, Juan Luis de la Rúa, Juan Montero y José Francisco Ceres, tienen la palabra.
La sala de Lo Civil y Penal tiene que resolver dos cuestiones que además están vinculadas. De una parte, los recursos presentados por los cuatro imputados contra el auto que el pasado día 6 de julio dictó el instructor José Flors y en el que convertía el procedimiento en jurado y dejaba claros los sólidos indicios que le servían para seguir adelante con la instrucción. Camps, Costa, Campos y Betoret solicitaron el archivo de la causa, negaron la existencia de delito alguno porque aseguraron no haber recibido regalos y sostuvieron que en el hipotético caso de que los hubieran recibido, habría sido por su relevancia en el PP y no por sus responsabilidades en la Administración pública. Además de esos recursos, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, que ejercen los socialistas valencianos, presentaron alegaciones a los escritos de las defensas.
La sala tiene que decidir si estima que los argumentos de los imputados frente al auto de José Flors son o no más creíbles, válidos y contundentes. Pero también tiene que decidir sobre la incorporación a la causa de Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo, todos ellos imputados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por delitos varios relacionados con la trama de corrupción que afecta a Valencia. En ocasiones previas, la respuesta de la sala a la petición realizada por las acusaciones fue negativa. Sin embargo, en este momento, no es una parte la que lo solicita. Se trata de un tribunal superior que estima conveniente que las tres personas que supuestamente realizaron los regalos sean juzgadas junto a quienes los recibieron. Y lo entiende oportuno porque cree que evidentemente existe una conexión, porque supone economía procesal (¿por qué juzgar por el mismo hecho en dos tribunales distintos pudiendo estar todos en uno?) y por seguridad jurídica, para evitar que se pudieran producir sentencias contradictorias sobre un mismo hecho.
Hay más. El tribunal de Madrid no solo esgrime esas razones: advierte de que puede haber más en el procedimiento en tanto quedan por desprecintar cajas con documentación.
Si la sala decidiera rechazar la competencia, mantener que asumió el caso solo para los cuatro imputados actuales y por el delito de cohecho pasivo impropio, el tribunal de Madrid podría presentar un incidente de competencia ante el Tribunal Supremo. Y si lo rechazara porque previamente archivara la causa al estimar los recursos de los imputados y por tanto planteara que al no haber caso no tiene nada que asumir, también acabaría en el Supremo: porque el Tribunal de Madrid presentaría el mismo incidente y porque las acusaciones recurrirán, como así han anunciado. Camps, por tanto, tiene una encrucijada. No parece fácil que la sala archive una causa en la que aún podrían incorporarse documentos nuevos sobre los hechos.
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Orange Market facturó 872.208 euros al PP en 2007, el año de las autonómicas que ganó Camps
La Fiscalía dice que los regalos a Camps no fueron como presidente del partido porque la contratación con la Generalitat fue de mayor volumen. La firma controlada por Álvaro Pérez recibió hace dos años 1,2 millones del Consell, según la documentación de Hacienda.
V. R./R. L./ F. A.
Orange Market fue durante la campaña de las elecciones autonómicas de 2007 la empresa de cabecera del Partido Popular en las Comunitat Valenciana. La contabilidad presentada a la Agencia Tributaria por la empresa presidida por el comercial de Francisco Correa en Valencia, Álvaro Pérez, refleja una facturación por valor de 8762.208 euros a la formación que preside Francisco Camps el año que fue reelegido jefe del Ejecutivo Valenciano.
La cifra supone el 70% del gasto efectuado por el PP valenciano durante la campaña de las autonómicas justificado ante la Sindicatura de Cuentas, que ascendió a 1,2 millones de euros, el máximo autorizado para la formación de la gaviota en virtud de la Ley Electoral Valenciana.
Entre las facturas cobradas por la franquicia valenciana de la trama Gürtel a las que ha tenido acceso este diario figura una por 175.000 euros en la que aparece como concepto genérico el "diseño, desarrollo y ejecución de la campaña electoral". Tan inconcreto o más es la factura en la que con el epígrafe "diferentes actos" Orange Market pasa al cobro 348.000 euros a los populares valencianos.
Durante esa campaña, Orange Market fue la principal responsable del montaje y organización de actos electorales. Ejerció de intermediaria ante el resto de subcontratistas y se convirtió, con Álvaro Pérez, en el principal contacto para el resto de proveedores del partido. Una función similar a la desempeñada en el año 2006. Según las declaraciones de Orange Market ante Hacienda, la facturación con el PP el año anterior al de las elecciones de mayo ascendió a 342.743 euros.
Ambas cifras son, sin embargo, inferiores a las que Orange Market percibió de la Generalitat. Según los datos presentados ante la Agencia Tributaria, Orange Market contrató con la Administración autonómica por valor de 1,1 millones de euros en 2006 y de 1,2 millones en 2007. En ambos casos la documentación de Hacienda revela que la Agencia Valenciana de Turismo "es su cliente más importante en volumen de facturación", recoge el escrito de alegaciones de la Fiscalía Anticorrupción al recurso presentado por el presidente Francisco Camps contra el auto del juez José Flors de 6 de julio en el que se propone su procesamiento por cohecho.
Para la Fiscalía, el mayor volumen de contratación con la Generalitat en comparación con el del PP "desvirtúa" el argumento de Camps de que los regalos de trajes y prendas de vestir se habrían hecho en razón de su puesto de presidente del PPCV y no por el cargo de presidente de la Generalitat. Sólo en este último caso cabe el delito del cohecho.
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Correa y Camps deben ir juntos a juicio
El magistrado Antonio Pedreira, del TSJM, se inhibe en favor de su homólogo valenciano.
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