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El Partit Pútrid es desmelena. Incapaç de fer front als imparables casos de corrupció que ha propiciat al seu si, ha decidit despistar i arremetre contra tothom. Maniobra alhora arriscada i colpista. Tot i tothom és presumptament culpable d'una enorme conspiració ordida i engegada pel Govern, el PSOE, jutges, policies i tot el qui no diu el que el partit dels feixistes espanyol vol sentir.
Ja sabem que la dreta espanyola, si no pot servir-se de l'Estat de Dret, té una gran tendència a trencar-lo i, despistant despistant, enviar-lo de vacances 40 anys.
El que ha dit Cospedal no té cap ni peus i insulta qualsevol intel.ligència de tres dígits. Que Trillo i Pons hi facen el cor ja no és estrany coneixent el tarannà i el cinisme d'ambdós personatges.
No. Ni conspiració ni punyetes: corrupció des de la base, a l'esquelet i les altures del PP. Com no hi havia ETA l'11M, ni el chapapote eren hilillos de plastilina, ni Saddam tenia cap arma de destrucció massiva ni el Yak 42 fou altre que una enorme desvergonya delinqüent del ministrillo.
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EDITORIAL.- 'O pruebas o dimisión'
Los líderes del PP deben sustentar sus gravísimas acusaciones o abandonar la política
09/08/2009
El partido Popular, principal grupo de la oposición y formación que aspira a gobernar España, volvió a sorprender ayer a la ciudadanía con el anuncio de que medita denunciar ante las instituciones europeas las presuntas escuchas ilegales a sus dirigentes. Esta vez fue Esteban González Pons, responsable de comunicación del partido de Rajoy, el autor de la ocurrencia. Cuando se cumplen varios días sin que el PP haya presentado una sola prueba de las gravísimas acusaciones lanzadas por su número dos, María Dolores de Cospedal, otro algo cargo del partido vuelve a superar las líneas rojas de la decencia democrática para ayudar a incendiar la política de este país, poner bajo sospecha las instituciones sobre las que descansa el ejercicio de nuestra democracia y atosigar a los ciudadanos con más crispación.
Basta ya. Los ciudadanos, que han asistido estupefactos esta semana a una escalada de tensión de las peores que se recuerdan, no tienen por qué soportar el cinismo de dirigentes políticos capaces de todo con el único objetivo de desviar la atención de los casos de corrupción que padecen. Si la estrategia ideada por el PP ante los gravísimos escándalos de Valencia, Madrid, y ahora Mallorca, entre otros, es derribar el edificio institucional a base de tremendas acusaciones sin pruebas, algunos de sus dirigentes deberían presentar la dimisión y aliviar a los ciudadanos de su presencia. Es inaceptable que una representante política de la categoría de María Dolores de Cospedal acuse sin pruebas al Gobierno, a la Fiscalía General del Estado, a los cuerpos de seguridad, a los servicios de inteligencia y a los jueces de cometer delitos más propios de un Estado totalitario que de una democracia europea. Si la número dos del PP no acude a los tribunales con las pruebas que sustenten sus acusaciones, debe abandonar la política. La democracia son procedimientos. Quien no los respeta no merece representar a los ciudadanos. No es la única. A su lado, otros importantes dirigentes del PP, como Cristóbal Montoro, contribuyen al desastre con la exigencia de que debe ser el Gobierno quien demuestre que las acusaciones son falsas. ¿Y Rajoy? El líder popular parece avalar, en ocasiones con su silencio, en ocasiones con sus palabras, la huida hacia adelante. ¿Es éste el estilo con el que aspira a conquistar La Moncloa?
Frente al fundado temor de que las olas de la corrupción continúen dejando indicios en la playa de Génova, y ante el temor de que el Supremo reabra el caso Camps ante la escandalosa insolvencia jurídica del auto de archivo emitido por el tribunal valenciano, el PP pretende amedrentar a jueces, fiscales, policías y periodistas, y, de paso, desmotivar a la ciudadanía, convencido de que no pagará costes electorales. Sus dirigentes deberían recordar que el Estado de derecho tiene la suficiente fortaleza, demostrada en otras ocasiones, para soportar las embestidas de políticos sin escrúpulos.
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08 Ago 2009
Oiga, ¿es el enemigo? Que se ponga
00:27, por Manolo Saco Tags: Cospedal, escuchas telefónicas, Palma Arena
Antoni Palerm, el ex director general de Deportes de Mallorca con el popular Jaume Matas, ha reconocido ante el juez que se aprovechó de su cargo para vender materiales de su propia empresa para la construcción del velódromo Palma Arena, en el que se investiga un sobrecoste de casi 20 millones de euros. Es el primero que confiesa. Según el caso Palma Arena va engordando se ve que la saturación del Partido Presunto para asumir desgracias ha alcanzado el 100%, y ya no les cabe más. Tal es la presión, que sus dirigentes empiezan a desvariar, incapaces de digerir tanta noticia de corrupción.
La que le cayó ayer a la Cospedal por uno de sus desvaríos ha sido antológica. No es ya que el PP continúe con su campaña de hacer amigos entre la policía, fiscales y jueces, pero es que parece haber olvidado que acusar de un delito sin pruebas es un delito en sí mismo. Creo que no faltó ni una asociación de jueces, desde los progresistas a los más conservadores, que no le haya recordado ayer a la señora Cospedal que si tiene constancia de que alguien está cometiendo un delito, tiene la obligación de denunciarlo ante el juez.
Y es que la acusación de la capataz de guardia del PP ha explotado en la línea de flotación de la judicatura. Los jueces, ni siquiera sus amigos del alma, de ninguna manera están dispuestos a admitir que uno de los suyos haya podido dar la orden de pinchar, sin motivo fundado, los teléfonos de los dirigentes del Partido Popular. Luego si están pinchados… es que existe un motivo fundado. Verde y con asas.
La acusación se ha revelado tan desafortunada que ahora se da una situación harto curiosa. En verdad en verdad os digo que son una panda, más que un partido. Teniendo en cuenta que en España las escuchas telefónicas sólo pueden ser ordenadas por un juez (una escucha ilegal tiene que aunar tantas voluntades, entre ellas las de los técnicos de la compañía telefónica ante los que hay que presentar la orden judicial), y teniendo en cuenta, además, que a la Cospedal alguien le ha chivado que su teléfono, el de Trillo y el de Camps están pinchados, ¿no está, la pobre, reconociendo que algún juez está con la mosca tras la oreja sobre las andanzas de cada uno de ellos y los está vigilando muy de cerca? Y, por cierto, ¿quién le fue a ella con el cuento, violando la legalidad, entorpeciendo y poniendo en peligro una investigación que algún día podrá derivar en la madre de todas las sorpresas?
Así que, queridos míos, sáquidas del alma: la noticia no es, como pretendía el PP, que el gobierno espía telefónicamente a los dirigentes de la Opus sición. La noticia, y espero que se empiece a valorar en su justa medida, para juguete de los próximos días, es que algún juez, cuyo nombre todavía desconocemos, está investigando ya al juntacadáveres, al amiguito del alma de los corruptos y a la capataz del Partido Presunto. Si apareciera Rajoy sería coloxal, digo colosal.
Y lo demás son fuegos artificiales. Os recomiendo, pues, que cojáis buen sitio y esperéis pacientemente a que comience la función.
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Enric Sopena
Cabos Sueltos
Al PP le persigue su batallón de corruptos
El Partido Popular ha pasado de defender de forma compulsiva el principio de la “presunción de inocencia” a reclamar lo contrario. Cristóbal Montoro exigió este viernes que el Gobierno “demuestre que son falsas” las acusaciones de la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal. O sea, que Montoro –quien debe de estar de los nervios, pues la crisis económica empieza a retroceder en todo el orbe conocido- se ha erigido en paladín de la “presunción de culpabilidad”, como titulamos en El Plural.
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El País exige al PP pruebas o dimisiones
Se encontraba Mariano Rajoy, feliz y contento porque el asunto de los trajes del presidente de la Generalitat valenciana había sido archivado [merced a una decisión judicial discutible, impulsada y votada por el juez Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV)] y más que amigo de Francisco Camps]. Tan optimista estaba Rajoy que hasta se permitió alguna que otra ironía. Dijo que, entre sus alegrías por el desenlace de la causa, él incluía a los vendedores de tila, en implícita alusión al disgusto de todos aquellos ciudadanos de la franja progresista que deseaban -a la vista del auto del juez instructor, José Flors- una sentencia condenatoria para Camps.
Hacedor de pesadillas
Resulta, sin embargo, que en lugar de convertirse el archivo del caso Camps en un balsámico para genoveses se ha transformado en un hacedor de pesadillas. Unos se sienten perseguidos por el Gobierno, con el malvado Rubalcaba subido en una escoba, haciendo de bruja piruja, mientras ordena escuchas telefónicas a los servicios secretos. Otros creen que –a tenor de las afirmaciones de María Dolores de Cospedal- Franco puede resucitar en cualquier momento, si no lo ha hecho ya, entusiasmado con el Gobierno policíaco que preside José Luís Rodríguez Zapatero.
Naturalmente para muchos de ellos la reaparición de Franco supondría un gran alivio, pero temen que al Caudillo le dé, en esta ocasión, por respaldar al tirano ZP. Al fin y al cabo, la lenguaraz Cospedal anunció también que España caminaba, gracias a los socialistas, hacia el fin de la democracia. Y eso molaría al Generalísimo.
Sustos y tila
La situación se le ha complicado a Rajoy, que no gana para sustos ni, probablemente, para tila destinada a su uso personal. Todas las asociaciones de jueces y policías han puesto a Cospedal a caer de un burro. Por ejemplo, Antonio García Martínez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, ha manifestado: “Cospedal tiene la obligación legal de denunciar esos hechos no ante periodistas, sino ante el juez, fiscal o funcionario policial más próximo”, porque sus declaraciones “implican delitos de extraordinaria gravedad”. Y agregó: “Plantear que las garantías constitucionales no tienen ningún valor incita a la gente a pensar que el sistema está corrupto y degenerado”.
De Cañellas a Matas
Por otra parte, la sangría de la corrupción vuelve a irrumpir en las Baleares. Comenzó hace años, siendo presidente el popular Gabriel Cañellas, que fue condenado por la justicia y se salvó de la cárcel por haber prescrito su delito, vinculado con el escándalo del túnel de Soller. Durante los mandatos de Jaume Matas la corrupción era un secreto a voces. Matas se fue al perder las últimas elecciones autonómicas (2007) y desapareció raudo del mapa. Salió huyendo. Pero la sombra de Matas –el del palacete renacentista, el de la noche de Rasputín o el manifestante defensor de una piscina- es alargada y el goteo de irregularidades y de presuntos delitos de corrupción se extiende por doquier. Ahora ha emergido el del velódromo Palma Arena. Suma y sigue.
Telefonos pinchados
Al PP no le persigue ni el Gobierno ni la prensa progresista. Le persigue su batallón de corruptos, que no son ni mucho menos todos sus militantes y simpatizantes, pero haberlos haylos. Elena Valenciano, dirigente del PSOE, acertó en la SER el viernes al afirmar que “el PP esta corroído por la corrupción”. Ni Gobierno policíaco, ni escuchas telefónicas clandestinas, ni la Biblia en pasta. Sueñan con encontrar de nuevo la fórmula que les salvó del caso Naseiro, el más importante antecedente del caso Gürtel. Pero la suerte no siempre se repite. Insisten en los teléfonos pinchados porque, como consecuencia de un error judicial respecto a los teléfonos pinchados en el caso Naseiro, hallaron hace casi veinte años el bote salvavidas. Pero en la actualidad, no se observa bote alguno. Y consagrar ahora la “presunción de culpabilidad” es un recurso a la desesperada que define bien a quien lo propaga.
Enric Sopena es director de El Plural
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Para cualquier duda o sospecha, llamen al 917208727
Jesús Maraña 07 Ago 2009
Compartir: Tags: Cospedal escuchas espionaje Gürtel Madrid Montoro Trillo
Por si existiera la más mínima duda de que las acusaciones formuladas anteayer por María Dolores de Cospedal no eran producto de un calentón o resultado de un patinazo verbal, su compañero Cristóbal Montoro se encargó ayer de subir un peldaño más en la escalera de la infamia. El ex ministro y coordinador económico del PP emplazó al Gobierno –con un par– a “demostrar que son falsas” las denuncias que ha hecho su partido sobre escuchas ilegales a dirigentes del mismo. O sea que Cospedal acusa al Gobierno, al CNI, a la Policía y a los jueces de un rosario de delitos que figuran en el Código Penal por realizar “escuchas telefónicas ilegales a dirigentes nacionales” del Partido Popular, sin aportar una sola prueba, y Montoro remata el disparate exigiendo que sean los acusados quienes demuestren que lo que el PP denuncia es falso.
¿Dónde estaban Cospedal y Montoro el día que en sus colegios explicaron la definición de Estado de Derecho? Ambos, como Federico Trillo –presunto autor intelectual de esta burda estrategia para desviar la atención de la trama Gürtel– pasan por haber sido magníficos estudiantes, pero quién no hizo pellas alguna vez.
Si este trío de talentos demócratas quiere recabar información sobre cualquier asunto de espionaje político, puede empezar por marcar el número arriba indicado, teléfono de Interior de la Comunidad de Madrid, y mantenerse a la espera. Con suerte, quizás alguno de sus colegas de partido pueda explicarles los casos más recientes y documentados de escuchas y seguimientos a políticos.
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Una 'absolución' envenenada
El PP baraja que Camps no se presente a la reelección si el Supremo le encausa y salen a la luz nuevas pruebas que impliquen a miembros de su partido
MARÍA FABRA - Castellón - 09/08/2009
Una victoria convertida en problema. Así es como definen algunos dirigentes del PP de la Comunidad Valenciana el "día después" del auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que archiva la rama valenciana del caso Gürtel. El anuncio de la Fiscalía Anticorrupción de recurrir la decisión del tribunal valenciano y la posibilidad de que el Supremo reactive la causa han obligado a los populares valencianos a estudiar los posibles escenarios a los que pueden enfrentarse, con el obstáculo principal de no controlar los tiempos. Y con las próximas elecciones autonómicas a menos de dos años.
Es un riesgo que Camps se siente en el banquillo de los acusados
El hipotético juicio podría coincidir en fechas con las próximas elecciones
La falta de estrategia del PP valenciano ante la acusación y posterior imputación por un presunto delito de cohecho contra el presidente del Generalitat, Francisco Camps, ha provocado que, tras este primer "triunfo", sus dirigentes se planteen el diseño de una "hoja de ruta" que aún no está totalmente definida pero sí hilvanada. La idea de negarlo todo, no pensar que las acusaciones del caso Gürtel iban a llegar a una imputación y, por tanto, no tener previstas las distintas etapas de la causa ha sido motivo de crítica en el seno del partido. De momento, el PP ha optado por desplegar un ataque contra el PSOE, en la persona de su secretaria de Organización, Leire Pajín, y contra la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Aún así, todos, o una inmensa mayoría, saben que ahora toca, para un futuro que va desde tres meses a dos años, ponerse en el mejor de los casos pero también en el peor.
El diseño de la estrategia sitúa como positivo para los populares valencianos que no se cumpla el vaticinio realizado por el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Saavedra, quien dijo que el recurso de casación puede verse en un plazo de entre ocho meses y un año. Prefieren acogerse a la opción planteada por otras fuentes del Supremo que manifestaron la posibilidad de darle una tramitación preferente, por la sonoridad del caso y, dado que no parece tener gran complejidad, deliberar pronto sobre el recurso y resolverlo en tres o cuatro meses. En este caso, se "plantarían" a finales de 2009 o principios de 2010. En ese momento se sabría si la causa se archiva de forma definitiva o sigue adelante. Si se archiva, el PP valenciano podría centrarse en la campaña electoral de 2011 con Camps como candidato. En el caso de que el Supremo decidiera llevar la causa a juicio, o lo que es lo mismo, reabrir la investigación, el presidente valenciano anunciaría su renuncia a presentarse a la reelección pero trataría de agotar el mandato, siempre y cuando el juicio no se celebrara antes de las elecciones.
La posibilidad de que Francisco Camps se siente en el banquillo de los acusados siendo presidente de la Generalitat es un riesgo con el que la mayoría del PP no quiere correr.
Los populares valencianos saben que el Tribunal Supremo no es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, cuyos componentes "son de casa". Tampoco quieren olvidar que cuatro de los seis jueces y magistrados que han visto la causa han considerado que existían indicios de delito en los trajes regalados a Camps por la trama de corrupción.
En el caso de que la resolución del recurso se demore, los plazos empeoran el escenario. Aunque la decisión del Supremo llegara en el segundo trimestre de 2010, la noticia se acercaría demasiado a la cita electoral y el posible juicio podría incluso coincidir con la convocatoria. Aún así, las posibilidades son las mismas. Si se archiva el recurso de la fiscalía, a celebrarlo por todo lo alto. Y si se abre juicio, la idea es que Camps presente su renuncia a volver a ocupar el Palau de la Generalitat pero agote mandato. El problema es que, durante ese año, el PP estaría continuamente cuestionado y ante el peligro de que las cajas de documentación que obran en el sumario del caso Gürtel contengan alguna otra cuestión que les implique. Bajo su convicción de que el PSOE "maneja a la policía y, por tanto, la documentación del caso", los populares valencianos temen que el tiempo de espera desgaste, de forma irrecuperable, al presidente Camps.
En lo que sí coinciden alcaldes, consejeros, dirigentes y militantes es en la necesidad de que Francisco Camps aborde la remodelación de un Consell de la Generalitat anodino. Los cambios, previstos para finales de agosto o principios de septiembre, serían el momento oportuno para encumbrar al actual secretario general del PP, Ricardo Costa, que también fue imputado en el caso pero que, en la decisión del Tribunal valenciano, es el que ha quedado en "mejor posición".
La incorporación de Costa al gobierno autonómico facilitaría y suavizaría además la salida del actual consejero de Gobernación, Serafín Castellano, que también se ha visto envuelto en polémicas adjudicaciones a amigos. Al parecer, Camps también aprovecharía para dar más peso a alguno de sus seguidores alicantinos, como el alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, y así gratificar su fidelidad frente al sector zaplanista que aún pervive en la provincia. Otro de los nombres que suenan es el de la portavoz del grupo popular en Elche, Mercedes Alonso. Sin embargo, el PP confía en obtener esa alcaldía y alejar a su principal baluarte no resultaría recomendable.
El PP se enfrenta a unos meses difíciles pero parece haber aprendido que ha de calcular las posibilidades. Y en eso trabajan. En evitar que la victoria inicial pueda convertirse no sólo en un problema, sino en un verdadero fracaso.
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El PP prende la mecha de la crispación
Las acusaciones sin pruebas de Cospedal contra el Gobierno por espionaje irritan a Zapatero, ponen en tensión al PSOE y amenazan con una quiebra institucional
ANABEL DÍEZ / PABLO X. DE SANDOVAL - Madrid - 09/08/2009
Agosto ha dinamitado las relaciones institucionales entre las dos grandes formaciones políticas de España, PP y PSOE, envueltas en una guerra sorda a cuenta de las tramas de corrupción que salpican a los populares. Este partido ha desencadenado esta semana una virulenta e inaudita escalada verbal contra el Gobierno, que los socialistas interpretan como una reacción de defensa ante las investigaciones judiciales que ponen bajo sospecha a algunos dirigentes del partido de Mariano Rajoy.
Maria Dolores De Cospedal García
A FONDO
Impulsado por la victoria electoral de las europeas, animado por los últimos datos de las encuestas y aliviado por el archivo de la causa abierta por cohecho contra Francisco Camps, uno de sus principales barones, a Rajoy se le presentaba un inmejorable arranque de sus vacaciones. Tanto que celebró eufórico ante los periodistas la exculpación provisional -el archivo está recurrido- de Camps, ironizó sobre el negocio que harían los vendedores de tila a cuenta de los que esperaban la condena del presidente valenciano y exigió cuentas a "la Inquisición" que denunció las andanzas de la trama corrupta en Valencia. Después habló de un agosto ideal para visitar "chiringuitos".
Pero el recurso de la Fiscalía ante el Supremo, que tendrá el efecto de mantener bajo sospecha al presidente valenciano durante al menos ocho meses con la amenaza de un traumático regreso al banquillo de los acusados, sumado a una inquietante redada judicial contra otra trama corrupta desarticulada en Baleares que afecta a ex altos cargos populares, ha devuelto a Rajoy y los suyos a los peores tiempos de la crispación.
Desde Marbella, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, se encargó de agitar la vida política con algunas de las acusaciones más graves hechas nunca en democracia contra un Gobierno. Cospedal aseguró el martes que la Fiscalía persigue a la oposición más que a ETA. Le debió de parecer poco y al día siguiente aseguró que los socialistas han ordenado escuchas ilegales a la oposición. Hasta los jueces, fiscales y policías conservadores se mostraron escandalizados por las asombrosas declaraciones. La cuestión de si esta es una estrategia meditada y razonada en el PP para el próximo curso político sigue aún en el aire. Ni siquiera el rango de quien lanzó esa acusación (nada menos que la número dos del partido) despeja esa duda.
A pesar de que las acusaciones cuestionan el sistema mismo, Rajoy calla. Nadie avaló a Cospedal el primer día. Incluso algún dirigente ha expresado en privado su estupor. El departamento de prensa del partido tardó varias horas en deslizar la idea de que estos hechos ya habían sido denunciados, aunque la denuncia del pasado día 24 que trata de hallar las fuentes periodísticas de EL PAÍS no decía nada parecido.
Después, todavía sin presentar pruebas, Cristóbal Montoro y José Luis Ayllón avalaron las acusaciones. El más explícito fue, ayer, Esteban González Pons. "Hay gente en la justicia y en la policía que está empezando a darnos muchas claves", dijo en la Cope. Se entiende que la afirmación deja fuera a la Asociación Profesional de la Magistratura, al miembro del Poder Judicial Fernando de Rosa, nada menos que ex consejero de Camps, y a la CEP, sindicato policial que suele sintonizar con el PP. Todos ellos salieron el jueves, junto a todos los profesionales de la justicia y las Fuerzas de Seguridad a los que indirectamente Cospedal acusó de corruptos, a defender la honorabilidad de las instituciones y a exigir una denuncia formal si el PP tiene constancia de tales hechos.
El Gobierno recibió indignado y desconcertado estas andanadas verbales. Hubo miembros del Ejecutivo que pensaron que lo mejor sería ningunear a Cospedal para rebajar la tensión: "Le ha dado demasiado el sol", ironizan. E incluso barajaron la idea de que, tras la tormenta desatada por esas palabras, el PP echaría el freno. Reflexionaron sobre la necesidad de establecer un contacto discreto con Federico Trillo, al que consideran "la mano que mece la cuna", en palabras de Elena Valenciano, pero lo descartaron. Al final, los socialistas concluyeron que había que ser contundente en la respuesta por una denuncia tan calumniosa. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero, de vacaciones en Lanzarote, consideraba muy grave que alguien pudiera acusar a su Gobierno de crear en España un estado policial; y, aunque optó por una reacción templada e institucional -pidió "responsabilidad" al partido de Rajoy-, dio vía libre a su partido para responder sin miramientos.
"El PP está corroído por la corrupción", declaró la diputada Elena Valenciano. "El PP teme que algunos casos de corrupción, y el último de Mallorca, tengan graves consecuencias penales. Están preparando el terreno para que, si les va mal en los tribunales, instalar la idea de que son víctimas de la persecución ordenada por el Gobierno", señalaron otros dirigentes socialistas a este periódico. "El PP reedita la crispación como forma de hacer política ante la evidente ausencia de alternativas", señaló José Blanco, el vicesecretario general del PSOE.
Pero el PP no se arredra y quiere que desfilen por el Congreso de los Diputados los supuestos culpables de tan graves delitos: el fiscal general del Estado -para que explique si hay un trato desigual a los imputados por corrupción del PSOE y del PP-, el Ministerio del Interior -para que aclare quién filtro el sumario sobre la corrupción del caso Gürtel y diga si ha pinchado los teléfonos de dirigentes populares- y la vicepresidenta primera del Gobierno -para que responda si ha presionado al fiscal contra el PP y si sus viajes por Latinoamérica son un despilfarro innecesario-.
Aún hay otro frente para alimentar la cizaña. Las Cortes valencianas, con mayoría absoluta del PP, boicotea desde mayo el nombramiento de la socialista Leire Pajín como senadora. Esta semana ha sugerido que obligará a Pajín a pasar un examen de valencianidad -nunca realizado a ningún candidato- antes de votarla. El PSOE ha perdido la paciencia. Por boca de su vicesecretario general, José Blanco, amenazó con tomar represalias haciendo algo también insólito: vetar al PP en la dirección de varios organismos públicos que deben designarse a partir de septiembre. La ruptura institucional, la reedición de la crispación, está servida.
Una semana de alta tensión
- Mariano Rajoy (lunes 3 de agosto). El presidente del PP se entera en medio de un mitin en Santiago de Compostela del sobreseimiento de la causa contra Francisco Camps: "Y ahora, ¿qué digo yo? En realidad quien debería hablar es la Inquisición que hemos vivido [...] Los otros, que dedican sus energías a perseguir a los demás en lugar de hablar de la crisis. No voy a decir quiénes son, lo sabe todo el mundo". Evita las preguntas y añade: "De cara al futuro, algo tendremos que hacer y algo plantearemos, porque fueron seis meses de juicios paralelos".
- María Dolores de Cospedal (martes 4 de agosto). Tras conocer que María Teresa Fernández de la Vega había anunciado que la Fiscalía recurriría el archivo del caso Camps, la número dos del PP declara: "Es una vergüenza que la vicepresidenta haya dado instrucciones al fiscal general para decirle que tiene que seguir con la persecución del presidente de la Generalitat valenciana. Es la primera vez en la historia que un Gobierno utiliza a la Fiscalía General, no para darle instrucciones para perseguir, como tendría que hacer e hizo en otras ocasiones, a ETA, sino para perseguir a la oposición, al PP. Es muy peligroso que el Gobierno de Zapatero utilice las instituciones del Estado para hacer política partidista, no para garantizar la seguridad y la libertad de los españoles. Con el Gobierno de Zapatero la democracia está en un serio peligro".
- José Blanco (miércoles 5 de agosto). El vicesecretario general del PSOE tacha de sonrojante la intención del PP valenciano de someter a un examen de valencianidad a la socialista Leire Pajín para darle un escaño de senadora. Blanco pide al PP que deje de "jugar con las instituciones". "Si el PP persiste en esta actitud, el PSOE bloqueará cualquier negociación en la participación del PP en los órganos que corresponde negociar en el próximo periodo de sesiones".
- María Dolores de Cospedal (jueves 6 de agosto). Al PP "le consta que desde las autoridades judiciales y policiales se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que no tienen nada que ver con los sumarios y a destacados dirigentes nacionales". España vive, según De Cospedal, "un Estado policial".
- José Blanco (jueves 6 de agosto). "El PSOE da a la señora Dolores de Cospedal 24 horas para que presente denuncia fundamentada o abandone la vida política. Una acusación de esta gravedad no la puede lanzar un dirigente político si no la sustenta en pruebas fehacientes".
- Elena Valenciano (viernes 7 de agosto). "El PP es un partido corroído por la corrupción y, para desviar la atención, la señora Cospedal ha llegado a un grado de infamia intolerable que sólo le debe conducir a probar las acusaciones o a abandonar la vida política", protesta la secretaria de Política Internacional del PSOE.
- María Teresa Fernández de la Vega (sábado 8 de agosto). La vicepresidenta tilda de "irresponsables e incluso jurídicamente punibles" las acusaciones de Cospedal. "La acusación de un falso delito es un delito", advirtió. "Puede constituir un delito
de calumnias".
- Esteban González Pons (sábado 8 de agosto). "Mucha gente del Gobierno, de la Fiscalía, de la Policía, está empezando a darnos muchas claves sobre cómo se han gestado algunas de las operaciones que se han llevado este año contra el PP".
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El juez dicta libertad bajo fianza para los detenidos del 'caso Palma Arena'
Los cinco imputados prestan declaración durante una maratoniana sesión de más de 17 horas
EUROPA PRESS / ELPAÍS.com - Palma - 09/08/2009
El juez de instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, ha decretado esta madrugada a petición de los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán libertad bajo fianza para los cinco detenidos del caso Palma Arena , entre los que se encuentran cuatro ex cargos del PP balear de la era Matas .
"Durán no se llevó dinero del velódromo"
Los detenidos dicen que el Palma Arena se hizo con prisas
Los acusados desfilaron ante el juez durante más de 17 horas
Dos horas antes, el Ministerio Fiscal solicitaba para los acusados, que este sábado desfilaron ante el juez durante más 17 horas, prisión eludible por los siguientes importes: 50.000 euros para el ex director general de Deportes del Govern balear en la pasada legislatura, José Luis Pepote Ballester, y para el ex-gerente del Palma Arena, Jorge Moisés; de 25.000 euros para el director de la empresa de Comunicación Minbus, Miquel Romero, y de 15.000 euros para el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafa Durán, y el jefe de la Unión Temopral de Empresas (UTE) de las obras de esta infraestructura deportiva, Miguel Ángel Rodríguez.
Los abogados de los implicados, acusados de malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad documental, han hecho ya efectivas esta madrugada sus respectivas fianzas, salvo los de Moisés y Pepote, cuyo plazo para hacerlo expira mañana lunes a las 14.00 horas.
"El proyecto no fue serio ni solvente"
El primero en declarar este sábado fue Miguel Romero, propietario de la agencia de publicidad Nimbus Comunicación, con conexiones con el PP (para ella trabajaron hasta tres ex jefes de prensa de Matas). La policía halló en las oficinas de esta empresa indicios de facturas infladas por servicios de promoción del Palma Arena. A Romero se le preguntó si, tras este sobreprecio, se ocultó una posible financiación irregular del PP. El publicista admitió que en algunos casos cobró el doble de lo normal por los servicios debido a "las urgencias y particularidades del encargo", pero negó tajantemente el cobro de comisiones y el vínculo con el PP, informa Manu Menéndez.
La tesis de los fiscales es que, a cambio de este contrato, que reportó unos 500.000 euros a Nimbus, la agencia habría organizado gratuitamente parte de la última campaña electoral de Matas, en 2007. Romero se acogió ayer a lo que parece ser una estrategia común de todos los imputados: culpar del agujero millonario a "las deficiencias del proyecto original", que habrían derivado en "continuas modificaciones sobre la marcha" y acabaron disparando los costes.
En la misma línea se situó Jorge Moisés, el segundo interrogado del día. Este señaló "olvidos injustificables" en los planos iniciales del ingeniero alemán Ralph Schürmann, una celebridad mundial en el diseño y construcción de velódromos. En su currículo cuenta, entre otras obras, con la pista olímpica de Pekín, pero los implicados lo acusan de "vivir de su prestigio" y de que "su proyecto no fue serio ni solvente". Faltaban, presuntamente, partidas económicas esenciales para la ejecución.
Schürmann, que fue apartado de la construcción y declaró como testigo en diciembre de 2008, denunció "presiones para inflar partidas y fichar a colaboradores"
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La táctica de "ensuciarlo todo" acabará con Rajoy
El PSOE cree que Camps está "muy tocado" pese a la decisión de archivo del caso "Gürtel".
PÚBLICO.ES/EFE - Madrid - 09/08/2009 13:15
La secretaria de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, ha afirmado hoy que la presunta trama de corrupción que afecta al PP y la estrategia de "ensuciarlo todo", con acusaciones como la de las escuchas ilegales, acabarán enterrando las aspiraciones de su líder, Mariano Rajoy, y dividiendo a su partido.
Valenciano, en una entrevista con EFE, ha asegurado que Rajoy y su secretaria general, María Dolores de Cospedal, "están muy acosados y nerviosos" por los casos de corrupción como el "Gürtel" y han optado por supeditar su futuro a cómo se resuelvan en los tribunales.
"Rajoy ha unido su suerte a cómo se desarrollen los acontecimientos con respecto a los imputados en las distintas tramas. Y son tantos los imputados y la trama parece tan grande y se ha sostenido durante tanto tiempo que será muy difícil que las cosas no acaben mal", ha dicho.
Ensuciar el ambiente
La dirigente socialista ha lamentado que el PP se haya inclinado por prolongar la táctica de la "crispación" de los últimos años con declaraciones como las de De Cospedal sobre las escuchas telefónicas a miembros de su partido no implicados en las tramas. Se ha mostrado convencida de que "todo lo que tiene que ver con la corrupción del PP y con esta actitud tan exagerada de combate contra el Estado de Derecho les pasará factura" a los populares.
"Rajoy ha unido su suerte a cómo se desarrollen los acontecimientos con respecto a los imputados en las distintas tramas"
Para Valenciano, esto demuestra que el "espacio ideal" del PP es "la bronca política y tratar de ensuciarlo todo para que se note menos lo sucio que son ellos" y que no les "invade la corrupción". "Si yo estoy manchado, voy a manchar a todos los demás porque así se nota menos", ha añadido Valenciano para reforzar su teoría sobre el PP.
La secretaria de Política Internacional del PSOE se ha mostrado convencida de que los episodios como el "Gürtel" y las maniobras para "sembrar sospechas sobre las instituciones del Estado de Derecho" están generando "distintas posiciones" en el seno de los populares.
Según Valenciano, "hay una generación del PP que va a pagar por esto y por no atajarlo a tiempo, por no intervenir y por disparar contra todo y contra todos con tal de no hablar de sus vergüenzas".
Se ha preguntado si lo que pretende el principal partido de la oposición es que la policía y los fiscales se comporten de forma distinta en la persecución de los delincuentes comunes y de "los de cuello blanco", como los que pueda haber en sus filas. "Me cabe la duda de si cuando ellos gobernaban, podían dar instrucciones a la Fiscalía, lo que está prohibido por ley. Nosotros no lo hacemos", ha apuntado.
A la hora de juzgar el comportamiento de De Cospedal, la ha culpado de "romper prácticamente" el pacto entre Gobierno y PP de no usar la política antiterrorista como arma política cuando acusó a la Fiscalía de perseguir más al presidente valenciano, Francisco Campos, por el "caso Gürtel" que a ETA.
Para Valenciano, es "grave" usar la lucha contra el terrorismo para "tapar las vergüenzas" de la secretaria general del PP, sobre todo "cuando acabamos de enterrar a dos guardias civiles".
Camps, "tocado"
Ha opinado que Camps también está "muy tocado" a pesar de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de archivar la causa por su supuesta implicación en el "caso Gürtel".
A su entender, "más allá de lo que el Tribunal Supremo" resuelva definitivamente sobre si cometió o no delito de cohecho, quedará demostrado que Camps "mintió" cuando dijo que pagó los trajes que le habían regalado. "Eso ya lo tiene Camps en su haber", ha resumido.
Valenciano ha reafirmado que su partido bloqueará la entrada del PP en órganos oficiales del Estado si persiste en su idea de examinar a la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, para que sea senadora por la Comunidad Valenciana. Este examen, ha añadido, sería "una agresión al sistema democrático" y a lo que los ciudadanos eligen en las urnas.
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El sastre de Camps confirma que la trama Gürtel pagaba cada seis meses “todo lo que se habían hecho los políticos” valencianos
José Tomás, en La Noria: “Yo llamaba a Alvaro y le decía: ha estado aquí el jefe, qué se ha llevado, me preguntaba él”
C.GUZMÁN
“Después de probar los trajes a Camps, yo cogía el teléfono, llamaba a Alvaro, y le decía: ha estado el jefe aquí. ¿Qué se ha llevado?, me preguntaba él. Este, este, este…” Así ha descrito el sastre José Tomás el funcionamiento de su negocio con el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, o mejor dicho, con el gerente de la empresa Orange Market, Alvaro Pérez (El Bigotes), durante una entrevista con Jordi González en el programa La Noria de Tele 5, de esta última noche.
José Tomás, que ocupaba un puesto de directivo comercial en la empresa Forever Young, ha reiterado lo que ya ha declarado en diferentes medios de prensa, que Camps “jamás pagó en la tienda ni un solo traje, ni siquiera preguntó cuánto debía” y que las facturas las abonaba la empresa Orange Market, la filial de la trama Gürtel. Su afirmación contradice a la del presidente valenciano, quien aseguró, contestando a un periodista que le inquiría sobre el tema: “Claro que me trago mis trajes, yo me pago mis trajes”.
Pablo Crespo pagaba
“Cada seis meses, Pablo Crespo me pagaba todo lo que se habían hecho los políticos”, confesó Tomás, dejando claro que los trajes de Camps y los del resto de altos cargos de la Generalatitat implicados en la causa eran cosa de Orange Market. Pablo Crespo, al que señaló el sastre, fue secretario de Organización del PP gallego, reconvertido luego a número dos de la trama corrupta encabezada por el ya célebre Francisco Correa.
"Va a ir el presidente a conocerte"
El ex sastre de Camps narró en su entrevista en La Noria cómo El Bigotes, Alvaro Pérez, fue quien les puso en contacto, “Oye, va a ir allí el presidente a conocerte”- le avisó. “Y apareció solo, con su guardaespaldas”, narró José Tomás, quien precisó que a Alvaro Pérez le conoce desde hace 15 ó 17 años. “Un día supe que había fichado por una empresa de eventos, que tenía como cliente al PP durante 12 años”, recordó el sastre.
Trajes para todos
José Tomás afirmó que una parte importante de la cúpula valenciana pasó por sus manos, a través de Alvaro Pérez. “ Betoret[ Rafael Betoret, jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia] fue el primero que vino; luego, Pedro García [director de Radio Televisión Valenciana]. Victor Campos[ ex vice presidente del Consell] y Ricardo Costa[ el número dos del PP valenciano] me pidió Alvaro si podía ir a Valencia a tomarles medidas. Fui a Valencia en la primavera del 2005”, describió el sastre.
Los trajes a medida de 6000 euros
Sobre los trajes que la empresa confeccionaba para el presidente valenciano, el sastre José Tomás afirmó que por ser a medida tenían un alto valor en el mercado, que rondaría los 6000 euros, aunque cada pieza destinada a Camps y al resto de políticos era facturada por mucho menos importe, entre 800 y 1200 euros.
Las pruebas en el Ritz
Tomás contó cómo se desplazó al Hotel Ritz en varias ocasiones para tomar medidas o probar trajes a Camps a diferentes horas, incluso tarde en la noche. “El me lo agradecía sinceramente”. El sastre mostró su decepción con el presidente valenciano y su malestar por las presiones que ha sufrido desde el Partido Popular y su entorno. “Yo me he llevado una desilusión muy grande con este señor. Han querido matar al débil, han pensado: le aplastamos la cabeza. Me dejaría la última gota de mi sangre porque la verdad se sepa porque no se puede mentir a los españoles diciendo que se pagaba los trajes”, dijo.
Tomás recrimina a Isabel Durán
Ya en medio del debate político, al que acostumbra La Noria con un grupo de periodistas, entre los que se encuentra habitualmente el director de El Plural, Enric Sopena, el sastre José Tomás recriminó a otra de las contertulias, Isabel Durán, que no contraste la información “Siento mucha rabia –dijo- porque no es justo que una periodista con años de experiencia y prestigio no sea capaz de contrastar e informarse lo más mínimo antes de poner a una persona al caldo. Es poco favor el que están haciendo algunos periodistas a los ciudadanos, para que cada vez creamos menos en los políticos”.
Sopena felicita al sastre
El director de El Plural, Enric Sopena, no quiso perder la ocasión de felicitar a José Tomás, por su valentía y recordó que ni siquiera el auto que archivó la causa contra Camps contradice o niega los datos ofrecidos por el sastre y el fondo de la cuestión, sobre quién pagaba los trajes. -->
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Montoro asegura que es el Gobierno quien tiene que demostrar que las denuncias del PP “son falsas”
Cuando el partido de “la presunción de inocencia” inventa la presunción de culpabilidad
MARCOS PARADINAS
Han sido seis meses de gran intensidad política desde que se destapó el caso Gürtel, la trama de corrupción que asedia al PP. Desde entonces, los populares no han perdido ocasión de reclamar la presunción de inocencia para sus dirigentes sospechosos. Una exigencia que ahora han parecido olvidar, tras las denuncias de De Cospedal asegurando que miembros del partido están siendo escuchados ilegalmente, aunque sin presentar ninguna prueba. Ayer, Cristóbal Montoro lo dejó meridianamente claro: “Lo que tiene que hacer en definitiva el Gobierno de España (…) es demostrar que esas denuncias son falsas".
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El Estado de Derecho del revés
Por lo demás, el coordinador de Economía del PP no se salió ni un ápice del renglón oficioso de su partido: el Gobierno usa “a las instituciones de Derecho” para “acosar” y “aniquilar” al “principal partido de la oposición” y con los socialistas existe “realmente un deterioro grave de la calidad de la democracia”.
El turno de Montoro
Con cuentagotas, debido a las vacaciones, los dirigentes del Partido Popular van saliendo a repetir una y otra vez el mismo guión que marcó esta semana la secretaria general, María Dolores de Cospedal, acusando a Gobierno, policía, jueces y fiscales de acosar a su partido y hasta de hacer escuchas ilegales. Ayer le tocó a Cristóbal Montoro, responsable popular de Economía, que dio un paso más allá.
La presunción de culpabilidad
Montoro podría considerarse el inventor de la presunción de culpabilidad: “Lo que tiene que hacer en definitiva el Gobierno de España, que controla parte de esas instituciones, es demostrar que esas denuncias son falsas”. Además, el dirigente del PP, preguntado sobre si su partido tomará más medidas (o sea, presentar denuncias con pruebas), aseguró que lo harán “sin duda alguna”. Eso sí, en la medida en que vayan teniendo “más información”.
Un clavo ardiendo
De cualquier modo, sorprenden las declaraciones de Montoro al ser dirigente de un partido político que, asediado como está por las investigaciones, se ha agarrado a la presunción de inocencia como a un clavo ardiendo. Mariano Rajoy no ha perdido la oportunidad de exigir ese concepto en los mítines y las pocas comparecencias que ha dado. También en los comités ejecutivos del partido, cuando ha tenido que salir al paso de las críticas internas por la falta de mano dura con Bárcenas o Camps.
Nadie podrá probar…
“No somos inquisidores. Vamos a defender la presunción de inocencia”, aseguró, tajante, Mariano Rajoy ante la Junta Directiva Nacional de su partido, celebrada en marzo y con el caso Gürtel recién descubierto. Dos semanas después, el propio Rajoy hacía una declaración sobre Bárcenas y Galeote que, aunque críptica, demostraba que el líder del PP sabe cómo funciona la presunción de inocencia: "Ellos afirman su inocencia y estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes y es todo lo que tengo que decir sobre ese asunto".
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La FEMP revela que los contratos con Correa en la etapa de Barberá han desaparecido
El actual presidente dice que se conservan las facturas y las pone a disposición de la justicia. Special Events organizó las asambleas de la institución en 1999 y 2003 por 800.000 euros
LEVANTE-EMV VALENCIA
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, afirmó ayer que la institución conserva en sus archivos las facturas de los trabajos que realizó la empresa de la trama Gürtel Special Events durante la etapa de Rita Barberá como presidenta, pero no guarda los contratos. "Intentamos buscar los soportes que gestionasen las facturas que encontramos, pero lo que no ha quedado ha sido ni un solo contrato, o al menos no lo han visto los técnicos de la FEMP. Quedan las facturas, pero no los soportes ni los contratos", explicó.
El alcalde de Getafe (PSOE) se refirió en estos términos en una entrevista a Europa Press. La FEMP fue uno de los clientes de la trama de Francisco Correa, que tuvo su ramificación en Valencia con la filial Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez "El Bigotes". Concretamente, mientras la alcaldesa de Valencia presidió la asociación de municipios españoles, Special Events organizó las asambleas de 1999 y 2003 por un montante total de 800.000 euros. La matriz de la trama fue la adjudicataria de la séptima asamblea de la FEMP, en 1999, con un coste de 232.000 euros; cuatro años después, la octava asamblea, también celebrada en Madrid, se firmó por más del doble: 570.000 euros.
Rita Barberá fue la presidenta de la federación entre 1995 y 2003. Quien firmó los contratos fue el entonces número dos de Barberá en la FEMP, Álvaro de la Cruz, quien a la postre fue salpicado por el caso Gürtel debido a que su nombre aparecía en la contabilidad B de la trama por un supuesto pago de 30.000 euros.Con todo, parece que la organización de las asambleas no fue el único vínculo entre Francisco Correa y la federación. Y es que, la empresa Pasadena Viajes SL, una de las firmas con que operaba el grupo de Francisco Correa, facturó a la FEMP 283.000 euros entre junio de 2000 y diciembre de 2003 en concepto de organización de viajes.
No investigarán los contratosDesde que saltó el escándalo, el actual presidente de la FEMP, Pedro Castro, ha puesto la documentación de la institución "a disposición de la Justicia". En mayo pasado, Castro, ante las sospechas de que se había pretendido borrar el rastro de la relación entre la trama y la FEMP en la etapa popular, dio instrucciones para fiscalizar todas las facturas por si aparecían más vínculos entre el organismo y el entramado de Francisco Correa.
Así las cosas, el presidente de la FEMP señaló ayer que la federación no investigará los contratos realizados durante la etapa de mandato de Rita Barberá con empresas relacionadas con la trama, pero "guarda todos los documentos que posee para ponerlos a disposición de la justicia si fuese necesario". Además, reconoció que no ha hablado del asunto con la alcaldesa de Valencia y responsable de la FEMP durante ese periodo. Cabe recordar que el nombre de la alcaldesa de Valencia también se vio salpicado de forma indirecta por la investigación del caso Gürtel. El que fuera presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, señalaba en una llamada telefónica interceptada por la policía que en los últimos cuatro años le había regalado bolsos a Barberá.
Concretamente, se trataba de regalos de lujo, de la firma Louis Vuitton, que habrían sido realizados durante los últimos cuatro años. "No nos da nada, pero tampoco nos hace nada", decía Pérez a su interlocutor en referencia a la alcaldesa de Valencia. Barberá negó haber recibido obsequios del cabecilla de la trama en Valencia.
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