Cibergwuenza
Un diputado del PSOE cuelga en su blog un montaje fotográfico de Camps vestido de "Jean Paul Gürtel"
su blog,
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La defensa más mendaz
JOSÉ MANUEL ROMERO 12/08/2009
Federico Trillo, ex ministro de Defensa y ahora coordinador de Justicia del PP, volvió a desplegar ayer un abanico de argumentos donde abundaban las falsedades e inexactitudes. Su defensa mendaz intentaba desacreditar a quienes trabajan para aclarar las corruptelas que implican a dirigentes de su partido.
Federico Trillo
A FONDO
Francisco Camps Ortiz
A FONDO
Rita Barberá Nolla
A FONDO
Trillo tiene su propia tesis sobre la investigación abierta por corrupción: "Se utiliza el aparato coactivo del Estado de una forma desproporcionada y sectaria contra el PP: la policía judicial, la Fiscalía Anticorrupción y algún juez que se apunta a un bombardeo, como fue inicialmente el juez Garzón o como podría ser ahora el juez de Palma de Mallorca", declaró ayer en Onda Cero.
Y sostiene esa tesis pese a que los indicios sobre las tropelías cometidas por una red empresarial corrupta afín al PP han sido corroboradas por media docena de jueces y fiscales en la Audiencia Nacional, el Supremo y el Tribunal Superior de Madrid; y pese a que el caso mantiene a más de 100 personas imputadas, una decena de ellas, cargos públicos del PP, entre los que se encuentran el tesorero nacional, varios diputados y varios alcaldes.
Para probar sus acusaciones, que se han situado por méritos propios entre las más graves conocidas en democracia, Trillo deslizó ayer, sin ofrecer ni una sola prueba solvente, algunos de los supuestos indicios de esos delitos mayúsculos que el PP imputa a todos los poderes del Estado.
La llamada policial a Camps. El ex ministro asegura que tiene una grabación de la conversación que mantuvieron a primeros de marzo de este año un inspector de policía y Francisco Camps. Eso, según Trillo, es una prueba de escucha ilegal aunque ayer no supo o no quiso decir quién había grabado la conversación y se limitó a sugerir que no fue el presidente valenciano porque "es un manazas". "Le llamó a Camps] un inspector de la UDEF a las diez y media de la noche, cuando las notificaciones judiciales jamás se hacen por vía telefónica y jamás por la policía. Y Camps le dijo: '¿Por qué me llama?' '¿Cómo tiene mi número?'. El inspector le respondió que era el responsable del caso y Camps le contestó: '¿Pero qué caso?'. Porque todo esto era al comenzar el caso Gürtel".
Según Trillo, el presidente valenciano no sabía nada. O tal vez se hizo el tonto, porque cuando recibió esa llamada (marzo de 2009), el caso Gürtel llevaba un mes en la vida pública y Camps conocía todos los detalles de su implicación desde, al menos, el 19 de febrero de 2009, cuando EL PAÍS reveló que la fiscalía le implicaba en la trama. Ese día, el presidente valenciano compareció ante la prensa para leer una declaración institucional. E incluso algunas semanas antes había llamado insistentemente por teléfono al sastre de Forever Young, José Tomás, para recabar información sobre las preguntas que le hacían los fiscales sobre el regalo de trajes. Así que cuando recibió la llamada del policía a las diez y media de la noche pidiéndole un número de fax para notificarle un auto judicial, Camps sabía de sobra de qué le estaban hablando. Trillo intentó colar ayer que su compañero lo ignoraba todo.
El PP ya había denunciado el asunto de la llamada policial el 12 de marzo ante el Consejo General del Poder Judicial. Entonces pidió Trillo que sancionaran al juez Garzón por la instrucción del caso. En esa queja incluían la llamada policial a Camps y otra parecida al ex vicepresidente valenciano Victor Campos. La denuncia del PP fue archivada.
Grabación ilegal de 2006. "A un presunto implicado", contó ayer Trillo, "se le graba una conversación telefónica en 2006 que emite la Cadena SER mientras el sumario del caso Gürtel se inicia en agosto de 2008. Clara, manifiesta y rotundamente: escucha ilegal sin autorización judicial".
El ex ministro evita explicar, porque lo debe de saber dado que es el hombre del PP que ha leído todos los documentos judiciales sobre este asunto, que esa grabación es una de las muchas que hizo el ex concejal del PP José Luis Peñas cuando colaboraba con Francisco Correa, jefe de la trama corrupta. Las grabaciones de Peña, que se iniciaron el 7 de febrero de 2006 y concluyeron el 10 de octubre de 2007, fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía, que investigó la veracidad de las mismas antes de actuar contra la red de corrupción vinculada al PP.
Rita Barberá y la querella. Trillo explicó ayer una versión muy peculiar de otros hechos: "Cuando Rita Barberá interpone querella criminal contra EL PAÍS y el PP la acoge en su denuncia, en ese momento dejan de hablar de los bolsos de Louis Vuitton que supuestamente le regaló uno de los jefes de la trama corrupta] y ahora [EL PAÍS] se refiere a facturas durante su etapa de presidenta de la FEMP. Lo que quiere ver el juez es la capacidad de contratación que tenía el secretario general [de la FEMP], el señor De la Cruz, porque su nombre aparece en la caja B de la Gürtel con una cantidad equivalente a un millón de las antiguas pesetas. Ahora [en EL PAÍS] lo repescan con motivo de la transferencia de un papel entre dos organismos oficiales". La "transferencia" de un papel entre dos organismos oficiales es en realidad la reclamación del juez que lleva el caso en Madrid a la FEMP de todos los contratos adjudicados durante el mandato de Barberá a 11 empresas de la red corrupta. En la caja B no se atribuye el cobro de "un millón de pesetas" a De la Cruz, sino de 30.000 euros (cinco millones de pesetas). De la Cruz no era el secretario general de la FEMP por oposición sino el hombre de confianza de Barberá en ese organismo, con capacidad para adjudicar a dedo cientos de miles de euros, que beneficiaron casualmente a Correa. EL PAÍS no repesca nada. Es el juez que investiga la trama vinculada al PP quien pide esa documentación.
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Fractura total entre el Gobierno y el PP
Rajoy, sin pruebas, avala la acusación de Cospedal contra las instituciones - Rubalcaba denuncia las "gravísimas e intolerables infamias" de la oposición
JOSÉ PRECEDO / JULIO M. LÁZARO - Pontevedra / Madrid - 12/08/2009
Una de las más graves fracturas en las relaciones institucionales entre PP y PSOE, los dos partidos que se han alternado en el Gobierno de España en los últimos 27 años, está servida. El líder del PP, Mariano Rajoy, avaló ayer en su primera comparecencia pública tras cinco días de inquietante silencio, todas las acusaciones sin pruebas de su cúpula directiva contra el Gobierno, la fiscalía, los jueces, los policías y los servicios secretos sobre la supuesta instrumentación de estas instituciones para espiar a dirigentes del PP y de persecución a este partido por parte de los poderes del Estado.
El PP mantiene a su portavoz municipal, imputado por el desfalco
Interior investiga quién desoyó la orden de no esposar a los detenidos de Palma
El PP pasó al Gobierno balear facturas de un mitin de Rajoy en el Palma Arena
Trillo acusa de detención ilegal al juez que investiga el escándalo del Palma Arena
El Gobierno de López descarta que la bronca entre PP y PSOE afecte al pacto en Euskadi
Blanco pide a Rajoy que no desvíe la atención de sus problemas "acusando sin pruebas"
Rubalcaba: "El disparate del verano lo ha pronunciado Cospedal"
VIDEO - AGENCIA ATLAS - 11-08-2009
"En el juzgado y con pruebas, no en la playa", reclamó el ministro
Rajoy no aclaró si el PP presentará una denuncia formal por los hechos
Rajoy cortó a los periodistas cuando le preguntaron qué pruebas tiene
Dijo desconocer las declaraciones de Cospedal sobre la fiscalía y ETA
La respuesta del Gobierno fue especialmente contundente. "Es falso, es una infamia y es gravísimo; lo que pretende el PP es amedrentar a jueces, fiscales y policías para que no investiguen la corrupción de este partido", declaró el ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba. Éste, en tono solemne, dijo que el Gobierno había sido "prudente" tras las explosivas declaraciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, desde Marbella. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero pidió "respeto" el viernes. "Quiero quedarme ahí", añadió, y aclaró que no había hablado con Rajoy. El líder del PP acusó ayer directamente a Zapatero de ser el "responsable de todo" el supuesto acoso a su partido.
Tras la confirmación de que la teoría conspirativa viene de la máxima autoridad del PP, Rubalcaba fue el encargado de expresar la indignación del Gobierno: "Es el disparate del verano, Cospedal acusando al Gobierno de espiar a la oposición... Un disparate monumental. Hemos esperado una prueba o una rectificación. Ni lo uno ni lo otro. Más bien una ratificación. Y a estas alturas, seis días después sin presentar pruebas, la conclusión es que es una acusación rotundamente falsa y una infamia gravísima. No puede quedar sin respuesta".
Como han hecho jueces, fiscales y policías antes, Rubalcaba reclamó una denuncia formal. "Este tipo de acusaciones gravísimas, con pruebas y en el juzgado, no en una playa y sin pruebas. Y luego llamando a Rajoy, que está en un chiringuito. Y después de Rajoy, 'oiga, déjeme, que ya he dicho la barbaridad del verano y voy a darme un chapuzón", caricaturizó el ministro.
Rubalcaba ya estaba lanzado y los periodistas apuntaban frenéticamente: "¿Por qué hace esto el PP? Para tapar lo que está pasando, para no hablar de los presuntos casos de corrupción que se dan en sus filas. Si lo que hay que tapar es muy grande, se dice una barbaridad muy grande. Para tapar un barco de juguete, te basta una cortinita de humo, pero para tapar el Titanic tienes que decir una barbaridad muy grande".
El ministro quiso desenmascarar lo que considera la "estrategia del mundo al revés" del PP, es decir, "que los policías y los jueces den explicaciones, en vez de los corruptos". "Con toda rotundidad, el Estado no investiga al PP, sino a presuntos corruptos que hay en el PP", dijo. Rubalcaba aún se refirió a que se trataba de la acusación "más infamante de la democracia", aunque él no es partidario de ir a los tribunales.
La contundente réplica del ministro se produjo minutos después de Rajoy respondiera preguntas por primera vez desde que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana archivara la causa por cohecho contra el presidente autonómico, Francisco Camps. El recurso de la fiscalía a esta decisión, anunciado sorprendentemente por la vicepresidenta del Gobierno desde Costa Rica, fue lo que desató las acusaciones conspirativas de Cospedal. Rajoy la avaló desde Pontevedra donde pasa sus vacaciones.
¿Cree que el Gobierno ha pinchado su teléfono?, fue lo primero que le preguntaron a Rajoy. "El mío me tiene sin cuidado porque yo no tengo nada de qué arrepentirme, me preocuparía como ciudadano porque es un principio básico de cualquier democracia. Me remito a las declaraciones que ha hecho la secretaría general de mi partido que todos los miembros de mi partido compartimos".
Rajoy evitó, no obstante, respaldar una de las más graves imputaciones lanzadas por Cospedal cuando dijo que el Gobierno dedica más esfuerzos a perseguir al PP que a los terroristas de ETA. El líder dijo desconocer la frase, pero refrendó la mayor: "Es evidente que el Gobierno persigue al PP". Después de dar carta de naturaleza a las graves acusaciones de su partido, el líder de la oposición evitó confirmar lo que le han reclamado todas las instituciones.
-¿Presentarán denuncia por las escuchas ilegales? -inquirió un periodista.
-Ya veremos lo que hacemos, de momento ya tenemos tres denuncias presentadas en Madrid, en Valencia y en Canarias.
-Dicen ustedes que tienen pruebas -replicó el redactor.
-No voy a entrar en más detalles -despachó el líder del PP.
-Discúlpeme...
-No le disculpo más.
-¿No presentan denuncia porque no confían en las instituciones ante las que deberían presentarla? -terció otro periodista.
-Yo confío en las instituciones, en la justicia y en las fuerzas de seguridad del Estado, no desde luego en el ministro del Interior y en el fiscal general del Estado (...) ni en la vicepresidenta Fernández de la Vega, que llama a la fiscalía para dar instrucciones de que presente denuncia.
El presidente del PP no esgrimió pruebas. Incluso dijo desconocer la cinta de la que horas antes había hablado Federico Trillo, una supuesta grabación de la llamada que un inspector de policía de Madrid hizo al móvil del presidente Camps para informarle de que su parte del caso Gürtel se juzgaría en Valencia. Para Trillo, según declaró ayer en Onda Cero, ésa es una de las pruebas de que los dirigentes del PP, en este caso Camps, tienen los teléfonos pinchados. Trillo no ha aportado la grabación, ni ha dicho quién la realizó. Por parte del PSOE, Elena Valenciano consideró ayer a Trillo "la mano que mece la cuna" y a Rajoy el "autor intelectual".
Tras lanzar su andanada, Rajoy anunció que su partido votará a favor de los suplicatorios para que el Supremo pueda imputar al tesorero de su partido, el senador Luis Bárcenas, y al diputado Jesús Merino. "Nosotros votamos a favor de todos los suplicatorios, de todos, siempre lo hemos hecho y volveremos a hacerlo". Será uno de los primeros asuntos parlamentarios después del verano en el que el caso Gürtel parece haber roto definitivamente todos los puentes entre PP y Gobierno.
Desde el ámbito parlamentario, José Luis Ayllón, portavoz adjunto del PP en el Congreso, ahondó en esta ruptura cuando dijo que si al Gobierno le parece una "infamia", como dijo Rubalcaba, el PP está "en el camino de la verdad". Según Ayllón, el PSOE ya calificó de infamias el caso GAL y el caso de las escuchas del CESID, a finales de los ochenta, por lo que el supuesto espionaje debe de ser verdad, como aquéllos.
El enfrentamiento más grave de la legislatura
Según dijo ayer Alfredo Pérez Rubalcaba, el Gobierno ha sido prudente ante las acusaciones de María Dolores de Cospedal, quien dijo el pasado jueves desde su lugar de vacaciones que el Ejecutivo ha ordenado espionaje ilegal contra dirigentes del PP. Ayer, cuando Mariano Rajoy avaló estas palabras, el Gobierno respondió:
- Mariano Rajoy: Cospedal hizo "declaraciones que apoyamos y respaldamos todos dentro del partido".
- "El Gobierno está persiguiendo a los miembros del Partido Popular", lo que está generando "muchas dudas y muy poca confianza en las instituciones".
- "Confío en la justicia. En quien no confío
es en el ministro del Interior y en el fiscal general del Estado. Y confío en las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre
otras cosas, porque yo he mandado sobre
ellas, pero yo nunca les he dado instrucciones para hacer cosas que no debieran hacer. Por tanto, no confío en los responsables políticos
de esas instituciones".
- Alfredo Pérez Rubalcaba: "Es una acusación rotundamente falsa y una infamia gravísima. No puede quedar sin respuesta"
- "Este tipo de acusaciones gravísimas,
con pruebas y en el juzgado, no en una playa
y sin pruebas".
- "Con el líder de la oposición de chiringuitos
y la 'número dos' en la playa... la propia escenografía mediática es la que demuestra
que ni se lo creen".
- "¿Por qué hace esto el PP? Sencillamente,
para tapar lo que está pasando, para no hablar de los presuntos casos de corrupción
que se dan en sus filas".
- "Es un intento no explícito de amedrentar
a los policías, jueces y fiscales
y eso en democracia tampoco vale".
- "El PP pretende que el mundo vaya al revés, que sean los policías y el Gobierno y no los presuntos corruptos los que den explicaciones sobre la presunta corrupción en el PP".
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Editorial: Comparecencia en falso
Rajoy compromete su futuro al avalar una estrategia inaceptable en un Estado de derecho
12/08/2009
Mariano Rajoy compareció ayer ante la prensa en plena ofensiva del PP contra el Gobierno, jueces, fiscales y fuerzas de seguridad a cuenta de los escándalos de corrupción que le afectan. Los peores vaticinios se cumplieron. Fue un avance en la forma -Rajoy admitió preguntas en lugar de enviar una grabación o evitar las apariciones públicas, como hizo mientras el tribunal de Valencia mantuvo imputado al presidente Camps-, pero un desastre en el fondo. El líder del PP, en una decisión que le compromete y señala como en el pasado su apoyo a la teoría de la conspiración sobre el 11-M, avaló la estrategia desplegada por su partido para dificultar el esclarecimiento judicial de los escándalos y confundir a la opinión pública. El delgado hilo que sujeta esta estrategia, suicida para un partido que aspira a gobernar España y corrosiva para el sistema democrático, consiste en afirmar, sin aportar ni una prueba solvente, que el Gobierno está utilizando el Estado de derecho contra la oposición.
La gravedad de esta acusación radica en que el destinatario no es sólo el Gobierno, sino también cuerpos e instituciones del Estado que, como la policía y la justicia, son considerados por el PP simples instrumentos para la comisión de delitos. De acuerdo con las declaraciones de Rajoy, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia habrían aceptado renunciar a la independencia que les exige la Constitución y ponerse a las órdenes del Ejecutivo. Y algo semejante habrían hecho la Policía Judicial y las fuerzas de seguridad involucradas en el esclarecimiento del caso Gürtel, aceptando ejecutar órdenes fundadas en un interés de partido y contrarias a la ley. Como bien dijo ayer el ministro del Interior, acusaciones semejantes no se pueden realizar en la playa, como hizo Cospedal, o en la inauguración de una exposición, como hizo Rajoy, sino ante los tribunales y con todas las pruebas en la mano. Si el PP creyera lo que denuncia, lo habría hecho. Pero, en lugar de ello, ha optado por promover un juego de equívocos en la confianza de que los ciudadanos se extravíen en los desvíos y señuelos que ha ido sembrando. Eso no es política; son trampas tabernarias.
El desprestigiado Federico Trillo se unió al desastre y volvió a aparecer en escena para presentar las, a su juicio, pruebas del espionaje ilegal y acoso a que está siendo sometido su partido. Sus argumentos -una llamada policial a Camps; una grabación realizada por el ex concejal del PP que destapó el caso Gürtel; la investigación de la FEMP en la etapa de Rita Barberá y el trato policial dispensado a los imputados del caso Palma Arena, asunto sobre el que Interior ha abierto una investigación- oscilaron entre la falsedad y la inexactitud. Olvidó Trillo, claro, que las acusaciones que pesan sobre altos cargos del PP han sido avaladas por media docena de jueces y fiscales en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Madrid; y que el caso tiene más de cien imputados.
Rajoy, campeón en la exigencia de explicaciones de los demás y último clasificado en ofrecer las propias, compareció ayer en falso. No ofreció ni una de las explicaciones políticas sobre lo que sucede en su partido a que tienen derecho los ciudadanos. Dejó claro, además, que la huida de su partido más allá de los límites de lo políticamente aceptable no es producto del arrebato irresponsable de alguno de sus subordinados, sino una estrategia bien definida: todo vale con tal de evitar que se haga justicia. Semejante aberración no sólo ahonda la fractura entre el Gobierno y la oposición, sino también entre el PP y las instituciones democráticas. ¿Será éste el legado de Rajoy?
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El PP pasó al Gobierno balear facturas de un mitin de Rajoy
MANU MENÉNDEZ - Palma - 12/08/2009
Más de 12.000 personas, militantes o simpatizantes del PP, llenaron el recién estrenado velódromo Palma Arena el 18 de mayo de 2007 para asistir a un mitin de Mariano Rajoy y Jaume Matas. El Gobierno de Baleares estaba en juego y no se reparó en gastos. Meses después, cuando el nuevo Ejecutivo del socialista Francesc Antich empezaba a caminar, se encontró con dos facturas por un total de 2.076 euros a cargo de las arcas públicas, por los servicios que una empresa de seguridad llevó a cabo esa noche en el multitudinario mitin del PP. El encargo lo había realizado el entonces tesorero del partido, y cuñado de Matas, Fernando Areal.
El PP mantiene a su portavoz municipal, imputado por el desfalco
La Fundació Illesport, la entidad dependiente de la Consejería de Deportes que gestionaba las actividades en el velódromo, abonó los más de 2.000 euros. El PP rectificó y achacó lo sucedido a "un error" de la empresa de seguridad, que había facturado "donde no debía". El partido explicó que, al alquilar el Palma Arena, se contrataron también una serie de servicios incluidos, entre los que debería haber estado el de seguridad. En la Fundació Illesport, no obstante, tan sólo quedó registrada la reserva del recinto.
Los fiscales han documentado que, en las mismas fechas, Areal habría efectuado pagos de hasta 70.000 euros a la agencia de publicidad Nimbus, que gestionó parte de la campaña electoral del PP en 2007 y cuyo director, Miguel Romero, está actualmente imputado en el caso Palma Arena junto a tres ex cargos de la era Matas. Nimbus, para la que han trabajado diversos ex responsables de prensa del PP, se adjudicó por entonces contratos públicos de más de un millón de euros.
Otros gastos poco transparentes han llamado la atención en la auditoría realizada para aclarar las cuentas del Palma Arena. Entre ellos, un pago de más de 37.500 euros que la Fundació Illesport se facturó a sí misma bajo el concepto de invitaciones para el partido de tenis bautizado como La batalla de las superficies, que enfrentó a Rafael Nadal y Roger Federer sobre una pista mixta de hierba y tierra batida.
El evento se celebró el 2 de mayo de 2007, poco antes de las elecciones. En la factura no se especificó ni el número de entradas ni la persona responsable de distribuirlas. De los 6.800 espectadores que acudieron al partido de exhibición, unos 1.200 lo hicieron como invitados. El acontecimiento promocional, que se concibió para que se pudiera autofinanciar, registró unas pérdidas de 851.000 euros.
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El portavoz popular de Justicia usa argumentos falsos intentando lavar la cara a los suyos
Trillo: el arte de unir mentiras o medias verdades para defender al PP
ELPLURAL.COM
José Manuel Romero, subdirector de El País, se ha dado a la ardua tarea de explicar las contradicciones en la defensa que ayer enarboló el coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo, para lavar la cara a su partido. Ardua porque las contradicciones y de Trillo son muchas y muy significativas –tanto que el título del análisis es “La defensa más mendaz”-: fechas, cifras, olvidos o referencias erróneas. “Su defensa mendaz intentaba desacreditar a quienes trabajan para aclarar las corruptelas que implican a dirigentes de su partido”, lamenta Romero.
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Trillo sostiene que “se utiliza el aparato coactivo del Estado de una forma desproporcionada y sectaria contra el PP”, incluidos en esta supuesta “inquisición” –palabras de Rajoy- “policía judicial, Fiscalía Anticorrupción y algún juez que se apunta a un bombardeo”
Media docena de jueces
Romero, no obstante, discrepa. “Los indicios sobre las tropelías cometidas por una red empresarial corrupta afín al PP han sido corroboradas por media docena de jueces y fiscales en la Audiencia Nacional, el Supremo y el Tribunal Superior de Madrid”, en tanto el caso mantiene a más de 100 imputados entre los cuales hay una decena de altos cargos populares -senador y tesorero, diputados y ex alcaldes incluidos-.
La prueba…
Mención aparte merece la irrefutable prueba a la que ayer el ministro, entrevistado en Onda Cero, se refirió: una grabación de autor desconocido de una llamada entre el presidente Francisco Camps y un inspector de policía que le informa de la inhibición del juez Baltasar Garzón a favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. “Y Camps le dijo: ‘¿Por qué me llama? ¿Cómo tiene mi número”. El inspector le respondió que era el responsable del caso y Camps le contestó: ‘¿Pero qué caso?”, relata Trillo en referencia a la susodicha cinta fechada, dice, a principios de marzo.…de la grabación
Primer punto: ¿quién hizo la grabación?
La respuesta de Trillo fue escueta: Camps no porque “es un manazas”. Segunda cuestión: si la cinta se hizo en marzo, ¿cómo podía el presidente valenciano no saber nada de Gürtel cuándo el escándalo estalló el 6 de febrero y ya el 19 de este mes él mismo se había pronunciado al respecto para desmentir informaciones sobre su implicación por parte de la Fiscalía? La prueba irrefutable de que Camps estaba más que al tanto del curso legal de la operación son las llamadas insistentes al sastre José Tomás, a quien el político telefoneó para saber qué información sobre los famosos trajes había dado al fiscal.No cuela“Trillo intentó colar ayer que su compañero lo ignoraba todo. El PP ya había denunciado el asunto de la llamada policial el 12 de marzo ante el Consejo General del Poder Judicial (…) En esa queja incluían la llamada policial a Camps y otra parecida al ex vicepresidente valenciano Victor Campos. La denuncia del PP fue archivada”, recuerda Romero.
Escuchas “ilegales”
Todavía hay más. El ex ministro también intentó explicar que las escuchas eran “ilegales” y “sin autorización judicial” porque “a un presunto implicado se le graba una conversación telefónica en 2006” mientras “el sumario del caso Gürtel se inicia en agosto de 2008”. ¿Ignora Trillo que esas grabaciones, realizadas precisamente por el ex concejal del PP José Luis Peñas, fueron puestas en conocimiento del Ministerio Fiscal –que decidió actuar por su propio pie tras ser ignorado en el partido- y fueron, precisamente, el embrión de Gürtel? Antes de actuar contra la red corrupta, el fiscal comprobó la autenticidad de las cintas. Resumiendo: el curso lógico.
Denuncia, investigación.Mentiras Barberá
Finalmente, las últimas medias verdades del portavoz de Justicia popular vienen de la mano de la alcadesa de Valencia. Según aseguró en Onda Cero, El País dejó de hablar de los bolsos de Louis Vuitton que uno de los presuntos cabecillas Gürtel, Álvaro Pérez El Bigotes, regalaba a la regidora porque ella se querelló contra el medio. Entonces, insistió, los medios de Prisa se pasaron al tema FEMP –la administración Barberá de este organismo otorgó cuantiosos contratos a la red de Francisco Correa-, que “repescan con motivo de la transferencia de un papel entre dos organismos oficiales”.
El “papel”
Tal papelillo era el requerimiento judicial del juez del TSJM Antonio Pedreira, quien envió agentes a incautar documentación de los contratos adjudicados por la administración Barberá de la FEMP a 11 empresas corruptas. Según los órganos judiciales, Álvaro de la Cruz, el número dos y hombre de confianza de Barberá en la FEMP, cobró 30.000 euros –cinco millones de pesetas- de los corruptos. Según Trillo, sin embargo, fue apenas “un millón de pesetas” cobrados por De la Cruz que era quien tenía “la capacidad de contratación” -otorgada justamente por Rita Barberá-.
El “malo” de Trillo
La mala memoria del ex ministro de Defensa ya le había jugado malas pasadas en febrero pasado, cuando en su empeño por apartar al juez Baltasar Garzón de Gürtel se querelló contra él sin los poderes especiales necesarios para hacerlo. Aquella hazaña le granjeó el siguiente epitafio por boca del defenestrado locutor de la Cope, Federico Jiménez Losantos: “Trillo es más malo que el virus de la malaria recuperado. Siempre ha sido malo, pero es que ahora además es tonto”.
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Camps 'se viste' de Jean Paul 'Gürtel'
El diputado socialista por Alicante Herick Campos caricaturiza en su blog al presidente valenciano Francisco Camps
CADENASER.com 12-08-2009
Justo cuando el auto del Tribunal Superior de Justicia de Valencia da por probado que el presidente valenciano Francisco Camps mintió y que recibió regalos de la trama corrupta que golpea al Partido Popular (PP), un diputado nacional del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha difundido una imágen de Camps vestido con un traje de 30.000 euros y por la firma Jean Paul Gürtel para hacer burla sobre el caso de corrupción abierto en los tribunales.
AUDIOS: Fabra: "Ajo, agua y resina: A joderse, a aguantarse y a resignarse"
AUDIOS: De la Vega: "El PP cree que inventando cacerías va a eludir la acción de la justicia"
El Supremo tardará un año en decidir sobre el recurso del 'caso Camps'
De la Vega asegura que la Fiscalía "no se deja utilizar por nadie" y pregunta al PP si hacía otra cosa
Cospedal denuncia escuchas ilegales a dirigentes que no están en los sumarios
De la Vega: "En política no vale todo, si el PP no tiene pruebas tiene que rectificar"
Rajoy hace "responsable" a Zapatero de los "ataques" al PP
A través de su blog Cibergüenza, el diputado nacional del PSOE por Valencia Herick Campos Arteseros ha difundido el montaje fotográfico en el que Camps aparece ataviado con sus esposas y en el cual, aparece la leyenda:"La Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana presenta: Moda Camps".
Junto a la imágen aparece otro texto en el que Campos Arteseros asegura que el presidente de la Generalitat se ha hecho "el fondo de armario con regalos procedentes de la trama corrupta" y "que se han beneficiado decenas de contratos públicos en Valencia por valor de ocho millones de euros".
El diputado valenciano exige a través de su web la renuncia de Francisco Camps. "¿Es acaso aceptable que un político pueda recibir regalos y cariño de una trama corrupta que está siendo investigada judicialmente por varios tribunales, entre otras cosas, por el intercambio de regalos por contratos adjudicados desde administraciones del PP", dice en el post.
En su portal, Campos también acusa al PP de montar una estrategia para calmar las acusaciones en contra de su partido por el caso Gürtel y no asumir las responsabilidad políticas.
La caricatura de un Camps ha sido el mismo día en que la también parlamentaria nacional y miembro de la Ejecutiva federal del PSOE Elena Valenciano, ha dado una entrevista radiofónica contra el presidente de la Generalitat valenciana, exigiendo que asuma su responsabilidad sobre las acusaciones que lo relacionan en la trama de corrupción.
Por su parte, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana reclama la dimisión del diputado alicantino Herick Campos y exige a Zapatero que zanje estas actitudes.
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El blog de Herick Campos en La Comunidad de ELPAÍS.com
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La FEMP presentará mañana los contratos de la época Barberá
El presidente de la federación dice que él no ha visto esos documentos supuestamente relacionados con la trama madrileña del 'caso Gürtel' pero los está recopilando
EFE/LEVANTE-EMV.COM
El presidente de la FEMP, Pedro Castro, ha anunciado hoy que el viernes entregará al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) los contratos solicitados de la época en la que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, presidió la entidad, y Álvaro de la Cruz era su secretario general.
En declaraciones a Efe, ha precisado que él no ha visto esos documentos supuestamente relacionados con la trama madrileña del "caso Gürtel", pero que se están recopilando y será el viernes cuando la Federación facilite la información sobre la documentación que se entregue al Tribunal.
Ha especificado que se informará de "todas las cantidades" de "los eventos y viajes" contratados con las empresas de Francisco Correa, supuesto líder de la trama, y que "se van a cuantificar perfectamente".
Respecto a si rompería una lanza por Rita Barberá, Castro, a pesar de no haber visto los papeles, ha subrayado que "claro que sí" la defiende, "faltaría más".
"Rompo una lanza por ella como presidenta de la FEMP y espero que por el bien de la Federación, sea así", ha apostillado.
Ha recordado que ya dijo en su momento que la Federación no iba a fiscalizar los mandatos de Barberá "y no lo hemos hecho"."Únicamente, cuando el TSJM nos lo ha pedido se está ordenando, fiscalizando y cuantificando", ha precisado.
Castro ha dicho que no fue él quien suspendió los contratos de la FEMP con las empresas vinculadas con Francisco Correa, sino sus antecesores también socialistas, Francisco Vázquez y Heliodoro Gallego.
A su juicio, esa suspensión podría haber estado motivada porque las ofertas de otras empresas eran mejores a las ofrecidas por las de Correa y, "normalmente, se suele coger la que es más barata u ofrece servicios mejores".
Sobre los regalos que reciben los políticos y si deben tener un límite económico, ha considerado que no es un problema de cantidad, sino de quién hace el regalo y del "marco en el que se mueve".
Castro ha dicho que un cargo público lo es por voluntad y "nadie le obliga, lo que le condiciona a tener una determinada actitud distinta a si estuviera en la vida privada", por lo que es la sociedad, con su voto, la que tiene que "reaccionar" ante estos casos.A su juicio, no todo lo que ocurre en torno a los cargos públicos "va a ser motivo penal, pero está la ética" y "por la mitad de los casos que están pasando en España en cualquier país democrático habrían dimitido".
En cuanto a los numerosos casos de corrupción que se dan en el ámbito municipal, Castro ha señalado que son los Ayuntamientos los que adjudican y dan las licencias urbanísticas, si bien ha recordado que hay 8.112 gobiernos locales y que la mayoría son escrupulosos en sus cuentas.
Ha indicado que si todos los convenios pasan por la comisión de gobierno y el pleno del Ayuntamiento, "es prácticamente imposible que haya algún chanchullo", por lo que el problema surge cuando se hacen al margen de las instituciones.
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