dimecres, 8 de gener de 2014

Carta al fiscal Javier Zaragoza para pedirle una entrevista al respecto de las extradiciones de los torturadores

.
Posted: 07 Jan 2014 07:29 AM PST

AL SR. FISCAL JEFE DE LA AUDIENCIA NACIONAL, D. JAVIER ZARAGOZA AGUADO
Estimado Sr. Fiscal:
Los abajo firmantes, en nombre de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo, integrada por las organizaciones que se relacionan al pie, nos dirigimos a Ud.  a efectos de solicitarle una entrevista, con carácter urgente,  en relación con el procedimiento judicial de extradición que, por solicitud del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 1 de la República Argentina, tramita ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España y afecta a Juan Antonio González Pacheco y Jesús Muñecas Aguilar.
Como Ud. conoce, los antes mencionados están imputados por delitos de tortura en el marco de la causa que por Genocidio y/o Crímenes de Lesa Humanidad, y en virtud del principio jurídico de Justicia Universal, se instruye en el mencionado Juzgado argentino
Es la primera vez, tras 40 años de dictadura y más de 36 años de democracia, que deben rendir cuentas ante la Justicia responsables de crímenes contra la humanidad cometidos entre el 17 de julio de 1936, comienzo de la sublevación militar contra el gobierno legítimo de la República, y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas. Ello, por sí mismo, constituye una gran reparación para las víctimas, promueve y consolida la idea civilizatoria de que quienes lesionan a la humanidad deben ser judicialmente perseguidos en todo tiempo y lugar y compromete nuestro profundo agradecimiento hacia la justicia e instituciones argentina.
Estamos convencidos de que estas actuaciones judiciales colaborarán decisivamente al fin a la impunidad del franquismo, como en su día lo hicieron las iniciativas judiciales españolas, señaladamente la de jueces y fiscales de esa Audiencia Nacional, para poner término a la impunidad reinante en Argentina y otras naciones de América Latina. Entonces, las víctimas del genocidio cometido en Argentina y esos otros países recurrieron a los tribunales españoles en busca de  que los crímenes fueran investigados y sus responsables castigados. Hoy, las víctimas del genocidio franquista recurren a la justicia argentina con igual propósito.
Conforme a lo dispuesto en el art. 14 de la Ley  4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva, sólo los imputados y la Fiscalía que Ud. dirige están habilitados para intervenir y  alegar en el proceso de extradición, sin perjuicio de la facultad que cabe al Estado argentino de personarse como parte en el procedimiento de extradición.
En todo caso, la ley no prevé que puedan intervenir las víctimas de los crímenes, ni las asociaciones que los representan.
La Constitución establece en su art. 124.1 que el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos, del interés público tutelado por la ley  y la de procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social.  Esta misión es reiterada y desarrollada en el Estatuto del Ministerio Fiscal. El texto constitucional señala en su art. 10.2 que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España.
En el marco de dichos mandatos le formulamos la presente solicitud de entrevista.
Teníamos previsto hacerlo en cualquier caso, pero esta solicitud se ha convertido en aún más perentoria si cabe ya que hemos conocido sus declaraciones referidas a que estudia la posibilidad de informar en la vista del proceso de las extradiciones negándose a las mismas, y  reclamando para la justicia española la facultad de juzgar a los requeridos por la justicia argentina.
Como comprenderá, que la justicia española se haga cargo del juzgamiento efectivo de los imputados colmaría nuestras expectativas. Pero también ha manifestado que dicho enjuiciamiento no podría realizarse dada la prescripción de los delitos y la vigencia de la Ley de Amnistía. Es decir, que propondría que se los juzgue en España para que no sean juzgados, si es correcto lo que hemos interpretado. Negaría, por tanto, a estos crímenes su carácter de delitos contra la humanidad, con las consecuencias que ello conlleva de su imprescriptibilidad y la circunstancia de que no pueden ser amparados por amnistías o cualquier otra norma o práctica que determine la impunidad de sus autores.
También Ud. ha manifestado que la justicia española es prioritaria respecto de la argentina. Sin perjuicio de que el Tribunal Constitucional ya ha dejado establecido, en su conocida sentencia sobre el genocidio en Guatemala, que lo propio del principio de jurisdicción universal es la concurrencia de Estados competentes y no la prioridad o subordinación de uno respecto del otro, encantados estaríamos de que la justicia española asuma la tarea tanto tiempo, tan antijurídicamente y tan cruelmente postergada. Pero tampoco parece ser este el caso, se reclamaría la prioridad de la jurisdicción española con el sólo propósito de enervar las extradiciones.
A pesar de las sucesivas frustraciones que, como conoce, hemos venido sufriendo, confiamos en que esta vez el Mº Público dé cabal cumplimiento a la misión constitucional que le viene atribuida dando comienzo a una nueva era de verdad, justicia y reparación para las víctimas de uno de los más graves genocidios cometidos en el siglo XX.
Para intercambiar opiniones al respecto, poder expresarle con mayor extensión y profundidad lo aquí expuesto y pedirle que sea la voz de quienes no la tendremos en la vista judicial, le reiteramos la solicitud de entrevista con el carácter urgente que la situación requiere.
Madrid, 7 de enero de 2014.
Jacinto Lara Bonilla, Bonifacio Sánchez, Soledad Luque y Chato Galante frente a la AN con la carta para el Fiscal Javier Zaragoza. Foto: Manuela Bergerot
Jacinto Lara Bonilla, Bonifacio Sánchez, Soledad Luque y Chato Galante frente a la AN con la carta para el Fiscal Javier Zaragoza. Foto: Manuela Bergerot

Cap comentari: