dimarts, 25 de febrer de 2014

Desapariciones forzadas durante el franquismo


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25.02.2014 | 01:24
Apesar de las distintas resoluciones adoptadas por la ONU, en relación con las víctimas de la guerra incivil y la dictadura, el actual Gobierno del Estado español hace oídos sordos rechazando la elaboración de un plan de búsqueda de desaparecidos, la derogación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía y poder juzgar, en este país, las desapariciones forzadas.
Este es un tema recurrente que no ha sido tratado por igual por todos los partidos políticos. En su día y con varios gobiernos de mayoría absoluta por parte del PSOE pudieron tomarse las medidas necesarias para eliminar obstáculos "legales" que permitiesen avanzar hacia una solución en la recuperación de la memoria histórica que significaría la preservación de las libertades y la democracia. El ignorar la cruel represión, querer ocultar unos hechos abominables no es más que un signo inequívoco de un quebranto democrático que evidencia una absoluta debilidad de los pilares que sustentan y son garantes del Estado de Derecho y democrático. Lamentablemente aquí se ha abandonado a los familiares de las víctimas obligándoles a pagar los gastos de búsqueda de su familiares desaparecidos, mientras que otras asociaciones de víctimas reciben cuantiosas ayudas estatales y han podido sepultar o atender dignamente a aquellos que la violencia asesina del terrorismo de ETA, del Grapo, del FRAP y del yihadismo, han sufrido en sus carnes (no creo que los familiares de los inmolados por la organización del tardo-franquismo, el batallón vasco-español, ni los que sufren por los asesinatos perpetrados por el GAL, que fueron flagrantes violaciones de los derechos humanos, reciban la misma atención por parte del Estado, que los antes citados)
¿Qué país democrático soporta ignominias haciendo caso omiso de la aplicación de los derechos humanos? ¿Quedan en Alemania, Francia, Italia, Polonia y otras naciones de centro Europa monumentos que rememoren a Hitler, a Pétain o a Mussolini? Solo queda el recuerdo de unos miserables dictadores, de sus atrocidades, de sus campos de exterminio que hoy se muestran como ejemplo del horror sufrido por millones de personas. No obstante, por estas tierras hispanas, aguantamos el túmulo monumental, el campo de trabajos forzados, del Valle de los Caídos, donde padecieron y murieron miles de represaliados. Tenemos alcaldes franquistas. Todo ello porque en su momento se pactó una Constitución, hoy desfasada, que la derecha española se niega a modificar. Si hace 36 años se hubiese procedido a una ruptura democrática, muchos que durante estos años han vivido de la sopa boba estarían apartados de sus puestos oficiales y se ganarían el cocido con el sudor de su frente no con el de enfrente.
Así las cosas, el relator de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU, Pablo de Greiff, urge en el deber de reparar la memoria democrática, los derechos de las víctimas, invocando que "la memoria histórica no es un asunto de políticas partidistas, sino una cuestión de derechos generales que concierne a todos los españoles. ¡Claro!, lo dicho por el relator se une a la opinión de los miembros de la ONU que visitaron España para comprobar la situación de los trabajos solicitados al gobierno de Rajoy sobre las desapariciones forzadas. Por supuesto si se hubiesen dirigido al ideólogo, a esa mente sublime, privilegiada del valenciano Pons, la cuestión estaría resuelta. Diría, como hace unos días, refiriéndose a los vigilantes del desarme de ETA, "estos señores de la ONU no están a favor de lo que hacemos por las víctimas desde este Gobierno nacional-conservador, están a favor de los progresistas e izquierdistas interesados en honrar a sus deudos desaparecidos (no precisamente en combate).