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LEY DE MEMORIA HISTÓRICA
- La ONU ha recordado a España la obligación de renombrar las calles que aludan a la dictadura y apoya el traslado de los restos de Franco
24/08/2014 a las 06:00
La Ley de la Memoria Histórica, una de las medidas estrella de la primera legislatura del socialista José Luis Rodríguez Zapatero a la vez que una de las más polémicas, tiene como objeto "reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura".
Ello implica, según expone el texto, reparar el daño causado "a quienes perdieron la vida. Con ellos, a sus familias. También a quienes perdieron su libertad, al padecer prisión, deportación, confiscación de sus bienes, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentración dentro o fuera de nuestras fronteras. También, en fin, a quienes perdieron la patria al ser empujados a un largo, desgarrador y, en tantos casos, irreversible exilio".
Para lograr sus objetivos la ley marca una serie de campos de actuación. En cada uno de estos se ha producido un avance desigual a lo largo de los últimos siete años.
Uno de los puntos que más debate ha creado es la utilización del Valle de los Caídos, símbolo de la victoria del bando nacional en la Guerra Civil y mausoleo del dictador Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. La Ley de la Memoria Histórica establece que el Valle de los Caídos se regirá exclusivamente por las normar aplicables a los lugares de culto y cementerios públicos. Prohíbe, por tanto, que en él se exalte la figura de Franco o la dictadura y añade que en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política.
En un segundo momento, una comisión de expertos aconsejó en 2011 trasladar a otro lugar los restos de Franco y convertir el monumento en un memorial con los nombres de los enterrados de ambos bandos. En su informe, el Grupo de Trabajo de la ONU recomienda atender las propuestas de esta comisión, incluido mudar los restos del dictador. Pese a lo estipulado en la ley y lo aconsejado por la los expertos y Naciones Unidas, no se ha adoptado ninguna decisión acerca del futuro del Valle de los Caídos, ni ésta parece cercana.
CALLES Y PLACAS
Otro aspecto que se regula en la norma de 2007 es que las administraciones públicas adopten las medidas oportunas para la retirada de "escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones" que conmemoren la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura. Aquí el cumplimiento ha sido muy desigual según las ciudades. Mientras que en algunas se han retirado por completo en otras se pueden encontrar todavía hoy numerosos nombres de calles franquistas.
Los tribunales han intervenido cuando se les ha requerido para ordenar a los poderes públicos que actúen conforme a la ley y sustituyan esos símbolos predemocráticos. Una de las últimas sentencias la dictó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que obligó al Ayuntamiento de Valladolid a catalogar los elementos existentes en la ciudad relacionados con la dictadura, para después eliminarlos o retirarlos. Pese a casos como éste, la ONU insiste en que España debe "velar" por la retirada de todos los símbolos franquistas.
Entre las disposiciones de la ley que mejor desarrollo ha tenido está la concesión de la nacionalidad española a los hijos y nietos de los españoles que tuvieron que partir al exilio a causa de la Guerra Civil. Gracias a este mecanismo más de 300.000 extranjeros obtuvieron el pasaporte español. Sólo en Cuba se registraron cerca de 140.000 solicitudes. La posibilidad también se abrió a los voluntarios extranjeros que lucharon a favor de la República en las Brigadas Internacionales, aunque por razones de edad sólo 22 de los más de 60.000 brigadistas que llegaron a participar en la contienda han hecho valer su derecho a adquirir la nacionalidad.
Ello implica, según expone el texto, reparar el daño causado "a quienes perdieron la vida. Con ellos, a sus familias. También a quienes perdieron su libertad, al padecer prisión, deportación, confiscación de sus bienes, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentración dentro o fuera de nuestras fronteras. También, en fin, a quienes perdieron la patria al ser empujados a un largo, desgarrador y, en tantos casos, irreversible exilio".
Para lograr sus objetivos la ley marca una serie de campos de actuación. En cada uno de estos se ha producido un avance desigual a lo largo de los últimos siete años.
Uno de los puntos que más debate ha creado es la utilización del Valle de los Caídos, símbolo de la victoria del bando nacional en la Guerra Civil y mausoleo del dictador Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. La Ley de la Memoria Histórica establece que el Valle de los Caídos se regirá exclusivamente por las normar aplicables a los lugares de culto y cementerios públicos. Prohíbe, por tanto, que en él se exalte la figura de Franco o la dictadura y añade que en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política.
En un segundo momento, una comisión de expertos aconsejó en 2011 trasladar a otro lugar los restos de Franco y convertir el monumento en un memorial con los nombres de los enterrados de ambos bandos. En su informe, el Grupo de Trabajo de la ONU recomienda atender las propuestas de esta comisión, incluido mudar los restos del dictador. Pese a lo estipulado en la ley y lo aconsejado por la los expertos y Naciones Unidas, no se ha adoptado ninguna decisión acerca del futuro del Valle de los Caídos, ni ésta parece cercana.
CALLES Y PLACAS
Otro aspecto que se regula en la norma de 2007 es que las administraciones públicas adopten las medidas oportunas para la retirada de "escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones" que conmemoren la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura. Aquí el cumplimiento ha sido muy desigual según las ciudades. Mientras que en algunas se han retirado por completo en otras se pueden encontrar todavía hoy numerosos nombres de calles franquistas.
Los tribunales han intervenido cuando se les ha requerido para ordenar a los poderes públicos que actúen conforme a la ley y sustituyan esos símbolos predemocráticos. Una de las últimas sentencias la dictó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que obligó al Ayuntamiento de Valladolid a catalogar los elementos existentes en la ciudad relacionados con la dictadura, para después eliminarlos o retirarlos. Pese a casos como éste, la ONU insiste en que España debe "velar" por la retirada de todos los símbolos franquistas.
Entre las disposiciones de la ley que mejor desarrollo ha tenido está la concesión de la nacionalidad española a los hijos y nietos de los españoles que tuvieron que partir al exilio a causa de la Guerra Civil. Gracias a este mecanismo más de 300.000 extranjeros obtuvieron el pasaporte español. Sólo en Cuba se registraron cerca de 140.000 solicitudes. La posibilidad también se abrió a los voluntarios extranjeros que lucharon a favor de la República en las Brigadas Internacionales, aunque por razones de edad sólo 22 de los más de 60.000 brigadistas que llegaron a participar en la contienda han hecho valer su derecho a adquirir la nacionalidad.
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