divendres, 29 d’agost del 2014

Informe del Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. (Con enlace de descarga).


http://www.foroporlamemoria.info/2014/08/informe-del-relator-especial-sobre-la-promocion-de-la-verdad-la-justicia-la-reparacion-y-las-garantias-de-no-repeticion/



Naciones Unidas, - 28 agosto 2014
ONU-GreiffPablo de Greiff recorrió diversas ciudades de España el pasado mes de marzo
El objetivo de la visita fue conocer y valorar las medidas adoptadas por las autoridades españolas sobre los cuatro ejes del mandato: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, en relación con las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, buscando tener una visión amplia sobre las diversas iniciativas adoptadas, identificar buenas prácticas y hacer recomendaciones para abordar los retos subsistentes.

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Resumen:
“La Guerra Civil española y los cuarenta años de dictadura que le siguieron dejaron un saldo colosal de víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho humanitario, incluyendo ejecuciones, tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones, trabajo forzoso de presos, o exilio, entre otros.
La consolidación de la democracia constituye uno de los logros insignes de la transición española. La ausencia de riesgo de quiebre institucional proveniente de las Fuerzas Armadas —uno de los más grandes retos de las transiciones— se logró a través de la reforma y democratización de las mismas. Estas reformas ofrecen lecciones que pueden ser útiles para otros países.
Los esfuerzos por responder a los legados de la Guerra Civil y de la dictadura en casi todos los pilares del mandato han sido caracterizados por la fragmentación. Las medidas adoptadas no han respondido a una política de Estado consistente, incluyente y global en favor de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Los mayores vacíos se evidencian en materia de verdad y justicia. No se estableció nunca una política de Estado en materia de verdad, no existe información oficial, ni mecanismos de esclarecimiento de la verdad. El modelo vigente de “privatización” de las exhumaciones, que delega esta responsabilidad a las víctimas y asociaciones, alimenta la indiferencia de las instituciones estatales y conlleva dificultades metodológicas, de homologación y oficialización de la verdad. Los reclamos de los familiares para dar sepultura a sus seres queridos son urgentes. En el área de justicia, un excesivo formalismo e interpretaciones restrictivas de la Ley de Amnistía y del principio de legalidad no sólo niegan el acceso a la justicia, sino que también impiden cualquier tipo de investigación.
Como consecuencia de los vacíos aún observables en la respuesta institucional, el tema de los legados de la Guerra Civil y de la dictadura continúa siendo objeto de diferencias más profundas de lo que podrían ser. Dada la fortaleza del Estado, la madurez de la sociedad civil, y las lecciones aprendidas tanto dentro como fuera de España en los temas relevantes, el Relator Especial llama a las instituciones del Estado y a la sociedad civil a poner en el centro de los debates acerca de cómo encarar las tareas aún pendientes la noción de derechos, que atañe a todos, independientemente de cualquier consideración política.
El Relator Especial señala que la fortaleza de las instituciones democráticas no puede ser adecuadamente medida por su capacidad de silenciar o dejar de lado algunos temas, especialmente aquellos que se refieren a derechos fundamentales, sino por su capacidad de gestionarlos efectivamente, aunque sean complejos e incómodos.”
Entre las principales recomendaciones del relator, destacamos:
  • Mostrar un compromiso decidido del Estado por darle vigencia plena, con carácter prioritario, a los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
  • Promover las iniciativas del Estado y la sociedad civil que aglutinen y respondan a las demandas de todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario, independientemente de su afiliación política o aquella de los perpetradores.
  • Atender de forma urgente las demandas de las víctimas en términos de verdad, establecer algún mecanismo para “oficializarla” y resolver la excesiva fragmentación que caracteriza la construcción de la memoria en España
  • Revisar, consultando con las víctimas y las asociaciones, el modelo actual donde el Estado delega la responsabilidad sobre las exhumaciones. Asignar los recursos necesarios y asegurar la actuación de las autoridades judiciales, entre otras, en todos los casos
  • Establecer una política estatal de archivos que garantice el acceso a todos los fondos
  • Ampliar el reconocimiento y la cobertura de los programas de reparación para incluir todas las categorías de víctimas que hayan quedado fuera de los programas existentes.
  • Valorar las alternativas y privar de efecto las disposiciones de la Ley de Amnistía que obstaculizan todas las investigaciones y el acceso a la justicia sobre violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo