http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/08/29/segundo_varapalo_onu_gobierno_por_desatender_las_demandas_las_victimas_del_franquismo_20934_1012.html
- Otro organismo de la ONU reclama a España que no deje de lado estos temas aunque sean "complejos e incómodos"
- El sábado se celebra el día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha convocado para este viernes un acto en Ponferrada
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Manifestación en defensa de la memoria histórica. MEMÒRIA DE MALLORCA
La primera advertencia llegó con un documento fechado el 2 de julio. La segunda se conoció este jueves, aunque se emitió el pasado 22 de julio. En menos de un mes, el Consejo de Derechos Humanos de la ONUha hecho públicos dos informes, de dos órganos diferentes, en los que pone en evidencia las actuaciones del Gobierno español en materia de memoria histórica. El último de estos documentos, elaborado por el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, sale a la luz la misma semana en la que el Partido Popular, gracias a su mayoría absoluta en el Congreso, ha rechazado que el jefe del Ejecutivo, la vicepresidenta, el ministro de Justicia y el Fiscal General del Estado expliquen las actuaciones de su gabinete en materia de desapariciones forzadas.
En el turno de defensa de la posición del Grupo Parlamentario Popular, el diputado Pedro Gómez de la Serna, que dijo no ver tan "urgente" el tema como para que tuviese que debatirse en la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al pleno de la cámara en el periodo extraordinario de sesiones, mostró su confianza en que España no tarde,"cien años", como le ocurrió a Estados Unidos, en superar una Guerra Civil. Es precisamente esta actitud la que censura el último de los informes de la ONU. En sus conclusiones, Greiff destaca que "varios representantes del Gobierno en las reuniones que mantuvieron enmarcaron las discusiones en el siguiente esquema: 'o todos concluimos que ya estamos totalmente reconciliados o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto".
No evitar asuntos "complejos e incómodos"
Para el relator, esta posición de los representantes del Gobierno "no le hace justicia a los avances logrados durante el proceso de democratización de España". "Considerando la fortaleza de las instituciones y la ausencia de riesgos para la estabilidad de orden democrático, resulta especialmente sorprendente observar que no se haya hecho más en favor de los derechos de tantas víctimas", mantiene el citado informe. Para completar este apartado en el que Greiff valora la actitud que tuvieron las autoridades españolas con las que se entrevistó en su visita añade una reflexión: "La fortaleza de las instituciones democráticas no puede ser adecuadamente medida por su capacidad de dejar de lado algunos temas, especialmente aquellos que se refieren a derechos fundamentales, sino por su capacidad de gestionarlos efectivamente, aunque sean complejos e incómodos".
Otra de las observaciones del relator se refiere a la "gran distancia" que encontró "entre las posiciones de la mayor parte de las instituciones del Estado por un lado y por otro las víctimas y asociaciones" con quienes estuvo en contacto. "Las autoridades parecen indicar que, en la medida de lo posible, las demandas de las víctimas y asociaciones han sido mayoritariamente atendidas, pero muchas de ellas se sienten insuficientemente reconocidas y reparadas. Esta brecha es particularmente preocupante considerando que las expectativas expresadas por muchas víctimas no pueden caracterizarse, en general, de 'desmedidas”.
El documento pone en valor que haya sido la sociedad civil, y en particular las asociaciones de víctimas y familiares, principalmente la generación de los nietos, "quienes han impulsado iniciativas en favor de la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Pero contrapone esta actitud "al vacío dejado por el Estado en atender esos reclamos".
"Resignificar" el Valle de los Caídos
Sobre el Valle de los Caídos, el relator valora el trabajo y el informe de la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos (2011), "en particular el énfasis que ha hecho sobre la importancia de resignificar el sitio y explicar a todos los visitantes el origen de este monumento y su contexto sociopolítico". Y propone: "El sitio puede ser aprovechado y 'resignificado', con técnicas y pedagogías adecuadas, en favor de la promoción de la verdad y la memoria, con función educativa y preventiva. Difícilmente podrá pensarse como un lugar en favor de la paz y la reconciliación, mientras predomine el silencio sobre los hechos relevantes al contexto y origen del sitio, y en particular mientras siga en el centro del monumento la tumba con flores del dictador".
Empieza la cuenta atrás
Similares conclusiones figuraban en el informe del grupo de trabajosobre las desapariciones forzadas o involuntarias, fechado el 2 de julio. En este documento se daba, además, al Gobierno "un plazo de 90 días" para presentar un cronograma en el que figuren cómo va a ir implementando las recomendaciones de Naciones Unidas en esta materia.
El 2 de septiembre quedarán 30 días para que culmine el plazo dado. Y, a día de hoy, el partido del Gobierno se resiste a precisar en qué grado tienen avanzado este cronograma. De hecho, las comparecencias reclamadas esta semana en el Congreso de los Diputados por los grupos tenían por objeto que varios miembros del Ejecutivo y el Fiscal General del Estado se pronunciaran sobre este informe y sus recomendaciones.
"Que a nadie le quepa duda de que la disponibilidad del Gobierno es la mejor", mantuvo el diputado De la Serna, que aprovechó su intervención para criticar la actitud de los grupos de la oposición: "No crean que la utilización de la guerra les beneficia o aporta un plus identitario".
A juicio de De la Serna, el informe sobre las desapariciones forzadas no es "definitivo". "Hay cuestiones en las que el Gobierno de España está de acuerdo y otros, no", añadió. Sobre los primeros asuntos, mantuvo que el Ejecutivo ya trabaja sobre una ley de información en esta materia. También avanzó que el Ministerio Fiscal ya trabaja para que exista el delito de desaparición forzada. Y, sobre los símbolos franquistas, precisó que ya se habían retirado el 86% de ellos.
No está de acuerdo el Gobierno, según el diputado, "con la consideración que se hace de la ley de amnistía". "Tiene para nosotros un valor simbólico en cuanto a la reconciliación de los españoles", añadió.
El sábado, una cita para la memoria
El segundo de los informes, el del relator Pablo de Greiff, sale a la luz a las puertas de la celebración, este sábado, del día internacional de las víctimas de las desapariciones forzadas. Durante esta jornada, Naciones Unidas harán hincapié en demandar a los Estados que eliminen todos los obstáculos en la búsqueda de los desparecidos.
En España, con motivo de esta conmemoración, la Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha organizado para este viernes un homenaje a las víctimas del franquismo en Ponferrada (León). La cita es a las 19:30 en la Plaza de la Victoria de Samotracia.
En un comunicado, la ARMH sostiene que "la desaparición forzada es el delito más grave que existe en el Derecho Penal". "Se trata de una detención ilegal, acompañada de torturas físicas y psicológicas y posteriormente de un asesinato tras el que se oculta el cadáver. Nada peor se le puede hacer a una persona. Por esa razón, se trata de un delito permanente, porque el secuestro del cadáver se sigue cometiendo hasta la confesión de los autores del delito o hasta los restos sean encontrados con evidencias que permitan la identificación. Eso quiere decir que hoy, están volviendo a desaparecer decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas en nuestro país", subraya el citado comunicado en el que, además, se recogen algunas de las recomendaciones del informe de la ONU del 2 de julio.
En el turno de defensa de la posición del Grupo Parlamentario Popular, el diputado Pedro Gómez de la Serna, que dijo no ver tan "urgente" el tema como para que tuviese que debatirse en la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al pleno de la cámara en el periodo extraordinario de sesiones, mostró su confianza en que España no tarde,"cien años", como le ocurrió a Estados Unidos, en superar una Guerra Civil. Es precisamente esta actitud la que censura el último de los informes de la ONU. En sus conclusiones, Greiff destaca que "varios representantes del Gobierno en las reuniones que mantuvieron enmarcaron las discusiones en el siguiente esquema: 'o todos concluimos que ya estamos totalmente reconciliados o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto".
No evitar asuntos "complejos e incómodos"
Para el relator, esta posición de los representantes del Gobierno "no le hace justicia a los avances logrados durante el proceso de democratización de España". "Considerando la fortaleza de las instituciones y la ausencia de riesgos para la estabilidad de orden democrático, resulta especialmente sorprendente observar que no se haya hecho más en favor de los derechos de tantas víctimas", mantiene el citado informe. Para completar este apartado en el que Greiff valora la actitud que tuvieron las autoridades españolas con las que se entrevistó en su visita añade una reflexión: "La fortaleza de las instituciones democráticas no puede ser adecuadamente medida por su capacidad de dejar de lado algunos temas, especialmente aquellos que se refieren a derechos fundamentales, sino por su capacidad de gestionarlos efectivamente, aunque sean complejos e incómodos".
Otra de las observaciones del relator se refiere a la "gran distancia" que encontró "entre las posiciones de la mayor parte de las instituciones del Estado por un lado y por otro las víctimas y asociaciones" con quienes estuvo en contacto. "Las autoridades parecen indicar que, en la medida de lo posible, las demandas de las víctimas y asociaciones han sido mayoritariamente atendidas, pero muchas de ellas se sienten insuficientemente reconocidas y reparadas. Esta brecha es particularmente preocupante considerando que las expectativas expresadas por muchas víctimas no pueden caracterizarse, en general, de 'desmedidas”.
El documento pone en valor que haya sido la sociedad civil, y en particular las asociaciones de víctimas y familiares, principalmente la generación de los nietos, "quienes han impulsado iniciativas en favor de la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Pero contrapone esta actitud "al vacío dejado por el Estado en atender esos reclamos".
"Resignificar" el Valle de los Caídos
Sobre el Valle de los Caídos, el relator valora el trabajo y el informe de la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos (2011), "en particular el énfasis que ha hecho sobre la importancia de resignificar el sitio y explicar a todos los visitantes el origen de este monumento y su contexto sociopolítico". Y propone: "El sitio puede ser aprovechado y 'resignificado', con técnicas y pedagogías adecuadas, en favor de la promoción de la verdad y la memoria, con función educativa y preventiva. Difícilmente podrá pensarse como un lugar en favor de la paz y la reconciliación, mientras predomine el silencio sobre los hechos relevantes al contexto y origen del sitio, y en particular mientras siga en el centro del monumento la tumba con flores del dictador".
Empieza la cuenta atrás
Similares conclusiones figuraban en el informe del grupo de trabajosobre las desapariciones forzadas o involuntarias, fechado el 2 de julio. En este documento se daba, además, al Gobierno "un plazo de 90 días" para presentar un cronograma en el que figuren cómo va a ir implementando las recomendaciones de Naciones Unidas en esta materia.
El 2 de septiembre quedarán 30 días para que culmine el plazo dado. Y, a día de hoy, el partido del Gobierno se resiste a precisar en qué grado tienen avanzado este cronograma. De hecho, las comparecencias reclamadas esta semana en el Congreso de los Diputados por los grupos tenían por objeto que varios miembros del Ejecutivo y el Fiscal General del Estado se pronunciaran sobre este informe y sus recomendaciones.
"Que a nadie le quepa duda de que la disponibilidad del Gobierno es la mejor", mantuvo el diputado De la Serna, que aprovechó su intervención para criticar la actitud de los grupos de la oposición: "No crean que la utilización de la guerra les beneficia o aporta un plus identitario".
A juicio de De la Serna, el informe sobre las desapariciones forzadas no es "definitivo". "Hay cuestiones en las que el Gobierno de España está de acuerdo y otros, no", añadió. Sobre los primeros asuntos, mantuvo que el Ejecutivo ya trabaja sobre una ley de información en esta materia. También avanzó que el Ministerio Fiscal ya trabaja para que exista el delito de desaparición forzada. Y, sobre los símbolos franquistas, precisó que ya se habían retirado el 86% de ellos.
No está de acuerdo el Gobierno, según el diputado, "con la consideración que se hace de la ley de amnistía". "Tiene para nosotros un valor simbólico en cuanto a la reconciliación de los españoles", añadió.
El sábado, una cita para la memoria
El segundo de los informes, el del relator Pablo de Greiff, sale a la luz a las puertas de la celebración, este sábado, del día internacional de las víctimas de las desapariciones forzadas. Durante esta jornada, Naciones Unidas harán hincapié en demandar a los Estados que eliminen todos los obstáculos en la búsqueda de los desparecidos.
En España, con motivo de esta conmemoración, la Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha organizado para este viernes un homenaje a las víctimas del franquismo en Ponferrada (León). La cita es a las 19:30 en la Plaza de la Victoria de Samotracia.
En un comunicado, la ARMH sostiene que "la desaparición forzada es el delito más grave que existe en el Derecho Penal". "Se trata de una detención ilegal, acompañada de torturas físicas y psicológicas y posteriormente de un asesinato tras el que se oculta el cadáver. Nada peor se le puede hacer a una persona. Por esa razón, se trata de un delito permanente, porque el secuestro del cadáver se sigue cometiendo hasta la confesión de los autores del delito o hasta los restos sean encontrados con evidencias que permitan la identificación. Eso quiere decir que hoy, están volviendo a desaparecer decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas en nuestro país", subraya el citado comunicado en el que, además, se recogen algunas de las recomendaciones del informe de la ONU del 2 de julio.
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