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A diez años del informe de Nizkor sobre la impunidad de los crímenes franquistas, el objetivo cumplido de "crear conciencia" sobre la Memoria Histórica pugna con el "fracaso" y la falta de "voluntad política" para solventar la cuestión de las fosas comunes y las desapariciones forzadas.
"La ley de Memoria legitima al régimen franquista, es la verdadera ley de punto final", según el presidente del grupo, Gregorio Díaz.
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El 14 de abril de 2004 el Equipo Nizkor hacía público un informe titulado La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas. Una década después hay una finalidad cumplida: "crear conciencia" en torno a la Memoria Histórica. Y un "fracaso": el sistema, el Estado español, no asume "el problema de las víctimas republicanas del franquismo", declara el presidente del organismo internacional de derechos humanos, Gregorio Díaz Dionis, en una entrevista con eldiarioAndalucía.
La Guerra Civil fue "el inicio de la II Guerra Mundial" y en ese contexto hay que repasar el relato histórico, juzgar los delitos cometidos. "Usar la historia europea" para "arreglar" la propia. Pero no hay "voluntad política", dice Díaz Dionis –hijo de emigrantes canarios en Argentina–, y esto se subraya con la ley de Memoria, "verdadera ley de punto final" que "legitima" la dictadura. Es "lo que faltó a la ley de Amnistía" de 1977, según el equipo asociado aDerechos Human Rights y colaborador de laOrganización Mundial contra la Tortura.
Diez años del informe sobre impunidad franquista. ¿Qué pasó desde entonces?
La intención fue crear conciencia en relación a la memoria, el problema de las víctimas republicanas en el franquismo. Eso se ha conseguido. El primer año distribuimos un millón de ficheros y prácticamente todas las asociaciones han asumido ese discurso.
Conciencia sí, ¿y resultados?
La socialización del discurso se consiguió, pero ese documento tiene un plan de acción: la sistematización de la casuística de las víctimas. Si tomas eso es un fracaso, ni uno sólo de esos puntos se ha resuelto.
¿La ley de Amnistía reproduce el modelo arquetípico de leyes de punto final?
No. Es una ley franquista en la concepción y en la definición, un fenómeno jurídico muy perverso. Una ley de punto final es otra cosa. El caso de la amnistía española es único en el mundo, perverso: los presos por luchar contra Franco no habían cometido delito en el sistema democrático, se les amnistía y después los jueces usan esa ley para amnistiar a los victimarios.
¿Un pacto de silencio sellado en la transición?
No diría pacto de silencio, fue muy explícito. Fue una traición a las víctimas de la República y a los valores democráticos en cualquier país. Es muy grave lo que ocurrió en la transición si uno lo analiza desde el punto de vista de las libertades civiles y de la historia de España.
¿Qué reconocimiento jurídico tienen las víctimas del franquismo?
Ninguno. La ley de la Memoria lo dejó claro, legitima al régimen franquista, es la verdadera ley de punto final. No hay reconocimiento a las víctimas de ningún tipo.
¿Qué aportó a la reparación?
Nada. La ley de la Memoria es lo que le faltó a la ley de Amnistía. Viene a decir que la legislación franquista no se anula, que es legítima y por tanto sigue en vigencia. Desde el punto de vista doctrinal es una ley complementaria a la ley de Amnistía y cierra hoy por hoy toda posibilidad de reconocimiento jurídico de las víctimas.
¿Habla de texto insuficiente o de traición a las víctimas?
Para mí traición, no tengo la menor duda.
Otros países juzgaron sus dictaduras. ¿Y España?
Si España quiere arreglar el problema de las víctimas del franquismo tiene que usar la historia europea. Tendrían que anular todas las leyes, dar estatuto jurídico a las víctimas como en Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Rusia… Es muy simple. No se trata de inventar grandes cosas. La Guerra Civil española es el inicio de la II Guerra Mundial, no una excepción histórica. Si no asumimos eso, la lectura se pierde.
¿Es un obstáculo para hablar de democracia plena?
Por supuesto, es como si se viviera en libertad condicional desde el punto de vista de los derechos civiles. Hay una parte enorme de la población a la que se negó el derecho a la justicia y el acceso a los tribunales. Y eso es una característica de un estado de excepción.
Pero justicia no es venganza. ¿Qué secuelas jurídicas tendrían los culpables de delitos contra la humanidad?
A esta altura autores de crímenes no deben quedar vivos. Desgraciadamente, ni víctimas tampoco. Pero eso no obvia que exista el reconocimiento de lo que ocurrió, de que las investigaciones en el caso de los crímenes que se cometieron se hagan e incluso que haya las reparaciones. Aquí hay problemas muy gordos pendientes, como por ejemplo, y no es el menor, todo el secuestro de bienes de republicanos en toda España, que se los confiscaron y jamás recibieron nada.
¿Qué le parece el 'suspenso' de Naciones Unidas a España en materia de Memoria Histórica?
Que no tiene aplicación jurídica. Es el mismo dilema de siempre, queda bien pero no obliga a España a nada. No hay que sacarlo de contexto, si no parece que le va a dar resolución a las víctimas y no es cierto.
¿Y a quién avergüenza?
A la comunidad internacional por lo menos. Lo que pasa es que la historia de España es muy conocida, un fenómeno estudiado y del que existe bibliografía en prácticamente todos los idiomas.
¿Para qué sirve entonces?
Como campanazo a nivel del sistema de Naciones Unidas para decir: ‘esto es lo que pasa en España’. Pero ojo, hay hipocresía. En Europa todo el mundo sabe lo que pasó. Lo saben desde el primer día.
¿Qué le parece el oscurantismo en torno a los archivos oficiales?
¿Los archivos españoles? Eso más que una rémora es una vergüenza. El ministerio de Exteriores tiene clasificados todos los documentos desde la guerra de Cuba hasta hoy… Sobran calificativos. Es una mentalidad oscurantista que se repite en los hechos diplomáticos.
Andalucía tramita su propia ley memorialista, ¿conoce el anteproyecto?
Lo conozco. No opinaré en concreto sobre el articulado, no recuerdo todo. El problema es que una autonomía no puede solucionar el problema. Tiene límites muy grandes.
La Junta es la primera institución que asume de manera directa las exhumaciones pero el mapa de fosas está sembrado con miles de víctimas y el presupuesto es escaso.
Problema presupuestario pero más que nada jurídico, de cómo se implementa eso. Desenterrar a las víctimas no es complicado. El problema es de voluntad política y no es real que no haya dinero. No la Comunidad Autónoma, que para eso no lo puede tener por definición, pero el Estado lo tiene. Y un juez sabe lo que tiene que hacer en una fosa, y la policía también.
Y no lo hacen por…
Por una orden. En el caso de la justicia es la Fiscalía General del Estado quien impide que eso ocurra. Jurídicamente está en la ley procesal penal.
España, segundo país del mundo con más desapariciones forzadas sin esclarecer.
Hay cientos de miles de ejecutados, y podemos hablar de millones de víctimas del franquismo sin justicia. Ése es el drama histórico y social de España. Si son muchos o pocos, ésa no es la cuestión. Si se abrieran los archivos las fosas están todas localizadas, inventariadas. Tanto el Ejército como la Guardia Civil tienen en sus archivos los datos de todo eso… que un ciudadano tenga que usar recursos propios para buscar una víctima que está en una carretera es una humillación. Es una irregularidad legal y un desprecio a sus derechos civiles. Eso es lo terrible.
Un ejemplo: en el cementerio de Sevilla hay más de 3.000 ejecutados en fosas.
Sevilla oculta muchos más crímenes de toda la etapa del franquismo. Toda la represión que salió de Sevilla hasta Extremadura es una de las marchas de la muerte más grandes que hubo en Europa. Ése es el drama y eso se oculta en los libros, se oculta a la población y se humilla a las víctimas que son herederos de esos que están ahí. Humilla a los vivos y a los muertos.
¿Y es herencia del franquismo que sean crímenes sin resolver?
Obviamente. O no, es el franquismo vivo. La herencia sería que murió, y no murió. La prueba es que se respeta la legalidad del franquismo.
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