dijous, 20 d’octubre de 2016

Avances en la reparación jurídica de las víctimas del franquismo. RAÜL DIGÓN MARTÍN Profesor de Ciència Política (UB).

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Raül Digón Martín
RAÜL DIGÓN MARTÍN
Profesor de Ciència Política (UB)


Emitir certificados de nulidad de aquellos procesos es una medida de justicia para reparar el dolor y reconocer el sacrificio de tantas personas

Avances en la reparación jurídica de las víctimas del franquismo
AFP / PAU BARRENA
Homenaje a Companys.
MIÉRCOLES, 19 DE OCTUBRE DEL 2016 - 20:37 CEST
El Parlament ha aprobado dos iniciativas relevantes en memoria democrática. En primer lugar, ha dado luz verde a continuar tramitando la proposición de ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo, presentada por los grupos que apoyan al Gobierno catalán y por el grupo de Catalunya Sí que es Pot, a propuesta de la Comissió de la Dignitat. El articulado declara "nulos y sin ningún efecto jurídico todos los consejos de guerra sumarísimos y las sentencias correspondientes, instruidos por causas políticas en Catalunya", y se prevé que "el departament de Justícia emitirá a solicitud de los procesados o de sus familiares una certificación de nulidad del procedimiento y la sentencia correspondientes". También ha aprobado que continúe la tramitación de una propuesta del grupo socialista para presentar en el Congreso una proposición de ley de modificación de la Ley 52/2007, "de memoria històrica", que declare la nulidad de las sentencias mencionadas.
Ambas iniciativas, relativamente complementarias, inciden sobre un derecho crucial de nuestra democracia: resarcir a las víctimas de las atrocidades de la guerra civil y el franquismo. Comparten el objetivo de expulsar del ordenamiento jurídico las resoluciones de los órganos represores de aquel régimen, declarando la nulidad de unos procesos inquisitoriales que, sin ninguna garantía procesal, recayeron trágicamente sobre el 'president' Lluís Companys,Julián ZugazagoitiaMiguel HernándezJoan PeiróJulián Grimau o Salvador Puig Antich, entre miles de personas. Un propósito congruente con numerosas disposiciones de derecho internacional y principios de justicia universal que las instituciones del Estado español incumplen, tal y como se ha denunciado desde Naciones Unidas.
Asimismo, hay que considerar la viabilidad jurídica y el peso simbólico de ambas iniciativas. Establecer mediante una ley catalana la nulidad de aquellas sentencias hace previsible alguna reacción del Gobierno central, teniendo en cuenta el contexto de bloqueo institucional y la distribución vigente de competencias. Hasta ahora, los juristas han interpretado mayoritariamente que la declaración de nulidad mencionada requiere pronunciamientos judiciales o una ley de alcance estatal, pero la proposición abre un nuevo debate jurídico para reconsiderar esta interpretación. A la vez, emitir certificados de nulidad de aquellos procesos para los familiares afectados es una medida de justicia para reparar el dolor y reconocer el sacrificio de tantas personas por haber defendido los derechos y las libertades.
En cuanto a modificar la ley de "memoria histórica", pretensión hasta ahora no lograda, la composición del Congreso, inédita, hace previsible que algunos grupos le den un cierto eco político, pero las mayorías existentes obligan a ser pesimista sobre la viabilidad de la propuesta.
Con todo, ambas iniciativas, desde narrativas políticas diferentes, son una noticia remarcable para todos los que exigen respuestas claras de los poderes públicos en políticas de memoria.