María Dolores Cospedal y Antonio Román en una imagen de archivo.
Antonio Román, regidor de Guadalajara, pasó una factura a los familiares de 3.000 euros por aplicar la ley de la Memoria Histórica
Antonio Román, regidor de Guadalajara, pasó una factura a los familiares de 3.000 euros por aplicar la ley de la Memoria Histórica
Dom, 1 Ene 2017
“Antonio Román se lo debería hacer mirar, porque es difícil encontrar en España a un alcalde tan retrógrado y que se oponga con tanta rabia y virulencia a aplicar la Ley de la Memoria Histórica”, reconocen a ELPLURAL.COM fuentes de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Expresión compartida por la concejala de Ahora Guadalajara, Elena Loaisa, que no duda en hablar de Román como “el alcalde que siempre se declara insumiso en el cumplimiento de la Ley de la Memoria”. ¿Por qué le cuesta tanto al alcalde del PP de Guadalajara condenar el franquismo? ¿Por qué se niega a aplicar la ley, a pesar de contar con un mandato plenario que así se lo exige? Son preguntas que PSOE, Ciudadanos y Ahora se hacen desde que este exjugador de balonmano de la liga Asobal rige los designios de la capital alcarreña. El caso es que a Román “le salen sarpullidos cuando se trata de ayudar a las víctimas del franquismo”; no así “cuando hay que proteger la nomenclatura de los golpistas y fascistas”, reconocen a este periódico las mismas fuentes.
Una moción que “hiere doblemente a Román”, ya que la propuesta, aprobada por mayoría absoluta, incluye también que, en caso de no poder realizarse la exención por problemas legales, el ayuntamiento se comprometa a habilitar una subvención. Todo un torpedo en la línea de flotación de la extraña ideología política de Antonio Román, que, incluso, ha encontrado oposición dentro de su grupo político del PP donde algunos de sus miembros no logran entender la visceralidad de su alcalde cuando se trata de aplicar la Ley de la Memoria Histórica.
Enmienda a la totalidad franquista
Concejala que el último día del año le sacó los colores al otrora “niño mimado” de Cospedal y hoy repudiado por la ministra de Defensa, como lo prueba su exclusión de las listas electorales de las pasadas elecciones, donde Antonio Román perdió su condición de diputado nacional y su suculento sueldo en la Cámara Baja. Elena Loaisa logró sacar adelante la moción de su grupo municipal Ahora Guadalajara dirigida a modificar la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación de los Servicios del Cementerio Municipal, que incluye una exención específica para las familias de los represaliados por el franquismo. La propuesta, que ha contado con el respaldo del PSOE y de Ciudadanos, y con los votos en contra del PP, como no podía ser de otra forma, apela a razones de interés social y a la Ley de Memoria Histórica para solicitar esa exención, y a la propia “sensibilidad” del Consistorio, que hace un año mandaba la factura de los gastos de la exhumación de 22 cuerpos a las familiares de las víctimas de la dictadura del genocida Francisco Franco, lo que para la edil izquierdista fue una “falta de respeto”.
Subvenciones municipales
Las factura de la ignominia
Y mucho menos, como denunció Ahora Guadalajara, que el alcalde enviase a través de la ARMH a cada uno de los familiares de los 22 cuerpos exhumados en el cementerio de la capital víctimas de la represión del régimen franquista facturas que contemplan, entre otros conceptos, una tasa de 73,48 euros por cuerpo exhumado, así como otro impuesto de 63,69 euros por la inhumación de cada represaliado; unos 3.000 euros que en aras de la corrección política debería devolver el consistorio, puesto que su cobro choca frontalmente con la ley. De ahí que Ahora Guadalajara considere que esa exención “es de justicia” porque la Ley de Memoria Histórica 52/2007 establece en sus artículos 11 al 14 los criterios de apoyo y colaboración de las administraciones públicas para la localización e identificación de las víctimas.
Calles franquistas y otras licencias
Antonio Román podrá disfrazarse de lo que quiera, pero su currículum le delata constantemente. En este sentido, hay que recordar que el alcalde del PP se niega sistemáticamente, a pesar del mandato municipal, a retirar la nomenclatura fascista y golpista de las calle de Guadalajara porque, según éste, los ciudadanos así lo quisieron a través de una consulta que nadie conoce ni ha visto, pero, eso sí, no le tembló la mano a la hora de cambiar el nombre de la piscina municipal cubierta, que hasta 2012 lucía el cartel “Sonia Reyes”, en honor de esta taekwondista reconocida en Europa y en el mundo, porque la atleta era desde mayo de ese año diputada regional del PSOE. “Con esto está todo dicho”, finalizan puntualizando nuestros interlocutores.
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