dimarts, 3 de gener de 2017

El PP deja a víctimas del franquismo fuera del centro de desaparecidos

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Tres cargos populares son denunciados por sedición al incumplir la ley de memoria histórica


Guadiana del Caudillo mantiene su nombre franquista. JORGE ARMESTAR
El documento de la ponencia económica y de administración territorial que el PP llevará a su congreso nacional, del 10 al 12 de febrero, recoge la propuesta del Ministerio del Interior de crear un centro nacional de desaparecidos para gestionar la base de datos y de restos humanos, pero deja fuera del mismo a los desaparecidos del franquismo, según informan fuentes del partido. El futuro centro pretende mejorar la colaboración entre cuerpos policiales, “apoyar” a los familiares y recoger estadísticas para tratar de “identificar tendencias y patrones”, pero de desapariciones posteriores a la represión franquista. El censo de desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura supera los 114.000, según el cálculo elaborado durante la investigación del exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
La ley de memoria histórica (2007), prevé ayudas para la localización y exhumación de los represaliados del franquismo, pero el Gobierno de Mariano Rajoy la ha derogado de facto al eliminar las partidas presupuestarias para la búsqueda de desaparecidos. De hecho, la ONU ha reprendido al Gobierno español en reiteradas ocasiones por incumplir su “obligación” de buscar a los represaliados y abandonar a sus familiares. Lo hizo a través del comité contra las desapariciones forzadas y tras visitar España y reunirse con autoridades y asociaciones varios de sus relatores. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, lamenta que el partido del Gobierno siga dejándoles fuera de la agenda: “Hay víctimas de primera y de segunda”.
El abogado Eduardo Ranz acaba de presentar denuncias por sedición contra el secretario provincial del PP de Badajoz, Juan Antonio Morales; el alcalde popular de Guadiana del Caudillo (Badajoz), Antonio Pozo, y la alcaldesa de Alberche del Caudillo (Toledo), Ana Rivelles, también del PP, por negarse a aplicar la ley de memoria histórica y mantener los vestigios del franquismo. Los tres cargos populares fueron recientemente homenajeados por la Fundación Francisco Franco.  Ranz pide su detención e inhabilitación. 
En la denuncia, el abogado afirma que en su discurso de agradecimiento por recibir el diploma a dama de honor de la Fundación Franco, Rivelles "prometió defender la historia y la obra de Franco" y recuerda que el pasado mayo, el juzgado contencioso administrativo número 2 de Toledo admitió a trámite el recurso contra el municipio de Alberche del Caudillo por incumplimiento de la ley de memoria histórica, cuyo artículo 15.1 obliga a "la retirada de escudos, insignias y placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la Guerra Civil, la represión o la dictadura". 
La denuncia contra Morales Álvarez, diputado en la asamblea de Extremadura, asegura que en su discurso de agradecimiento por el reconocimiento de la Fundación Franco, presumió de la "lucha política permanente" que mantiene contra el presidente de la diputación provincial de Badajoz, socialista, por su afán de borrar cualquier vestigio del franquismo. El abogado recuerda que el 13 de diciembre el juzgado condenó al Ayumtamiento a elaborar un catálogo de vestigios franquistas.
En el caso de Antonio Pozo, la denuncia, presentada ante el juzgado de instrucción de Badajoz, asegura que en su discurso de agradecimiento ante la Fundación Franco, el alcalde de Guadiana del Caudillo, declaró que mientras él "respire", nadie borrará la historia de su pueblo. Dicho Ayuntamiento, recuerda la denuncia, también fue condenado en diciembre a elaborar un catálogo de vestigios del franquismo. 
El abogado Ranz, que ha llevado a los tribunales el incumplimiento de la ley de memoria histórica en varias docenas de municipios, también ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado a la Fundación Francisco Franco por haber remitido a los Ayuntamientos afectados cartas en las que ofrece sus servicios jurídicos "a bajo coste" e incluso gratuitamente para defenderse de las demandas y seguir incumpliendo la ley. Ranz argumenta que ese ofrecimiento puede suponer un "fraude", ya que la ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y los incentivos fiscales al mecenazgo, de aplicación a la fundación, permite deducciones en el IRPF por donaciones. "Se está empleando dinero público en la incitación al odio y la exaltación del franquismo, la Guerra Civil y la dictadura", afirma el letrado.