Los dos partidos, que cuentan con mayoría en la Mesa del Congreso, volverán a solicitar la ampliación del plazo para presentar enmiendas parciales a la norma, lo que retrasará todo el proceso, como mínimo, una semana más
Vista general del Valle de los Caídos, en San Lorenzo de El Escorial / EFE
La estrategia del PP y de Ciudadanos para retrasar la tramitación de la reforma de la Ley de Memoria Histórica, por la que se pretende exhumar al dictador Francisco Franco, es firme. Los dos partidos volverán a solicitar a la Mesa del Congreso, órgano donde tienen mayoría, una prórroga para ampliar el plazo de presentación de enmiendas parciales.
La decisión dilatará el proceso, al menos, durante una semana más. Con la reforma de la Ley de Memoria Histórica, el PSOE busca que los restos del dictador no vayan a parar a la catedral de La Almudena de Madrid, a través de una enmienda que prohibirá que los restos sean enaltecidos en un lugar público.
La pasada semana los de Pablo Casado y los de Albert Rivera se unieron en la Mesa de la Cámara Baja para solicitar la prórroga de presentación de enmiendas parciales, una operación que volverán a repetir este martes. El presidente de Ciudadanos justificó entonces su decisión bajo el pretexto de que el plazo de enmiendas a la totalidad había finalizado la semana anterior y que, por lo tanto, estaban “estudiando” aún las enmiendas al articulado.Desde la formación también avanzaron que sus reformas irían en la línea de un informe de expertos que se elaboró durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que apostaba por convertir el Valle en un “lugar de reconciliación”.
Entre los partidos que han anunciado enmiendas está ERC. Este lunes, su portavoz en el Congreso, Joan Tardá, presentó una propuesta de cambio normativo en la ley que tiene como finalidad declarar la ilegalidad de los tribunales franquistas y anular todas sus sentencias. El diputado ha explicado en una rueda de prensa que esta enmienda ha sido consensuada con el PSOE y mediante la misma se espera poder actuar en el mismo sentido que la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Parlament de Catalunya, pero extendiéndolo a todo el Estado, informa EFE.
Ilegalidad de los tribunales franquistas
El texto prevé, en concreto, que se declaren ilegales todos los tribunales utilizados por la dictadura franquista, lo que incluye los consejos de guerra entre los años 1936 a 1978, el Tribunal de Orden Público (TOP) y los tribunales de represión de la masonería y el comunismo.
En la enmienda se especifica que, en el plazo máximo de un año, el Ejecutivo deberá elaborar un listado con todas las causas anuladas por la nueva ley y publicar en el BOE los nombres de las miles de víctima, nombres, que Según Tardà y las asociaciones que luchan por la recuperación de la memoria histórica, ascienden, solo en Cataluña, a unas 80.000 personas, y en el resto del Estado podría ser unas 400.000 personas.
El portavoz de ERC ha querido recordar que "durante años” su partido no ha querido “legitimar la impunidad de los crímenes, los tribunales y los juicios de la dictadura" motivo por el que, ha explicado, votaron en contra de la Ley de Memoria Histórica del año 2007.
También ha insistido en que ERC ha votado a favor del real decreto que posibilita la exhumación de los restos de Franco, pero a cambio del compromiso de aprobar la mencionada enmienda, y ha recordado que que el anterior gobierno del PSOE "incumplió el compromiso de incluir la anulación de los tribunales y las sentencias en la ley".
Ha advertido, en este sentido, que, si el PSOE volviese a incumplir sus acuerdos, ERC podría acabar votando en contra de la exhumación del dictador del Valle de los Caídos.
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