La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid (ARMHVa) ha decidido paralizar las exhumaciones que tenía previstas en el cementerio del Carmen, en el que creen que hay al menos restos de 160 personas que fueron ejecutadas tras juicios sumarios entre diciembre de 1936 y junio de 1938. Sin embargo, también sospechan que en realidad puede haber más restos sin identificar, porque algunos restos no presentan signos de violencia compatibles con un fusilamiento.
La causa es la falta de autorizaciones por parte del Gobierno de Castilla y León. El Consejo Técnico de la Memoria liderado por la Junta de Castilla y León (PP-Vox) no ha dado respuesta a sus peticiones y los fondos del Gobierno para realizarlas no llegan. Los restos permanecen al descubierto con una lona geotextil por encima para protegerlos.
“Tenemos los restos de 40 personas preparados para sacarlos y meterlos en una caja. Los sacaríamos en cuatro días, pero no podemos”, lamenta el presidente de la ARMHVa, Julio del Olmo. Esta es la segunda vez que se exhuman víctimas en el cementerio antiguo de Valladolid. Si en los trabajos de 2016 y 2017 se encontraron restos de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, en este caso sí hay documentación judicial que facilitará la identificación de los restos de personas como el guardia civil de Bizkaia.
Ahora es el turno de las fosas cinco seis y siete, tres lugares de enterramiento en un espacio de 19 metros de largo por 2,40 metros de ancho. Según explica del Olmo, los tipos de enterramientos son distintos: la primera vez, las fosas se abrieron unos días, echaron los cuerpos y cerraron. Pero en esta ocasión abrieron las fosas, echaron a los fusilados y pusieron una capa de tierra o cal, de tal forma que las víctimas están enterrados en distintos niveles.
Las solicitudes para la localización y exhumación de víctimas de la guerra civil y la dictadura deben pasar por el Consejo Técnico de la Memoria Histórica de Castilla y León, que tiene un mes de plazo para emitir un informe preceptivo y vinculante. La asociación memorialista empezó los trabajos de prospección en marzo, a pocos metros del panteón que homenajea a más de 2.500 víctimas de la guerra civil y del franquismo y que acoge los restos de más de doscientas personas enterradas en el cementerio del Carmen y en Medina del Campo. Hace mes y medio solicitó el permiso para levantar los restos, pero sigue sin respuesta de la Junta de Castilla y León.
El Consejo Técnico de la Memoria Histórica no se reúne desde el 1 de marzo, y su última acta publicada corresponde a octubre de 2021. Este Consejo está integrado en la Consejería de Presidencia y en manos del Partido Popular, que llevará la Memoria Histórica. Sin embargo, el presidente autonómico se ha comprometido con su socio de gobierno —Vox— a anular el Decreto de la Memoria Histórica (aprobado en 2018) y elaborar una Ley de Concordia.
La Consejería reconoce cierta paralización en el Consejo Técnico por los cambios que ha habido tras las elecciones: la Memoria Histórica estaba en la ya desaparecida Consejería de Transparencia, que lideraba el exvicepresidente (Cs) Francisco Igea. Sin embargo, se prevé que la próxima reunión sea “en los próximos días, quizá en la próxima semana” para que haya el “máximo número” de expedientes. También asegura la Consejería de Presidencia que no se sabrá “hasta entonces” qué peticiones se tramitarán, aunque garantizan que informarán al respecto tras la reunión.
La asociación memorialista vallisoletana ha decidido paralizar las exhumaciones también a la espera de que el gobierno autonómico distribuya los fondos del Gobierno. El Gobierno de España comprometió a finales de marzo 243.902 euros para la realización de trabajos de exhumación y otras actividades en las fosas con víctimas en Castilla y León, pero ese dinero todavía no ha llegado a las asociaciones. “Si hubiéramos tenido el permiso, con voluntarios hubiéramos tirado, pero así...”, lamenta Del Olmo.
Peticiones desde Ponferrada y Soria
Según ha podido comprobar este diario, la de Valladolid no es la única petición que está pendiente del Consejo Técnico. La Asociación científica Sputnik Labrego (ASL) y el Ayuntamiento de Ponferrada quieren hacer una prospección en el cementerio de Fuentes Nuevas, una pedanía de Ponferrada. Las víctimas serían desapariciones forzadas entre agosto y septiembre de 1939, aunque suponen que hay restos de más personas, explica el portavoz de ASL, Alejandro Rodríguez. El enterramiento estaría en un espacio, antes extramuros, en los márgenes del cementerio. Rodríguez concreta que registraron su petición el 16 de mayo y todavía no saben nada, pero esperan que se apruebe en plazo. También rechaza que haya “ningún indicio de paralización”.
Esta semana la Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad (ASRD) ha registrado otras dos peticiones: una en Adradas y otra en el cementerio de las casas (Soria capital). La nieta de Juan García Gutiérrez, concejal en Iruecha represaliado, solicitó que se localizara la fosa común y se exhumara a las personas que allí hay y que fueron fusilados entre agosto y octubre de 1936. La ASRD cree que hay cuatro personas ahí. La nieta de Juan García Gutiérrez continuó el trabajo que empezó su padre, que falleció sin poder encontrar los restos mortales de su progenitor. “Mediante una exhaustiva investigación se ha podido establecer que la fosa se encuentra en el paraje llamado ”El estrecho del monte“ en el camino de Alcubilla (en término municipal de Adradas), junto a un camino que hoy en día a penas se utiliza”, explica el portavoz de la asociación soriana, Iván Aparicio. Ninguna de las víctimas fue sometida a juicio de guerra ni estuvieron en prisión.
Por otro lado, la Asociación Recuerdo y Dignidad lleva más de cinco años investigando la fosa común que se encuentra en el barrio de Las Casas (Soria), donde se fusiló a una veintena de vecinos entre agosto de 1936 y finales de 1937. Las víctimas sobre todo pertenecían al municipio de Deza y fueron enterrados por los vecinos de Las Casas en una zona hasta ahora respetada y exenta de la implantación de nuevas sepulturas. También se encuentran en esta fosa un gran número de víctimas procedentes del frente de Guadalajara, algunos presos en el campo de concentración de Santa Clara de la capital soriana.
El portavoz de la ARMH de Palencia, que está en el Consejo Técnico de la Memoria Histórica, asegura que en cuanto llega un proyecto, el Consejo se convoca.
El Decreto de Memoria que quiere eliminar Vox
El PP de Castilla y León ha asumido el discurso de la ultraderecha: el consejero de la Presidencia, exconsejero de Agricultura y expresidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, se ha comprometido a elaborar una Ley que haga de la historia un elemento “integrador, no de división”, evitando así, a su juicio, su “uso partidista”. También garantizó que promoverá “una gestión encaminada a cerrar heridas y no a reabrirlas” y que se ampliará “el foco hacia lo que se conoce como memoria democrática, orientada a fomentar los valores de reconciliación democrática que inspiraron la Transición y la Constitución del 78”.
El decreto de la Memoria —impulsado por el exvicepresidente de la Junta y concejal del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, José Antonio de Santiago-Juárez— tiene como objetivo “el reconocimiento a todos los ciudadanos que padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista y a sus familias, así como a todos aquellos ciudadanos y entidades que llevan a cabo actuaciones dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática”, según la propia norma. Básicamente ordena los trámites administrativos necesarios para la exhumación de restos, elabora mapas de fosas comunes, crea un Consejo Asesor y garantiza apoyo institucional y económico a las asociaciones. Además, la Junta firmó un acuerdo con la Universidad de Burgos para que elaborara un mapa de fosas con 25.000 euros públicos.
El Decreto también incluye “contenidos que permitan adquirir conocimientos sobre la verdad de los hechos ocurridos durante la guerra civil y la dictadura franquista” en los currículos de la ESO y Bachillerato y contenidos vinculados a la “defensa de los derechos humanos, los derechos y obligaciones contenidos en la Constitución y el Estatuto de Autonomía y los valores democráticos”. El decreto que quiere eliminar Vox instaba a constituir un banco de ADN y potenciar la actividad del Centro Documental de la Memoria Histórica que hay en Salamanca.
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