dimecres, 25 de març del 2009

PP Vice. 25/03/2009. El PP tumba 456 preguntas y deja en el punto de mira Orange Market y la firma del amigo de Castellano.

Trio.
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Una altra prova que són demòcrates i trasparents, la Panda Pútrida.
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Ricardo Costa asegura que "efectivamente, sí" se paga todos sus trajes

MIGUEL OLIVARES - Valencia - 25/03/2009

Cuestión de "trascendencia pública". La Mesa de las Cortes rechazó ayer tramitar centenares de preguntas formuladas por los grupos de la oposición parlamentaria sobre las relaciones de las diversas consejerías con todas y cada una de las empresas citadas por el juez Baltasar Garzón en la investigación de la denominada Operación Gürtel. Sí se tramitaron las preguntas relativas a las relaciones de la Generalitat con Orange Market, empresa de Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes, imputado por el juez, y con Construcciones Taroncher, empresa gestionada por un "íntimo amigo" de Serafín Castellano, consejero de Gobernación, y adjudicataria de contratos públicos por unos siete millones de euros desde 2000.

"Los medios dan trascendencia a unas empresas y a otras no"

¿Por qué? "Porque Taroncher y Asociados y Orange Market tienen relevancia, puede haber interés social en conocer las respuestas, han sido los medios de comunicación los que han dado trascendencia en la Comunidad Valenciana a unas empresas y a otras no", intentó justificar Rafael Maluenda, portavoz adjunto del PP, en defensa de la decisión de la Mesa de las Cortes.
La mesa también rechazó tramitar una interpelación del socialista José Antonio Godoy a Mario Flores sobre la política de licitaciones y adjudicaciones de la Consejería de Infraestructuras. Hace apenas dos semanas, Serafín Castellano respondió a una interpelación formulada en los mismos términos por Mireia Mollà, de Compromís. "Un buen ejemplo de transparencia", ironizó el portavoz socialista Ángel Luna, "parece que hay consejeros interpelables y otros que no lo son, tal vez tengan algo que ocultar".

Tanto Luna como Mònica Oltra, portavoz de Compromís, anunciaron sendos recursos ante el bloqueo de todas las preguntas relativas a las empresas vinculadas a la Operación Gürtel. Oltra anunció que acumulará todas las preguntas rechazadas durante los próximos tres meses para elevar un recurso al Tribunal Constitucional contra el proceder de Milagrosa Martínez, presidenta de las Cortes. "Tardará siete u ocho años en resolverse y no pasará de ser una censura moral", explicó Oltra, "pero no creo que a la presidenta de las Cortes le guste que el Tribunal Constitucional tenga que ponerla en su sitio aunque ya haya dejado el cargo".
Más prisas mostró Ricardo Costa, portavoz del PP, implicado junto al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la compra de unos trajes que habrían pagado empresas de la supuesta trama corrupta que investiga Garzón. "¿Se paga usted los trajes?", le espetó un redactor. "Efectivamente, sí", respondió Costa, quien apremió a la Justicia para que "cuanto antes, tome las decisiones adecuadas y demuestre que las acusaciones que se han vertido son falsas e infundadas".

Ayer el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano acordó mantener el secreto de las actuaciones recibidas de la Audiencia Nacional sobre la operación Gürtel. La Sala, antes de pronunciarse sobre la competencia del TSJ para asumir la investigación, pretende concretar los hechos específicos que se atribuyen a los aforados valencianos, Camps y Costa.

"Los tribunales van a tener trabajo", bromeó Luna. La diputada socialista Ana Noguera recibió ayer una citación para un acto de conciliación demandado por Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón. Fabra solicita a Noguera que se retracte del contenido de un artículo titulado Carlos Fabra, ¿inocente?, publicado por Levante-EMV en noviembre pasado. Según el relato de la procuradora, "es incuestionable el daño y la desazón" que ha sufrido Fabra, quien aparece como un "corrupto que se enriquece a costa de influencias" y al que Noguera "imputa delito de cohecho" entre otras "acusaciones falsas".

Noguera comentó que el artículo "es veraz, incluye alguna dosis de ironía pero ningún elemento inverosímil" y avanzó que no irá al acto de conciliación: "No tengo nada de qué retractarme".
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El PP tumba 456 preguntas y deja en el punto de mira Orange Market y la firma del amigo de Castellano

Impide que el Consell informe de los contratos con 33 empresas del auto de Garzón porque "no tienen trascendencia pública en la Comunitat"

Juanjo García Gómez, Valencia

Del "mayor ejercicio de transparencia en la historia de la Comunitat", como calificó el Ejecutivo las comparecencias de todos los consellers en las que debían informar sobre los contratos con empresas ligadas a la presunta trama corrupta del PP (aunque luego no lo hicieran) se ha pasado al veto masivo para impedir que la oposición conozca en las Corts los compromisos sellados con firmas bajo sospecha. Los representantes populares en la Mesa de la Cámara protagonizaron ayer la mayor censura de iniciativas parlamentarias en la historia de la institución al tumbar 456 de una tacada. De la crema sólo se salvó las que el Ejecutivo permite que queden en el punto de mira de la oposición: Orange Market, la empresa de El Bigotes, y Construcciones Taroncher, cuyo propietario es amigo del conseller de Gobernación, Serafín Castellano.

El argumento esgrimido es el odiado artículo 153.2 que faculta la Mesa a vetar las preguntas "que se refieran a persona física o jurídica que no tenga una trascendencia pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana". Con esta base se liquidan las preguntas sobre los contratos de todas las conselleries con 36 empresas, la mayoría incluidas en la investigación de Garzón en la Audiencia Nacional y otras que la oposición ve sospechosas. De este modo, no habrá información sobre, por ejemplo, Special Events, la sociedad matriz de la trama liderada por Francisco Correa, o las firmas del imputado José Luis Ulibarri, que controla 13 licencias de TDT en la Comunitat tras las presiones del Consell a las adjudicatarias y la del Ayuntamiento de Valencia. A la pregunta de cuál era el criterio para distinguir entre estas firmas y Orange Market y Taroncher, ya que la mayoría de las vetadas también están implicadas en la investigación judicial, el portavoz adjunto del PP Rafael Maluenda señaló que no están pensando en el auto sino en las firmas que, a su juicio, tienen "trascendencia en este momento en la Comunitat" y las que no.

"Son los medios de comunicación los que han dado trascendencia a unas empresas y a otras no. Nosotros hemos respetado ese criterio de los medios de comunicación", indicó, obviando que los contratos con otras sociedades han tenido similar eco. Una victoria "pírrica"Los populares hasta tumbaron una interpelación al conseller de Infraestructuras, Mario Flores, sobre su política general en materia de licitaciones y adjudicaciones alegando que no es materia de política general. El 23 de febrero, en cambio, Castellano tuvo que responder en el pleno a una interpelación sobre su política general en materia de contrataciones. Tanto el síndic socialista, Ángel Luna, como la de Compromís, Mònica Oltra, avanzaron que recurrirán en alzada los vetos y, de persistir el rechazo, ante el Tribunal Constitucional. Se trata de un "gran ejercicio de democracia participativa", ironizó Luna, mientras Oltra defendió que, aunque el TC tarde seis o siete años en darles la razón, vale la pena "poner en su sitio" a los responsables. Será una "victoria pírrica", dijo, ya que seguramente los firmantes de las iniciativas ya no serán diputados cuando el Constitucional resuelva, pero moralmente "será un desprestigio" para la presidenta de la Cámara, Milagrosa Martínez, por "vulnerar derechos de los diputados".
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Compromís pedirá la dimisión del director de RTVV por "su relación" con Ulibarri

Transparencia en Valencia: ¡rechazan 456 preguntas de la oposición sobre contrataciones sospechosas!

ELPLURAL.COM / EFE

La Mesa de Les Corts Valencianes ha rechazado, por los votos del PP, tramitar 456 preguntas de los grupos de la oposición sobre adjudicaciones de la Generalitat a empresas relacionadas con el caso Gürtel, y una interpelación al conseller de Infraestructuras sobre su política de contrataciones.

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Los portavoces del grupo socialista y de Compromís han anunciado que recurrirán esta decisión y acudirán al Tribunal Constitucional, mientras que el PP ha defendido que en aplicación del reglamento parlamentario no se pueden tramitar preguntas que afectan a personas físicas o jurídicas sin trascendencia en la Comunitat.

Unas sí y otras no
No obstante, el PP sí que ha tramitado las preguntas referidas a las empresas Orange Market y Construcciones Taroncher, debido, según ha dicho el portavoz adjunto del grupo popular, Rafael Maluenda, a que esas dos empresas sí que pueden tener trascendencia para la Comunitat y "puede haber interés social" por conocer las respuestas a esas preguntas. La oposición también ha destacado el hecho de que recientemente se tramitara una interpelación al conseller de Gobernación, Serafín Castellano, sobre política general de su Conselleria en materia de contrataciones, y ahora se haya impedido una similar al conseller de Infraestructuras y Transporte.

La culpa es de los medios
Las preguntas de la oposición que el PP no ha tramitado pedían conocer, en cada una de las catorce Consellerias de la Generalitat, si existía algún contrato o relación con todas las empresas que figuran en el auto de la Audiencia Nacional que investiga una trama de corrupción que afecta supuestamente al PP. El portavoz adjunto del PP Rafael Maluenda ha justificado la decisión de la Mesa de admitir las preguntas sobre esas dos empresas y rechazar las demás en que "en este momento" pueden tener trascendencia en la Comunitat, y ha argumentado que han sido los medios de comunicación "los que han dado trascendencia en la Comunitat a unas empresas y a otras no".

Sin trasparencia"
Nosotros hemos respetado ese criterio de los medios de comunicación", ha añadido Maluenda, quien ha defendido el "buen criterio" de la Mesa en su decisión. El portavoz socialista, Ángel Luna, ha lamentado que Les Corts no sean un "ejemplo" de transparencia y de "ejercicio de la democracia participativa", y ha señalado que como primer paso recurrirán la decisión de la Mesa, para a partir de ahí "buscar la vía del recurso de amparo" al Tribunal Constitucional.

"Algo que ocultar"
También ha criticado que no se haya tramitado la interpelación al conseller de Infraestructuras sobre política de contrataciones, cuando sí se pudo interpelar a Castellano sobre lo mismo, y se ha preguntado si es que esta decisión "arbitraria" responde a que tiene "algo que ocultar". La portavoz de Compromís, Mònica Oltra, ha lamentado que "es casi imposible" preguntar sobre una cuestión que "empieza a ser incómoda" para el PP, y por ello llevarán al Constitucional todas las preguntas que les rechacen en este trimestre, ya que, aunque la sentencia tarde varios años, no tienen "otra forma" de defenderse "de los continuos atropellos".

Dimisión de Pedro García
Oltra también ha anunciado que en la comisión de control de RTVV del jueves pedirán la dimisión del director general del ente, Pedro García, por "aparecer implicado en la trama del caso Gürtel, por su relación" con el empresario José Luis Ulibarri "al permitir el funcionamiento de una radio ilegal" en dependencias de RTVV, y por su "manifiesta falta de independencia". Compromís también ha presentado un recurso a la decisión de la Mesa de no tramitar varias preguntas sobre un posible vertido tóxico en Mislata por parte de una empresa bajo el argumento de que esa empresa privada no tiene trascendencia pública.
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El Tribunal Superior valenciano mantiene el secreto de las actuaciones en la causa contra Camps y Costa

El Poder Judicial archiva las quejas del PP contra Garzón por las filtraciones del caso

R. L./E. P., Valencia

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha acordado mantener el secreto de las actuaciones recibidas del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, derivadas del caso Gürtel, y tener como partes en el proceso al presidente de la Generalitat Francisco Camps, al ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y al responsable de Orange Market, Álvaro Pérez Alonso.

Faltan por personarse el secretario general del PP de la Comunitat Valenciana, Ricardo Costa, y el ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turisme hasta julio de 2007, Rafael Betoret.

La Sala, antes de pronunciarse sobre la competencia de este tribunal para asumir la investigación, pretende concretar con amplitud todos los hechos específicos que se atribuyen a los aforados valencianos, según informó el Tribunal Superior.

La providencia, dictada por el magistrado ponente del TSJ, José Flors, recoge la asignación a este procedimiento de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, por acuerdo del Fiscal General del Estado.La competencia de Anticorrupción responde a un decreto dictado por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en el que ordenaba a este departamento que continúe con las actuaciones que han llevado a cabo desde el comienzo de la instrucción las fiscales Concha Sabadell y Míriam Segura.

El pasado 17 de marzo, la sala de lo Civil y Penal, en cumplimiento estricto de las normas de reparto, designó al magistrado José Flors como ponente del auto que establecerá si el TSJCV es competente o no para asumir la causa, un día después de recibir las cinco cajas de las que constaba la investigación de Garzón.Servicio de InspecciónDe otro lado, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer por unanimidad archivar las quejas que el PP y el senador de este partido, Luis Bárcenas, presentaron contra el juez Baltasar Garzón por la filtración de datos del sumario de la "operación Gürtel".

En su informe relativo tanto a ambas quejas, el Servicio de Inspección decía que han sido muchas las personas que, en un momento u otro, han tenido acceso a los datos publicados, por lo que no se pueden achacar las filtraciones a Garzón.

El síndic del PP reiteraque paga sus trajes
Al igual que afirmó en su momento el presidente de la Generalitat, el síndic del grupo popular en las Corts, Ricardo Costa, reiteró ayer que, "efectivamente", se paga sus trajes, como dijo la semana pasada. Añadió que la investigación judicial por la operación Gürtel no afectará a los resultados del PP en las europeas y que espera que, "cuanto antes, la Justicia tome las decisiones adecuadas y demuestre que las acusaciones que se han vertido son falsas e infundadas".
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Bárcenas: "Lo de mi sueldo es una barbaridad que no se cree nadie"

El tesorero del PP, investigado en la trama, se defiende de las informaciones sobre su elevado patrimonio y las cantidades que cobra

PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL - Madrid - 25/03/2009

"Lo del sueldo de 300.000 euros es una barbaridad que no se cree nadie porque son sueldos que no se pagan en ningún partido político", ha sido la respuesta del senador Luis Bárcenas esta mañana a las informaciones que han desvelado su elevado patrimonio y el alto sueldo que cobra como tesorero del PP. Bárcenas justifica además sus propiedades inmobiliarias en el "patrimonio preexistente", es decir en que son consecuencia de compraventas de inmuebles anteriores. "Cuando se habla de [que tengo] una vivienda en la sierra, es la tercera vivienda que tengo, y cuando habla de la vivienda en la playa, es la segunda", ha explicado el senador. "Existe una cosa que se llama el patrimonio preexistente que es lo que justifica eso".

El senador Luis Bárcenas, que está siendo investigado dentro de la trama de corrupción de empresas lideradas por el empresario Francisco Correa y ligadas a administraciones del PP, ha acudido esta mañana a votar junto al resto del Grupo Popular en el pleno del Senado. Bárcenas ha empezado a faltar a menudo al pleno y a las votaciones desde que estalló el escándalo, a mediados de febrero. A la sesión de ayer no acudió por motivos personales justificados ante el PP.

Al terminar la primera votación de la mañana, Bárcenas, al que ha sido casi imposible ver por el Senado en las últimas semanas ya que sólo baja al pleno a votar, ha hecho corrillo con algunos compañeros de partido como la dirigente catalana Alicia Sánchez-Camacho, que acababa de ganar una votación sobre las cifras del paro, o el portavoz de presupuestos, Francisco Utrera. Posteriormente, ha tenido una conversación a solas de unos cinco minutos con la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, también senadora.

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Archivadas dos quejas del PP contra Garzón por el 'caso Gürtel'

EL PAÍS - Madrid - 25/03/2009

El juez Baltasar Garzón abrió una investigación para conocer el origen de las filtraciones de su sumario sobre la trama corrupta que afecta a instituciones del PP. El magistrado llegó a interrogar al letrado Carlos Galán y a su cliente, Isabel Jordán, imputada en el caso, que admitieron haber hablado del caso con varios medios de comunicación.

Es uno de los argumentos que daba el servicio de inspección para proponer el archivo de las quejas contra el juez promovidas por el PP y su tesorero, el senador Luis Bárcenas. La comisión disciplinaria aprobó ayer por unanimidad la propuesta por la imposibilidad de achacar el origen de las informaciones al juez ya que muchas personas tuvieron acceso a los datos publicados.
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La ex esposa del cerebro de la Gürtel desvela que su padre ignoró a un hijo enfermo
“No voy a consentir que Correa vuelva a dar pena ni fuera ni dentro de la cárcel”

Losantos ironiza sobre el descumbrimiento en el PP del "lujo" en el que vive su tesorero
“¡Ahora resulta que nadie conocía a Bárcenas, que están espeluznados!”

Considera que el juez no es responsable de las filtraciones del sumario a la prensa
El Poder Judicial archiva las quejas del PP y de Bárcenas contra Garzón

Bárcenas pide a Hacienda que investigue su patrimonio para "defender" su "honorabilidad"

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Bárcenas: “Lo del sueldo de 300.000 euros es una barbaridad que no se cree nadie”

Fuentes de la investigación tachan de “indignante” la pasividad de jueces y entidades
Los bancos retrasan la información sobre Fabra requerida por la Justicia

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El equipo de Gallardón ocultó al PSOE el contrato con Ingesport

El Ayuntamiento dice que "respondió estrictamente a la pregunta de los socialistas"
MANUEL RICO - Madrid - 25/03/2009 07:30

Ocultar, según la Real Academia, es “callar advertidamente lo que se pudiera o debiera decir”. Y con esta definición en la mano parece evidente que el Ayuntamiento de Alberto Ruiz-Gallardón ocultó a la oposición socialista, en diciembre de 2007, que la empresa pública Club de Campo Villa de Madrid había adjudicado un contrato a Ingesport. Un hecho relevante porque una de las consejeras de dicha sociedad es la concejala Patricia Lázaro y como intermediario de Ingesport actuaba Carlos Martín, amigo de juventud y monitor de pádel de la edil.

Además, Ingesport gestionaba el lujoso spa del hotel NH Eurobuilding y dio un pase gratuito a Lázaro para utilizar las instalaciones a cambio del trato de favor que recibía de la concejala, según la versión ofrecida por el propio Martín en diversos correos electrónicos a los que ha tenido acceso este diario.

Carlos Martín ha utilizado sus contactos políticos para negociar adjudicaciones públicas. Entre esos contactos destaca el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a quien también dio clases de pádel. Tal y como desveló Público la semana pasada, el monitor reconvertido en intermediario recibió información privilegiada sobre un concurso público de Pozuelo de Alarcón (Madrid) durante una reunión con González.

Petición socialista
El concejal socialista Pedro Sánchez preguntó, a finales de 2007, por los contratos entre el Ayuntamiento de Madrid y la sociedad Ingesport. Dentro de la labor de control que realiza la oposición, es frecuente que se interese por los beneficiarios de las adjudicaciones públicas. “Es evidente que si preguntas al Ayuntamiento por los contratos que tiene con una empresa determinada, esa pregunta incluye a los organismos y empresas municipales”, explica el propio Sánchez.

Al Gobierno de Gallardón no le debió parecer tan evidente. El 19 de diciembre de 2007, respondió a Pedro Sánchez que el Ayuntamiento de Madrid no había firmado desde 2003 ningún contrato con Ingesport. La realidad es que, a principios de 2006, el Club de Campo otorgó una consultoría por importe de 22.000 euros a dicha empresa. El Ayuntamiento tiene la mayoría del capital y de los miembros del consejo de administración del Club de Campo, que preside el vicealcalde, Manuel Cobo.

Un portavoz del Gobierno de Madrid se amparó ayer en la literalidad de la pregunta del PSOE para explicar que no informasen del contrato con Ingesport: “Se respondió estrictamente a la pregunta de los socialistas, que era sobre el Ayuntamiento, y no sobre las empresas municipales. En todo caso, estará mal planteada la pregunta, no la respuesta. Además, el Club de Campo no depende administrativamente del Ayuntamiento”.

“Se cumplió con la ley”
El consejo de administración del Club de Campo que adjudicó el contrato a Ingesport se celebró el 30 de enero de 2006. Ese día no estuvo presidido por Cobo, sino por la propia Patricia Lázaro, que no se inhibió a la hora de votar pese a su relación de amistad con Carlos Martín.

La adjudicación se realizó apoyándose en un informe técnico de cinco folios, donde se asegura que se pidieron propuestas a tres empresas. La lectura del informe no aclara qué baremos se utilizan para inclinarse por Ingesport. Y el único argumento claro en favor de la empresa elegida es que “diseña un negocio global”. El portavoz municipal sostiene que se “cumplió con los requisitos de publicidad y concurrencia que establecía la Ley de Contratos” vigente entonces, aprobada en 1995.

LOS CORREOS ACUSAN
La relación entre Lázaro y Martín
“Celebrar la victoria” // Los correos electrónicos de Carlos Martín demuestran la relación de confianza que mantenía con Patricia Lázaro. El 28 de mayo de 2007, un día después de las elecciones autonómicas y municipales que dieron el triunfo al PP en la Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid, Martín quedó con la concejala para “celebrar la victoria y hablar”.

“Me pregunta Patricia...” // El 13 de noviemb re de 2007, Martín le cuenta al presidente de Ingesport, Gabriel Sáez, que ha tenido una nueva conversación con la concejala: “Me preguntó Patricia que si todo va bien y le dije que ya se lo diría, me imagino que lo dirá por Club de Campo y por De la Villa”. Miguel de la Villa es el director general de Deportes del Ayuntamiento de Madrid.

“Los dos polideportivos” // El 25 de febrero de 2008, Martín pregunta en un correo a Sáez si “ha echado una ojeada a las 2 gestiones de polideportivos que me ha comentado Patricia”. El monitor de pádel e intermediario ofrece en sus correos múltiples detalles que demuestran que recibía información de la concejala sobre diversos proyectos municipales meses antes de que salieran a concurso. Lázaro sostiene que esa información también se facilitaba a otras empresas y que es “un procedimiento habitual”.

“Todo free” // En un correo de Sáez a Martín se asegura que la concejala podía utilizar el spa del NH Eurobuilding “mientras quiera, todo free”. Lázaro admitió a preguntas de este diario que había disfrutado de un pase gratuito, aunque aseguró que los tratamientos específicos los pagaba ella. La edil se dio de baja del spa hace dos semanas.
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