PP Vice 31/07/2009. El juez más que amigo de Camps ultima el carpetazo al caso de los trajes.

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Jo no m'ho puc creure. No puc creure que tres magistrats es puguen jugar tota la carrera professional prevaricant. Tanmateix si s'arxiva caldrà recórrer al Suprem i querellar-se contra els tres magistrats per prevaricació. En qualsevol cas, una pregunta: per què De la Rúa no s'ha abstingut?
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El TSJV pide tres días más para presionar al único magistrado que se opone al archivo de la causa

El juez más que amigo de Camps ultima el carpetazo al caso de los trajes

MARCOS PARADINAS

El juez De la Rúa, más que amigo de Camps, está a punto de dar carpetazo a la investigación sobre los trajes. El molt honorable presidente valenciano ni siquiera tendría que sentarse en el banquillo y tampoco se aceptaría la petición del TJSM para que se juzgue a Correa, El Bigotes y Crespo. Así lo ha revelado el diario Información de Alicante. Además, se estaría intentado presionar a uno de los tres jueces de la Sala, José Francisco Ceres, para que no emita un voto contrario y crítico con la postura de sus compañeros.

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El Tribunal Superior de Justicia Valenciano habilitó ayer tres días inhábiles (este sábado, el domingo y el lunes, primer día laboral de agosto) para “no interrumpir la deliberación ya iniciada” sobre qué hacer con el presunto cohecho de Camps y otros tres imputados. En realidad, se estaría ganando tiempo para convencer al juez díscolo, el magistrado Ceres.

A punto de archivarse
Ayer, el TSJM enviaba al tribunal valenciano la petición para que Correa, Crespo y El Bigotes fueran juzgados junto a Camps, Costa, Betoret y Campos por considerar que el hecho de realizar regalos a un político está relacionado con el presunto delito de aceptarlos. Sin embargo, la lógica conclusión puede que no sirva de nada si finalmente el caso se da por archivado, como quiere el presidente del TSJV, Juan Luis de la Rúa.

Una pantomima
El tribunal valenciano tenía que decidir ahora qué hacía con el caso de los trajes y ha pedido tres días más para tomas la decisión. Sin embargo, todo sería una pantomima, puesto que la decisión de dar carpetazo ya estaría tomada. El plazo sería necesario para conseguir la unanimidad en los votos de los tres jueces que conforman la Sala de lo Civil y de lo Penal.

El juez rebelde
Y es que, según fuentes judiciales, José Francisco Ceres se habría rebelado contra Juan Montero y el presidente del TSJV y más que amigo de Camps, De la Rúa. Mientras que los dos últimos tienen claro que hay que dar carpetazo, Ceres no sólo se opone sino que baraja la opción de dar un voto particular. Este magistrado coincide con el planteamiento del magistrado instructor, José Flors, sobre la conveniencia de juzgar a Camps y compañía.

“Íntima y sentida relación”
En un acto oficial en septiembre de 2008, Camps, ante la mirada de De la Rúa, aseguraba: “Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta [de amistad] que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat”. El Plural ya adelantó hace dos semanas que los magistrados del TSJV habían pactado que sólo se investigase los trajes de Camps, y no otros asuntos más espinosos como la posible financiación ilegal del PP valenciano. _

La división en el TSJ obliga a prolongar la deliberación sobre el archivo del caso Gürtel

La Sala aplaza la decisión el mismo día en que el juez que instruye el proceso en Madrid envía a la Comunidad la parte de la investigación que afecta a quienes supuestamente pagaron los trajes

MERCEDES GALLEGO

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad se ha visto obligado a habilitar tres días inhábiles -mañana sábado, el domingo y el lunes, primera jornada laboral de agosto, un mes considerado inhábil para todas las actuaciones judiciales excepto para las declaradas urgentes- dada la división de pareceres existente entre los tres miembros de la Sala que tienen que pronunciarse sobre el archivo o no del proceso por cohecho que se sigue contra el jefe del Consell, Francisco Camps, contra su número dos, Ricardo Costa, contra el ex vicepresidente de la Generalitat Víctor Campos, y contra el ex jefe de gabinete de Turismo, Rafael Betoret.

La decisión de alargar las deliberaciones ha coincidido en el tiempo con la adoptada por el instructor del caso Gürtel en el TSJ de Madrid, el magistrado Antonio Pedreira, de inhibirse a favor del valenciano en la parte de la investigación que afecta a los presuntos cabecillas de la trama -Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez- por entender que existe una conexión entre los hechos que se les atribuyen a los imputados en la Comunidad -la recepción de ropa supuestamente pagada por la red corrupta- y quienes según todos los indicios la abonaban.

"La incoación de procedimientos distintos para la investigación y enjuiciamiento de unas y otras conductas por separado podría motivar que se dictaran pronunciamientos contradictorios, conculcándose la seguridad jurídica", argumenta el juez, que entiende que "se trata de los mismos hechos aunque examinados desde dos perspectivas: la del particular que entrega y la del funcionario que percibe". Un planteamiento que coincide con el mantenido a lo largo del proceso por la Fiscalía Anticorrupción, cuya petición ha aceptado ahora con este auto el juez de Madrid, y por el PSPV que, como acusación particular, tiene pedida no sólo la inhibición en este punto sino también en lo referente a las adjudicaciones del Consell a la red corrupta y a la supuesta financiación ilegal del partido.

Esta solicitud está pendiente de respuesta. El TSJ de la Comunidad tiene que decidir ahora si acepta o no la competencia para investigar a los cabecillas de la trama cuando, paradójicamente, se encuentra en plena deliberación sobre si archiva o no el proceso contra Camps. Una decisión que, casi con toda seguridad, se conocerá a principios de la próxima semana y que determinará si el máximo órgano judicial de la Comunidad asume o no la investigación procedente del TSJ de Madrid.

Aunque contra el archivo del caso cabe recurso ante el Supremo, no parece que tuviera mucha lógica que, de concluir los magistrados que no hay indicios de un presunto delito de cohecho en la actuación de los cuatro imputados en la Comunidad, se inclinaran por investigar a quienes supuestamente pagaron las dádivas.

Mientras tanto, a últimas horas de la mañana de ayer el TSJ de la Comunidad informó de que el plazo para pronunciarse sobre los recursos de apelación presentados por todas las partes contra el auto del magistrado José Flors, en el que el instructor habla de indicios "con un grado de realidad muy probable" de un presunto cohecho en la actuación de los cuatros imputados, finalizaba mañana, 1 de agosto, y que al tratarse de un día inhábil debía prorrogarse hasta el 1 de septiembre.

La Sala de lo Civil y de lo Penal argumenta la decisión de habilitar el 1, 2 y 3 de agosto "para no interrumpir la deliberación ya iniciada", aunque este diario ha podido saber que está siendo la dificultad para llegar a un acuerdo entre los tres magistrados que la forman -Juan Luis de la Rúa, Juan Montero y José Franscisco Ceres- lo que ha obligado a ampliar el plazo para intentar llegar a un acuerdo y que la decisión que se adopte sea por unanimidad y no cuente, como en estos momentos se apunta como lo más probable, con el voto particular de Ceres, único magistrado de los tres que defiende que el presunto cohecho se dirima en un juicio.

Fuentes judiciales explicaron que la postura del presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa, y del procesalista Juan Montero, partidarios ambos de dar carpetazo al asunto y evitar al presidente del Consell sentarse en el banquillo para ser juzgado por un jurado popular al entender que de las actuación de los imputados no se desprenden indicios de delito, está chocando con el planteamiento de su colega, José Francisco Ceres, que comparte con Flors la conveniencia de que el asunto se dirima en un juicio.

Las mismas fuentes contrapusieron la capacidad de convicción de Montero frente a la juventud de Ceres para intentar aventurar cuál podría ser el resultado que al final adopte la Sala aunque será el Supremo el que, en caso de archivo, tenga la última palabra, otro elemento que tampoco olvidan los magistrados.
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El tribunal estudia si archiva el 'caso Camps' sin tener aún todos los papeles

El juez de Madrid recuerda a sus colegas valencianos que hay documentos sin analizar

J. A. HERNÁNDEZ / L. GARRIDO - Madrid / Valencia - 31/07/2009

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia está estudiando si archiva, o no, el caso de los regalos de la trama Gürtel al presidente valenciano, Francisco Camps, sin tener aún sobre la mesa toda la documentación policial sobre este caso. Así se desprende del auto que hizo ayer público el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que se inhibe en favor del de Valencia respecto de la implicación de los cabecillas de la trama en lo que se refiere a los supuestos trajes que éstos regalaron a Camps. Lógicamente, esa documentación podría ser incriminatoria o, por el contrario, favorable al presidente valenciano.

Francisco Camps Ortiz

Fuentes del Supremo creen un error que se hayan abierto tres procedimientos

La Sala del Tribunal Superior valenciano estudia un recurso de Camps contra la decisión del juez instructor de su caso, José Flors, de imputarle un delito de cohecho pasivo (recibir regalos a cambio de nada) susceptible de ser enjuiciado por un jurado popular. En ese recurso, Camps pide que se archive la causa porque sostiene que no existe tal delito. La sala tenía previsto tomar una decisión ya, pero, tras recibir el auto del juez de Madrid, ha habilitado varios días de agosto para analizar la nueva documentación.

Aunque no la tendrá toda, ya que el magistrado del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira, instructor de la variante del caso Gürtel en Madrid, señala a sus colegas de Valencia, en el citado auto, que les ha ido remitiendo documentación intervenida por la policía, pero que aún queda por desprecintar otra parte. "Al irse avanzando en el volcado y levantamiento de precinto de los diversos soportes intervenidos", señala Pedreira, "se ha acordado la remisión de testimonio de algunos documentos. [Pero] aún no se ha concluido el levantamiento de precinto de [toda] la documentación intervenida", según el auto.

El troceo en tres partes del sumario de la trama Gürtel está creando problemas. La causa se la reparten el Tribunal Supremo y los tribunales superiores de Madrid y Valencia. Este último asumió inicialmente el caso Gürtel sólo en lo que respecta a los aforados de esa comunidad (entre ellos, el presidente Camps) y por un único delito, el de cohecho pasivo (que castiga a la autoridad que recibe dádivas, en este caso, trajes) aunque sea a cambio de nada. El juez Garzón, primer instructor de la causa, incluyó más delitos, entre ellos el de tráfico de influencias, pero el Tribunal Superior de Valencia redujo el asunto exclusivamente al cohecho pasivo y, además, limitó la investigación a sus aforados. De hecho, el juez Flors se ha inhibido en favor de su colega de Madrid para no tener que investigar a los cabecillas de la trama (Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, alias El Bigotes), que son precisamente quienes hicieron los regalos a los aforados valencianos: a Camps y a su número dos, Ricardo Costa. Pero, en el auto de ayer, el Tribunal Superior de Madrid entiende que Correa, Crespo y Pérez, al menos en lo que respecta a los supuestos regalos de los trajes, deben ser juzgados en Valencia "para no romper la continencia de la causa".

Fuentes del Tribunal Supremo señalan al respecto: "¿En qué cabeza cabe que en Valencia sea juzgado Camps por recibir regalos y no quien se los da, El Bigotes y compañía, si se trata de una misma acción punible?". Estas fuentes consideran una "barbaridad" que el caso Gürtel se haya troceado en tres partes.

El juez Flors se había negado a investigar a Correa, Crespo y El Bigotes en contra del criterio de la fiscalía, que señala al respecto en un escrito: "Dada la íntima relación entre las conductas de quienes aparecen como donantes de los regalos y quienes aparecen como perceptores de los mismos su enjuiciamiento conjunto resulta ineludible".

En su auto de ayer, Pedreira avala esa tesis: "La incoación de procedimientos distintos para la investigación y enjuiciamiento de unas y otras conductas por separado podría motivar que se dictaran pronunciamientos contradictorios, conculcándose la seguridad jurídica".
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Auto de inhibición a favor el TSJ de la Comunidad Valenciana
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Correa y Camps deben ir juntos a juicio

El magistrado Antonio Pedreira, del TSJM, se inhibe en favor de su homólogo valenciano.

ÁNGELES VÁZQUEZ - MADRID - 31/07/2009 08:00

Los presuntos cabecillas de la trama de corrupcióndesarticulada en el caso Gürtel deben ser también investigados y, en su caso, juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV), ya que regalaron, supuestamente, trajes al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y a otros tres dirigentes del PP de dicha comunidad. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira considera que "resulta ineludible" juzgar al que recibe una dádiva junto al que la entrega.

Por eso ha hecho suyas las alegaciones de la Fiscalía Anticorrupción y ha decidido inhibirse a favor del TSJCV en toda la documentación de la que dispone y vincula a los presuntos cabecillas de la trama corrupta con el pago de trajes a Camps; al secretario general del PP valenciano y portavoz del grupo popular en Les Corts, Ricardo Costa; al ex vicepresidente del Consell Víctor Campos; y el ex jefe de gainete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.

El cohecho de Camps es el «reverso» del de Correa, según el TSJM

La decisión no supone que Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, ya no estén imputados en la causa que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el caso Gürtel, sino que también pueden serlo en Valencia por el delito de cohecho que presuntamente cometieron al pagar trajes a los dirigentes del PP valenciano.

Segundo intento en Madrid
La Fiscalía Anticorrupción intentó que el instructor del caso en Valencia incluyera en las diligencias a Correa, Crespo y El Bigotes, pero el magistrado José Flors se negó. En su resolución explicaba que la investigación se limitaba al delito de cohecho imputado a Camps, Costa, Campos y Betoret. Los cuatro están acusados de un delito de cohecho del artículo 426, que castiga con multa de entre tres y seis meses a "la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo en consideración a su función".

Los tres cabecillas de la Gürtel podrían estar imputados en los tres tribunales

El resto de delitos que se investigan en la causa, así como todo lo relativo a los demás imputados (salvo los que por aforamiento corresponden al Tribunal Supremo) se investigan en el TSJM. El juez Flors añadía que sin que éste se inhibiera no le era posible hacer "actividad instructora alguna respecto de una parte de las conductas de esos tres sujetos (el pago del precio de las prendas con que, al parecer, fueron obsequiadas unas personas en Valencia), cuando todas las acciones realizadas por ellos forman parte, en principio y en su conjunto, del objeto más amplio de otro proceso en curso que se tramita" en Madrid.

La Fiscalía procedió a seguir la recomendación del juez Flors y el lunes pasado presentó un escrito en el tribunal madrileño solicitando la inhibición que se hizo pública ayer. Ahora la pelota vuelve a estar en el tejado del Tribunal valenciano, pues una vez recibida la inhibición, debe decidir si acepta la competencia e imputa a los cabecillas de la Gürtel por un delito del artículo 423.

A diferencia de Camps y los dirigentes valencianos, a Correa, Crespo y El Bigotes se les acusaría en Valencia de un cohecho del artículo 423, que castiga a "los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas corrompieren o intentaren corromper a las autoridades o funcionarios públicos". Su pena sería la misma que la que se imponga a los que intentaban corromper.

El TSJM ve «íntima relación» en el pago y el cobro de los sobornos

Es decir, si el TSJCV decide seguir adelante con el caso y acepta la inhibición de Madrid, Correa, su presunto lugarteniente en el grupo de empresas y el responsable de Orange Market, la filial valenciana de Special Events, estarán imputados en los tres tribunales que llevan el caso.

El Tribunal Supremo aceptó la competencia para investigar a los aforados nacionales del PP implicados el senador por Cantabria Luis Bárcenas y el diputado por Segovia Jesús Merino, así como a las personas relacionadas con los supuestos pagos que recibieron. Todo apunta a que entre los que pagaron estarán Francisco Correa y Pablo Crespo.

Delitos conexos

Los delitos conexos deben investigarse en un solo proceso por seguridad jurídica

Al inhibirse a favor de Valencia, el juez Pedreira "hace suya la fundamentación invocada por el Ministerio Fiscal". Los argumentos de Anticorrupción consistían en que el cohecho imputado a Camps y el que habría cometido Correa "son conexos". En su opinión, el cohecho que se imputaría a los pagadores "no es sino el reverso del cohecho pasivo que se imputa a los cargos públicos de Valencia".

Los delitos conexos deben investigarse "en un solo proceso" para evitar "resoluciones contradictorias", que conculcarían el principio de seguridad jurídica y merma las posibilidades de defensa de los imputados.

"Dada la íntima relación entre las conductas de quienes aparecen como donantes de los regalos y quienes aparecen como perceptores de los mismos, su enjuiciamiento conjunto resulta ineludible", dice el auto para justificar el envío de la documentación a Valencia.

El juez Pedreira precisa que todavía no ha terminado de revisar toda la documentación intervenida en el caso, pero que su "volcado" avanza.
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Los cabecillas del caso Gürtel en Madrid podrán ser juzgados con Camps en Valencia

El TSJ madrileño remite al valenciano la imputación por cohecho de Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez. El juez corrige a Flors y da la razón a la Fiscalía

REGINA LAGUNA VALENCIA

Al presidente de la Generalitat Valenciana le están haciendo un traje a medida y, en este caso, no es el sastre de Milano. Las hechuras las ha comenzado a marcar el Tribunal Superior de Justicia madrileño (TSJM), al inhibirse a favor del juez de Valencia para que impute en el mismo procedimiento que a Francisco Camps a los cabecillas del caso Gürtel en Madrid.

El magistrado instructor del TSJM, Antonio Pedreira, estima procedente que Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez sean enjuiciados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) al aparecer "como pagadores" de la "posible recepción de dádivas" por la que se investiga a Francisco Camps, al portavoz del PP Ricardo Costa, al ex viceconseller Víctor Campos y al ex jefe de Gabinete de Turismo Rafael Betoret.

Esta decisión ha dado un vuelco a la causa en Valencia, que desde fuentes próximas al PP valenciano se veía cada vez más cerca del archivo -no olvidemos los dos "escaloncitos" que citó el presidente Camps que le quedaban-. Esta semana iba a ser decisiva a la espera de que la Sala del TSJ valenciano resolviera los recursos presentados por las defensas pidiendo el sobreseimiento, y también los de las acusaciones, pidiendo que se ampliaran las imputaciones, como ahora puede ocurrir si se aceptara la inhibición de Madrid. Aunque esta decisión también la pueden recurrir la defensas de los imputados en Madrid. En concreto, tienen tres días cuyo plazo vence el próximo 3 de septiembre, al ser agosto un mes inhábil. Recordemos que una de estas defensas, la de Álvaro Pérez, se había personado al inicio del procedimiento y fue "expulsado" de la causa a Madrid, al asumir la competencia el TSJ valenciano sólo respecto del cohecho pasivo. Además, la Sala del TSJCV ha dado un plazo de cinco días, que vence en septiembre, a las defensas y acusaciones en Valencia para que presenten sus alegaciones ante la inhibición de Madrid. Ello implicaría una situación un tanto absurda en el caso de que la Sala decidiera el archivo el lunes, ya que entonces la imputación de la trama de Madrid en el delito de cohecho quedaría en el limbo jurídico y procesal.

Respecto a las razones por las que el juez de Madrid reenvía esta parte de la causa a Valencia, son las mismas que han venido alegando la acusación popular y la Fiscalía, y que tanto el instructor José Flors como la Sala de Valencia han venido denegando sistemáticamente en referencia a la famosa "montería".

Son los mismos hechos
No obstante, el instructor Antonio Pedreira recoge íntegramente las motivaciones de las fiscales. En su auto explica que los hechos imputados a Correa, Crespo y Pérez por el delito de cohecho son "los mismos en relación con los eventuales regalos de prendas de vestir a Ricardo Costa, Francisco Camps, Rafael Betoret y Víctor Campos". En este sentido, asume la tesis de la Fiscalía de que ambos delitos "son conexos" y "deben comprenderse en un solo proceso". Además, establece concretamente el delito por el que debería imputárseles: el cohecho activo del artículo 423 del Código Penal, como ya señalaba la Fiscalía en su petición al juez Flors.

Y añade el auto, copiando a la Fiscalía, que, "dada la íntima relación entre las conductas de quienes aparecen como donantes de los regalos y quienes aparecen como perceptores de los mismos, su enjuiciamiento conjunto resulta ineludible".

De otro lado, el magistrado madrileño abunda en que la misma Sala del TSJ de Valencia, cuando asumió la competencia de la causa que le remitía el juez Baltasar Garzón, ya dejó abierta esta puerta. En su auto del 21 de abril, el tribunal decía que "la Sala no se pronuncia, por el momento, sobre la competencia acerca de las conductas bilaterales atribuibles a particulares", y que decidirá según "lo que resulte del curso de las actuaciones".
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La Sala resolverá el lunes si archiva o sigue adelante

LEVANTE-EMV/M. GALLEGO ALICANTE

Los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) no han querido dejar para septiembre la asignatura pendiente del caso Gürtel -una espada de Damocles para el PP- y han decidido habilitar el próximo fin de semana para resolver antes de las vacaciones los recursos pendientes pidiendo el archivo de la causa abierta por "posible" delito de cohecho contra Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.

Según informa el TSJCV, la Sala acordó en la mañana de ayer "habilitar los próximos 1, 2 y 3 de agosto para continuar con la deliberación, redacción y notificación de la resolución que se dicte frente a los seis recursos de apelación presentados contra el auto del magistrado instructor del pasado 6 de julio". El plazo para resolver lo recursos de apelación es de cinco días, y consecuentemente en este caso el plazo finalizaría el próximo sábado, 1 de agosto, que al ser inhábil, debería prorrogarse hasta el 1 de septiembre. Por ello, la Sala ha resuelto que procede "habilitar los próximos días 1, 2 y 3 de agosto a los efectos de no interrumpir la deliberación ya iniciada, la redacción de la resolución y la notificación de la misma".

Hay que señalar que se consideran inhábiles los días del mes de agosto para todas las actuaciones judiciales, excepto las declaradas urgentes por las leyes procesales y para la instrucción de causas criminales.

Falta de acuerdoSegún otras fuentes, está siendo la dificultad para llegar a un acuerdo entre los tres magistrados de la Sala -Juan Luis de la Rúa, Juan Montero y José Ceres- lo que ha obligado a ampliar el plazo para intentar llegar a un acuerdo y que la decisión se adopte por unanimidad sin el voto particular de José Ceres.

Fuentes próximas al TSJ explicaron que la postura del presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa, y del procesalista Juan Montero, partidarios ambos de dar carpetazo al asunto y evitar al presidente del Consell sentarse en el banquillo de los acusados para que lo juzgue jurado popular, está chocando con el planteamiento de Ceres, que comparte con Flors la conveniencia de celebrar juicio. Por su parte, Ricardo Costa manifestó ayer que no se plantea dimitir en caso de que el juez instructor del caso Gürtel en Valencia decida abrir juicio contra él y el resto de imputados en esta causa. Mientras tanto, el portavoz socialista en las Corts, Ángel Luna, manifestaba que la resolución de Madrid hace "cada vez más inverosímil la posibilidad de archivo" de la causa.
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