La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha denunciado que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha renovado este viernes el título de Marqués de Dávila, creado por el dictador Francisco Franco en honor de "uno de los militares sublevados que dieron un golpe de Estado el 18 de julio de 1936". En paralelo, impide y neutraliza cualquier reparación a las víctimas de la dictadura, mostrando así su peculiar visión de la "reconciliación nacional".
En efecto, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes la orden por la que el ministro de Justicia nombra Marqués de Dávila a Ramón Ignacio Dávila Casas tras el fallecimiento de su tío abuelo, que ostentaba el título. Originariamente, el título fue otorgado por Franco a Fidel Dávila, "uno de los militares sublevados y que ayudó a la destrucción de un régimen democrático y al establecimiento de una sangrienta dictadura".
La Asociación de la Memoria denuncia que desde la muerte de Franco han sido "numerosas" las renovaciones de títulos que otorgan reconocimiento "a quienes atentaron contra la legalidad y conquistaron honores mediante el uso de la fuerza" y ha anunciado que la próxima semana presentará un escrito ante el Ministerio de Justicia para preguntar si este tipo de títulos cuentan con algún tipo de beneficio por parte del Estado, "como estableció la dictadura cuando fueron concedidos".
A su juicio, esta renovación es un acto "reprochable desde cualquier punto de vista democrático", además de una forma de "maltrato" por parte del Estado hacia las víctimas de la dictadura, ya que "rinde homenaje a quienes perpetraron un atentado contra la forma de Estado y gobernaron gracias al ejercicio de una sangrienta represión".
Según ha recordado la Asociación de la Memoria, el pasado mes de julio Gallardón ya renovó el marquesado Queipo de Llano, otro título nobiliario de la dictadura.
En un comunicado, la Asociación señala que “el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que no ha hecho nada por reparar el daño que todavía sufren decenas de miles de familias del Estado español, rinde de ese modo homenaje a quienes perpetraron un atentado contra la forma de Estado y gobernaron gracias al ejercicio de una sangrienta represión.”
“Se trata además de una vulneración de la moción aprobada por unanimidad el 20 de noviembre de 2002, en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, según la cual se declaraba el rechazo al uso de la fuerza como método para conquistar el poder y se reconocía el derecho de las víctimas. Algo que parece alejado de una práctica política en la que las víctimas siguen en fosas comunes y los verdugos reciben honores en el Boletín Oficial del Estado”, concluyen.
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| SÁBADO, 15 DE DICIEMBRE DE 2012 DIARIO PROGRESISTA |
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