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La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica pide al Parlamento español una comisión permanente para buscar a 113.000 desaparecidos
En el Día Internacional de los Derechos Humanos y en el que la UE recibe en Oslo el Premio Nobel de la Paz, víctimas del franquismo han enviado una carta al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, para denunciar “el desamparo jurídico y político” que sufren en España. “Acogiéndonos al derecho que como ciudadanos europeos nos otorga la carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, tenga presentada denuncia contra el Reino de España por incumplimiento de sus compromisos y deberes”, afirman en el escrito, refiriéndose a su obligación de investigar la desaparición de más de 113.000 personas durante la Guerra Civil y la dictadura.
En su carta, las víctimas denuncian que España no ha respondido a sus demandas, “sin importarle vulnerar su propio ordenamiento jurídico, el derecho internacional y los compromisos adquiridos al ratificar los tratados que consideran delito continuado e imprescriptible la cuestión de las desapariciones forzadas”. Asimismo están preparando un viaje a Bruselas para que las instituciones europeas escuchen de primera mano su historia.
“La indefensión es total. En España se ha cerrado la vía política y la jurídica para los familiares de miles de desaparecidos, fusilados, torturados y depurados”, ha explicado Jordi Gordon, de la plataforma por la comisión de la verdad sobre los crímenes del franquismo. “Europa, que hoy recibe el Nobel de la Paz, no puede permitir que esto se mantenga. Por eso pedimos a la comisión que intervenga”.
Estrasburgo dice no a Fausto
N. J., MADRID
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo no ha admitido la demanda interpuesta el pasado 5 de octubre por Fausto Canales, hijo y sobrino de represaliados del franquismo, contra España por no haber investigado la desaparición de su padre el 20 de agosto de 1936.
El fiscal del Supremo Carlos Castresana lamentó que el tribunal “haya aprovechado este caso para volver a sancionar y ratificar la impunidad en España confirmando la desprotección y por tanto dejando en el abandono más absoluto a las víctimas”.
Fausto Canales tenía dos años cuando un grupo de falangistas irrumpió de madrugada en su casa para llevarse a su padre, Valerico, un jornalero de 29 años. Decidió acudir a Estrasburgo tras agotar todas las vías en España, tanto administrativas como judiciales. Su denuncia ante la Audiencia Nacional, por ejemplo, fue una de las que motivó que el juez Baltasar Garzón decidiera abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo finalmente frustrada tras las denuncias contra él de Falange y Manos Limpias que terminaron en juicio.
Canales está decidido a seguir peleando para averiguar qué le ocurrió a su padre, al que cree enterrado en el Valle de los Caídos junto a su verdugo.
“No me cansaré nunca de trabajar por esto. Me cansan los políticos, los indiferentes… pero no podemos decaer”, explicaba Balbina Sosa, de 67 años, que ha viajado desde Canarias para entregar hoy la carta a Durao Barroso en la oficina del Parlamento Europeo en Madrid. Su prima, Pino Sosa, fue una de las víctimas del franquismo que declararon como testigos en el juicio contra Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo, del que finalmente salió absuelto. A los padres de ambas los detuvieron y torturaron por ser de izquierdas. Al padre de Pino, lo mataron. Al de Balbina lo dejaron finalmente libre, pero con graves secuelas.
Florentina Rodríguez, nieta de una desaparecida por el franquismo, también ha querido acudir hoy a la oficina del Parlamento Europeo en Madrid para depositar esa carta en la que tiene puestas sus últimas esperanzas. “Queremos que obligue al Gobierno español a aclarar lo que ocurrió. Este país niega lo que pasó. Somos víctimas invisibles, en un limbo, pero las personas que buscamos no murieron en una confrontación bélica. Fueron a buscarlos a sus casas: se los llevaron, los torturaron y los mataron”.
También la abogada Cristina Almeidaha acudido a la oficina del Parlamento Europeo para apoyar a las víctimas. “En ningún país de Europa habría homenajes al dictador como el que se ha celebrado aquí”, ha denunciado, en referencia al acto convocado por la Fundación Francisco Franco el pasado 2 de diciembre para conmemorar el 120 aniversario de su nacimiento. “La ley de memoria histórica ya era bastante flojita, pero ahora el Gobierno ha quitado además todas las ayudas para buscar a los desaparecidos”, ha criticado. Para la abogada, la ley de amnistía de 1977 no es excusa para no investigar los crímenes del franquismo porque se hizo para sacar de la cárcel a los presos políticos y porque en cualquier caso, no es de aplicación, como han interpretado otros países como Argentina, cuando se trata de crímenes de lesa humanidad.
Comisión en el Congreso
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica también ha querido aprovechar el Día Internacional de los Derechos Humanos para dirigir otra carta, esta a los diputados del Congreso, reclamando la creación en el Parlamento de una comisión permanente de derechos humanos. “El Gobierno de España mantiene su único organismo con competencias en el tema bajo el paraguas del Ministerio de Asuntos Exteriores; una forma de negacionismo trata de crear la imagen de que dentro de nuestro territorio no existen problemas al respecto”, dice el escrito, que recuerda que en España hay más de 113.000 casos de desaparecidos del franquismo sin resolver.
“Hoy se celebra el Día de los Derechos Humanos. Y nuestra sociedad no podrá celebrar ese día hasta que se consiga garantizarlos. Por todo ello, como colectivo que busca a los asesinados y desaparecidos durante la dictadura franquista, queremos solicitarles la creación de una Comisión Permanente de Derechos Humanos, que escuche a la sociedad civil y atienda las demandas de uno de los ejes que deben ser esenciales en el ejercicio y en la calidad de una democracia y ayude a resolver entre otras cosas las numerosas consecuencias de la dictadura franquista que sufren todavía miles de familias”, concluye la carta dirigida al Congreso.
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