http://www.deia.com/2015/01/31/politica/euskadi/el-gobierno-del-pp-enreda-en-la-querella-contra-el-franquismo-para-bloquearla
ÓRDENES DE DETENCIÓN DE SERVINI
Interior envió la orden de detención de la jueza Servini contra cargos franquistas al fiscal y no al juez, que es el competente
RAQUEL UGARRIZA - Sábado, 31 de Enero de 2015 - Actualizado a las 06:03h
Martín Villa conversa con la reina Sofía durante un acto en el año 2007. (EFE)
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BILBAO - El Gobierno español sigue obstaculizando las diligencias para esclarecer los crímenes del franquismo. Así lo consideran las asociaciones embarcadas en la querella presentada en Argentina en 2010, que han detectado una nueva argucia para “dilatar” las órdenes de detención con fines de extradición que la jueza de este país María Servini cursó contra 19 acusados por crímenes cometidos durante el franquismo, entre ellos los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina.
Así lo pusieron de manifiesto dichas asociaciones personadas en la causa abierta en Argentina cuando enviaron a mediados de este mes al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco varios escritos informando de la “omisión escandalosa y disconforme a derecho” del Ministerio del Interior al no poner a disposición judicial a las personas requeridas por Servini y al remitir las peticiones a la fiscalía, cuando es un órgano ajeno e incompetente para tramitarlas.
A raíz de dichos escritos, a los que tuvo acceso Europa Press, el juez Velasco reclamó a la fiscalía que le informe sobre el estado en el que se encuentran las órdenes de detención. A su vez, el Ministerio Público preguntó al respecto al Ministerio de Justicia y este le respondió que la documentación remitida por el juzgado de Buenos Aires estaba incompleta.
Así las cosas, Velasco ha vuelto a preguntar a la fiscalía su posición respecto a los acusados. La sección argentina de Interpol pidió en noviembre de forma “urgente” la detención preventiva con fines de extradición, pero la oficina de Madrid protestó ante la secretaría general de Interpol con sede en Lyon, que aceptó la queja. El ministro de Justicia, Rafael Catalán, despachó el asunto asegurando que fue la secretaría general de Interpol la que rechazó la solicitud al entender que tiene “una naturaleza política”.
La magistrada imputó el pasado 30 de octubre a Martín Villa, ministro de Gobernación entre 1976 y 1979, por considerarlo responsable de la represión de trabajadores en los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz, en la que fueron asesinados cinco de ellos y hubo más de cien heridos, muchos de ellos por armas de fuego. También imputó a Utrera Molina y a otros políticos de la dictadura, exmiembros de las Fuerzas Armadas, exjueces y hasta un antiguo ginecólogo.
Las asociaciones de víctimas del franquismo integradas en la coordinadora Ceaqua -personada en la causa- se quejan de que, en los cuatro meses transcurridos desde que Servini ordenara la detención “inmediata” de estos 19 imputados, el Gobierno español ha ofrecido informaciones “confusas y desconcertantes”, además de no ejecutar las órdenes.
PROTESTA DE LOS QUERELLANTES Además de los palos en la rueda colocados por el Gobierno del PP a la investigación de estos crímenes invocando que la Ley de Amnistía cerró tal posibilidad, la anterior petición de Servini de extraditar al expolicía Antonio González Pacheco, Billy el Niño, y al excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas cayó en sacó roto al dictaminar la Audiencia Nacional que los delitos habían prescrito. Eso sí, tuvieron que acudir a declarar ante el juez Pablo Ruz.
En el escrito enviado al juez a mediados de este mes por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe), se denuncia el “incumplimiento grave” por parte de las autoridades policiales españolas de la legislación sobre extradición firmada por España y Argentina. “Dichas autoridades no solo incumplen con su obligación de poner a disposición judicial a los requeridos por el juzgado argentino, sino que remiten las órdenes de detención a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, órgano ajeno e incompetente para tramitar y ejecutar las citadas órdenes, por cuanto que su actuación se produciría una vez que los imputados fueran puestos a disposición judicial”, explican en el escrito.
En este sentido, la asociación expone que la comunicación cursada por el Ministerio de Interior a la Fiscalía de la Audiencia Nacional “no puede resultar más improcedente y contraria a Derecho” y que, además, en un “alarde de desconocimiento e ignorancia inexcusable” de la ley, se permite afirmar que los jueces españoles no han solicitado hasta el momento que se lleven a cabo las órdenes de detención.
“Se pretende por parte de las autoridades gubernativas que sean las autoridades judiciales las que ejecuten las órdenes de detención, cuando no se les ha comunicado la existencia y el contenido de las mismas ni por parte del Ministerio del Interior ni por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional”, concluyen los denunciantes.
DILACIÓN EVIDENTE “Es clara la paralización y la dilación permanente que está promoviendo el Gobierno español”. Así se expresa Josu Ibargutxi, portavoz de la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo, una de las asociaciones integradas en Ceaqua y que comparte las quejas expresadas al juez por la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Resalta Ibargutxi que “a diferencia” del caso de Billy el Niño y Muñecas, el Ejecutivo de Rajoy está encastillado en no propiciar la declaración ante la Audiencia Nacional de los 19 imputados por la juez argentina. “Se está dando una dilación evidente porque teóricamente un gobierno democrático, de acuerdo con los convenios internacionales, tiene que poner de inmediato a estos señores en un juzgado para que prosigan las diligencias”.
En este sentido Ibargutxi, mostró su confianza en que la vía judicial abra el cerrojazo decretado por el Ejecutivo del PP, y por ese motivo las asociaciones personadas en la querella están haciendo “gestiones permanentes pero discretas para que la judicatura española tome partido hacia una posición más abierta que la que tiene el gobierno”.
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