EXTRADICIÓN DE MINISTROS DE LA DICTADURA
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| SÁBADO, 14 DE MARZO DE 2015 DIARIO PROGRESISTA  |
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Según ha indicado Catalá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha sometido a consideración del Ejecutivo un acuerdo para la denegación de la continuación de la extradición por tres motivos : el principio de jurisdicción preferente, el principio de extinción de la responsabilidad y la doble incriminación.
Estos motivos aparecen recogidos tanto en la legislación nacional -la ley de extradición pasiva de 1985- y por los acuerdos internacionales, en particular el tratado de extradición que España tiene con Argentina desde 1987
En concreto, el ministro ha subrayado que corresponde a España la competencia de juzgar los delitos cometidos por españoles en territorio español. Por eso, este sería ya un "motivo suficiente" para no aprobar la extradición que solicita Argentina.
Pero, además, ha explicado que los hechos que la jueza argentina María Servini atribuye a los ex ministros -"haber firmado condenas de muerte"- en ese momento no constituían delito. En esa época, "ya superada", quien firmaba una pena de muerte "no cometía delito", ya que era un castigo recogido por el Código Penal entonces vigente.
Y, en todo caso, ha añadido, aunque hubieran incurrido en un delito, habría prescito. Catalá ha recordado que el Código Penal de la época, e incluso el vigente, fijan en 15 años la extinción de la responsabilidad. Por lo tanto, cuando la juez Servini inició el procedimiento en 2014, la responsabilidad criminal estaría "absolutamente prescrita".
Por todo ello, ha pedido denegar la petición de la jueza argentina, tras recibir la información complementaria que había solicitado España al expediente que llegó el pasado mes de diciembre. Servini reclamó la detención de veinte personas por crímenes cometidos durante el franquismo, entre ellos varios ministros de la dictadura como José Utrera Molina o Rodolfo Martín Villa.
NO A LAS DETENCIONES POR INTERPOL
Esta semana, el Gobierno ya señaló que no promovería la detención de estas personas, como había solicitado Servini, que les atribuye delitos de genodicio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
En una respuesta parlamentaria, explicó que las órdenes de detención internacional emitidas a través de Interpol no son vinculantes, ya que prima el derecho interno de cada país y los acuerdos de extradición firmados entre los países implicados.
El Ejecutivo señaló además que existía "un precedente", ya que En la misma causa, instruida por la Justicia argentina, las autoridades españolas habían denegado la extradición de otros cuatro ciudadanos españoles".
Se refería en este punto al ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el ex comisario José Ignacio Giralte González, y el ex inspector José Antonio González Pacheco, alias ´Billy El Niño´. En aquella ocasión, la Secretaría General de la Interpol aceptó las razones escrimidas por Interpol España.
En concreto, el ministro ha subrayado que corresponde a España la competencia de juzgar los delitos cometidos por españoles en territorio español. Por eso, este sería ya un "motivo suficiente" para no aprobar la extradición que solicita Argentina.
Pero, además, ha explicado que los hechos que la jueza argentina María Servini atribuye a los ex ministros -"haber firmado condenas de muerte"- en ese momento no constituían delito. En esa época, "ya superada", quien firmaba una pena de muerte "no cometía delito", ya que era un castigo recogido por el Código Penal entonces vigente.
Y, en todo caso, ha añadido, aunque hubieran incurrido en un delito, habría prescito. Catalá ha recordado que el Código Penal de la época, e incluso el vigente, fijan en 15 años la extinción de la responsabilidad. Por lo tanto, cuando la juez Servini inició el procedimiento en 2014, la responsabilidad criminal estaría "absolutamente prescrita".
Por todo ello, ha pedido denegar la petición de la jueza argentina, tras recibir la información complementaria que había solicitado España al expediente que llegó el pasado mes de diciembre. Servini reclamó la detención de veinte personas por crímenes cometidos durante el franquismo, entre ellos varios ministros de la dictadura como José Utrera Molina o Rodolfo Martín Villa.
NO A LAS DETENCIONES POR INTERPOL
Esta semana, el Gobierno ya señaló que no promovería la detención de estas personas, como había solicitado Servini, que les atribuye delitos de genodicio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
En una respuesta parlamentaria, explicó que las órdenes de detención internacional emitidas a través de Interpol no son vinculantes, ya que prima el derecho interno de cada país y los acuerdos de extradición firmados entre los países implicados.
El Ejecutivo señaló además que existía "un precedente", ya que En la misma causa, instruida por la Justicia argentina, las autoridades españolas habían denegado la extradición de otros cuatro ciudadanos españoles".
Se refería en este punto al ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el ex comisario José Ignacio Giralte González, y el ex inspector José Antonio González Pacheco, alias ´Billy El Niño´. En aquella ocasión, la Secretaría General de la Interpol aceptó las razones escrimidas por Interpol España.
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