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En este artículo glosaremos la historia de la represión franquista en Cádiz, siguiendo el texto de Paul Preston, El holocausto español, Barcelona, 2011, págs.. 197-198.
Nada más producirse en Cádiz la rendición de las fuerzas políticas y sociales leales a la República, comenzó la tarea represiva de las nuevas autoridades rebeldes. El alcalde, Manuel de la Pinta Leal, no se encontraba en esos días en la ciudad pero fue detenido en Córdoba en septiembre y llevado a Cádiz para ser fusilado. El gobernador Mariano Zapico, el presidente de la Diputación, Francisco Cossi Ochoa y los militares que se negaron a sublevarse fueron acusados de rebelión militar. Recordemos que las autoridades civiles y las militares cumplieron sus obligaciones y se limitaron a seguir las órdenes emitidas por el gobierno de la República y respetar la legislación vigente, además de no empuñar las armas contra los sublevados. Entre los militares leales a la República se encontraba el capitán de la Armada Tomás Azcárate García de Lomas. Pues bien, a mediados de agosto de 1936, antes de producirse juicio alguno, fue sacado, junto con el diputado socialista Rafael Calvo Cuadrado y el abogado del consistorio municipal, Antonio Muñoz Dueñas, para ser fusilados por orden del general Queipo de Llano.
Pero la represión no se terminó con la liquidación de las primeras figuras republicanas y de la izquierda de Cádiz. La labor represiva alcanzó a todas las personas que de alguna manera se habían significado en la defensa de la República. Para poder hacer la tarea de forma más eficacia y evitar huidas, los rebeldes cerraron las Puertas de Tierra de la ciudad y que, como es sabido, unían Cádiz con el resto de España. Se organizaron grupos de falangistas, guardias civiles y tropas regulares para el registro y saqueo de viviendas. Se procedió a la detención masiva de liberales, republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, masones y sindicalistas. Algunos ni pudieron llegar a una prisión o centro de detención, ya que fueron fusilados en la misma calle. Otros fueron conducidos a la central de la Falange, que se situó en el Casino, para ser torturados con palizas y/o con el sistema de ingesta de aceite de ricino y aceite industrial mezclado con serrín y miga de pan. Posteriormente, se creó el denominado “Tribunal de la Sangre”, que seleccionaba diariamente una media de 25 detenidos para ser ejecutados. Se calcula que en los primeros cinco meses posteriores a la sublevación se ejecutó a unas 600 personas. La cifra llegaría a 1.000 para todo el período de la guerra civil. Entre 1939 y 1945 se ejecutó a otras 300 personas. Hay que tener en cuenta, además, que en estas cifras no se incluye a los que murieron en las cárceles a consecuencia de la aplicación de torturas.
Pero la represión no se terminó con la liquidación de las primeras figuras republicanas y de la izquierda de Cádiz. La labor represiva alcanzó a todas las personas que de alguna manera se habían significado en la defensa de la República. Para poder hacer la tarea de forma más eficacia y evitar huidas, los rebeldes cerraron las Puertas de Tierra de la ciudad y que, como es sabido, unían Cádiz con el resto de España. Se organizaron grupos de falangistas, guardias civiles y tropas regulares para el registro y saqueo de viviendas. Se procedió a la detención masiva de liberales, republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, masones y sindicalistas. Algunos ni pudieron llegar a una prisión o centro de detención, ya que fueron fusilados en la misma calle. Otros fueron conducidos a la central de la Falange, que se situó en el Casino, para ser torturados con palizas y/o con el sistema de ingesta de aceite de ricino y aceite industrial mezclado con serrín y miga de pan. Posteriormente, se creó el denominado “Tribunal de la Sangre”, que seleccionaba diariamente una media de 25 detenidos para ser ejecutados. Se calcula que en los primeros cinco meses posteriores a la sublevación se ejecutó a unas 600 personas. La cifra llegaría a 1.000 para todo el período de la guerra civil. Entre 1939 y 1945 se ejecutó a otras 300 personas. Hay que tener en cuenta, además, que en estas cifras no se incluye a los que murieron en las cárceles a consecuencia de la aplicación de torturas.
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