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27/06/2016 MADRID
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha elaborado una declaración en la que se solicita a ayuntamientos y diputaciones una condena institucional del 18 de julio.
Este colectivo quiere que “se aproveche la fecha para que las instituciones digan nunca más a un golpe de Estado, una dictadura, a la falta de libertades y al asalto al poder”.
“Cuando llevamos 40 años de democracia y del final de la dictadura, conviene no olvidar la dura situación que vivieron millones de personas y mostrar desde las instituciones un rechazo firme hacia cualquier forma de imposición de unas ideas, mediante el uso de la violencia”, según el citado documento, al que tuvo acceso Servimedia.
Esta entidad considera que “la terrible experiencia de esos años debe ser una vacuna para afirmar la defensa de los derechos humanos y reconocer a quienes padecieron cárcel, torturas y otras formas de represión".
Los autores del texto señalan que “es deber de nuestras instituciones mostrar explícitamente el rechazo por una dictadura que negó la libertad y vulneró derechos que hoy son fundamentales e irrenunciables en el ejercicio de nuestra convivencia".
La ARMH afirma que, con motivo de este 80 aniversario, “no queremos nunca más un 18 de julio, ni cualquier tentativa de limitar o suspender las libertades en nombre de ninguna causa, y reconocemos a todas aquellas personas que sufrieron la represión, murieron exiliadas lejos de su tierra y de sus seres queridos, fueron encarceladas, depuradas, perseguidas, así como al funcionariado depurado".
Asimismo, indica la declaración, “sostenemos nuestro compromiso por continuar afirmando la defensa de los derechos humanos y la denuncia de cualquier vulneración de los mismos y debemos reiterar sin descanso nuestro esfuerzo por construir una sociedad en la que no vuelva a existir un gobierno que no nazca de la voluntad de la ciudadanía”.
La ARMH recuerda que el 20 de noviembre del año 2002 la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad de todos los partidos políticos una declaración en la que el Parlamento declaraba que “nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática”.
Este colectivo quiere que “se aproveche la fecha para que las instituciones digan nunca más a un golpe de Estado, una dictadura, a la falta de libertades y al asalto al poder”.
“Cuando llevamos 40 años de democracia y del final de la dictadura, conviene no olvidar la dura situación que vivieron millones de personas y mostrar desde las instituciones un rechazo firme hacia cualquier forma de imposición de unas ideas, mediante el uso de la violencia”, según el citado documento, al que tuvo acceso Servimedia.
Esta entidad considera que “la terrible experiencia de esos años debe ser una vacuna para afirmar la defensa de los derechos humanos y reconocer a quienes padecieron cárcel, torturas y otras formas de represión".
Los autores del texto señalan que “es deber de nuestras instituciones mostrar explícitamente el rechazo por una dictadura que negó la libertad y vulneró derechos que hoy son fundamentales e irrenunciables en el ejercicio de nuestra convivencia".
La ARMH afirma que, con motivo de este 80 aniversario, “no queremos nunca más un 18 de julio, ni cualquier tentativa de limitar o suspender las libertades en nombre de ninguna causa, y reconocemos a todas aquellas personas que sufrieron la represión, murieron exiliadas lejos de su tierra y de sus seres queridos, fueron encarceladas, depuradas, perseguidas, así como al funcionariado depurado".
Asimismo, indica la declaración, “sostenemos nuestro compromiso por continuar afirmando la defensa de los derechos humanos y la denuncia de cualquier vulneración de los mismos y debemos reiterar sin descanso nuestro esfuerzo por construir una sociedad en la que no vuelva a existir un gobierno que no nazca de la voluntad de la ciudadanía”.
La ARMH recuerda que el 20 de noviembre del año 2002 la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad de todos los partidos políticos una declaración en la que el Parlamento declaraba que “nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática”.
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