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El historiador Javier Fernández Galeano (Badajoz, 1987) ha analizado 181 expedientes de los juzgados de peligrosidad social de las postrimerías del franquismo catalogados en el Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana. Los expedientes desvelan el papel de jueces, fiscales y forenses que, identificados con nombres y apellidos, aplicaban la represión de las leyes de la dictadura contra los homosexuales, a los que la teoría franquista acusaba de contagiar a la población sana y respetable de toda la vida de Dios. “El quedarte marcado de forma que todo tu vecindario sepa que eres el maricón y que eso se merece la cárcel y que es una enfermedad y que todo el mundo debería rechazarte por eso, la idea de que eres contagioso, de que eres algo peligroso, de que seduces, de que vas a hacer que otras personas sean como tú, que ese sea el ideario que se impone desde el Estado, es algo terrible y creo que hay que visibilizarlo y repararlo, abrir la herida para que se cure”, afirma en una entrevista con elDiario.es el investigador, autor de Gestos en la noche. Historias de represión, erotismo y sociabilidad LGTB+ (1971-1979), editado por Publicacions de la Universitat de València.
Uno de los principales protagonistas del libro —el juez Fernando Tintoré, que llegó a presidir la Audiencia Provincial de Castelló entre 1991 y 2003— dictó gran parte de las sentencias analizadas, correspondientes a casos del País Valenciano y Murcia. “Si el acusado se presentaban ante el juzgado con un discurso de autorrechazo, de disposición a someterse al aparato de la ley, de ir a la mili, de tener novia, de una serie de conductas que muestran una capacidad de integrarse socialmente, el juez Tintoré lo consideraba”, explica Javier Fernández Galeano. La mayoría de los acusados eran jóvenes varones de entre 16 y 20 años, con un perfil “muy concreto” de situación precaria.
Por su parte, el forense Antonio Sabater Sanz también acapara gran parte del estudio: “Sobre todo porque tenía un interés en elaborar una base teórica para esta persecución; su criterio era que en los homosexuales se podía medir la peligrosidad según un grado de promiscuidad, básicamente cuanto más promiscuo sea y más activo sexualmente, más contagioso”, dice el autor de la obra. La técnica forense tampoco era demasiado elaborada, a pesar de los aires teóricos con los que trataba de adornarse Sabater, autor de un manual sobre sexología: “Simplemente, intenta sonsacarle todo lo que podía al arrestado, preguntarle por su vida íntima, su privacidad, el tipo de sexo que tiene, con mucho interés por la eyaculación y por el tipo de sexo anal. Y con esa base, elaborando informes, también mira la pluma, la gestualidad o los manierismos”.
La legislación franquista, sostiene el historiador, buscaba “identificar a sujetos que se considera que tienen una conducta de tipo social que implica que suponen un contagio o un peligro para la sociedad y que, eventualmente, pueden llegar a la criminalidad, pero como no es todavía criminalidad, es predelictual. Es decir, a ti te detienen por homosexual, que no es un crimen tal cual, con esa idea de que puedes contagiar a otros”. “Lo que se mide es esa predisposición de una forma que depende muchísimo de la colaboración entre jueces y forenses”, apostilla.
—Lo peligroso del homosexual es la seducción de otros. Ahí el forense te examina, decide a qué grado de arrepentimiento puedes llegar a experimentar, de autocontrol, afeminamiento o pluma. Y, en base a eso, hay una serie de informes entre jueces y forenses que van decidiendo cómo se aplican las penas. Estas penas de homosexualidad empiezan en 1954 con la modificación de la Ley de Vagos y Maleantes y se reforman en 1970; son tres años de cárcel, tres años de exilio y tres años de vigilancia. Como máximo. Y luego se van modulando, según lo que decidan forenses y jueces. Eso, lo que implica es que hay muchísima más arbitrariedad, más discrecionalidad. O sea, el acusado, el condenado, no sabe realmente cuánto tiempo va a acabar en la cárcel o cuánto tiempo va a estar en vigilancia. Según cómo se vaya comportando, lo cual a su vez sirve para estimular que tenga un comportamiento lo más normativo posible y que renuncie a su condición de marica, a su condición de persona con pluma o promiscuo.
Las prisiones de Huelva y Badajoz
La legislación franquista, especialmente a partir de 1970, con una ley que “pretende ser más científica, más racional, más taxonómica, más lógica”, distingue entre “pasivos y activos, con la idea de que si los separas por rol sexual no pueden tener relaciones”. Así, los condenados tenían dos destinos principales: la prisión de Badajoz, a la que solía enviar a los acusados “pasivos” con los que las autoridades se ensañaban más, y el penal de Huelva para los que se consideraba que tenían más posibilidades de rehabilitación (siempre desde la óptica de la dictadura).
“El objetivo de la división Huelva/Badajoz era, en realidad, debilitar los lazos comunitarios, afectivos e identitarios entre personas sexodisidentes y trasladar los discursos en torno a la abyección marica y travesti al plano material del panóptico”, escribe Javier Fernández Galeano.
En Badajoz acabó recluido, entre muchos otros, el valenciano Antonio Ruiz, fundador de la Asociación de Ex Presos Sociales y cuyo relato vital evoca la “violencia sexual promovida y ejercida por policías y funcionarios en las celdas de las comisarías y las cárceles modelo, donde homosexuales y trans adolescentes eran violados por otros presos y por los propios funcionarios como forma de escarmiento y para disfrute de los violadores”, afirma Fernández Galeano en el libro.
—Realmente, se enviaba a Huelva o a Badajoz según se considerase que la peligrosidad se correlacionaba con la posibilidad de rehabilitarse. Los que más podían rehabilitarse, los jóvenes, varoniles, que se habían prostituido, que estaban haciendo la mili, que habían tenido un desliz, que renegaban de su condición homosexual o que sufrían algún otro tipo de patología mental, porque si tú decías que estabas deprimido, paradójicamente, eso ya por sí demostraba que estabas en una situación de autorrechazo. Y era un índice positivo de potencial regeneración. O sea, demostrar que lo estabas pasando mal, cualquier tipo de enfermedad mental, era positivo. O colaborar con la Policía. Ese tipo de sujetos van a Huelva. A Badajoz: mujeres trans, personas con pluma, los que no colaboran, los que denuncian el clasismo del régimen y, en general, los que no quieren despegarse de su comunidad marica o de esas redes de afecto que se han generado en la subcultura disidente del periodo.
El historiador repasa las diligencias policiales incluidas en los expedientes, en las que los agentes “intentaban traducir el placer homoerótico a un lenguaje lo más aséptico y técnico posible”, reseña Fernández Galeano, con verbos como “incrustar”. También detalla las terapias de electroconvulsión, practicadas en el Hospital Clínico de València, “episodios muy traumáticos” contados por algunos testimonios que los sufrieron en primera persona.
La obra reconstruye las “cartografías del deseo” en la ciudad de València en la década de 1970, con los principales garitos tolerantes con la homosexualidad, las zonas de 'chaperos' y los espacios del 'cruising', todos en el punto de mira policial.
—El sexo anónimo ocurre sobre todo en lo que yo llamaba la arquitectura del abandono, en un periodo de reconversión industrial; la ciudad se está reinventando y hay muchos espacios que antes eran fábricas, descampados o edificios abandonados en general, en los que aparecen los homosexuales como ovejas en la colmena. Van por las noches, se localizan por el código de la mirada o gestos del cuerpo y se apropian de ese espacio, se corre la voz y se practica. O sea, es la propia práctica la que se apropia de ese espacio, la que convierte un espacio en homosexual. Los parques y los baños públicos también. Los baños públicos son fundamentales porque tú podías acudir con la excusa de mear, enseñabas tu pene y otra persona te lo miraba. Solía haber alguien que vigilaba para ver quién entraba. Hay toda una serie de códigos para asegurar que se basaban en el consentimiento, que las personas que participaban de esa práctica eran conscientes de cómo acceder a ese espacio y cuáles eran las normas. Y los expedientes son muy buenos, son una gran fuente para recrear ese espacio.
El libro repasa las zonas del trabajo sexual en València, con las calles de la Paz y del Mar como “eje fundamental”. También la indefensión de las personas homosexuales ante robos o ataques: “Si tú denuncias que te han robado, que te han extorsionado, que has caído en las redes de personas que victimizan a los homosexuales, te estás denunciando a ti mismo como homosexual, es contraproducente”. Así, a ojos de la legislación franquista, el homosexual “no es un sujeto con derecho” ni tiene la “capacidad de defender su propia autonomía corporal”.
El mismo archivo alberga expedientes relativos a la zona de Murcia, con los alrededores del acuartelamiento de Cartagena como epicentro: “Hay muchísimos reclutas que se dedican a la prostitución con otros hombres y que se justifican en ese sentido. Lo que explican de cara al juez es que no es que tengan un deseo homosexual, sino una instrumentalización del sexo. Necesitan ingresos y también pueden llegar a ser tratados con más benevolencia. Porque performan la virilidad. Tienen toda la apariencia de un chaval de 18 o 19 años que está haciendo la mili, que fuma tabaco, que lleva chaqueta de cuero y que ha tenido un desvío”.
La alianza interseccional con cristianos y psiquiatras
Javier Fernández Galeano cierra su obra con la fase de movilización de los nacientes movimientos LGBT+, especialmente del Front d'Alliberament Sexual del País Valencià (FAHPV), en el contexto de la Transición, contra la Ley de Peligrosidad Social, y el encaje de la demanda con otras luchas sociales y políticas de la época, en una suerte de cruce de caminos y con el trasfondo del movimiento antipsiquiátrico o de las tendencias libertarias y de la fuerza del conjunto de la oposición a la dictadura franquista. “De forma inesperada”, explica el autor, “el hecho de que la ley persiga por igual a enfermos mentales, homosexuales y prostitutas, genera dinámicas de colaboración y solidaridad entre esos sectores que son perseguidos por la misma norma. Es lo que hoy en día llamaríamos un enfoque interseccional”.
Destaca el papel, como precedente de los grupos de liberación gay, de las Fraternidades Cristianas de la Amistad (FCA), nacidas en la clandestinidad desde a mediados de la década de 1960 y lideradas por un antiguo sacerdote, Antonio José Mora, con la marginalidad como “coartada temática”. Y la figura del psiquiatra valenciano Manuel Gómez Beneyto, ponente en el I Congreso Internacional de Marginación Social organizado en 1976 en Burjassot por las FCA y con la asistencia del FAHPV.
“Si la persecución venía de la ley, la religión y la medicina, había que, de alguna forma, incluir a aquellos sectores que, en un comienzo, habían apoyado la ley de criminalización, para deslegitimarla”, apostilla Fernández Galeano.
Por fin, el 26 de diciembre de 1978, el consejo de ministros acordó la supresión de los artículos sobre homosexualidad de la Ley de Peligrosidad Social. “Con la memoria histórica hay que enseñar primero lo que ha pasado para que podamos curarlo. El libro intenta hacer justicia a ambas facetas, como el hecho de que hubo mucho dolor, pero también mucha alegría, mucha gente que siguió contando el placer, que se dio apoyo mutuo o que crearon sus familias alternativas”, concluye el historiador.
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