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La juez acusa a Fabra de falsedad documental
Seis años después de iniciarse las investigaciones, incoa un procedimiento abreviado por supuesta falsificación de cuños, análisis químicos, sellos y firmas para comercializar plaguicidas procedentes de una empresa asiática
EFE
El Juzgado de Instrucción número 2 de Nules ha incoado un procedimiento abreviado contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y el ex director adjunto de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura Domingo Cadahía por una posible falsificación de documentos para la obtención de autorizaciones comerciales.
Según han informado hoy fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el procedimiento judicial también ha sido abierto contra la esposa de Fabra, María Amparo Fernández, el empresario Vicente Vilar y su ex esposa Monserrat Vives.
Las diligencias previas se iniciaron hace unos seis años con el fin de investigar la supuesta falsificación de cuños, análisis químicos, sellos y firmas con el objetivo de obtener las autorizaciones necesarias para comercializar, mediante su empresa Naranjax, plaguicidas procedentes de una empresa asiática, añade el TSJCV.
Tras esta decisión, la juez instructora da traslado de las actuaciones a la Fiscalía Anticorrupción y, posteriormente, a las personas imputadas, para que en un plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral -con el consecuente escrito de acusación- o pidan el sobreseimiento de la causa.
El auto de incoación se dirige también contra Manuel Martínez, Hami el Azouzi y Mohamed Chakir, y extingue la responsabilidad penal de Vicente Sánchez Peral por su fallecimiento.
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La falta de medios de la Fiscalía Anticorrupción retrasa aún más la investigación del caso Fabra
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La juez achaca a Fabra un delito penado hasta con seis años
Ordena incoar procedimiento abreviado contra el político del PP por falsificar documentos para comercializar productos plaguicidas en España
ELPAÍS.com - Madrid - 11/05/2009
Tras cinco años de investigación judicial, María José Calvo, juez sustituta del juzgado de Nules, ha dictado hoy un auto de incoación de procedimiento abreviado en relación con la falsificación de documentación para la comercialización de plaguicidas en España. La juez incluye entre los responsables de este acto al dirigente popular Carlos Fabra, presidente de la Diputación Provincial de Castellón. El PP no ha tomado ninguna medida contra Fabra pese a que, desde hace años, está imputado no sólo por este delito de falsificación, sino por otros relacionados con negociaciones prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias y fraude a la Hacienda Pública.
Fabra: "Yo no sé la cantidad de gente que habré colocado en 12 años"
Fabra cobró 841.000 euros por asesorar a empresas siendo presidente de la Diputación
Carlos Fabra Carreras
A FONDO
Fabra, según el relato de la juez en el auto de incoación de procedimiento abreviado para la apertura de juicio oral, formaba parte de una trama que, "con ánimo de lucro, falsificó cuños, análisis químicos, sellos y firmas presentándolos, a sabiendas de su falsedad, ante el Ministerio de Agricultura con el fin de agilizar y obtener las autorizaciones" para vender "diversos plaguicidas procedentes de una empresa asiática que no reunían los requisitos legales para su comercialización en España".
Fabra, según la investigación judicial, llegó incluso a reunirse con altos dirigentes del Gobierno del PP para presionar en el ministerio de Agricultura de manera que se agilizarán las autorizaciones a favor de Naranjax, una empresa de comercialización de fitosanitarios propiedad de la entonces mujer de Fabra, del empresario Vicente Vilar y de su esposa. El relato de la juez señala que los sellos falsos fueron remitidos por Fabra al subdelegado del Gobierno en Castellón quién, a su vez, los hizo llegar a un alto funcionario del Ministerio de Agricultura.
La juez entiende que estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de falsedad documental previsto y penado en el artículo 390 del código Penal ("Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad: 1.º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial; 2.º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error ").
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PERFIL: Carlos Fabra: "Aquí mandó yo"
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El juez ve indicios contra Fabra por falsificar documentación
El caso, uno de los dos que tiene abiertos en el juzgado de Nules, queda pendiente del juicio oral
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Fabra podría sentarse por primera vez en el banquillo
Una juez inicia un proceso contra el presidente de Castellón por falsedad documental.
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Se acortan los trámites para proceder al primer juicio oral contra el popular
La juez atribuye a Fabra un delito de falsedad documental penado hasta con seis años de cárcel
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dilluns, 11 de maig del 2009
diumenge, 10 de maig del 2009
PP Vice 10/05/2009. Las últimas revelaciones elevan a 8, 2 millones las facturas de Orange Market con el Consell y el PP.
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Las últimas revelaciones elevan a 8, 2 millones las facturas de Orange Market con el Consell y el PP
Al menos ocho conselleries han encargado trabajos a Álvaro Pérez
Levante-EMV, Valencia
Orange Market, la filial valenciana de la presunta trama de corrupción que se destapó con la operación Gürtel, ha facturado como mínimo 8.179.000 euros a la Generalitat Valenciana y al Partido Popular. La actividad de la empresa de Álvaro Pérez en la Comunitat Valenciana no sólo se reduce al montaje de los pabellones valencianos en Fitur, los trabajos en la fiesta de salida de la Volvo Ocean Race o la organización de eventos para el Partido Popular, principalmente el valenciano.
Según ha ido revelando Levante-EMV desde que se destapó la trama, la mayoría de las consellerias han tenido relación con la empresa valenciana, dirigida por el imputado en el caso Álvaro Pérez, y fundada en 2003 por Pablo Crespo, número dos del presunto cabecilla Francisco Correa, actualmente en prisión. De ese total de 8,2 millones, aproximadamente 575.000 euros se habrían encargado a través de contratos menores. Presidencia de la Generalitat, las consellerias de Sanidad, Bienestar Social, Justicia, Turismo, Territorio, Infraestructuras, Educación, fundaciones públicas como la Luz de las Imágenes o empresas del Consell como Vaersa y RTVV, han estado en la cartera de clientes de Álvaro Pérez.
El grueso del total parte de los trabajos de diseño, fabricación y montaje del pabellón valenciano para Fitur y otros cuatro certámenes turísticos entre 2005 y 2009, que le reportaron a Orange Market 5,53 millones de euros. Por otro lado, Presidencia, a través de la Sociedad para la Promoción y la Imagen Estratégica de la Comunitat pagó a Orange Market, 445.000 euros por organizar la fiesta de salida de la regata Volvo, en Alicante.
Pero no fue el único contacto de Presidencia con la firma de Álvaro Pérez. Orange Market recibió al menos cinco contratos «a dedo» desde el Palau para realizar trabajos menores: la producción de paneles de decorado —uno de ellos fue utilizado en un viaje de Camps a Estados Unidos—, material para ruedas de prensa o la guía de la comunicación. Un montante de 34.500 euros emanados desde Presidencia, a los que se suman otros 8.000 euros que gastó la Conselleria de Justicia, para parte del montaje del acto «Elecciones 2007».
Orange Market también ha facturado a empresas públicas dependientes de la administración.
La firma Valenciana de Aprovechamientos de Residuos (Vaersa), dependiente de la Conselleria de Territorio, otorgó en 2004 a a Pérez a dedo un contrato de casi 140.000. La adjudicación, como ya contó este periódico, fue un auténtico paripé, ya que las otras empresas a las que se consultó eran del mismo gerente que Orange Market.
Territorio, de quien depende Vaersa, tenía entonces como conseller a Rafael Blasco. El mismo Blasco, como conseller de Sanidad, encargó a la empresa investigada la entrega de los premios Salud y Sociedad. En 2006, cobró 3.096 euros; en 2007, cuatro veces más: 14.000 euros en total.Pero no sólo de la Generalitat se ha sustentado Orange Market.
La empresa de Álvaro Pérez ha sido la organizadora de eventos de cabecera del PP valenciano desde 2004, coincidiendo con la llegada de Camps al Palau de la Generalitat. El total facturado asciende aproximadamente a 1,8 millones, en su gran mayoría al PP valenciano, entre los dos congresos regionales de Francisco Camps, cenas, actos y campañas electorales.
El presidente de la Generalitat será citado por el juez del caso Gürtel por un posible cohecho relacionado con el regalo de unos trajes, presuntamente, por parte de Orange Market.
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La Generalitat se refugió en los contratos menores para poder adjudicar a dedo
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Un trimestre de medias verdades
Camps ha querido descalificar la investigación del 'caso Gürtel' que empaña su futuro
JOAQUÍN FERRANDIS - Valencia - 10/05/2009
El pasado 6 de febrero el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón puso en marcha la operación Gürtel para desmantelar una trama corrupta de empresas vinculada al Partido Popular. Y ese día empezó la peor pesadilla de Francisco Camps de sus seis años al frente del Consell de la Generalitat.
Francisco Camps Ortiz
A FONDO
Las informaciones que el Consell dio por rebatidas siguen en pie
La imputación al presidente que parecía impensable ahora es probable
El presidente ha optado desde entonces por refugiarse, siempre que le ha sido posible, en el silencio y en el desmentido general. Un silencio roto por las informaciones referidas al contenido del sumario, las declaraciones de algunos de los principales actores -como el sastre José Tomás- del caso Gürtel y la insistencia de la oposición y los periodistas por obtener respuestas. El resultado ha sido un trimestre plagado de medias verdades por parte de Camps y los principales cargos del Consell y de la dirección regional del PP. A continuación se señalan algunos de los principales argumentos cuestionados.
- Amistades peligrosas. "Yo tengo la suerte de saludar a muchas personas a lo largo del año porque soy el presidente de la Generalitat y hay un montón de actos y actividades". Así se expresó el jefe del Consell el 12 de febrero pasado al ser interpelado por sus relaciones con Orange Market -la firma dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, en Valencia, que está imputado por Garzón- y José Luis Ulibarri, el empresario castellano-leonés de la construcción que ha conseguido 13 licencias de TDT en la Comunidad Valenciana y también imputado por Garzón. Las conversaciones grabadas demuestran que Camps mantuvo, hasta que estalló el escándalo, una estrecha amistad con Álvaro Pérez.
- Informaciones rebatidas. "Todas las filtraciones aparecidas en los medios de comunicación, todas, han sido rebatidas por su orden. Ni PAI, ni oficinas, ni adjudicaciones a no sé qué tipo de actividades", manifestó Camps el pasado 19 de febrero y repitió el 12 de marzo pasado. No ha sido así. Las informaciones publicadas en EL PAÍS se han ratificado una tras otra. El sumario incluye distintas grabaciones en las que algunos de los actores de la trama hablaban de PAI, de adjudicaciones y actividades que sí existieron.
- Imputación imposible. "¿Cree de verdad que yo puedo ser imputado por lo que se dice estos días? ¿Cree que hay alguna duda respecto a mi trabajo, mi responsabilidad y mis acciones?" La respuesta a las preguntas que se formuló Camps el 19 de febrero en el Parlamento estará en breve. La Fiscalía Anticorrupción implicó a Camps en la trama corrupta, junto a Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret, por haber recibido, supuestamente, trajes pagados por la trama corrupta. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana investiga a Camps, Costa y a los otros dos imputados por un supuesto delito de cohecho. Y, previsiblemente, citará a declarar a Camps en breve, previsiblemente como imputado. El sumario constata que el jefe del Consell telefoneó repetidamente al sastre José Tomás -de Milano y Forever Young- al estallar el escándalo. Tomás, que ha declarado que la ropa la pagó la trama y que tendrá que volver a declarar ante el TSJ, le tomó las medidas para los trajes a Camps en un hotel de Madrid.
- Relación con la justicia. "Yo creo, lógicamente, en la independencia del poder judicial", ha insistido varias veces Camps. Según el responsable de la Generalitat, es la oposición quien ha decidido que él tiene una relación "de forma especial" con el presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa. Lo cierto es que fue Camps el que afirmó en un acto público: "Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta de amistad que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat". Camps, que no niega su afirmación, indica que se trataba de reiterar "por activa y por pasiva, de forma personal e institucional" que el Consell estará a la altura de las circunstancias en sus competencias en materia de Justicia. Lo que no ha aclarado el jefe del Consell es por qué mantuvo, en pleno escándalo y antes de que la pieza del sumario de Garzón fuese transferida a Valencia, dos encuentros con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, ex consejero de Justicia.
- Transparencia absoluta. En opinión del Consell y del PP, desde que estalló el escándalo, se ha hecho "un ejercicio de transparencia como nunca antes se había hecho en la historia democrática" de la Comunidad Valenciana. Lo cierto es que los populares han rechazado la inmensa mayoría de las peticiones de información formuladas por los grupos de la oposición, pese a que el escándalo obligó a comparecer a todos los consejeros a petición propia, aunque fue flor de un día que no les ahorró nuevas críticas. Es cierto que el presidente Camps ha comparecido en sesión de control parlamentaria hasta en cinco ocasiones, pero no ha respondido a la gran mayoría de cuestiones directas planteadas.
- Ataque institucional. Camps y el PP consideran un "atentado" a la institución de Presidencia de la Generalitat las críticas de la oposición. Sin embargo, Camps, que ha llegado a plantearse la renuncia y ha pasado del rencor al perdón con aquellos que le han dicho cosas "horrorosas", insiste en plantear su defensa judicial como una cuestión personal que está desvinculada de su gestión al frente de la Generalitat y de la dirección regional del PP.
Nada de nada, pero cada vez afloran más contratos
"Se habló de tramas y se habló de adjudicaciones y de financiaciones irregulares. Y de eso, nada de nada, y de lo otro, tampoco". Ese es el resumen que hace el propio Camps del caso Gürtel después de que el TSJ haya decidido no incluir, por ahora, los supuestos delitos de tráfico de influencias y supuesta financiación ilegal del PP, que el juez Garzón apuntaba en el auto remitido.
Camps, que ya conoce el sumario en el que se le investiga por un supuesto delito de cohecho, y Ricardo Costa, que todavía no se ha personado, han querido desvincular la investigación judicial por cohecho del funcionamiento del Consell y el PP.
Sin embargo, desde los primeros días en los que el Consell negó que hubiese prácticamente contrataciones con Orange Market, los contratos relacionados con las empresas de la trama corrupta han aflorado lentamente a la opinión pública gracias a la investigación de la oposición y de los medios de comunicación.
La clave está no tanto en las adjudicaciones directas de grandes contratos de la Generalitat a las empresas de Correa -el mayor de los cuales ha sido la construcción del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur durante los últimos cinco años-, sino en los pequeños contratos. Aquellos sin publicidad ni libre concurrencia que, además, son los más difíciles de fiscalizar por la Sindicatura de Comptes y los auditores.
Ahí es donde ha mordido la oposición, que reclama que se le facilite la información pública sobre los mismos. El PP ha rechazado facilitar información sobre la gran mayoría de empresas que formaban parte de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa y de las que lo ha hecho, tan solo ha abierto la mano en las grandes adjudicaciones.
El grupo de Compromís presentó el pasado viernes más de 1.500 nuevas preguntas sobre los contratos menores de las consejerías a las empresas de la trama. Y ello, tras lo que consideran una broma de mal gusto del vicepresidente económico y consejero de Economía, Gerardo Camps, que les remitió a una página web, donde es prácticamente imposible obtener información comprensible.
El PSPV también ha decidido volver a la carga, tras la decisión del PP de rechazarles 440 de las 500 preguntas presentadas y remitirles a la misma web en algunas de las contestadas.
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¿Por qué se persona el PP en Madrid y no en Valencia?
Así lo explica el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González
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Las últimas revelaciones elevan a 8, 2 millones las facturas de Orange Market con el Consell y el PP
Al menos ocho conselleries han encargado trabajos a Álvaro Pérez
Levante-EMV, Valencia
Orange Market, la filial valenciana de la presunta trama de corrupción que se destapó con la operación Gürtel, ha facturado como mínimo 8.179.000 euros a la Generalitat Valenciana y al Partido Popular. La actividad de la empresa de Álvaro Pérez en la Comunitat Valenciana no sólo se reduce al montaje de los pabellones valencianos en Fitur, los trabajos en la fiesta de salida de la Volvo Ocean Race o la organización de eventos para el Partido Popular, principalmente el valenciano.
Según ha ido revelando Levante-EMV desde que se destapó la trama, la mayoría de las consellerias han tenido relación con la empresa valenciana, dirigida por el imputado en el caso Álvaro Pérez, y fundada en 2003 por Pablo Crespo, número dos del presunto cabecilla Francisco Correa, actualmente en prisión. De ese total de 8,2 millones, aproximadamente 575.000 euros se habrían encargado a través de contratos menores. Presidencia de la Generalitat, las consellerias de Sanidad, Bienestar Social, Justicia, Turismo, Territorio, Infraestructuras, Educación, fundaciones públicas como la Luz de las Imágenes o empresas del Consell como Vaersa y RTVV, han estado en la cartera de clientes de Álvaro Pérez.
El grueso del total parte de los trabajos de diseño, fabricación y montaje del pabellón valenciano para Fitur y otros cuatro certámenes turísticos entre 2005 y 2009, que le reportaron a Orange Market 5,53 millones de euros. Por otro lado, Presidencia, a través de la Sociedad para la Promoción y la Imagen Estratégica de la Comunitat pagó a Orange Market, 445.000 euros por organizar la fiesta de salida de la regata Volvo, en Alicante.
Pero no fue el único contacto de Presidencia con la firma de Álvaro Pérez. Orange Market recibió al menos cinco contratos «a dedo» desde el Palau para realizar trabajos menores: la producción de paneles de decorado —uno de ellos fue utilizado en un viaje de Camps a Estados Unidos—, material para ruedas de prensa o la guía de la comunicación. Un montante de 34.500 euros emanados desde Presidencia, a los que se suman otros 8.000 euros que gastó la Conselleria de Justicia, para parte del montaje del acto «Elecciones 2007».
Orange Market también ha facturado a empresas públicas dependientes de la administración.
La firma Valenciana de Aprovechamientos de Residuos (Vaersa), dependiente de la Conselleria de Territorio, otorgó en 2004 a a Pérez a dedo un contrato de casi 140.000. La adjudicación, como ya contó este periódico, fue un auténtico paripé, ya que las otras empresas a las que se consultó eran del mismo gerente que Orange Market.
Territorio, de quien depende Vaersa, tenía entonces como conseller a Rafael Blasco. El mismo Blasco, como conseller de Sanidad, encargó a la empresa investigada la entrega de los premios Salud y Sociedad. En 2006, cobró 3.096 euros; en 2007, cuatro veces más: 14.000 euros en total.Pero no sólo de la Generalitat se ha sustentado Orange Market.
La empresa de Álvaro Pérez ha sido la organizadora de eventos de cabecera del PP valenciano desde 2004, coincidiendo con la llegada de Camps al Palau de la Generalitat. El total facturado asciende aproximadamente a 1,8 millones, en su gran mayoría al PP valenciano, entre los dos congresos regionales de Francisco Camps, cenas, actos y campañas electorales.
El presidente de la Generalitat será citado por el juez del caso Gürtel por un posible cohecho relacionado con el regalo de unos trajes, presuntamente, por parte de Orange Market.
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La Generalitat se refugió en los contratos menores para poder adjudicar a dedo
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Un trimestre de medias verdades
Camps ha querido descalificar la investigación del 'caso Gürtel' que empaña su futuro
JOAQUÍN FERRANDIS - Valencia - 10/05/2009
El pasado 6 de febrero el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón puso en marcha la operación Gürtel para desmantelar una trama corrupta de empresas vinculada al Partido Popular. Y ese día empezó la peor pesadilla de Francisco Camps de sus seis años al frente del Consell de la Generalitat.
Francisco Camps Ortiz
A FONDO
Las informaciones que el Consell dio por rebatidas siguen en pie
La imputación al presidente que parecía impensable ahora es probable
El presidente ha optado desde entonces por refugiarse, siempre que le ha sido posible, en el silencio y en el desmentido general. Un silencio roto por las informaciones referidas al contenido del sumario, las declaraciones de algunos de los principales actores -como el sastre José Tomás- del caso Gürtel y la insistencia de la oposición y los periodistas por obtener respuestas. El resultado ha sido un trimestre plagado de medias verdades por parte de Camps y los principales cargos del Consell y de la dirección regional del PP. A continuación se señalan algunos de los principales argumentos cuestionados.
- Amistades peligrosas. "Yo tengo la suerte de saludar a muchas personas a lo largo del año porque soy el presidente de la Generalitat y hay un montón de actos y actividades". Así se expresó el jefe del Consell el 12 de febrero pasado al ser interpelado por sus relaciones con Orange Market -la firma dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, en Valencia, que está imputado por Garzón- y José Luis Ulibarri, el empresario castellano-leonés de la construcción que ha conseguido 13 licencias de TDT en la Comunidad Valenciana y también imputado por Garzón. Las conversaciones grabadas demuestran que Camps mantuvo, hasta que estalló el escándalo, una estrecha amistad con Álvaro Pérez.
- Informaciones rebatidas. "Todas las filtraciones aparecidas en los medios de comunicación, todas, han sido rebatidas por su orden. Ni PAI, ni oficinas, ni adjudicaciones a no sé qué tipo de actividades", manifestó Camps el pasado 19 de febrero y repitió el 12 de marzo pasado. No ha sido así. Las informaciones publicadas en EL PAÍS se han ratificado una tras otra. El sumario incluye distintas grabaciones en las que algunos de los actores de la trama hablaban de PAI, de adjudicaciones y actividades que sí existieron.
- Imputación imposible. "¿Cree de verdad que yo puedo ser imputado por lo que se dice estos días? ¿Cree que hay alguna duda respecto a mi trabajo, mi responsabilidad y mis acciones?" La respuesta a las preguntas que se formuló Camps el 19 de febrero en el Parlamento estará en breve. La Fiscalía Anticorrupción implicó a Camps en la trama corrupta, junto a Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret, por haber recibido, supuestamente, trajes pagados por la trama corrupta. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana investiga a Camps, Costa y a los otros dos imputados por un supuesto delito de cohecho. Y, previsiblemente, citará a declarar a Camps en breve, previsiblemente como imputado. El sumario constata que el jefe del Consell telefoneó repetidamente al sastre José Tomás -de Milano y Forever Young- al estallar el escándalo. Tomás, que ha declarado que la ropa la pagó la trama y que tendrá que volver a declarar ante el TSJ, le tomó las medidas para los trajes a Camps en un hotel de Madrid.
- Relación con la justicia. "Yo creo, lógicamente, en la independencia del poder judicial", ha insistido varias veces Camps. Según el responsable de la Generalitat, es la oposición quien ha decidido que él tiene una relación "de forma especial" con el presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa. Lo cierto es que fue Camps el que afirmó en un acto público: "Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta de amistad que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat". Camps, que no niega su afirmación, indica que se trataba de reiterar "por activa y por pasiva, de forma personal e institucional" que el Consell estará a la altura de las circunstancias en sus competencias en materia de Justicia. Lo que no ha aclarado el jefe del Consell es por qué mantuvo, en pleno escándalo y antes de que la pieza del sumario de Garzón fuese transferida a Valencia, dos encuentros con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, ex consejero de Justicia.
- Transparencia absoluta. En opinión del Consell y del PP, desde que estalló el escándalo, se ha hecho "un ejercicio de transparencia como nunca antes se había hecho en la historia democrática" de la Comunidad Valenciana. Lo cierto es que los populares han rechazado la inmensa mayoría de las peticiones de información formuladas por los grupos de la oposición, pese a que el escándalo obligó a comparecer a todos los consejeros a petición propia, aunque fue flor de un día que no les ahorró nuevas críticas. Es cierto que el presidente Camps ha comparecido en sesión de control parlamentaria hasta en cinco ocasiones, pero no ha respondido a la gran mayoría de cuestiones directas planteadas.
- Ataque institucional. Camps y el PP consideran un "atentado" a la institución de Presidencia de la Generalitat las críticas de la oposición. Sin embargo, Camps, que ha llegado a plantearse la renuncia y ha pasado del rencor al perdón con aquellos que le han dicho cosas "horrorosas", insiste en plantear su defensa judicial como una cuestión personal que está desvinculada de su gestión al frente de la Generalitat y de la dirección regional del PP.
Nada de nada, pero cada vez afloran más contratos
"Se habló de tramas y se habló de adjudicaciones y de financiaciones irregulares. Y de eso, nada de nada, y de lo otro, tampoco". Ese es el resumen que hace el propio Camps del caso Gürtel después de que el TSJ haya decidido no incluir, por ahora, los supuestos delitos de tráfico de influencias y supuesta financiación ilegal del PP, que el juez Garzón apuntaba en el auto remitido.
Camps, que ya conoce el sumario en el que se le investiga por un supuesto delito de cohecho, y Ricardo Costa, que todavía no se ha personado, han querido desvincular la investigación judicial por cohecho del funcionamiento del Consell y el PP.
Sin embargo, desde los primeros días en los que el Consell negó que hubiese prácticamente contrataciones con Orange Market, los contratos relacionados con las empresas de la trama corrupta han aflorado lentamente a la opinión pública gracias a la investigación de la oposición y de los medios de comunicación.
La clave está no tanto en las adjudicaciones directas de grandes contratos de la Generalitat a las empresas de Correa -el mayor de los cuales ha sido la construcción del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur durante los últimos cinco años-, sino en los pequeños contratos. Aquellos sin publicidad ni libre concurrencia que, además, son los más difíciles de fiscalizar por la Sindicatura de Comptes y los auditores.
Ahí es donde ha mordido la oposición, que reclama que se le facilite la información pública sobre los mismos. El PP ha rechazado facilitar información sobre la gran mayoría de empresas que formaban parte de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa y de las que lo ha hecho, tan solo ha abierto la mano en las grandes adjudicaciones.
El grupo de Compromís presentó el pasado viernes más de 1.500 nuevas preguntas sobre los contratos menores de las consejerías a las empresas de la trama. Y ello, tras lo que consideran una broma de mal gusto del vicepresidente económico y consejero de Economía, Gerardo Camps, que les remitió a una página web, donde es prácticamente imposible obtener información comprensible.
El PSPV también ha decidido volver a la carga, tras la decisión del PP de rechazarles 440 de las 500 preguntas presentadas y remitirles a la misma web en algunas de las contestadas.
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¿Por qué se persona el PP en Madrid y no en Valencia?
Así lo explica el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González
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PP Vice.08/05/2008. Orange Market cobró en 2007 a Sanidad cuatro veces más que un año antes por el mismo acto.
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Orange Market cobró en 2007 a Sanidad cuatro veces más que un año antes por el mismo acto
El área de salud también fue cliente de la firma de la trama Gürtel, que facturó 14.000 euros por dos entregas de unos premios. Blasco contrató a Álvaro Pérez desde dos conselleries
Francesc Arabí, Valencia
La Conselleria de Sanidad también forma parte de la nómina de clientes de Orange Market, la franquicia valenciana de la trama dirigida por Correa. La firma cuyas sedes fueron registradas el mismo 6 de febrero en que Garzón puso en marcha la operación policial, cobró por montar la entrega de los premios "Salud y sociedad" en 2006 y 2007, siendo Rafael Blasco titular de ese departamento. Pese a prestar los mismos servicios con apenas un año de diferencia, Orange Market cobró en 2007 cuatro veces más de lo que percibió el año anterior, según se desprende de las facturas a las que ha tenido acceso Levante-EMV.
La primera ceremonia de entrega de los galardones que concede la Conselleria de Sanidad se celebró en julio de 2006 en l'Hemisfèric. Por "desarrollo, montaje y ejecución del acto de entrega" de los premios, la empresa de Álvaro Pérez pasó un cargo de 3.096 euros. La segunda edición de los premios fue en octubre de 2007. Los servicios de la empresa fundada por el número dos de Francisco Correa fueron los mismos ("desarrollo, montaje y ejecución del acto de entrega"). Lo que cambió sustancialmente fue el precio, que subió hasta los 10.900 euros, una inflación del 352%.
Se da la circunstancia de que el actual conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, repitió como cliente de Orange Market desde las conselleries de Territorio, primero, y después de Sanidad. En Territorio pagó gastos de la edición de Fitur en 2005. A ello hay que sumar la adjudicación de la campaña sobre el uso del contenedor amarillo a la empresa pública Vaersa, en noviembre de 2004.
Fue aquel paripé de procedimiento negociado sin publicidad -a dedo- en el que, como contó este diario en exclusiva, se consultaron tres firmas que eran del mismo administrador, el cofundador de Orange Market Luis de Miguel Pérez, también gerente de Down Town Consulting (después se llamó Easy Concept) y Boomerangdrive, las otras dos ofertas supuestamente invitadas. El procedimiento estuvo plagado de irregularidades. Y la campaña nunca la hizo Orange Market, que cobró los 69.310 del primer plazo, la mitad del contrato de 138. 678 euros que le fue adjudicado.
El auténtico ganador en las dos ediciones fue Álvaro Pérez, a quien los premios le salieron más a cuenta que a los galardonados. Honores y gloria aparte, los premiados fueron obsequiados con un diploma firmado por Camps y una escultura conmemorativa de unos premios que nacieron para "reconocer y difundir el trabajo de las instituciones sanitarias públicas, profesionales, empresas y organizaciones sociales en el ámbito de la salud".
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Orange Market cobró en 2007 a Sanidad cuatro veces más que un año antes por el mismo acto
El área de salud también fue cliente de la firma de la trama Gürtel, que facturó 14.000 euros por dos entregas de unos premios. Blasco contrató a Álvaro Pérez desde dos conselleries
Francesc Arabí, Valencia
La Conselleria de Sanidad también forma parte de la nómina de clientes de Orange Market, la franquicia valenciana de la trama dirigida por Correa. La firma cuyas sedes fueron registradas el mismo 6 de febrero en que Garzón puso en marcha la operación policial, cobró por montar la entrega de los premios "Salud y sociedad" en 2006 y 2007, siendo Rafael Blasco titular de ese departamento. Pese a prestar los mismos servicios con apenas un año de diferencia, Orange Market cobró en 2007 cuatro veces más de lo que percibió el año anterior, según se desprende de las facturas a las que ha tenido acceso Levante-EMV.
La primera ceremonia de entrega de los galardones que concede la Conselleria de Sanidad se celebró en julio de 2006 en l'Hemisfèric. Por "desarrollo, montaje y ejecución del acto de entrega" de los premios, la empresa de Álvaro Pérez pasó un cargo de 3.096 euros. La segunda edición de los premios fue en octubre de 2007. Los servicios de la empresa fundada por el número dos de Francisco Correa fueron los mismos ("desarrollo, montaje y ejecución del acto de entrega"). Lo que cambió sustancialmente fue el precio, que subió hasta los 10.900 euros, una inflación del 352%.
Se da la circunstancia de que el actual conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, repitió como cliente de Orange Market desde las conselleries de Territorio, primero, y después de Sanidad. En Territorio pagó gastos de la edición de Fitur en 2005. A ello hay que sumar la adjudicación de la campaña sobre el uso del contenedor amarillo a la empresa pública Vaersa, en noviembre de 2004.
Fue aquel paripé de procedimiento negociado sin publicidad -a dedo- en el que, como contó este diario en exclusiva, se consultaron tres firmas que eran del mismo administrador, el cofundador de Orange Market Luis de Miguel Pérez, también gerente de Down Town Consulting (después se llamó Easy Concept) y Boomerangdrive, las otras dos ofertas supuestamente invitadas. El procedimiento estuvo plagado de irregularidades. Y la campaña nunca la hizo Orange Market, que cobró los 69.310 del primer plazo, la mitad del contrato de 138. 678 euros que le fue adjudicado.
El auténtico ganador en las dos ediciones fue Álvaro Pérez, a quien los premios le salieron más a cuenta que a los galardonados. Honores y gloria aparte, los premiados fueron obsequiados con un diploma firmado por Camps y una escultura conmemorativa de unos premios que nacieron para "reconocer y difundir el trabajo de las instituciones sanitarias públicas, profesionales, empresas y organizaciones sociales en el ámbito de la salud".
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Orange Market cobró a Sanidad en 2007 cuatro veces más que en 2006 por el mismo encargo
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dissabte, 9 de maig del 2009
PP Vice 09/05/2009. Orange Market cobró 60.615 euros a las cámaras y 74.000 a la Feria por un acto presidido por Camps.
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El juez admite al PP como acusación particular en la trama de Correa
Nueve de los principales implicados son cargos y dirigentes del partido
Nueve de los principales implicados son cargos y dirigentes del partido
MANUEL ALTOZANO - Madrid - 09/05/2009
El PP será acusado y acusador en la causa sobre la trama de corrupción orquestada por Francisco Correa que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El magistrado instructor, Antonio Pedreira, permitió ayer que esa formación se presente como perjudicada en el caso y ejerza la acusación particular a pesar de que varios de los principales imputados son cargos, dirigentes y afiliados de ese partido. El juez que destapó la trama, Baltasar Garzón, rechazó esta posibilidad el pasado 13 de febrero. "El postulante no puede ostentar la condición de [perjudicado]", porque existían "serios indicios de responsabilidad de personas vinculadas a o integrantes de esa formación", mantuvo entonces el magistrado de la Audiencia Nacional.
Auto de libertad
DOCUMENTO (PDF - 117Kb) - 08-05-2009
Documento de la Audiencia Nacional.
Pedreira, sin embargo, admite ahora al PP como parte en la causa previo pago de una fianza de 1.500 euros, según un comunicado emitido por el TSJM en la mañana de ayer. Su decisión se basa, según esa nota, en "una interpretación amplia del artículo 24 de la Constitución", que en su apartado primero establece que todos "tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión". La decisión permitirá a la formación acceder a todos los datos del sumario una vez que se levante el secreto.
El partido, dice la nota, "entiende que no figura en la causa como acusado, sino como acusador" contra los principales imputados hasta el momento, el presunto cerebro de la trama, Francisco Correa; el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo y Antoine Sánchez -todos ellos en prisión provisional- por ser los "administraciones de hecho y de derecho" de las sociedades Special Events, Easy Concept y Good and Better.
Sin embargo, la imputación de los tres diputados regionales madrileños implicados en la causa -confirmados el pasado jueves en su puesto por la presidenta Esperanza Aguirre- así como de los alcaldes de Arganda del Rey, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte por seis delitos, entre ellos, los de cohecho y tráfico de influencias, se basa, precisamente, en adjudicaciones a esas empresas.
El ex consejero madrileño de Deportes y actual parlamentario de la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, "estaría vinculado con la organización empresarial investigada a la que habría beneficiado en diferentes eventos, desde su posición oficial en la Comunidad de Madrid", según el auto por el que Garzón se inhibió del caso. El diputado regional Benjamín Martín Vasco medió supuestamente a cambio de cantidades de dinero y otros regalos para "la adjudicación de contratos públicos a Easy Concept", relataba esa resolución y el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, adjudicó a esa misma empresa la Oficina de Atención al Ciudadano durante 14 años mientras el parlamentario Bosch ocupó el puesto de gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda.
Concursos a medida
Los concursos, relataba el juez, "se diseñaban a medida, de tal forma que el trámite administrativo tenía lugar adjudicándose aquél a la empresa presentada por Correa". El grupo liderado por el líder de la trama llegó a organizar los actos de promoción del PP en "una situación próxima al monopolio", según el magistrado de la Audiencia Nacional.
La decisión de Pedreira causó sorpresa entre varios jueces y fiscales consultados por este periódico, que advirtieron de la "comunidad de intereses" que podría producirse entre la acusación que ejercerá el partido y las defensas de todos sus nueve cargos y dirigentes imputados. Sin olvidar la rama valenciana, que estudia el tribunal superior de esa comunidad, y en la que los principales implicados son el presidente Francisco Camps y el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa.
"La función de la acusación es acusar, pero hasta el momento, lo que ha tratado de hacer el PP es deslegitimar el proceso. Incluso se ha querellado contra el juez en el Supremo", sostuvo uno de los fiscales consultados. La querella fue archivada.
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Rajoy subraya el "máximo" interés en que se aclare todo
El presidente del PP ha aplaudido la decisión del TSJM de admitir la personación del PP.
El presidente del PP ha aplaudido la decisión del TSJM de admitir la personación del PP.
EFE - Madrid - 09/05/2009 11:38
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha aplaudido hoy la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de admitir la personación del PP en la causa del "caso Gürtel" y ha subrayado su "máximo" interés en que se aclare la trama de corrupción presuntamente dirigida por Francisco Correa.
En una entrevista en la cadena Cope, Rajoy ha celebrado la decisión del TSJM porque de este modo el PP podrá comprobar a quién se acusa y por qué, y si las decisiones se toman "con justicia".
Su partido tiene el "máximo interés" en que "todo se aclare con la máxima celeridad y Rajoy contribuirá "a que sea así", ha añadido el líder de la oposición antes de lamentar que se haya juzgado a muchas personas en los "papeles" -en alusión a la prensa- sin que hubieran sido llamadas por la Justicia.
Tras instar a que estos asuntos se tomen "con la mayor seriedad", Rajoy ha vuelto a pedir una reforma de la Justicia, lo que planteará en el próximo debate del estado de la nación, que se celebrará la próxima semana.
Se trata, ha dicho, de emprender una reforma "urgente" porque los españoles no pueden vivir mucho tiempo en la actual situación de "caos".
Además de este asunto, Rajoy ha recordado que planteará en el debate un plan completo para salir de la crisis ante la "falta de ideas" y de "arrojo" del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y ante una situación que afecta a "seres humanos que ven cómo su proyecto de vida se puede romper".
Rajoy tiene la "corazonada" de que el PP ganará las elecciones europeas
Ha criticado Rajoy que Zapatero en lugar de gobernar se dedique a dar mítines en plazas de toros -en alusión al acto de precampaña del PSOE previsto para mañana en Vistalegre- y se ha mostrado "muy tranquilo" ante los resultados de la encuesta del CIS que siguen otorgando a los socialistas una ventaja sobre el PP en intención de voto.
Respecto a la cita del 7-J, Rajoy tiene la "corazonada" de que el PP ganará las elecciones europeas, pero ha instado a los ciudadanos a que "se tomen en serio" estos comicios y acudan a votar.
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Orange Market cobró 60.615 euros a las cámaras y 74.000 a la Feria por un acto presidido por Camps
El órgano de representación cameral fue, junto con empresas de Correa, uno de los primeros clientes de la firma de Álvaro Pérez
Francesc Arabí, Valencia
Cuando el dinero que entraba en la caja de Orange Market no era estrictamente de la Generalitat procedía de instituciones semipúblicas, que se sostienen en buena medida con las subvenciones, o de entidades y organismos en los que el Consell de Francisco Camps tiene mano.
En esos parámetros se ubican tres encargos del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana y de Feria Valencia a la empresa de Álvaro Pérez, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV sobre los contratos de diversas empresas de la trama dirigida por Francisco Correa. Las facturas por servicios prestados a las citadas instituciones económicas alcanzaron los 134.615 euros, de los que 60.615 fueron abonados por el órgano de representación de las cinco Cámaras de Comercio valencianas: Castelló, Valencia, Alcoi, Alicante y Orihuela. La institución que representa a estas entidades semipúblicas pagó 6.095 euros en febrero de 2004 a Orange market por la creatividad de un logo para el llamado Observatorio Clusters, sobre la calidad empresarial, y 54.520 euros por la fabricación y montaje del stand en el que se instaló el Consejo de Cámaras en la feria "Soluciones para la empresa". En ambos casos fueron trabajos adjudicados por el entonces director general de ese organismo José Luis Colvée, hoy director general de Anetcom, una asociación sin ánimo de lucro dedicada al fomento del comercio electrónico empresarial y de las Nuevas Tecnologías. Anetcom también ha sido cliente de Orange Market. Fuentes conocedoras de la actividad de la empresa de la firma de la trama Gürtel indicaron a este diario que esos contratos del Consejo de Cámaras llegaron por recomendación del Consell y dada la buena relación de Colvée con Álvaro Pérez, al que conoció a través de Ignacio Blanch, que fue apoderado de Orange Market hasta el mes de diciembre de 2004.
Alberto Catalá, de confianza
La mayor de las dos facturas (de 54.520 euros) no llegó a abonarla el zaplanista Colvée. La autorización del pago fue firmada, en abril de 2004, por el presidente de las Cámaras, Arturo Virosque, y por Carmen de Miguel, nada más tomar el relevo como directora general de este órgano cameral recién llegada de Madrid, cuando el PP perdió el Gobierno. De Miguel cesó entonces su cargo en el Ministerio de Trabajo, donde fue llamada por Eduardo Zaplana. Tan zaplanista como ella eran Colvée y Miguel Peralta, conseller de Industria. Peralta adjudicó tres años después, desde el departamento de Justicia, un encargo de 8.000 euros a Orange Market para confeccionar la trasera de cartón pluma que con la inscripción "Elecciones 2007" sirvió de decorado a las comparecencias en el centro de recepción de datos instalado en la Ciudad de la Justicia.
Otro de los clientes especiales de la contratista de cabecera de la Generalitat y del PP fue Feria Valencia, la institución presidida por Alberto Catalá, persona muy vinculada a Francisco Camps, a quien expresó públicamente y sin reservas todo su apoyo y admiración cuando se supo de la implicación del presidente en este escándalo. La Feria pagó 74.000 euros a Orange Market por montar el acto en el que se presentó el Plan de Internacionalización de la Feria, que se celebró el 30 de enero de 2007 en el Centro de Eventos del recinto ferial de Paterna. El jefe del Consell, Francisco Camps, presidió una ceremonia en la que estuvo acompañado por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y que sirvió para explicar el programa para exportar la Feria en misiones comerciales que se celebraron en Moscú o los Emiratos Árabes, entre otros destinos. Con este plan pretendían vender internacionalmente los distintos certámenes que celebra Feria Valencia y captar nuevos clientes para que acudan a Paterna. Cuando la empresa creada por Pablo Crespo, el número dos de la organización puesta patas arriba por Garzón y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la policía, daba sus primeros pasos en el incipiente mercado de los eventos, el Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana ya era cliente. También fueron de los primeros en pagarle servicios Easy Concept, Special Events o Boomerangdrive, empresas del conglomerado de Correa que le cedieron contratos a Orange Market para oxigenarla económicamente al principio, según contó este diario.
Encargos de firmas ajenas al caso
Feria Valencia también encargó a Orange Market una campaña de publicidad de Hábitat en 2008, sin el conocimiento previo de los empresarios que organizan este certamen, como ya reveló en exclusiva este diario. Diversas fuentes consultadas indicaron que el importe de ese contrató alcanzó los 800.000 euros. Ese encargo llegó cuando Orange Market estaba ya muy asentada. No como en 2004, cuando facturó al Consejo de Cámaras. Al principio recibió también varias subcontratas de empresas del sector publicitario y organizadoras de eventos. Por ejemplo, de Mediterránea de Medios, que, lógicamente, no tiene ninguna relación con el caso Gürtel.
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El wanted encima de la cara de Camps, en la camiseta de la diputada Oltra, es todo un símbolo y probablemente un clamor
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Díganos, Sr. Camps, presidente de la Generalitat valenciana, si es verdad o no que en un acto suyo en Miami (EEUU) el montaje del decorado lo llevó a cabo Álvaro Pérez, El Bigotes, quien cobró por ese encargo 36.000 euros. La noticia –adelantada hace poco por el diario Levante y por El Plural- ayer la ratificó El País aportando nuevos e interesantes datos. No se le escapa, Sr. Camps, que el tal Sr. Pérez es el mismo con el que Vd. mantuvo, con motivo de unas recientes fiestas navideñas, una conversación telefónica conmovedora por la entrañable relación exhibida entre ambos. Fue la charla tan intensa, tan emotiva y tan poco frecuente que situaba a ambos a niveles auténticamente fraternales.
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Orange Market diseñó el decorado para los actos de Camps en EE.UU
Lo tiene fácil, Sr. Camps. Diga simplemente, en público, si es verdad o no la noticia de Miami incluyendo la participación profesional de su fraternal amigo, el Sr. Pérez. Suponemos que, sin embargo, Vd. preferirá no decir nada al respecto, tal como ha venido haciendo desde que se publicó el affaire de los trajes. Lo niega una y otra vez y punto. Acostumbra a subrayar que arde en deseos de esclarecer los hechos. ¿A qué espera, pues? No le extrañe que millones de españoles piensen que Vd. proyecta una imagen de farsante. Con haber enseñado las facturas o los movimientos de su cuenta corriente particular, avalando la compra esos trajes, su reputación –en este aspecto- habría quedado más limpia que una patena.
En la órbita del presidente
En El País se afirma además que “Álvaro Pérez, El Bigotes, (…) logró contratos del Gobierno valenciano ligados directamente a la actividad del jefe del Ejecutivo autónomo”. ¿Se da cuenta, Sr. Camps, que esta acusación es gravísima, teniendo en cuenta hasta qué punto el personaje de los bigotes es un más que presunto corrupto y un más que presunto sinvergüenza? He aquí otra aseveración comprometedora para Vd.: “El amigo de Camps hacía negocios también en la órbita más próxima al presidente”.
A cal y canto
No son sólo palabras. El grupo parlamentario de Compromís pel País Valencià, integrado por siete diputados -vinculados a partidos de carácter nacionalista, verdes y de izquierdas- ha escarbado y ha encontrado todo aquello que el Gobierno Camps ha silenciado, bloqueado o enterrado a cal y canto, a pesar de las 1.500 preguntas sin respuesta, hechas por Compromís. De las 500 formuladas por el PSPV (PSOE), únicamente han sido contestadas -deficientemente contestadas- 40. “Según la información suministrada por Comprimís al juzgado, las empresas de la trama Correa/Pérez recibieron entre 2005 y 2007, contratos de Presidencia y de otros departamentos de la Generalitat por más de 500.000 euros.”, puede leerse en el diario de Prisa.
Situación insostenible
Parece que ni Mariano Rajoy ni Camps son conscientes de que la situación de ambos empieza a ser insostenible. Singularmente, la del presidente valenciano. Si creen que expulsando del Parlamento autonómico a la portavoz de Compromís, la diputada Mónica Oltra -como hizo la guardia de corps de Camps el pasado jueves-, van a restaurar la honorabilidad del presidente, están muy equivocados. La camiseta de Oltra con la palabra Wanted encima de la cara de Camps, se ha convertido en un símbolo y, probablemente, se convertirá en un clamor.
¿Por qué?
Ha dicho Oltra que el Se busca lo puso porque Camps se esconde y no da la cara. Oltra tiene razón. De pronto, se fue a Boston y no asistió a la sesión de control de la Cámara valenciana. Mientras tanto, Rajoy lo apoya. Cada uno es muy libre de ponerse la soga en el cuello. ¿O resulta que al jefe de la derecha española no le queda más remedio que hacer de don Tancredo? ¿Por qué?Enric Sopena es director de El Plural
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El ex consejero y ex delegado del Gobierno de José María Aznar en Murcia, Francisco Marqués, ha recibido un nuevo bofetón del caso Zerrichera. Y es que los 43.000 euros que el imputado guardaba en efectivo y en billetes de 500 euros en su trastero parecen poco comparados con el nuevo hallazgo de la Policía Anticorrupción: un documento que confirmaría la adquisición de una vivienda como una “especie de regalo” de la constructora Hacienda del Hornillo. La sociedad antes citada habría proporcionado a Marqués un apartamento de lujo en un complejo residencial a precio de saldo. Así, con 104.000 euros, el imputado se hizo con una vivienda que costaba en realidad 300.000 euros. Un ahorro significativo de 200.000 euros, por cortesía, presuntamente, de una empresa agradecida por los presuntos favores recibidos.
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El caso Zerrichera sigue dando coletazos. En 2005, el PP murciano de Ramón Luis Valcárcel daba luz verde a la recalificación de un paraje protegido para construir la friolera de 4.100 viviendas y un campo de golf. Dos años después, en septiembre de 2007, empezaron a desfilar por los juzgados altos cargos de Valcárcel, concretamente, de la Consejería de Medio Ambiente.
Marqués, en la cuerda floja
Precisamente, el ex consejero de esta dependencia sigue en la palestra por una ramificación de Zerrichera. Marqués, detenido en Madrid a principios de marzo, está imputado por delitos de cohecho, prevaricación contra la ordenación del territorio y blanqueo de capitales. Si entonces se supo que guardaba en el trastero de una de sus cinco casas 43.000 euros en efectivo, esta semana han aparecido nuevas y más comprometedoras pruebas.
Casa…
La Policía ha intervenido “documentación muy abundante, que habrá que ir procesando y que puede abrir nuevas vías de investigación”: se trata de pruebas de “la venta de una vivienda a Francisco Marqués por parte de los responsable de la sociedad Hacienda del Hornillo S.L”, una cesión que “fue una especie de regalo”, según recoge La Verdad de Murcia. Las fuerzas de Anticorrupción habrían hallado estos documentos registrando la notaría del también imputado constructor y notario Sebastián Fernández Rabal, y del hombre de confianza del ex alto cargo en la promotora, José Cáceres.
…a precio de ganga
Los agentes estiman que la rebaja de 200.000 euros –el valor real de la casa era 300.000 y se pagaron 104.000- obedecería a un pago de favores por el trato que Marqués siendo consejero dio a la constructora, que pudo edificar en zonas protegidas. El imputado tiene el pasaporte retirado y está obligado a comparecer periódicamente en el juzgado, como hizo ayer, cuando tuvo que prestar declaración sobre estas nuevas pruebas.
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dijous, 7 de maig del 2009
PP Vice 07/05/2009. Fianza de 750.000 euros para el ex consejero de de Deportes de Aguirre.
_El juez impone una fianza de 750.000 euros a López Viejo
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Fianza de 750.000 euros para el ex consejero de de Deportes de Aguirre
Comentarios: 31
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El PP suspende a los imputados
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La Policía registra la celda de Correa
El cabecilla de la trama de corrupcióncomparte célula con el también imputado Pablo Crespo.
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La Policía registra la celda de Francisco Correa
Según ha sabido la Cadena SER a primera hora de esta tarde se ha iniciado un registro en la celda de Correa para buscar nuevas pruebas sobre su participación en el caso
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Fabra tilda a la Fiscalía de selectiva por acusar a su 'número dos'
El presidente de la Diputación de Castelló ha asegurado hoy que Aparici goza de toda su confianza
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nuevas revelaciones
Educación también dio a dedo a Orange Market contratos troceados para burlar la ley
Font de Mora pagó 48.080 euros a la firma valenciana de la trama Gürtel por servicios de montaje de un congreso informático. Proyecto Cultural de Castellón asumió una factura de 64.403 del mismo simposio
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Vecinos de Catarroja abuchean y llaman "corrupto" a Camps en una inauguración
Costa modificará su declaración de bienes en las Corts para dar de baja el Infiniti FX
El portavoz no acude a un acto contra la pobreza
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un mes de las europeas
¿Puede ganar el PP de la corrupción, de las aves carroñeras y de la nostalgia franquista de Oreja?
Un grupo de manifestantes echan en cara al líder del PP su implicación en el caso Gürtel
“¡Camps: eres un corrupto!”
Correa: “Alberto se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio”
Imputado López Viejo, ex consejero y hombre de confianza de Aguirre
Según la versión del esperancista diario El Mundo
Cospedal y Aguirre ponen en aprietos a Rajoy por su encendida defensa de Camps
El PP suspende de militancia a los aforados madrileños implicados en el caso Gürtel
La póliza de Ricardo Costa asciende a entre 2.500 y 4.600 euros
Las Corts pagan a los diputados el seguro a todo riesgo de sus coches
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dimarts, 5 de maig del 2009
PP Vice 05/05/2009. Camps fracasa en su intento de anular la causa por cohecho.
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El juez rechaza la petición de Camps de anular la instrucción de Garzón -
El Tribunal Superior de Madrid imputa a Martín Vasco, diputado de Aguirre
CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia - 05/05/2009
Las investigaciones sobre la trama de "dádivas y sobornos" a instituciones del PP a cambio de adjudicaciones fraudulentas y pelotazos urbanísticos que se siguen en los tribunales superiores de Madrid y la Comunidad Valenciana confirman, por el momento, los pasos dados anteriormente por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El instructor de la causa en Valencia, José Flors, rechazó ayer la petición del presidente valenciano, Francisco Camps, para que se anularan todas las diligencias realizadas por Garzón antes de inhibirse. Hoy declara como imputado en Madrid Benjamín Martín Vasco, el segundo diputado del PP en la Asamblea de Madrid señalado previamente por el juez de la Audiencia Nacional. Lo hará junto al presunto número dos de la red el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, en prisión provisional, y Adrián Senín, empleado de confianza de Álvaro Pérez, El Bigotes, en Orange Market, la filial valenciana de la trama.
Francisco Camps Ortiz
A FONDO
El instructor de Valencia considera que no se han vulnerado derechos
La 'contabilidad b' refleja que Martín Vasco cobró 437.066 euros
La desestimación de la petición de Camps supone, según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que las diligencias abiertas por la Sala de lo Civil y Penal de ese órgano tras la inhibición del juez de la Audiencia Nacional "siguen su curso" normalmente.
La defensa del presidente valenciano y de los otros tres imputados por un supuesto delito de cohecho -el secretario regional del PP, Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Fuentes y el ex jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret- habían alegado a finales de abril que la instrucción del caso adolecía de al menos dos defectos que la convertían supuestamente en nula.
El primero consistía, según el letrado, en que la investigación judicial previa había sido realizada por un juez -Baltasar Garzón- que carecía de competencias. El segundo vicio se basaba en el hecho de que hubiera decretado el secreto de sumario. Esa decisión del juez, según la defensa de Camps, habría supuesto un grave perjuicio para los afectados por haber vulnerado su derecho a defenderse.
El magistrado Flors, sin embargo, rechazó ambos motivos y concluyó que no se ha producido vulneración de derechos. Al mismo tiempo, advirtió que un hipotético recurso contra su decisión -la posible apelación ante la Sala de lo Civil y Penal- no paralizará la investigación.
En Madrid, la instrucción de Garzón también recibió un nuevo espaldarazo por parte del instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, por cuyo despacho pasará hoy el diputado regional y fugaz presidente de la comisión de investigación sobre el espionaje Benjamín Martín Vasco.
En el auto por el que se inhibió a favor de este tribunal, Garzón encontraba en la actuación del diputado madrileño indicios de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y asociación ilícita. Martín Vasco habría recibido de la trama la suma de 437.166 euros. Según la contabilidad b de la trama, parte de esas cantidades sirvieron para sufragar su boda y su viaje de novios a Polinesia. Además, recibió varias entregas en efectivo de manos del propio Francisco Correa o su chófer, Andrés Bernabé.
A cambio, el diputado madrileño y ex portavoz del PP en el Ayuntamiento de Arganda del Rey habría mediado en este municipio para conseguir adjudicaciones para la constructora Martinsa, cuyos gestores habían pagado previamente comisiones a Correa. Durante el tiempo en que Martín Vasco dirigió la empresa municipal Fomento de Arganda del Rey "se produjo la entrada de las empresas de Correa en dicho municipio", relató Garzón, "mediante la adjudicación de contratos públicos a Easy Concept", una de las compañías controladas por el cerebro de la trama.
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, manifestó ayer en un almuerzo organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) y El Derecho Editores, que el alto tribunal está preparado por si llegara el caso Gürtel, informa Julio M. Lázaro. "Vaya que si está preparado, para ése y otros casos, los medios con que cuenta el Supremo son muy importantes y pueden producir resultados en muy poco tiempo. La Sala del artículo 61 ha resuelto recursos [sobre la Ley de Partidos] en 48 horas y hasta ahora, bastante bien".
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El PP sigue debatiendo si echa del partido a los imputados
EL PAÍS - Madrid - 05/05/2009
El caso Gürtel, del que trascienden cada día nuevos datos, cada vez ocupa menos tiempo en las reuniones de estrategia del PP. Los populares insisten en que el caso, por mucho interés periodístico que despierte, no tiene efecto electoral, y cada vez les interesa menos. Tal vez por eso, casi dos meses después, los tres aforados de Madrid que pidieron su suspensión de militancia voluntaria para no hacer daño al partido aún no han recibido respuesta.
El Comité de Garantías, presidido por Alfonso Fernández Mañueco, quería esperar a que fueran imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sin embargo, hace más de una semana que Alfonso Bosch fue imputado, y el comité aún no ha resuelto nada. Ayer entró en esa categoría Benjamín Martín Vasco, ex número dos del PP en la Asamblea de Madrid y ex presidente de la comisión de investigación del espionaje. Y de momento, aunque su actividad es prácticamente clandestina, no hay constancia de que el comité se haya siquiera reunido.
Dolores de Cospedal, la secretaria general del Partido Popular, aseguró ayer que el comité está "estudiando caso por caso, porque cada tema es distinto" y dará su contestación en breve.
El PP asume que el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo también será imputado. Los populares no van a pedir a los imputados que dejen el escaño -"Para eso sirve el aforamiento, para que les juzgue un tribunal superior, si dimitieran lo perderían y carecería de sentido", explicó Cospedal la semana pasada- pero sí es posible que tengan que abandonar temporalmente el partido.
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El juez impone una fianza de 955.000 euros a Martín Vasco
El ex consejero de Esperanza Aguirre y diputado autonómico del PP, segundo aforado imputado en el 'caso Gürtel', se niega a declarar
ELPAÍS.com / EUROPA PRESS - Madrid - 05/05/2009
El juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha impuesto una fianza de 955.000 euros al diputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco, al que imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. La cantidad no se exige para que el imputado eluda una posible orden de prisión, sino que pretende asegurar las responsabilidades pecuniarias que se deriven de la investigación.
El primer aforado de Madrid imputado en la trama se niega a declarar
El TSJM imputa al diputado Benjamín Martín Vasco
Bosch ocultó a la policía y al juez documentos que le implicaban en la trama corrupta
El magistrado mantiene la situación de prisión provisional del ex secretario de organización del PP en Galicia, Pablo Crespo, al que imputa los mismos delitos por su participación en la supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP.
Martín Vasco se había negado hoy a declarar ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por su presunta implicación en la trama corrupta de empresas liderada por Francisco Correa. En su comparecencia, Martín Vasco se ha acogido a su derecho a no declarar amparándose en el artículo 24 de la Constitución, según ha informado su abogado Pedro Colino.
Al igual que hizo la semana pasada el parlamentario Alfonso Bosch, Martín Vasco se niega a declarar hasta que se levante el secreto de sumario que pesa sobre las actuaciones de la causa.
Martín Vasco ha sido el segundo aforado madrileño que comparece como imputado ante este tribunal. El magistrado acusó la pasada semana al parlamentario autonómico Alfonso Bosch de participación en la trama encabezada por Correa y de los seis delitos genéricos de la causa: asociación ilícita, cohecho, trafico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad. El TSJM atribuye a los diputados autonómicos Alberto López Viejo, Martín Vasco y Bosch Tejedor la percepción "de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias empresas relacionadas" con Correa. En el auto de inhibición, Garzón acusó a López Viejo, Martín Vasco y Bosch de haber cobrado 1,2 millones de euros en comisiones ilegales (437.166 para Martín Vasco) a cambio de adjudicaciones fraudulentas a las empresas lideradas por el cerebro de la trama Francisco Correa.
La implicación de Vasco
Martín Vasco abandonó el pasado 18 de febrero la presidencia de la comisión de investigación del supuesto caso de espionaje, que se cerró poco después, y presentó el pasado 2 de abril su dimisión como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid para que su implicación en el caso Gürtel no perjudicara al Grupo Parlamentario. Según recogen las conversaciones grabadas a Felisa Jordán, una de las imputadas, Martín Vasco recibió 30.000 euros de las empresas relacionadas con Correa, cabecilla de la trama de corrupción investigada por la Audiencia Nacional.
El juez de la Audiencia Nacional acusó a Martín Vasco de conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos a favor de la empresa Martinsa en el Ayuntamiento de Arganda del Rey. Se le imputó también el facilitar la entrada de Easy Concept en Arganda mediante la adjudicación de contratos públicos entre 2005 y 2007.
Minutos antes de las 11 horas, llegó a la sede del TSJM en un furgón policial el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo que también ha declarado ante Pedreira. A preguntas de los periodistas, Crespo ha manifestado que se encontraba "muy bien, perfectamente" y "con ganas de declarar". Además, el magistrado interrogará a Adrián Senin Rico, la mano derecha de Álvaro Pérez, el responsable de Orange Market conocido como El Bigotes.
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Bosch ocultó a la policía y al juez documentos que le implicaban en la trama corrupta
MANUEL ALTOZANO - Madrid - 05/05/2009
El diputado del PP en la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch, imputado por cohecho y tráfico de influencias en la investigación de la trama corrupta de Francisco Correa que sigue el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad (TSJM), ocultó parte de la documentación requerida por el juez a través de la policía. Esos documentos correspondían a concursos públicos y adjudicaciones presuntamente amañadas de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte a compañías implicadas en la trama mientras Bosch fue gerente de esa sociedad perteneciente al Ayuntamiento.
Tras los primeros requerimientos de documentación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, los agentes constataron que parte de los expedientes que les fueron entregados estaban incompletos. Garzón ordenó entonces a la policía que investigara dónde se encontraban los papeles que faltaban. Varios funcionarios municipales a los que se tomó declaración dijeron que había sido el propio Bosch el que había seleccionado los documentos que finalmente se enviaron al juez, quedándose con el resto.
Entre la documentación que hasta el momento no ha aparecido se encontrarían algunos papeles comprometedores para el diputado autonómico madrileño. Los agentes echaron en falta, por ejemplo, el informe económico y una modificación del contrato por el que se cedieron 32 locales comerciales a la empresa Rústicas MBS a cambio de un canon anual de 320.000 euros que luego fueron rebajados a 81.000. Dos de esos locales fueron alquilados al Ayuntamiento para instalar la comisaría de Policía Local y una oficina de la EMSV. El municipio paga por ello 199.000 euros a Rústicas MBS. El principal accionista y administrador de esta compañía es Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol, ex consejero de Orange Market, la filial valenciana de la trama de Correa, y también imputado en la investigación judicial.
Las otras dos empresas que se presentaron al concurso de los locales, Promociones Inmobiliarias del Pisuerga y Eurosanabria, también están relacionadas con Blanco Balín, que es apoderado de la primera. La segunda tiene la misma sede social que otras sociedades gestionadas por él.
En el auto por el que se inhibió a favor del TSJM, Garzón aseguraba que Bosch recibió de Correa 250.562 euros en sobornos por amañar, entre otros, este contrato a favor de quien le indicaba el presunto cerebro de la trama.
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El vicepresidente canario carga contra la policía que le investiga por cohecho
J. M. PARDELLAS - Tenerife - 05/05/2009
El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP en el archipiélago, José Manuel Soria, compareció ayer, por segunda vez, ante la magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Margarita Varona, que instruye el caso Salmón, por el que está imputado de un posible delito de cohecho. Durante su etapa como presidente del Cabildo de Gran Canaria, en 2005, Soria voló a Austria y Noruega en el jet del empresario turístico al que luego la institución que él presidía aprobaría un informe para edificar 3.500 plazas turísticas, el límite máximo para un año en toda la provincia de Las Palmas.
José manuel Soria López
A FONDO
Declaró durante más de dos horas, y ya en la sede del PP en Las Palmas, Soria arremetió contra la Brigada de Delitos Económicos de la Policía Judicial, por haber redactado un informe con "falsedades, insidias e insinuaciones" sobre los gastos que él había efectuado en ese viaje y en sus vacaciones familiares en el complejo hotelero Anfi, del mismo empresario, muchas de cuyas cantidades reconoció haber pagado en efectivo. "¿Pero qué broma es ésta?, ¿en qué Estado estamos?", preguntó.
Soria asegura que en el informe aparecen pagos con tarjeta de entidades en las que no tiene tarjeta y cree que el caso será archivado. "Estoy sufriendo una campaña de desgaste del PSOE y de la Delegación del Gobierno", remachó.
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El TSJM imputa al popular Martín Vasco y le impone una fianza de 955.000 €
El magistrado considera que Martín Vasco ha cometido delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad.
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Martín Vasco se niega a declarar ante el juez
No lo hará hasta que no se levante el secreto de sumario. Se le imputan seis delitos.
Ana Mato: yo me pago los cumpleaños de mis hijos'
Desmiente que Francisco Correa sufragara las fiestas de sus pequeños.
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El juez del caso Gürtel decide continuar investigando a Camps
El magistrado José Flors desestima la petición de nulidad y su decisión puede ser recurrida ante la Sala, que preside De la Rúa
Regina Laguna, Valencia
El magistrado del caso Gürtel en Valencia, José Flors, seguirá investigando la comisión de un posible delito de cohecho por parte del presidente de la Generalitat, Francisco Camps; del portavoz del PP en las Corts Valencianes, Ricardo Costa; del ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, y del ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, tras desestimar la petición de nulidad de una defensa. Según informó ayer el TSJCV, "la petición de nulidad de actuaciones formulada por el letrado defensor del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha sido desestimada", por lo que las diligencias previas abiertas por la Sala de lo Civil y Penal seguirán su curso. El magistrado instructor, José Flors, explica en su auto que ha desestimado la petición de nulidad "en relación con determinados actos procesales del Juzgado Central de Instrucción número 5", al entender que "las irregularidades denunciadas como base de esta petición no constituyen una vulneración de los derechos fundamentales a la defensa ni al juez predeterminado por la Ley".
Según adelantó anoche la Cadena Ser, en el programa Hora 25, Francisco Camps pretendía que se anularan las actuaciones porque cuando el Juez Garzón acordó prorrogar el secreto del sumario el pasado 4 de diciembre, la decisión quedó registrada en el programa informático que maneja la Audiencia Nacional pero no se incluyó una copia en papel dentro de las actuaciones.
El Magistrado José Flors recuerda en su auto al Presidente de la Generalitat que la Ley permite al Juez "utilizar cualquier medio técnico, electrónico, informático y telemático para el desarrollo de su actividad y que esos documentos gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, tal y como ocurre en este caso".
Añade el auto, al que parece que ha tenido acceso esta emisora, que para que se vulnere el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías y al derecho de defensa es necesario que, "pese al alzamiento del secreto del sumario, la actividad instructora se haya realizado en su totalidad a espaldas de las partes, permitiéndoles intervenir en el proceso sólo cuando la investigación se haya agotado, pero no es este, evidentemente, el caso en el que nos encontramos".
Sobre si Garzón debió o no inhibirse en favor del Tribunal de Justicia de Valencia cuando halló indicios contra Camps y Costa, el Magistrado José Flors subraya que el Juez de la Audiencia Nacional actuó correctamente. Dice el auto que cuando Garzón tuvo conocimiento de la denuncia presentada el ex concejal del PP, José Luis Peñas en la que señalaba que las empresas de Correa habían pagado trajes a Camps y Costa, el Juez tenía "el deber inexcusable" de comprobar su veracidad".
La resolución de José Flors, notificada ayer por la mañana a las partes, puede ser recurrida en apelación ante la Sala del TSJ. Pero "este recurso, si se plantea, no suspende el curso del procedimiento ni la práctica de las diligencias de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos", como así ha sido hasta ahora, añade el tribunal.
La sala está presidida por el presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa, de cuya amistad con él Camps dijo en un acto púbico: "Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a ýamistadý que resuma esta íntima y sentida relación".
Correa y Pérez gastaron 481.000 euros en un musical Malena Gracia, Marlene Mourreau y Rosanna Walls protagonizaron el musical "Las corsarias", que financió Francisco Correa a través de la sociedad Apasionadda, de la que era socio capitalista Álvaro Pérez, "El Bigotes", según el diario "El Mundo".
El espectáculo costó 481.000 euros y fue un auténtico fracaso, ya que se estrenó el 15 diciembre de 2005 en Barcelona y sólo duró tres días en cartel, aunque estaba previsto que actuaran un mes.
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El centro de todas las miradas
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CCOO denuncia despidos para favorecer a la mujer de Castellano
La mujer del conseller de Gobernación trabaja en el Hospital General de Valencia como auxiliar administrativo
EFE
La sección sindical de CCOO en el Hospital General de Valencia ha denunciado el cese "discriminatorio e irregular" de dos trabajadoras del centro sanitario "para favorecer la conservación del puesto de trabajo de la mujer de Serafín Castellano".
La organización sindical ha explicado, en un comunicado, que las dos trabajadoras despedidas, que desempeñaban funciones de auxiliar administrativo con contrato de interinidad, han sido cesadas en sus funciones al reincorporarse a sus puestos los propietarios de la plaza tras una excedencia.
La argumentación de la empresa, según el sindicato, es que se ha cesado a las personas que tenían menor nota en la bolsa, lo que según CCOO es el procedimiento habitual y pertinente para estas circunstancias aunque discriminatorio con respecto a otra empleada.
"Si se compara la situación con la de otra de las compañeras, se produce un importante agravio comparativo, pues ésta, que es casualmente la mujer de Serafín Castellano, permanece en su puesto de trabajo, también de auxiliar administrativo, a pesar de no constar en ninguna bolsa", ha incidido la organización sindical.
La sección sindical ha considerado este criterio de selección del personal como arbitrario e impertinente, pues "el proceder más adecuado sería aquel en el que las personas de la bolsa tuvieran prioridad laboral frente a aquellos que no han superado ningún tipo de examen o ejercicio de oposición".
"En este caso, la compañera, por ser esposa de un personaje público, conserva su puesto de trabajo en perjuicio de otras profesionales que sí han pasado por una serie de exámenes y se han ganado un puesto en la bolsa, aunque sean las de menor nota", ha denunciado.
CCOO, que considera que esta situación "vulnera los derechos de las personas que forman parte de la bolsa de empleo", ha abogado por un proceso de selección de personal "justo y equitativo en el que para permanecer en un puesto de trabajo no entren a valorarse los méritos familiares, sino las capacidades profesionales".
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Al igual que Alfonso Bosch, invoca el artículo 24 de la Constitución
Martín Vasco también se niega a declarar por el caso Gürtel
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El juez rechaza la petición de Camps de anular la instrucción de Garzón -
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CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia - 05/05/2009
Las investigaciones sobre la trama de "dádivas y sobornos" a instituciones del PP a cambio de adjudicaciones fraudulentas y pelotazos urbanísticos que se siguen en los tribunales superiores de Madrid y la Comunidad Valenciana confirman, por el momento, los pasos dados anteriormente por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El instructor de la causa en Valencia, José Flors, rechazó ayer la petición del presidente valenciano, Francisco Camps, para que se anularan todas las diligencias realizadas por Garzón antes de inhibirse. Hoy declara como imputado en Madrid Benjamín Martín Vasco, el segundo diputado del PP en la Asamblea de Madrid señalado previamente por el juez de la Audiencia Nacional. Lo hará junto al presunto número dos de la red el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, en prisión provisional, y Adrián Senín, empleado de confianza de Álvaro Pérez, El Bigotes, en Orange Market, la filial valenciana de la trama.
Francisco Camps Ortiz
A FONDO
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La desestimación de la petición de Camps supone, según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que las diligencias abiertas por la Sala de lo Civil y Penal de ese órgano tras la inhibición del juez de la Audiencia Nacional "siguen su curso" normalmente.
La defensa del presidente valenciano y de los otros tres imputados por un supuesto delito de cohecho -el secretario regional del PP, Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Fuentes y el ex jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret- habían alegado a finales de abril que la instrucción del caso adolecía de al menos dos defectos que la convertían supuestamente en nula.
El primero consistía, según el letrado, en que la investigación judicial previa había sido realizada por un juez -Baltasar Garzón- que carecía de competencias. El segundo vicio se basaba en el hecho de que hubiera decretado el secreto de sumario. Esa decisión del juez, según la defensa de Camps, habría supuesto un grave perjuicio para los afectados por haber vulnerado su derecho a defenderse.
El magistrado Flors, sin embargo, rechazó ambos motivos y concluyó que no se ha producido vulneración de derechos. Al mismo tiempo, advirtió que un hipotético recurso contra su decisión -la posible apelación ante la Sala de lo Civil y Penal- no paralizará la investigación.
En Madrid, la instrucción de Garzón también recibió un nuevo espaldarazo por parte del instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, por cuyo despacho pasará hoy el diputado regional y fugaz presidente de la comisión de investigación sobre el espionaje Benjamín Martín Vasco.
En el auto por el que se inhibió a favor de este tribunal, Garzón encontraba en la actuación del diputado madrileño indicios de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y asociación ilícita. Martín Vasco habría recibido de la trama la suma de 437.166 euros. Según la contabilidad b de la trama, parte de esas cantidades sirvieron para sufragar su boda y su viaje de novios a Polinesia. Además, recibió varias entregas en efectivo de manos del propio Francisco Correa o su chófer, Andrés Bernabé.
A cambio, el diputado madrileño y ex portavoz del PP en el Ayuntamiento de Arganda del Rey habría mediado en este municipio para conseguir adjudicaciones para la constructora Martinsa, cuyos gestores habían pagado previamente comisiones a Correa. Durante el tiempo en que Martín Vasco dirigió la empresa municipal Fomento de Arganda del Rey "se produjo la entrada de las empresas de Correa en dicho municipio", relató Garzón, "mediante la adjudicación de contratos públicos a Easy Concept", una de las compañías controladas por el cerebro de la trama.
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, manifestó ayer en un almuerzo organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) y El Derecho Editores, que el alto tribunal está preparado por si llegara el caso Gürtel, informa Julio M. Lázaro. "Vaya que si está preparado, para ése y otros casos, los medios con que cuenta el Supremo son muy importantes y pueden producir resultados en muy poco tiempo. La Sala del artículo 61 ha resuelto recursos [sobre la Ley de Partidos] en 48 horas y hasta ahora, bastante bien".
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El PP sigue debatiendo si echa del partido a los imputados
EL PAÍS - Madrid - 05/05/2009
El caso Gürtel, del que trascienden cada día nuevos datos, cada vez ocupa menos tiempo en las reuniones de estrategia del PP. Los populares insisten en que el caso, por mucho interés periodístico que despierte, no tiene efecto electoral, y cada vez les interesa menos. Tal vez por eso, casi dos meses después, los tres aforados de Madrid que pidieron su suspensión de militancia voluntaria para no hacer daño al partido aún no han recibido respuesta.
El Comité de Garantías, presidido por Alfonso Fernández Mañueco, quería esperar a que fueran imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sin embargo, hace más de una semana que Alfonso Bosch fue imputado, y el comité aún no ha resuelto nada. Ayer entró en esa categoría Benjamín Martín Vasco, ex número dos del PP en la Asamblea de Madrid y ex presidente de la comisión de investigación del espionaje. Y de momento, aunque su actividad es prácticamente clandestina, no hay constancia de que el comité se haya siquiera reunido.
Dolores de Cospedal, la secretaria general del Partido Popular, aseguró ayer que el comité está "estudiando caso por caso, porque cada tema es distinto" y dará su contestación en breve.
El PP asume que el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo también será imputado. Los populares no van a pedir a los imputados que dejen el escaño -"Para eso sirve el aforamiento, para que les juzgue un tribunal superior, si dimitieran lo perderían y carecería de sentido", explicó Cospedal la semana pasada- pero sí es posible que tengan que abandonar temporalmente el partido.
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El juez impone una fianza de 955.000 euros a Martín Vasco
El ex consejero de Esperanza Aguirre y diputado autonómico del PP, segundo aforado imputado en el 'caso Gürtel', se niega a declarar
ELPAÍS.com / EUROPA PRESS - Madrid - 05/05/2009
El juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha impuesto una fianza de 955.000 euros al diputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco, al que imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. La cantidad no se exige para que el imputado eluda una posible orden de prisión, sino que pretende asegurar las responsabilidades pecuniarias que se deriven de la investigación.
El primer aforado de Madrid imputado en la trama se niega a declarar
El TSJM imputa al diputado Benjamín Martín Vasco
Bosch ocultó a la policía y al juez documentos que le implicaban en la trama corrupta
El magistrado mantiene la situación de prisión provisional del ex secretario de organización del PP en Galicia, Pablo Crespo, al que imputa los mismos delitos por su participación en la supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP.
Martín Vasco se había negado hoy a declarar ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por su presunta implicación en la trama corrupta de empresas liderada por Francisco Correa. En su comparecencia, Martín Vasco se ha acogido a su derecho a no declarar amparándose en el artículo 24 de la Constitución, según ha informado su abogado Pedro Colino.
Al igual que hizo la semana pasada el parlamentario Alfonso Bosch, Martín Vasco se niega a declarar hasta que se levante el secreto de sumario que pesa sobre las actuaciones de la causa.
Martín Vasco ha sido el segundo aforado madrileño que comparece como imputado ante este tribunal. El magistrado acusó la pasada semana al parlamentario autonómico Alfonso Bosch de participación en la trama encabezada por Correa y de los seis delitos genéricos de la causa: asociación ilícita, cohecho, trafico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad. El TSJM atribuye a los diputados autonómicos Alberto López Viejo, Martín Vasco y Bosch Tejedor la percepción "de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias empresas relacionadas" con Correa. En el auto de inhibición, Garzón acusó a López Viejo, Martín Vasco y Bosch de haber cobrado 1,2 millones de euros en comisiones ilegales (437.166 para Martín Vasco) a cambio de adjudicaciones fraudulentas a las empresas lideradas por el cerebro de la trama Francisco Correa.
La implicación de Vasco
Martín Vasco abandonó el pasado 18 de febrero la presidencia de la comisión de investigación del supuesto caso de espionaje, que se cerró poco después, y presentó el pasado 2 de abril su dimisión como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid para que su implicación en el caso Gürtel no perjudicara al Grupo Parlamentario. Según recogen las conversaciones grabadas a Felisa Jordán, una de las imputadas, Martín Vasco recibió 30.000 euros de las empresas relacionadas con Correa, cabecilla de la trama de corrupción investigada por la Audiencia Nacional.
El juez de la Audiencia Nacional acusó a Martín Vasco de conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos a favor de la empresa Martinsa en el Ayuntamiento de Arganda del Rey. Se le imputó también el facilitar la entrada de Easy Concept en Arganda mediante la adjudicación de contratos públicos entre 2005 y 2007.
Minutos antes de las 11 horas, llegó a la sede del TSJM en un furgón policial el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo que también ha declarado ante Pedreira. A preguntas de los periodistas, Crespo ha manifestado que se encontraba "muy bien, perfectamente" y "con ganas de declarar". Además, el magistrado interrogará a Adrián Senin Rico, la mano derecha de Álvaro Pérez, el responsable de Orange Market conocido como El Bigotes.
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Bosch ocultó a la policía y al juez documentos que le implicaban en la trama corrupta
MANUEL ALTOZANO - Madrid - 05/05/2009
El diputado del PP en la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch, imputado por cohecho y tráfico de influencias en la investigación de la trama corrupta de Francisco Correa que sigue el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad (TSJM), ocultó parte de la documentación requerida por el juez a través de la policía. Esos documentos correspondían a concursos públicos y adjudicaciones presuntamente amañadas de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte a compañías implicadas en la trama mientras Bosch fue gerente de esa sociedad perteneciente al Ayuntamiento.
Tras los primeros requerimientos de documentación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, los agentes constataron que parte de los expedientes que les fueron entregados estaban incompletos. Garzón ordenó entonces a la policía que investigara dónde se encontraban los papeles que faltaban. Varios funcionarios municipales a los que se tomó declaración dijeron que había sido el propio Bosch el que había seleccionado los documentos que finalmente se enviaron al juez, quedándose con el resto.
Entre la documentación que hasta el momento no ha aparecido se encontrarían algunos papeles comprometedores para el diputado autonómico madrileño. Los agentes echaron en falta, por ejemplo, el informe económico y una modificación del contrato por el que se cedieron 32 locales comerciales a la empresa Rústicas MBS a cambio de un canon anual de 320.000 euros que luego fueron rebajados a 81.000. Dos de esos locales fueron alquilados al Ayuntamiento para instalar la comisaría de Policía Local y una oficina de la EMSV. El municipio paga por ello 199.000 euros a Rústicas MBS. El principal accionista y administrador de esta compañía es Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol, ex consejero de Orange Market, la filial valenciana de la trama de Correa, y también imputado en la investigación judicial.
Las otras dos empresas que se presentaron al concurso de los locales, Promociones Inmobiliarias del Pisuerga y Eurosanabria, también están relacionadas con Blanco Balín, que es apoderado de la primera. La segunda tiene la misma sede social que otras sociedades gestionadas por él.
En el auto por el que se inhibió a favor del TSJM, Garzón aseguraba que Bosch recibió de Correa 250.562 euros en sobornos por amañar, entre otros, este contrato a favor de quien le indicaba el presunto cerebro de la trama.
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El vicepresidente canario carga contra la policía que le investiga por cohecho
J. M. PARDELLAS - Tenerife - 05/05/2009
El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP en el archipiélago, José Manuel Soria, compareció ayer, por segunda vez, ante la magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Margarita Varona, que instruye el caso Salmón, por el que está imputado de un posible delito de cohecho. Durante su etapa como presidente del Cabildo de Gran Canaria, en 2005, Soria voló a Austria y Noruega en el jet del empresario turístico al que luego la institución que él presidía aprobaría un informe para edificar 3.500 plazas turísticas, el límite máximo para un año en toda la provincia de Las Palmas.
José manuel Soria López
A FONDO
Declaró durante más de dos horas, y ya en la sede del PP en Las Palmas, Soria arremetió contra la Brigada de Delitos Económicos de la Policía Judicial, por haber redactado un informe con "falsedades, insidias e insinuaciones" sobre los gastos que él había efectuado en ese viaje y en sus vacaciones familiares en el complejo hotelero Anfi, del mismo empresario, muchas de cuyas cantidades reconoció haber pagado en efectivo. "¿Pero qué broma es ésta?, ¿en qué Estado estamos?", preguntó.
Soria asegura que en el informe aparecen pagos con tarjeta de entidades en las que no tiene tarjeta y cree que el caso será archivado. "Estoy sufriendo una campaña de desgaste del PSOE y de la Delegación del Gobierno", remachó.
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El TSJM imputa al popular Martín Vasco y le impone una fianza de 955.000 €
El magistrado considera que Martín Vasco ha cometido delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad.
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Martín Vasco se niega a declarar ante el juez
No lo hará hasta que no se levante el secreto de sumario. Se le imputan seis delitos.
Ana Mato: yo me pago los cumpleaños de mis hijos'
Desmiente que Francisco Correa sufragara las fiestas de sus pequeños.
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El juez del caso Gürtel decide continuar investigando a Camps
El magistrado José Flors desestima la petición de nulidad y su decisión puede ser recurrida ante la Sala, que preside De la Rúa
Regina Laguna, Valencia
El magistrado del caso Gürtel en Valencia, José Flors, seguirá investigando la comisión de un posible delito de cohecho por parte del presidente de la Generalitat, Francisco Camps; del portavoz del PP en las Corts Valencianes, Ricardo Costa; del ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, y del ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, tras desestimar la petición de nulidad de una defensa. Según informó ayer el TSJCV, "la petición de nulidad de actuaciones formulada por el letrado defensor del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha sido desestimada", por lo que las diligencias previas abiertas por la Sala de lo Civil y Penal seguirán su curso. El magistrado instructor, José Flors, explica en su auto que ha desestimado la petición de nulidad "en relación con determinados actos procesales del Juzgado Central de Instrucción número 5", al entender que "las irregularidades denunciadas como base de esta petición no constituyen una vulneración de los derechos fundamentales a la defensa ni al juez predeterminado por la Ley".
Según adelantó anoche la Cadena Ser, en el programa Hora 25, Francisco Camps pretendía que se anularan las actuaciones porque cuando el Juez Garzón acordó prorrogar el secreto del sumario el pasado 4 de diciembre, la decisión quedó registrada en el programa informático que maneja la Audiencia Nacional pero no se incluyó una copia en papel dentro de las actuaciones.
El Magistrado José Flors recuerda en su auto al Presidente de la Generalitat que la Ley permite al Juez "utilizar cualquier medio técnico, electrónico, informático y telemático para el desarrollo de su actividad y que esos documentos gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, tal y como ocurre en este caso".
Añade el auto, al que parece que ha tenido acceso esta emisora, que para que se vulnere el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías y al derecho de defensa es necesario que, "pese al alzamiento del secreto del sumario, la actividad instructora se haya realizado en su totalidad a espaldas de las partes, permitiéndoles intervenir en el proceso sólo cuando la investigación se haya agotado, pero no es este, evidentemente, el caso en el que nos encontramos".
Sobre si Garzón debió o no inhibirse en favor del Tribunal de Justicia de Valencia cuando halló indicios contra Camps y Costa, el Magistrado José Flors subraya que el Juez de la Audiencia Nacional actuó correctamente. Dice el auto que cuando Garzón tuvo conocimiento de la denuncia presentada el ex concejal del PP, José Luis Peñas en la que señalaba que las empresas de Correa habían pagado trajes a Camps y Costa, el Juez tenía "el deber inexcusable" de comprobar su veracidad".
La resolución de José Flors, notificada ayer por la mañana a las partes, puede ser recurrida en apelación ante la Sala del TSJ. Pero "este recurso, si se plantea, no suspende el curso del procedimiento ni la práctica de las diligencias de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos", como así ha sido hasta ahora, añade el tribunal.
La sala está presidida por el presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa, de cuya amistad con él Camps dijo en un acto púbico: "Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a ýamistadý que resuma esta íntima y sentida relación".
Correa y Pérez gastaron 481.000 euros en un musical Malena Gracia, Marlene Mourreau y Rosanna Walls protagonizaron el musical "Las corsarias", que financió Francisco Correa a través de la sociedad Apasionadda, de la que era socio capitalista Álvaro Pérez, "El Bigotes", según el diario "El Mundo".
El espectáculo costó 481.000 euros y fue un auténtico fracaso, ya que se estrenó el 15 diciembre de 2005 en Barcelona y sólo duró tres días en cartel, aunque estaba previsto que actuaran un mes.
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El centro de todas las miradas
Camps elude la sesión de control al viajar a Boston para cerrar las tres próximas ediciones de la Volvo
Aznar: "Camps no estuvo en la Moncloa"
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CCOO denuncia despidos para favorecer a la mujer de Castellano
La mujer del conseller de Gobernación trabaja en el Hospital General de Valencia como auxiliar administrativo
EFE
La sección sindical de CCOO en el Hospital General de Valencia ha denunciado el cese "discriminatorio e irregular" de dos trabajadoras del centro sanitario "para favorecer la conservación del puesto de trabajo de la mujer de Serafín Castellano".
La organización sindical ha explicado, en un comunicado, que las dos trabajadoras despedidas, que desempeñaban funciones de auxiliar administrativo con contrato de interinidad, han sido cesadas en sus funciones al reincorporarse a sus puestos los propietarios de la plaza tras una excedencia.
La argumentación de la empresa, según el sindicato, es que se ha cesado a las personas que tenían menor nota en la bolsa, lo que según CCOO es el procedimiento habitual y pertinente para estas circunstancias aunque discriminatorio con respecto a otra empleada.
"Si se compara la situación con la de otra de las compañeras, se produce un importante agravio comparativo, pues ésta, que es casualmente la mujer de Serafín Castellano, permanece en su puesto de trabajo, también de auxiliar administrativo, a pesar de no constar en ninguna bolsa", ha incidido la organización sindical.
La sección sindical ha considerado este criterio de selección del personal como arbitrario e impertinente, pues "el proceder más adecuado sería aquel en el que las personas de la bolsa tuvieran prioridad laboral frente a aquellos que no han superado ningún tipo de examen o ejercicio de oposición".
"En este caso, la compañera, por ser esposa de un personaje público, conserva su puesto de trabajo en perjuicio de otras profesionales que sí han pasado por una serie de exámenes y se han ganado un puesto en la bolsa, aunque sean las de menor nota", ha denunciado.
CCOO, que considera que esta situación "vulnera los derechos de las personas que forman parte de la bolsa de empleo", ha abogado por un proceso de selección de personal "justo y equitativo en el que para permanecer en un puesto de trabajo no entren a valorarse los méritos familiares, sino las capacidades profesionales".
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Al igual que Alfonso Bosch, invoca el artículo 24 de la Constitución
Martín Vasco también se niega a declarar por el caso Gürtel
El hombre a quien Aguirre confió la comisión del espionaje, ya está imputado oficialmente en la Gürtel
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Mientras continúa arropando a Camps
La doble moral del PP: “examina” la baja de militancia de Martín Vasco
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Costa, imputado en la Gürtel, se compra un coche de 80.000 euros a pesar de estar en números rojos
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El socialista comparó el matrimonio Sepúlveda-Mato con el de Julián Muñoz-Mayte Zaldívar
Tomás Gómez y Ana Mato se verán las caras en los tribunales el próximo 13 de mayo
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El tribunal rechaza anular las actuaciones de Garzón, como pedía el president
El TSJV tumba el último intento de Camps por frenar el affaire de los trajes
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dilluns, 4 de maig del 2009
PP Vice 04/05/2009. El TSJ de Madrid imputa a otro diputado de Aguirre por sobornos y El TSJ desestima la petición de Camps de anular el caso Gürtel.
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El TSJ desestima la petición de Camps de anular el caso Gürtel
El magistrado instructor entiende que "las irregularidades denunciadas como base de esa petición no constituyen una vulneración de los derechos fundamentales a la defensa ni al juez predeterminado por la Ley".
EFE
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado la petición de nulidad de actuaciones del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón referidas al caso Gürtel formulada por el president de la Generalitat, Francisco Camps, han informado hoy fuentes judiciales.
Según un comunicado del TSJCV, las diligencias previas abiertas por la Sala de lo Civil y Penal contra Camps, el portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret por supuesto delito de cohecho, "seguirán su curso".
El magistrado instructor ha desestimado la petición de nulidad en relación con determinados actos procesales del Juzgado Central de Instrucción número 5, al entender que "las irregularidades denunciadas como base de esa petición no constituyen una vulneración de los derechos fundamentales a la defensa ni al juez predeterminado por la Ley".
La resolución, notificada esta mañana a las partes, puede ser recurrida en apelación ante la Sala, pero las fuentes señalan que ese recurso, si se plantea, "no suspende el curso del procedimiento ni la práctica de las diligencias de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos".
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El juez imputa a otro diputado de Aguirre
El PP debe decidir si suspende de militancia a los aforados imputados
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Costa compró un coche de 80.000 euros pese a declarar que tiene cuentas en números rojos
El secretario general del PP hizo constar en su declaración de patrimonio un saldo negativo de 1.500 euros. El portavoz popular reconoció que pidió un prestámo de 30.000 euros para un vehículo
J. M. Vigara/S. Pitarch, Castelló
El portavoz del PP en las Corts Valencianes, Ricardo Costa, ha adquirido un gran turismo, un híbrido entre un todoterreno y un turismo de alta gama, que cuesta cerca de 80.000 euros, lo que contrasta con la débil economía que dice tener. Cabe recordar, que el también diputado autonómico declaró la semana pasada que a fecha del pasado 28 de abril, el saldo de sus cuentas bancarias era de menos 1.435, 26 euros. Por tanto, el parlamentario en las Corts Valencianes ha adquirido este todo camino de lujo con números rojos, según hizo constar en su declaración de bienes registrada en la cámara autonómica. Precisamente, las altas prestaciones en materia de seguridad del Infiniti FX50S permitieron al dirigente popular salir ileso. De hecho, fuentes conocedoras del caso explicaron a Levante-EMV que el accidentado salió por la puerta del copiloto, debido al terrible impacto sufrido.
La economía de Ricardo Costa le permite comprarse un coche de lujo valorado en cerca de 80.000 euros pese a que presenta un saldo negativo de cerca de 1.500 euros en sus cuentas, según reza en la declaración personal de bienes que presentó en las Corts Valencianes esta semana. Los recursos económicos con que cuenta el diputado valenciano, según su propia declaración son las cuentas bancarias en ING Direct, con un depósito de renta garantizada de 6.000 euros, y también en el Banco Sabadell Atlántico, Open Bank, Bancaja y Caja Rural. Además paga una hipoteca de 120.000 euros por un piso de Castelló, otra de 25.000 euros por otro de Valencia, y un préstamo personal de 30.000 euros, declarado en la Conselleria de Economía y Hacienda, con la que adquirió un vehículo en enero. Además, Costa se ha beneficiado de un privilegio que conceden las Corts a aquellos diputados que ejercen una actividad privada, al margen de la propia del cargo del parlamentario. El parlamento autonómico costea el seguro de autónomo del número dos del Partido Popular en la Comunitat Valenciana pero para ello tuvo que renunciar a la exclusividad en el ejercicio del cargo y, por tanto, a cobrar 365,60 euros mensuales. A cambio, la Cámara le reintegra los más de 920 euros al mes del máximo de cotización como autónomo, y paralelamente, Costa puede seguir trabajando como asesor fiscal y económico en virtud de una reforma del reglamento auspiciada por su partido a finales del mandato pasado.
Dejó una comisión por sus obligaciones
Por otro lado, el también portavoz del grupo popular en les Corts, dimitió recientemente como presidente de la comisión de Desarrollo Estatutario mediante un escrito en el que comunica su renuncia «dado que sus obligaciones orgánicas y parlamentarias le impiden dedicarle al cargo el tiempo que requiere». Aunque su intensa dedicación a la responsabilidad política y parlamentaria es innegable, resulta difícilmente justificable alegar trabajo en el partido para abandonar una responsabilidad parlamentaria —de donde se percibe el sueldo— mientras no se renuncia a la actividad privada y se solicita a les Corts que te costeen un seguro que la mayor parte de los ciudadanos se tienen que pagar de su bolsillo con gran sacrificio.
El turismo que conducía Costa el pasado sábado cuando sufrió el accidente se conoce en el mercado norteamericano por las siglas S.U.V, un turismo grande capaz de adaptarse a la carretera o la montaña con las máximas prestaciones de velocidad, potencia y comodidad. En 2008, se vendieron un centenar de unidades y en España solamente hay cuatro concesionarios, dos en Barcelona, uno en Madrid y uno en Valencia. El de la capital del Turia se inauguró hace un año y las ventas que realiza son muy contadas debido a los elevados precios de los distintos modelos.
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El PSPV exige al Consell que aclare por qué La Luz de las Imágenes pagó gastos del Open de Tenis
EU reclama a Camps que dé la cara tras aparecer nuevos contratos con Orange Market
El TSJ desestima la petición de Camps de anular el caso Gürtel
El magistrado instructor entiende que "las irregularidades denunciadas como base de esa petición no constituyen una vulneración de los derechos fundamentales a la defensa ni al juez predeterminado por la Ley".
EFE
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado la petición de nulidad de actuaciones del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón referidas al caso Gürtel formulada por el president de la Generalitat, Francisco Camps, han informado hoy fuentes judiciales.
Según un comunicado del TSJCV, las diligencias previas abiertas por la Sala de lo Civil y Penal contra Camps, el portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret por supuesto delito de cohecho, "seguirán su curso".
El magistrado instructor ha desestimado la petición de nulidad en relación con determinados actos procesales del Juzgado Central de Instrucción número 5, al entender que "las irregularidades denunciadas como base de esa petición no constituyen una vulneración de los derechos fundamentales a la defensa ni al juez predeterminado por la Ley".
La resolución, notificada esta mañana a las partes, puede ser recurrida en apelación ante la Sala, pero las fuentes señalan que ese recurso, si se plantea, "no suspende el curso del procedimiento ni la práctica de las diligencias de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos".
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El juez imputa a otro diputado de Aguirre
El PP debe decidir si suspende de militancia a los aforados imputados
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Costa compró un coche de 80.000 euros pese a declarar que tiene cuentas en números rojos
El secretario general del PP hizo constar en su declaración de patrimonio un saldo negativo de 1.500 euros. El portavoz popular reconoció que pidió un prestámo de 30.000 euros para un vehículo
J. M. Vigara/S. Pitarch, Castelló
El portavoz del PP en las Corts Valencianes, Ricardo Costa, ha adquirido un gran turismo, un híbrido entre un todoterreno y un turismo de alta gama, que cuesta cerca de 80.000 euros, lo que contrasta con la débil economía que dice tener. Cabe recordar, que el también diputado autonómico declaró la semana pasada que a fecha del pasado 28 de abril, el saldo de sus cuentas bancarias era de menos 1.435, 26 euros. Por tanto, el parlamentario en las Corts Valencianes ha adquirido este todo camino de lujo con números rojos, según hizo constar en su declaración de bienes registrada en la cámara autonómica. Precisamente, las altas prestaciones en materia de seguridad del Infiniti FX50S permitieron al dirigente popular salir ileso. De hecho, fuentes conocedoras del caso explicaron a Levante-EMV que el accidentado salió por la puerta del copiloto, debido al terrible impacto sufrido.
La economía de Ricardo Costa le permite comprarse un coche de lujo valorado en cerca de 80.000 euros pese a que presenta un saldo negativo de cerca de 1.500 euros en sus cuentas, según reza en la declaración personal de bienes que presentó en las Corts Valencianes esta semana. Los recursos económicos con que cuenta el diputado valenciano, según su propia declaración son las cuentas bancarias en ING Direct, con un depósito de renta garantizada de 6.000 euros, y también en el Banco Sabadell Atlántico, Open Bank, Bancaja y Caja Rural. Además paga una hipoteca de 120.000 euros por un piso de Castelló, otra de 25.000 euros por otro de Valencia, y un préstamo personal de 30.000 euros, declarado en la Conselleria de Economía y Hacienda, con la que adquirió un vehículo en enero. Además, Costa se ha beneficiado de un privilegio que conceden las Corts a aquellos diputados que ejercen una actividad privada, al margen de la propia del cargo del parlamentario. El parlamento autonómico costea el seguro de autónomo del número dos del Partido Popular en la Comunitat Valenciana pero para ello tuvo que renunciar a la exclusividad en el ejercicio del cargo y, por tanto, a cobrar 365,60 euros mensuales. A cambio, la Cámara le reintegra los más de 920 euros al mes del máximo de cotización como autónomo, y paralelamente, Costa puede seguir trabajando como asesor fiscal y económico en virtud de una reforma del reglamento auspiciada por su partido a finales del mandato pasado.
Dejó una comisión por sus obligaciones
Por otro lado, el también portavoz del grupo popular en les Corts, dimitió recientemente como presidente de la comisión de Desarrollo Estatutario mediante un escrito en el que comunica su renuncia «dado que sus obligaciones orgánicas y parlamentarias le impiden dedicarle al cargo el tiempo que requiere». Aunque su intensa dedicación a la responsabilidad política y parlamentaria es innegable, resulta difícilmente justificable alegar trabajo en el partido para abandonar una responsabilidad parlamentaria —de donde se percibe el sueldo— mientras no se renuncia a la actividad privada y se solicita a les Corts que te costeen un seguro que la mayor parte de los ciudadanos se tienen que pagar de su bolsillo con gran sacrificio.
El turismo que conducía Costa el pasado sábado cuando sufrió el accidente se conoce en el mercado norteamericano por las siglas S.U.V, un turismo grande capaz de adaptarse a la carretera o la montaña con las máximas prestaciones de velocidad, potencia y comodidad. En 2008, se vendieron un centenar de unidades y en España solamente hay cuatro concesionarios, dos en Barcelona, uno en Madrid y uno en Valencia. El de la capital del Turia se inauguró hace un año y las ventas que realiza son muy contadas debido a los elevados precios de los distintos modelos.
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El PSPV exige al Consell que aclare por qué La Luz de las Imágenes pagó gastos del Open de Tenis
EU reclama a Camps que dé la cara tras aparecer nuevos contratos con Orange Market
Levante-EMV, Valencia
El PSPV exigió ayer al Consell que aclare por qué la fundación pública La Luz de las Imágenes pagó a Orange Market gastos del Open de Tenis de la Comunitat Valenciana. La entidad pública creada para promocionar el patrimonio histórico y artístico eclesiástico, como ayer adelantó Levante-EMV, se hizo cargo de dos facturas por un total de 39.982 a nombre de Orange Market, la firma valenciana de la trama Gürtel. Esquerra Unida reclamó una explicación por los nuevos contratos de Orange Market con Presidencia.
Documentos que obran en poder de este periódico revelan que la franquicia valenciana de la trama de Correa cobró al menos 34.500 euros por la confección de paneles traseros que decoraron actos de Camps en un viaje a Estados Unidos y la sala de prensa del Palau, y otros servicios. Además, La Luz de las Imágenes pagó dos facturas de dos ediciones del Open de Tenis de la Comunitat Valenciana, que organiza la empresa privada Torneos Deportivos de Tenis S. L., vinculada a Juan Carlos Ferrero, y que patrocina la Generalitat. Ana Noguera, diputada autonómica del PSPV y portavoz de cultura, denunció ayer el ocultismo del Consell con los gastos de las fundaciones públicas. «Hemos pedido información de las fundaciones y nos lo han tumbado. Había solicitado la comparecencia de los responsables para saber en qué estado se encontraba cada una». Noguera apuntó que hoy van a hacer «una serie de preguntas por registro a la conselleria para que nos den datos de lo que ha estado pasando. Nosotros preguntaremos a la conselleria para que de inmediato nos digan que hay sobre la fundación de La Luz de las Imágenes y su relación con Orange Market».?
Noguera lamentó que la estrategia del Consell «es una burda mentira. Habían negado que Orange Market tuviera algún tipo de cobro extra a parte de lo de Fitur. Cada paso es una nueva mancha en el expediente de Camps porque ha habido todo tipo de desvíos. No me extrañaría que aparecieran en otras fundaciones». La portavoz de deportes del PSPV en las Corts, Jeannette Segarra, añadió que el Consell utiliza los eventos para favorecer a «sus amigos. Lo del tenis ha sido algo más. Una estrategia para beneficiarse ellos y no a la sociedad valenciana». La coordinadora general de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Marga Sanz, apuntó que las nuevas revelaciones sobre Orange Market «son lo suficientemente graves como para que el presidente Camps asuma responsabilidades políticas, dé la cara y lo explique ante las Corts. Ya no puede esconderse más. Al día siguiente de su comparencia en las Corts teníamos una nueva información de contratos entre la Generalitat y Orange Market. Hoy sabemos que el decorado para los actos de Camps en Estados Unidos fueron encargados a Orange Market. Llega un momento en que estas cosas no se pueden esconder».
Marga Sanz indicó: «Nosotros entendemos que más allá del proceso judicial, existen indicios evidentes de una posible relación con la trama y con la empresa del Bigotes como demuestra los actos de presidencia en Estados Unidos». Este diario intentó sin éxito recabar la versión del Consell.
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El diputado se recupera tras sufrir un accidente de tráfico
«Pérez medió en la venta de un coche a Costa»
La firma del número dos del PP ingresó 893.692 euros y obtuvo unos beneficios de 126.464 euros en 2007
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El TSJ de Madrid imputa a otro diputado de Aguirre por sobornos
Benjamín Martín Vasco se convierte en el segundo parlamentario regional, tras Alfonso Bosch, en ser imputado en el caso Gürtel de corrupción municipal
ELPAÍS.com / EUROPA PRESS - Madrid - 04/05/2009
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha imputado al diputado regional del PP Benjamín Martín Vasco por su implicación en la trama corrupta de dádivas y sobornos que salpica al Partido Popular en la que se investigan la comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad. Martín Vasco, que declarará mañana ante el TSJM, pasa a ser el segundo aforado madrileño imputado de manera formal en el procedimiento. El magistrado acusó la pasada semana al parlamentario autonómico Alfonso Bosch por participación en la trama encabezada por Francisco Correa y por los seis delitos genéricos de la causa.
Aguirre: los del 'caso Correa' no son míos
La trama corrupta destinó dinero del blanqueo en Suiza a pagar a cargos del PP
El TSJ rechaza la petición de nulidad de Camps por el 'caso Gürtel'
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha reconocido en rueda de prensa desde Génova que el Comité de Derechos y Garantías del partido está estudiando la suspensión de militancia de Martín Vasco. "Cada tema es distinto, hay que estudiar caso por caso" ha afirmado Cospedal quien además ha considerado que la "solidez" de las imputaciones las demostrarán los tribunales. La secretaria general popular ha aprovechado las preguntas de la prensa para volver a criticar la actuación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Más de 400.000 euros de la red
El tribunal atribuye a los diputados autonómicos Alberto López Viejo, Martín Vasco y Bosch Tejedor la percepción "de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias empresas relacionadas" con Correa. En el auto de inhibición, Garzón acusó a López Viejo, Martín Vasco y Bosch de haber cobrado 1,2 millones de euros (437.166 para Martín Vasco) en comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas a las empresas lideradas por el cerebro de la trama. El juez les imputó delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y asociación ilícita.
Martín Vasco presentó el pasado 2 de abril su dimisión como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid para que su implicación en la Operación Gürtel no perjudicara al Grupo. Dos semanas antes, el diputado madrileño había renunciado a la presidencia de la comisión sobre el espionaje en el Ejecutivo regional.
Según recogen las conversación grabadas a Isabel Jordán, una de las imputadas, Martín Vasco recibió 30.000 euros de las empresas relacionadas con Correa, cabecilla de la trama de corrupción investigada por la Audiencia Nacional. El juez Pedreira recogerá testimonio también mañana de uno de los encarcelados por la trama de corrupción, el ex secretario de Organización del PP en Galicia, Pablo Crespo.
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El caso sigue adelante en Valencia
El tribunal de Valencia desestima la petición de nulidad interpuesta por el presidente valenciano
Prosiguen las diligencias previas abiertas por el tribunal valenciano contra el presidente
CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia - 04/05/2009
El magistrado instructor de la rama valenciana del caso Gürtel, donde aparece implicado el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha desestimado la petición de nulidad de las actuaciones del juez Baltasar Garzón solicitada por el abogado de Camps.
Francisco Camps Ortiz
Las diligencias previas abiertas por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra el presidente, el secretario general del PP, Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Camps y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret, por supuesto delito de cohecho, siguen así su curso.
El magistrado entiende que las irregularidades denunciadas por el abogado del presidente valenciano no vulneran los derechos fundamentales a la defensa ni al juez predeterminado por la ley.
La resolución se ha notificado esta misma mañana a las partes y aunque sea recurrida, no suspenderá el procedimiento ni la investigación necesaria para esclarecer los hechos, según el TSJ.
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La fiscalía pide siete años de cárcel para el 'número dos' de Fabra
Vicente Aparici está acusado de delitos contra los recursos naturales y prevaricación medioambiental durante su etapa de alcalde en La Vall d'Uixó
MARÍA FABRA - Castellón - 04/05/2009
La fiscalía de Castellón ha pedido siete años de cárcel para Vicente Aparici, número 2 de Carlos Fabra en la Diputación, por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y prevaricación medioambiental. La denuncia se refiere a la etapa en la que Aparici fue alcalde de La Vall d'Uixó durante la que, según el escrito del fiscal, no sólo autorizó un vertedero ilegal y el depósito de vertidos de residuos tóxicos y peligrosos, sino que "conocedor de las diversas ilicitudes por carecer de todo tipo de licencia, no inicio ningún tipo de actividad sancionadora".
Por ello, pide para el ex alcalde y actual vicepresidente de la Diputación 7 años de cárcel y 8 años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público. el fiscal también pide que se le inhabilite para ejercer cualquier profesión u oficio relacionada con la gestión de vertederos cuando, precisamente, en el diputación, tiene adignadas las competencias y responsabilidades sobre Medio Ambiente.
En la investigación realizada durante la instrucción de la causa, que se remonta a 1998, se realizaron análisis que constataron la presencia de sustancias como boro y cromo en unas cantidades muy superiores a los parámetros permitidos.
Ni el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, ni el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de La Vall d?Uixó, del que todavía es concejal, han querido hacer ningún tipo de valoración.
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Correa blanqueó dinero en Suiza para comprar a cargos del PP
Anticorrupción rastrea la fortuna que Correa amasó gracias a Gobiernos populares de Madrid y Valencia
Anticorrupción pide ocho comisiones rogatorias para seguir el rastro de la fortuna que Correa amasó gracias a Gobiernos populares en Madrid y Valencia
JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid - 04/05/2009
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que cursen ocho comisiones rogatorias para investigar en otros tantos países de Europa e Iberoamérica la fortuna amasada (y no declarada al fisco) por Francisco Correa, cabecilla de la trama de corrupción masiva vinculada al PP que implica a 57 personas, entre las que hay un presidente autonómico, cuatro diputados regionales, cuatro ex alcaldes, el tesorero nacional del PP y un eurodiputado del partido.
El diputado Martín Vasco recibió comisiones de una sociedad suiza
Anticorrupción busca datos en Islas Caimán, Reino Unido, Colombia y Panamá
"Los beneficios se ocultan a Hacienda, van al extranjero y luego se devuelven"
Las dos fiscales que investigan esta trama, Miriam Segura y Concepción Sabadell, sostienen en su último informe, fechado a finales de marzo, que Correa desviaba a paraísos fiscales el dinero que recaudaba de los lucrativos favores económicos que recibía de administraciones públicas en manos del PP.
El negocio de Correa, según Anticorrupción, se basaba en el trato de favor de gobiernos del PP a cambio de dinero y regalos que daba a alcaldes y altos cargos del partido. La fiscalía cree que lavaba el dinero obtenido en sus chanchullos en las Islas Caimán, Reino Unido, Colombia, Suiza, Antillas Holandesas y Panamá.
Eventos e inmuebles
El pasado jueves Correa negó ante el juez que instruye el caso haber sobornado a políticos del PP y sólo admitió ser autor de un delito contra la Hacienda pública, aunque aseguró estar dispuesto a devolver el dinero.
Anticorrupción sostiene que el grupo de sociedades que dirigía Correa actuaba en tres direcciones: unas empresas se dedicaban a realizar actos y eventos del PP; otras, a inversiones en "patrimonio inmobiliario" y un tercer grupo acaparaba el dinero, ya lavado, que regresaba desde el extranjero a España.
Ese dinero opaco, según la fiscalía, procedía de "las contratas y adjudicaciones" que recibía la trama de Correa, "por sus regalos y dinero que entregaba a autoridades". "Los beneficios se ocultan a Hacienda. Son llevados al extranjero y luego se devuelven", señala el informe. Con ese dinero, la trama compraba en España propiedades inmobiliarias que se ponían a nombre de sociedades a cuyo frente Correa colocaba testaferros. Y con el dinero de la caja b de la contabilidad de estas sociedades, se pagaba a alcaldes y altos cargos del PP de Madrid por sus favores.
Según Anticorrupción, el 4 de abril de 2005, desde las empresas de Correa se dio la orden a Lucas Bagchus para que hiciese una ampliación de capital de 1,8 millones de euros en la sociedad Osiris, radicada en Suiza. Parte de ese dinero más tarde retornó a España y, según la fiscalía, terminó en manos del diputado madrileño del PP, Benjamín Martín Vasco.
Otro ejemplo es el pago con dinero opaco al fisco a José Luis Peñas, ex concejal del PP de Majadahonda (Madrid) que posteriormente destapó el escándalo al denunciar las actividades de Correa a la fiscalía. La trama entregó a este ex edil, según Anticorrupción, sobres mensuales con 3.500 euros entre marzo y noviembre de 2005, así como otros 18.000 euros en abril de ese año.
Que grandes cantidades de dinero acaban en manos de políticos lo han declarado ante el juez Garzón empleados de la trama de Correa como José Luis Izquierdo, el contable, e Isabel Jordan, una de las directivas. En la cuenta B descubierta en un piso de seguridad de Correa figuran pagos al diputado autonómico de Madrid, Alfonso Bosch, identificado en esa cuenta como "pcsabosch", y al ex consejero Alberto López Viejo, hombre de confianza de Esperanza Aguirre. Jordan ha declarado que entregó a este último "un sobre con 40.000 euros".
El ex concejal José Luis Peñas (a quien Correa llama "traidor" en su declaración) entregó en la fiscalía una denuncia con grabaciones en la que el cabecilla de la trama, Correa, se jactaba de haber dado dinero a altos cargos del PP; habla de 1.000 millones de las antiguas pesetas al tesorero nacional Luis Barcenas. Lo recibido de la trama por Barcenas sumaría 1,3 millones de euros, según la investigación.
En otra de las grabaciones, Correa y uno de sus lugartenientes, Pablo Crespo, aluden a dinero que han entregado a López Viejo. "De cada acto que hacíamos de la Comunidad de Madrid, se llevaba una pasta Alberto, lo sabes tú", refiere Correa. En la misma conversación se queja de que López Viejo le adeuda un millón de euros de actos de la Comunidad. Crespo, por su lado, comenta a Correa que López Viejo es "el muñidor de toda la operativa". López Viejo fraccionó el importe de algunos contratos para supuestamente poder adjudicárselos directamente a sociedades de Correa, quien, a cambio, le dio casi 500.000 euros, según el sumario. Un informe de la Agencia Tributaria destaca que las sociedades de Correa disponen de "una elevada facturación" con cargo a la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos de Arganda del Rey, Majadahonda, Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón, todos ellos gobernados por alcaldes del Partido Popular con mayoría absoluta.
El PP les ha forzado a dimitir por su implicación en la trama. Garzón les imputa el cobro de grandes sumas de dinero a cambio de adjudicaciones y contratas de sus ayuntamientos. Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad donde la trama corrupta hizo más negocios, asegura que a los implicados o no los nombró ella o la engañaron.
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El último fleco desgajado de la trama corrupta vinculada al PP tiene nombre de espectáculo para caballeros: Las Corsarias es el título del musical financiado por la organización dirigida por Francisco Correa. Malena Gracia, Marlene Mourreau y Rosanna Walls, las tres amigas de Correa, protagonizaron tal show, que costó 481.000 euros, se estrenó el 15 de diciembre de 2005 en Barcelona y duró en cartel… ¡tres días!. Según El Mundo, estas vedettes trabajaron durante un tiempo en Apasionadda, una sociedad creada por la red corrupta seis meses antes para “espectáculos, cine y deportes” cuyo socio capitalista era el cerebro valenciano de la trama, Álvaro Pérez El Bigotes. A la sazón, éste tenía vínculos con el mundo del espectáculo a través de su parentesco con el actor Andrés Pajares.
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De las tres vedettes citadas, la que más amistad tenía con Correa era Malena Gracia, recoge el diario de Pedro J. Ramírez. El supuesto cerebro de la red, ex legionario, ex agente de viajes y ex organizador de eventos políticos, llevaba un alto ritmo de vida y solía presumir de amistades femeninas de alto standing. Gracia, por su parte, ha admitido conocerle pero niega el extremo de la amistad.
Apasionadda
El Bigotes, a su vez, tenía buenas relaciones con el mundo del espectáculo ya que era sobrino de la primera mujer del actor cómico Andrés Pajares. Precisamente este último era uno de los socios capitalistas de Apasionadda, una sociedad constituida en junio de 2005 en Madrid cuyo administrador único era un ejecutivo de Special Events, una de las principales empresas de la trama corrupta. A la revista musical en cuestión, la entidad destinó la friolera de 481.000 euros. ¿Podría tratarse acaso de blanqueo de dinero?
Las Corsarias
Las Corsarias se estrenó en Barcelona el 15 de diciembre de ese mismo año, y duró apenas tres días aunque estaba prevista para un mes. El motivo por el que se echó el cierre fue la baja calidad del espectáculo, dirigido por Ricard Reguant. Él mismo definió la obra como una “zarzuela tipo revista (…) donde la belleza femenina se muestra tal como es”. Quizás por tal culto a la belleza el show se montó con seis bailarinas cuyo mayor mérito artístico era haber participado en el concurso de Miss Interviú.
Cumpleaños de los niños Sepúlveda Mato
El rotativo antes citado también da cuenta de otros eventos financiados por Correa, aunque en un ámbito más doméstico y menos ambicioso: los cumpleaños de los hijos de Ana Mato, vicesecretaria de Organización del PP, y Jesús Sepúlveda, dimitido alcalde de Pozuelo. Según los trabajadores de la trama consultados por el diario, el cabecilla de Gürtel habría organizado las fiestas de los pequeños Sepúlveda Mato a través de Ana Amor. En su momento ya se informó de que la red organizó la comunión de uno de los niños del matrimonio y de que regaló un Jaguar, un Range Rover y otras prebendas a Sepúlveda.
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