dimarts, 17 de febrer de 2009

PP Vice (2). 17/02/2009.


Bono de hotel facturado al PP, para el mítin de Aznar en Burgos, en 2003

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El séquito de Aznar se alojó en hoteles reservados por Francisco Correa
Correa proporcionó los hoteles al equipo de Génova que organizó los mítines de Aznar en las elecciones de 2003. Entre ellos, al actual diputado y secretario de organización del PP de Madrid, Alfonso Bosch

MARIELA RUBIO / CADENA SER 17-02-2009

Los populares salpicados por la trama viajaron en el avión presidencial de Aznar a los mítines organizados por Correa

Los protagonistas en el "Falcon" presidencial de Aznar
DOCUMENTO: Facsímil del listado de pasajeros: Viaje a Tenerife
DOCUMENTO: Facsímil del listado de pasajeros: Viaje a Las Palmas
Un conseller de Camps lleva 10 años adjudicando obras a la empresa de unos íntimos amigos
Las empresas de la trama de Correa crearon una red de facturas falsas para defraudar a Hacienda cantidades millonarias
Detenido el chófer de Francisco Correa por orden del juez Garzón
Correa construyó un entramado empresarial en el extranjero para esconder su patrimonio
El conseller Castellano fichó a su amiga constructora para el PP
Anticorrupción ha decidido qué aforados quiere imputar en el caso Gürtel

La empresa Pasadena Viajes, propiedad de Paco Correa es una de las sociedades de la trama investigadas por Garzón. Según facturas y documentos internos a los que ha tenido acceso la Cadena SER, fue esta empresa la que facturó al PP por el alojamiento del equipo organizador de los mítines del entonces presidente José María Aznar.

Cada vez que Aznar viajaba fuera de Madrid para participar en un mitin de la campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2003, lo hacía acompañado por un equipo de Génova que se encargaba de la organización de los actos. Esto obligaba a la contratación de un gran número de habitaciones de hotel. Correa -el cabecilla de la trama empresarial que presuntamente se beneficiaba de sus relaciones con altos dirigentes del PP para conseguir contratos públicos o recalificaciones urbanísticas- era el encargado del alojamiento de los miembros del partido que acompañaban a Aznar y por ello facturó importantes cantidades a Génova.

De este séquito electoral formaban parte el dimitido Alberto López Viejo y el actual diputado regional y secretario de movilización del PP de Madrid Alfonso Bosch.

Ambos son mencionados con frecuencia por Correa en las grabaciones en poder de Garzón. De López Viejo, entonces consejero de la Comunidad de Madrid, Correa dice que cobraba comisiones y que además, obligaba a las consejerías a pagar con dinero público actos del PP que montaba el propio Correa. "Alberto [López Viejo, ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid] se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio kilo".

Correa menciona también a Bosch. El líder de la trama asegura que le ha pedido "a Alfonso" que le presente a alguien que puede serle útil en sus negocios. Otra de las imputadas, cuya voz también aparece en las cintas, destaca la estrecha relación de Bosch con el líder de la trama. "Es uno de ellos, uno de los malos, de los que hacen cosas mandado por ellos", dice la imputada.

Los protagonistas en el "Falcon" presidencial de Aznar
Bosch fue la sombra de José María Aznar en las elecciones de 2003. Él era parte del comité organizador de Génova y el responsable de los Mítines multitudinarios que Aznar dio en Burgos, Tenerife o Las Palmas.

Hasta tal punto no se despegó de Aznar, que su nombre figura en los registros de pasajeros del avión presidencial del entonces presidente del gobierno, el Falcon 900 en el que Aznar y su equipo se desplazaban a los mítines. Junto a él aparece también Antonio Cámara quién un año después pasaría a trabajar para Correa en la empresa "Special Events". Cámara es actualmente consejero de Caja Madrid dentro del sector Aguirrista.
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http://www.cadenaser.com/espana/articulo/anticorrupcion-decidido-aforados-imputar-caso/csrcsrpor/20090217csrcsrnac_9/Tes

Anticorrupción ha decidido qué aforados quiere imputar en el caso Gürtel

La Fiscalía le pedirá a Garzón que se inhiba para que sean los tribunales superiores los que investiguen a los nombres vinculados con la trama

GONZALO CORTIZO 17-02-2009

La Fiscalía anticorrupción ya tiene claro qué nombres de aforados ofrecerá al juez Garzón como posibles imputados en la trama, según adelanta la CADENA SER.

Los miembros del séquito de Aznar se alojaron en hoteles reservados por Correa
Detenido el chófer de Francisco Correa por orden del juez Garzón

Lo hará a través de un escrito en el que se solicita que el magistrado se inhiba en favor de los tribunales superiores de justicia, a quienes corresponde juzgar a diputados autonómicos o miembros de gobiernos autonómicos.

El juez Garzón recibirá el escrito de la fiscalía anticorrupción este miércoles, a través del que se solicita la inhibición del magistrado al entender que en la causa podrían resultar imputados aforados de Madrid y Valencia. El propio Garzón ya apuntaba esta posibilidad en su auto pero ahora el escrito de la fiscalía supondrá un impulso en el calendario de actuaciones judiciales.

Antes de finalizar esta semana, Garzón podría responder a la petición fiscal y declarar su inhibición parcial o total de la causa. El magistrado tiene que decidir y pronunciarse sobre qué ha encontrado acerca de cada uno de los aforados en concreto cuyos nombres aparecen, por ejemplo, en las grabaciones que acompañaron la denuncia.

En esas grabaciones, a cuyas transcripciones ha tenido acceso la Cadena Ser hay referencias concretas al exconsejero de deportes, Alberto López Viejo, ya cesado y todavía sin imputar. También se menciona a Benjamin Martín Vasco, presidente de la comisión de investigación sobre los espías creada en la Asamblea de Madrid, y al actual secretario de movilización del PP de Aguirre, Alfonso Bosch.

El escrito de anticorrupción señala con nombres y apellidos a todos aquellos diputados y consejeros sobre los que pesan indicios de delito. La Fiscalía señalará, asimismo, a los tribunales superiores de Madrid, sobre todo y Valencia, en menor medida, como los idóneos para retomar las causas que afectan a los aforados.
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Fotografía: Aznar y el equipo que lo acompañaba en sus mitines, donde figuran Cámara y Bosch
Bermejo: "La cacería fue inoportuna, pero se ha manipulado un hecho neutro"
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El conseller Castellano fichó a su amiga constructora para el PP

El titular de Gobernación de la Generalitat Valenciana ha admitido, tal y como informó ayer la SER, que adjudicó contratos a dedo a construcciones Taroncher, propiedad de dos de sus íntimos amigos
JUAN MAGRANER / CADENA SER 17-02-2009

EL grupo parlamentario del PP en la Comunidad Valenciana tiene contratada desde 1996 a María Ángeles González García, propietaria de la empresa Construcciones Taroncher y Asociados, a la que el consejero de Gobernación Serafín Castellano adjudicó numerosos contratos en los últimos diez años.

AUDIOS: Castellano asegura que nunca ha usado sus cargos para beneficiar a nadie
Un conseller de Camps lleva 10 años adjudicando obras a la empresa de unos íntimos amigos
El Conseller de Gobernación adjudica la limpieza de su departamento a la empresa de uno de los imputados por Garzón

El Conseller Serafín Castellano no niega en ningún caso la amistad que su esposa y él mismo mantienen con el matrimonio Taroncher, el constructor beneficiado por las adjudicaciones. Es más, la esposa del constructor y propietaria de la empresa trabaja en el grupo parlamentario popular, en las cortes valencianas.

De ese grupo fue portavoz durante la legislatura pasada Serafín Castellano que además ha ocupado tres consellerías y algunos cargos más en los gobiernos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps. En rueda de prensa, Castellano ha defendido que todos los contratos y adjudicaciones que ha firmado durante su carrera son legales y que su conciencia está tranquila.

Para Castellano, "lo ético es cumplir con la legalidad" y, según ha asegurado, él lo ha hecho. El Conseller de gobernación del ejecutivo de Francisco Camps ha dado un dato: en los últimos 10 años Taroncher y asociados han obtenido, en adjudicaciones tras concurso público, 391.000 euros. En los dos últimos años, 171.034 euros en adjudicaciones sin necesidad de concurso. Cifras que ha contrapuesto a los más de 73 millones de euros que ha adjudicado en su etapa como conseller de gobernación, el beneficiado Taroncher sólo ha obtenido un 0'23% de ese total.
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Serafín Castellano, titular de Gobernación de Valencia, admite que se dieron contratos menores a una constructora con la que mantiene vinculación

CRISTINA VÁZQUEZ Valencia 17/02/2009

Serafín Castellano, consejero de Gobernación del Gobierno de Francisco Camps, ha negado que haya beneficiado a la empresa constructora de unos amigos. "Yo no he beneficiado a esa empresa. Tendría conflicto de intereses si le hubiera dado grandes adjudicaciones", ha dicho el consejero de la Generalitat valenciana, que ha adjudicado en los últimos diez años, en los que ha formado parte del Gobierno valenciano al frente de tres carteras diferentes, obras a la empresa Construcciones Taroncher, con cuyos administradores mantiene una relación de amistad.

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En concreto, la dueña de esta sociedad es copropietaria con la esposa del consejero de una finca rústica en la localidad valenciana de Llíria, un suelo que también paga Castellano mediante un crédito compartido y solidario con su esposa y la dueña de la constructora.

"Obras menores"
Castellano ha reconocido que desde que está al frente de la consejería de Gobernación ha concedido a Construcciones Taroncher contratos de obras menores -que no necesitan de concurso público- por valor de 171.034 euros, "un 0,23% de las adjudicaciones de este departamento", precisó el político.

Y en los 10 años en que está vinculado al Ejecutivo valenciano, la constructora ha ganado concurso públicos en libre concurrencia por otros de 391.450 euros. "Durante ese tiempo he adjudicado miles de millones de euros en obras..." dejó en el aire el consejero. Castellano no ha facilitado, sin embargo, el monto total que Construcciones Taronger se ha adjudicado en la última década ya sea a través de concursos públicos ya sea como obras menores. Sí se ha comprometido a proporcionar este dato en cuanto disponga de él.

El consejero no ha descartado emprender acciones legales en defensa de su honorabilidad y su gestión política y ha apuntado en dirección al PSOE. "A río revuelto ganancia de pescadores. En vísperas electorales estamos acostumbrados a que el PSOE nos obsequie con cortinas de humo".

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Un conseller de Camps defiende el nepotismo

Serafín Castellano cree "ético" adjudicar obras públicas a la constructora de un matrimonio de amigos. Admite que lleva 10 años incurriendo en esta práctica.


BELÉN TOLEDO - VALENCIA - 18/02/2009 08:00

El conseller valenciano de Governació, Serafín Castellano, reconoció el martes que lleva diez años adjudicando obras y reformas en edificios públicos a la constructora de un matrimonio de amigos íntimos, María Ángeles González y José Miguel Pérez Taroncher. Además de una relación personal, Castellano y su mujer comparten con esta pareja la propiedad de una finca de naranjos en la localidad de Liria.

La empresa se llama Construcciones Taroncher y ha recibido un goteo de adjudicaciones de obras por parte de las diferentes consellerias que ha dirigido Castellano desde finales de la década de los 90: Justícia y Administracions Públiques, Sanitat y Governació.

La dueña de la empresa beneficiada trabaja para el PP

Castellano aseguró que las adjudicaciones "son legales, claras y transparentes". Y, según una curiosa definición de la ética acuñada por él mismo, aclaró que los contratos obtenidos por sus amigos no faltan a la ética política: "Lo ético es cumplir la legalidad".

Según los datos aportados por el conseller, en los últimos dos años Construcciones Taroncher ha cobrado facturas procedentes de la Conselleria de Governació por valor de 171.034 euros. Desde 1999, los trabajos que la empresa ha hecho para los departamentos dirigidos por Castellano le han reportado 391.450 euros.

Sin embargo, esta última cifra no incluye las adjudicaciones menores de las que también se benefició Taroncher.

Este tipo de contratos son los más opacos, ya que por su reducido importe no es necesario convocar un concurso en el que compitan varias empresas ni publicar la contratación en los documentos oficiales. El conseller aseguró que facilitaría esa cifra en cuanto tuviera tiempo de hacer el cálculo, cosa que no sucedió en todo el día de ayer.

Para completar la polémica, ayer se conoció que la propietaria de la constructora y amiga de Castellano, María Ángeles González, forma parte del personal contratado por el Grupo Parlamentario Popular en Las Cortes Valencianas desde el año 1995. El PP prefirió no dar explicaciones sobre la formación y méritos de González para el puesto que ocupa con el argumento de que no se trata de un cargo público.

La conciencia tranquila
Por su parte, el conseller atribuyó las informaciones aparecidas a "cortinas de humo" del PSOE para tapar el paro y la recesión. Castellano negó haber favorecido a la firma de sus amigos, dijo tener "la conciencia muy tranquila" y amenazó con ejercitar "acciones legales" contra quien "ponga en duda mi honradez". "A mí no me va a amedrentar nadie", afirmó.

Castellano destacó que lo facturado por Taroncher supone un 0,23% del importe total adjudicado por la Conselleria de Governació. Insistió en que la constructora es una más de las 81 empresas que trabajan para su departamento.

La oposición cree que el escándalo es consecuencia de la opacidad de Camps

Desde la oposición, el PSOE pidió a Castellano que dé explicaciones en Las Cortes Valencianas. "El problema del PP es que ha eliminado de plano el concepto de responsabilidades políticas", explicó el diputado socialista Joaquim Puig. "No sería reprobable que el conseller contratara a una empresa con cuyos dueños mantiene una relación personal si es en un momento concreto y por una razón justificada. Pero no parece moral que vaya jalonando de adjudicaciones a la misma empresa según la conselleria que esté dirigiendo", explicó Puig.

Por su parte, el grupo parlamentario Compromís destacó que el escándalo es una consecuencia de la opacidad del Gobierno valenciano. Su portavoz, Mónica Oltra, criticó que "desde hace años" el Ejecutivo de Francisco Camps se resiste a dar información sobre los contratos menores. Oltra anunció que enviará sus solicitudes de información no atendidas al juez Baltasar Garzón.

Según la portavoz, la secuencia es siempre la misma. Primero, la oposición presenta una pregunta parlamentaria en la que se interesa por las empresas que se benefician de estas adjudicaciones. Y, al cabo de unas semanas, la Mesa de Las Cortes rechaza la pregunta con argumentos como que los adjudicatarios no tienen "relevancia" en el País Valenciano. La diputada afirma que existen 776 millones de euros anuales adjudicados a través de contratos menores, de los que la Generalitat se niega a dar explicaciones.
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El ex consejero López Viejo y el diputado regional Bosch viajaban con el ex presidente

Correa organizó el alojamiento del séquito electoral de Aznar en 2003

ELPLURAL.COM

El presunto cerebro de la presunta trama de corrupción en torno al PP, Francisco Correa, se encargó a través de una de sus empresas de viajes del alojamiento del equipo que organizó los mítines de José María Aznar durante la campaña autonómica y municipal de 2003, actividades por las que facturó a Génova fuertes sumas. En aquel séquito electoral figuraban dos de los populares que aparecen en las cintas de la investigación: Alberto López Viejo, ex consejero de Aguirre que dimitió cuando saltó el escándalo de la trama, y el diputado regional de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch.

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“Alberto (López Viejo) se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio”

Según revela la Cadena Ser, el juez Garzón investiga la empresa Pasadena Viajes, propiedad de Correa, en el marco de las diligencias en torno al presunto entramado de corrupción que salpica a los populares. Esta empresa de viajes facturó al PP nacional fuertes sumas en concepto de alojamiento del equipo organizador de los mítines del entonces presidente José María Aznar. Se trata concretamente de facturaciones relacionadas por los viajes de Aznar y su séquito fuera de Madrid durante los mítines de la campaña para las autonómicas y municipales de 2003.

López Viejo y Bosh viajaban con Aznar
De este séquito electoral formaban parte el dimitido Alberto López Viejo y el actual diputado regional y secretario de movilización del PP de Madrid Alfonso Bosch, dos de los miembros del PP que aparecen citados comprometedoramente en las grabaciones incluidas en la investigación de Garzón contra la corrupción. De hecho, en las cintas aparece el propio Correa explicando que López Viejo “se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio kilo”. También en las grabaciones, una de las imputadas alude a las estrechas relaciones entre el cabecilla Correa y el diputado regional Bosch, apuntando sobre este último que “es uno de ellos, uno de los malos, de los que hacen cosas mandado por ellos”.

También Cámara, consejero de Caja Madrid
En aquella campaña de 2003 Bosch formaba parte del comité organizador de Génova y viajó incluso con Aznar en su avión presidencial, también junto a Antonio Cámara, actualmente consejero de Caja Madrid del bando aguirrista. Cámara pasó a trabajar en 2004 para Correa en la empresa Special Events.

Confianza con el entorno del ex presidente
Hace unos días ya se apuntó que Correa había desembarcado en el PP después de organizar un viaje a Álvarez Cascos cuando éste ere secretario general del partido, y a partir de entonces empezó a desenvolverse con soltura por Génova y en el entorno de Aznar trabajando para la formación.

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