divendres, 20 de febrer de 2009

PP Vice (3). 20/02/2009. Garzón pone en marcha su inhibición y encarga tres copias del sumario.

Dos imágenes del mismo momento, cuando Francisco Camps era aplaudido por la junta regional del PP, excepto por José Joaquín Ripoll, presidente del PP de Alicante. La primera imagen incluye a Ripoll, pero la fotografía publicada en la página web del PP de Valencia, está recortada- (Gentileza del DIARIO LEVANTE)
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La fiscalía Anticorrupción envía las actuaciones a los tribunales superiores de Valencia y Madrid, ante la presencia de aforados.- Se desconoce el destino de la tercera copia, que podría incluir a más implicados

ELPAÍS.com - Madrid - 20/02/2009

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha iniciado el proceso que derivará en su inhibición de la causa abierta por la operación Gürtel y que investiga una red de corrupción que ha salpicado ya a varios cargos del Partido Popular (PP). El magistrado ha solicitado en providencia y "con carácter urgente" que se efectúen tres copias de las actuaciones "para resolver lo oportuno sobre la inhibición". Garzón, antes de ingresar en una clínica de Madrid por una subida de tensión, ha levantado parcialmente el secreto de sumario para la notificación de la providencia.

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado en un escrito enviado al juez esta semana que traspasase la "totalidad" de las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia de Madrid debido a la presencia de aforados en la investigación, salvo en los casos en que esos imputados guardasen relación con el Gobierno o Parlamento valenciano en cuyo caso será el tribunal superior de esta Comunidad Autónoma el encargado de juzgar. Por tanto de la providencia firmada hoy por Garzón se deduce que una de las copias del sumario irá para Madrid, la otra a Valencia, pero se desconoce el destino de la tercera.

El escrito de la Fiscalía implicó al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, que según la declaración al juez de una imputada habría recibido 30.000 euros en trajes. Además, tres diputados madrileños del PP están imputados en la trama: Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes; Benjamín Martín Vasco, ex responsable de la empresa de suelo de Arganda del Rey (Madrid), y Alfonso Bosch, gerente de la empresa municipal de suelo de Boadilla del Monte (Madrid).

Son aforados, en esta causa, los diputados regionales o cargos autonómicos de Madrid y Valencia implicados en la investigación. Por tanto, la tercera copia del sumario no cierra la puerta a que haya indicios de delito que vinculen a otros aforados con la causa. Con carácter general, son aforados, además de los anteriormente citados, senadores, diputados nacionales y cargos de Gobierno.

No obstante, el juez Garzón ha proseguido con los interrogatorios durante esta semana. De hecho podría seguir haciéndolo tras inhibirse debido a que el artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal así se lo permite mientras los tribunales superiores se hagan con la competencia de la causa.
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¿Quién es el dirigente de la junta regional del PP que mantiene las manos cruzadas? La foto está cortada en la WEB del PP


La imagen está publicada en el diario Levante y en la página WEB del PP de Valencia. Allí, mientras todos aclaman a Francisco Camps, la foto muestra a un dirigente de manos cruzadas.
CadenaSER.com 20-02-2009
Francisco Camps reunió a la junta regional del PP para cosechar apoyos tras la publicación hecha por EL PAIS. La junta regional lo aplaudió de pie, excepto José Joaquín Ripoll, presidente del PP de Alicante

Dos imágenes del mismo momento, cuando Francisco Camps era aplaudido por la junta regional del PP, excepto por José Joaquín Ripoll, presidente del PP de Alicante. La primera imagen incluye a Ripoll, pero la fotografía publicada en la página web del PP de Valencia, está recortada- (Gentileza del DIARIO LEVANTE)



La fotografía ha sido publicada por el diario Levante en su página 8. Allí puede verse a Francisco Camps sonriendo mientras la junta regional del PP lo aplaude. Todos lo hacen, excepto uno: José Joaquín Ripoll, presidente del PP de Alicante.


Tras la publicación de una noticia en el diario El País, que aseguraba que la Fiscalía estudiaba la posible imputación del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps habló ante los periodistas, en las Corts y ante la junta regional del PP.
En el encuentro con sus compañeros de partido, Camps recibió el apoyo y afecto de todos, y sus palabras fueron fervorosamenteaplaudidas.


El diario Levante ha publicado la fotografía completa cedida por el Partido Popular. La misma imagen ha sido publicada en la página WEB del PP de Valencia, pero en esta se recorta la imagen en la que José Joaquín Ripoll está de manos cruzadas. En el PP, la portada de Internet muestra la imagen modificada.
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El juez investiga si el asesor destituido falseó las cuentas de Correa en las empresas de la trama
La otra destitución que el ayuntamiento desvincula de la "trama"


Entre otras acciones, defendió la venta de suelo municipal al constructor José Luis Ulibarri y pactó las condiciones de un contrato con Easy Concept, empresa vinculada a Correa
CADENA SER 20-02-2009


Juan Siguero, elegido nuevo alcalde de Boadilla, apoyó las adjudicaciones municipales de algunos empresarios imputados en la Audiencia Nacional. Por ejemplo, defendió la venta de suelo municipal al constructor José Luis Ulibarri, o pactó las condiciones con las que Easy Concept, empresa vinculada a Correa, se quedó con el contrato de gestión de la oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla.

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Si algo se puede afirmar es que el actual alcalde de Boadilla no es, ni mucho menos, ajeno a la gestión de Arturo González, ya ex alcalde e imputado en la trama de la Operación Correa.
Juán Siguero ha sido durante los últimos cuatro años concejal delegado de hacienda, patrimonio y economía. En concreto desde Marzo de 2005. Desde entonces ha tenido que autorizar con su firma algunas de las principales adjudicaciones de suelo público que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional.


Por referirnos sólo a las principales: en Octubre de 2005 el pleno del ayuntamiento de Boadilla adjudica por 35 millones de euros una parcela a la empresa de José Luis Ulibarri, el principal constructor implicado en la trama imputado por el juez Garzón. En el acta de sesiones de ese pleno consta una intervención del hoy alcalde calificando el pliego de condiciones de la adjudicación como "intachable". Según se lee textualmente en su intervención recogida en aquel pleno de octubre de 2005, Siguero aseguró; "- El informe técnico se ha hecho siguiendo paso a paso lo recogido en el pliego de condiciones, aprobado por este pleno" y, "en su opinión, está realizado impecablemente". No podía ser menos. El mismo había dado su visto bueno a las condiciones de esa venta como concejal de patrimonio. Hoy, esta adjudicación, está en el punto de mira de la investigación.


También adjudicó suelo público a las compañías de otros nombres que los investigadores tienen subrayados por su importancia: entre ellos el ex vicepresidente de Repsol, José Ramón Blanco Balín. O pactó las condiciones con las que se dio la contrata de la oficina de atención al ciudadano de Boadilla a Easy Concept, otra de las empresas de la trama vinculada a Francisco Correa.


El perfil de Juan Siguero es muy similar al del que se ha ido por su imputación en la trama, Arturo González Panero, por cierto su íntimo amigo desde la época de Nuevas Generaciones. Con cuarenta años su curriculum cabría en pocas líneas porque sólo se le conocen dos ocupaciones relevantes: concejal de ayuntamiento desde el año 93 y ahora alcalde.
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Panero ha contratado al bufete del ex ministro en varias ocasiones
N.T.

Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla del Monte forzado a dimitir por su presunta vinculación con la trama corrupta investigada por el juez Baltasar Garzón, ha contratado en varias ocasiones al despacho EIUS Abogados en el que trabaja el ex ministro de Justicia José María Michavila. Además, el director de este bufete, Alberto Dorrego – que fue subordinado de Michavila en el Ministerio-, tendría negocios con otro de los imputados: nada más ni nada menos que con José Luis Ulibarri, el polémico empresario supuestamente beneficiado por González Panero y por la Generalitat valenciana. Visto lo visto, en este PP todo queda en familia.

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37 políticos y empresarios, imputados por Garzón en la trama de corrupción vinculada al PP
Una de la imputadas dice haber pagado una factura de 30.000 euros en trajes para Camps

Tal como cuenta El Periódico, hace un par de semanas el sindicato Manos Limpias entregó a Anticorrupción un listado de “amigos” de González Panero que podrían estar “implicados” en sus negocios. En la lista figuraría el ex ministro, que ha negado tener vínculos empresariales con el ex regidor. EIUS y Boadilla Lo cierto es que, a la espera de que se confirme si Michavila ha tenido o no negocios con González Panero, este rotativo ha confirmado que su despacho sí que tiene relación con el: los letrados Alfredo Dagnino –también presidente de la Asociación Católica de Propagandistas que ha comparado al Gobierno socialista con los nazis- y el mencionado Dorrego han representado a ese Ayuntamiento en varias ocasiones. El currículum de Dorrego Dorrego fue director general para la Modernización de la Administración de Justicia a las órdenes del entonces ministro Michavila, que llegó a concederle la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort. En 2004, cuando el PP perdió las generales, decidió fundar un bufete y contratar al que fuera su jefe.
“Práctica frecuentísima”
El director de EIUS ha aclarado que para Panero sólo han llevado casos de orden contencioso administrativo, y ha restado importancia al hecho de que el ayuntamiento de Boadilla tuviese un letrado en nómina señalando que un solo abogado era poco para enfrentarse al trabajo “ingente” que podía salir de un consistorio. “Ciertos pelitos de singular complejidad se encomiendan a abogados en ejercicios. Es una práctica frecuentísima”, ha indicado. Todo queda en familia Dorrego también ha contado que el suyo no es el único despacho que ha colaborado con el ex alcalde: también otros como Galán y Asociados se habrían beneficiado de contratos del consistorio. Precisamente, Gustavo Galán, defiende a Felisa Isabel Jordán, otra de las imputadas en la Operación Gürtel.
¡Y Ulibarri también!
Y como la presunta trama de corrupción no deja de deslumbrarnos con casualidades, curiosamente, el director de EIUS compagina este cargo con una secretaría de Mediamed Comunicación, empresa de José Luis Ulibarri que obtuvo 13 sospechosas licencias de TDT de la Generalitat valenciana. Además, Dorrego es secretario en Cabanyal 2010 –empresa pública valenciana- y vicesecretario de Comunitat Valenciana d’Inversions.
Dorrego, pluriempleado
¿Cómo puede con tanto trabajo? Dorrego explica sus labores restando importancia a sus cometidos. “Levanto las actas de los consejos y las llevo al registro mercantil”. De paso, habría que mencionar que su presencia en instituciones valencianas la rentabiliza EIUS. Por ejemplo, Cabanyal 2010 ha contratado este despacho para que elabore informes de “temas menores”.
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