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Madrid, a 25 de febrero, 2015.- Se incorporan nuevas denuncias contra Rodolfo Martín Villa dentro de la Querella Argentina. En esta ocasión, se trata de denuncias por asesinatos ocurridos en el comienzo de la Transición, la ultimísima etapa que abarca la querella, entre 1976 y 1977, y cuyo denominador común es la impunidad de los asesinos, con Rodolfo Martín Villa como último responsable siendo Ministro de Gobernación.
Familia José Zabala Erasun: Fue el hermano Juan José Zabala Erasun que presentó la Querella ante el Juzgado argentino en 2012 por el asesinato de su hermano Jesús María Zabala Erasun por parte del guardia civil Enrique Pascual Diogo en Hondarribia – Fuenterrabía, el 8 de septiembre de 1976 durante la represión de una manifestación en que otras personas fueron gravemente heridas. Hoy se persona una sobrina para confirmar como imputado a Martín Villa.
Se abrió un procedimiento penal contra dicho guardia civil pero fue sobreseído por aplicación de la ley de amnistía.
Ningún tipo de medida legal fue adoptada para deslindar las responsabilidades que Martín Villa, que era ministro de gobernación, y los mandos de la Guardia Civil tuvieron en el crimen.
José Luis Fernández Menchaca: denuncia el asesinato de su madre María Norma Menchaca Gonzalo por parte de grupos parapoliciales el 9 de julio de 1976 en Santurtzi – Santurce durante el trascurso de una manifestación para solicitar amnistía para los presos políticos. Fue identificado entre quienes dispararon un conocido miembro de los “guerrilleros de Cristo Rey”.
Al día siguiente un de sus hijos, hermano del denunciante, fue a presentar denuncia ante el Gobernador Civil de Bizkaia – Vizcaya, comprobando atónito que salía de su despacho el presunto asesino de su madre. No fue detenido a pesar de los reiterados pedidos de su hermano.
En el mismo día fueron heridos de gravedad por parte del mismo grupo, que era protegido por la policía, Sebastián Peña y José Unamuno.
Se abrieron diligencias penales por parte del Juzgado de Instrucción nº 5 de Bilbo – Bilbao que fueron sobreseídas, insólitamente “…al no aparecer elementos suficientes para acusar a determinada persona como autor, cómplice o encubridor del delito perseguido.”
Ningún tipo de medida legal fue adoptada para deslindar las responsabilidades que Martín Villa, que era ministro de gobernación, y el Gobernador Civil de Bizkaia – Vizcaya tuvieron en el crimen.
Iñaki Gómez Sarasola: denuncia el asesinato de su abuelo Rafael Gómez Jaúregui , veterano luchador antifranquista, por parte de efectivos de la Guardia Civil el 12 de mayo de 1977 en Errentería – Rentería, durante la violenta represión que llevaron a cabo las fuerzas de seguridad del Estado en la denominada Semana Pro Amnistía (del 8 al 15 de mayo de 1977), en la que hubo otros muertos y heridos.
El Gobernador Civil de Guipuzkoa – Guipúzcoa justificó la actuación de la Guardia Civil aludiendo al clima de coacción creado por las manifestaciones.
Se abrieron diligencias judiciales que fueron sobreseídas por no haberse identificado al autor de los disparos.
Ningún tipo de medida legal fue adoptada para deslindar las responsabilidades que Martín Villa, que era ministro de gobernación, el Gobernador Civil de Guipúzcoa o el oficial al mando de la Guardia Civil, tuvieron en el crimen.
Ángel Cano Pérez: denuncia el asesinato de su hermano José Luis Cano Pérez, por parte de efectivos de la Policía Armada en Iruñea – Pamplona, el 14 de Mayo de 1977. El alcalde de Antsoain – Ansoaín, Alfredo García, fue testigo de los hechos y relató como José Luis Cano fue brutalmente golpeado por varios miembros de dicho cuerpo policial antes de ser asesinado por disparo de un arma de fuego y como sigo siendo golpeado después de recibir el disparo.
El hecho se produjo durante la denominada Semana Pro Amnistía, que fue declarada en todas las provincias del País Vasco y Navarra. A pesar de la notoriedad del asesinato no se abrieron diligencias judiciales.
Ningún tipo de medida legal fue adoptada para deslindar las responsabilidades que Martín Villa, que era ministro de gobernación, los efectivos que participaron en los golpes y el asesinato y el oficial al mando de la Policía Armada, tuvieron en el crimen.
Juan María Zulaika : Presenta denuncia por el asesinato en Bilbao de Francisco Javier Núñez, Fue golpeado por la Policía Nacional en una manifestación cuando iba con su hija de pocos años. Detenido a los días a la salida del juzgado donde fue a denunciar los hechos, volvió a ser golpeado brutalmente y obligado a beber a la fuerza coñac y aceite de ricino, lo que le produjo la muerte al cabo de trece días de dolorosa agonía con vómitos y hemorragias.
No se abrieron diligencias penales. Los médicos no certificaron el motivo de su fallecimiento, aunque testificaron que presentaba severas contusiones en nalgas y espalda. La policía sostenía que fue debido a una cirrosis hepática. La familia sufrió amenazas en el funeral y posteriormente, incluso el año 2000 cuando la hija acudió al Gobierno civil en busca de documentos.
Por supuesto, aún menos fue adoptada alguna medida legal para deslindar las responsabilidades que Martín Villa, que era ministro de gobernación, y el Gobernador Civil de Bizkaia – Vizcaya tuvieron en el crimen.
Juan Mari Zulaika, represaliado por el franquismo y querellante, presentará un informe sobre la represión sufrida en Euskadi y Nafarroa – Navarra – por quienes reivindicaban la amnistía de los presos políticos en la 2ª Semana Pro Amnistía, del 8 al 15 de mayo de 1977.
Miguel Ángel Ruíz García: Denuncia el asesinato de su hermano Arturo Ruiz García, de 19 años, obrero y estudiante, en la mañana del día 23 de enero de 1977 en Madrid, cuando asistía a una manifestación convocada para reclamar pacífica y democráticamente la amnistía de los presos políticos de la dictadura franquista.
Los manifestantes fueron acosados por un grupo de ultraderechistas identificados como Guerrilleros de Cristo Rey. Entre ellos se encontraban Jorge Cesarsky Goldstein y José Ignacio Fernández Guaza. Éste último, con una pistola que le facilitó el primero, disparó contra Arturo Ruiz causándole la muerte. Los asesinos huyeron inmediatamente del lugar de los hechos.
Fernández Guaza nunca fue hallado. Cesarsky en cambio, fue detenido al día siguiente, sometido a juicio y posteriormente condenado.
Tras el asesinato, Cesarsky subió a un taxi que se dirigió a la C/ Rey Francisco adonde se encontraba la Dirección General de Seguridad. Cesarsky. Allí bajó, entró en las dependencias y habló con un agente llamado Antonio del Amor García quién, en la declaración testifical contenida en las actuaciones del caso, manifestó que a Cesarsky lo conocía por sus amistades dentro del cuerpo y que ese día le entregó un papel en el que constaban números de matrículas de coches que según él estaban circulando por los alrededores de la manifestación Pro-Amnistía.
Sistemáticamente fue denegada la reapertura de la causa solicitada por la familia de Arturo Ruiz para que se extendiera a otros responsables y a Fernández Guaza.
Ningún tipo de medida legal fue adoptada para deslindar las responsabilidades que Martín Villa, que era Ministro de Gobernación, o el responsable de la Dirección General de Seguridad, tuvieron en la comisión del crimen.
Alfredo Grimaldos Feito: Licenciado en Ciencias de la Información. Periodista de investigación Escritor. Autor de numerosos libros sobre el franquismo.
Aporta a la causa su investigación sobre los crímenes del franquismo desde el 3 de marzo de 1976 en que se produjo la matanza de Vitoria – siendo Martín Villa ministro de Relaciones Sindicales y por la que está ya imputado en la causa – hasta el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas.
En el período que medió entre mayo de 1976 y el 15 de junio de 1977, con Martín Villa como Ministro de Gobernación, las fuerzas de seguridad y grupos parapoliciales cometieron decenas de asesinatos siendo la regla la impunidad de sus autores. A pesar de ser el máximo responsable de dichas fuerzas Martín Villa nunca fue enjuiciado por estos hechos, ni siquiera fue llamado a prestar declaración.
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