Muchos alcaldes se niegan a retirar los símbolos franquistas. Denunciar a los alcaldes para que cumplan la ley

http://www.represionfranquistavalladolid.org/?Denunciar-a-los-alcaldes-para-que

Algo malo ocurre en nuestro sistema cuando es necesario procesar a los representantes de los ciudadanos para obligarlos a que cumplan las leyes.

11 de febrero de 2015 | Fuente: | por Orosia Castán |

La ley cumple ocho años y sigue incumpliéndose

Hoy, once de febrero de 2015, es el 142 aniversario de la 1ª Republica. Coincidiendo con esta fecha, el abogado Eduardo Ranz, especializado en Derechos Humanos, ha presentado una denuncia contra 38 alcaldes de toda España por un presunto delito de desobediencia, al no retirar los símbolos franquistas en sus ciudades, tal y como ordena la ley de la Memoria Histórica que se aprobó el diciembre del año 2007.

Han pasado ya ocho años desde que la ley se publicase en el Boletín Oficial, pero su cumplimiento está siendo una auténtica odisea, porque decenas de alcaldías ha protagonizado lo que podría considerarse como un plantón, negándose a acatarla y algunos, incluso, afrontando procesos judiciales en los que se les reclama que la cumplan. Esta es una situación, cuando menos insólita, pero además es inadmisible por el agravante que supone que sean los representantes de los ciudadanos, precisamente los más obligados a dar ejemplo a la ciudadanía, los que desobedezcan las leyes, que por serlo, son de obligado cumplimiento.

En la ciudad de Valladolid, los ciudadanos tuvieron que adoptar medidas legales para exigir en los tribunales que su alcalde, León de la Riva, cumpliese con su deber y retirase los numerosos vestigios franquistas que estaban repartidos por toda la ciudad. Así, desde el Ateneo Republicano de la ciudad se redactó un proyecto para la retirada de esta simbología, basado en un estudio exhaustivo, que dio como resultado un censo documentado de los vestigios franquistas en la ciudad. Pero el censo fue ignorado por el alcalde, quien declaró por activa y por pasiva que no pensaba retirar nada, ni cambiar uno solo de los nombres que se recogían en dicho estudio. Los Tribunales le obligaron finalmente a retirar los símbolos, aunque él trató de dilatar al máximo el cumplimiento, pidiendo otros estudios, alargando el proceso, y eliminando solamente una parte de ellos, con lo que logra mantener el tema candente, no se sabe con qué objetivo, pues finalmente tendrá que cumplir la ley y retirar los símbolos franquistas.

Otro caso paradigmático es el de la localidad de Mayorga, localidad que debería salir a la palestra informativa por sus referencias culturales: sus antiquísimas fiestas, su espléndido Museo del Pan o su patrimonio artístico; y en lugar de eso, en referencia al cumplimiento de la ley de Memoria Histórica, el alcalde de la localidad, Alberto Magdaleno de la Viuda, del Partido Popular, en declaraciones publicadas en el periódico El Día de Valladolid de 10 de febrero, explica que no puede proceder a la eliminación de estos símbolos porque desconoce cuáles son, que lo ignora hasta el punto de necesitar que alguien cualificado dictamine cuáles son los símbolos señalados por la ley.

Es desconcertante que un alcalde del siglo XXI, el representante de una localidad como Mayorga, se escude en la ignorancia para incumplir la ley. Deja el señor Magdaleno una mala imagen de él mismo y lo que es más grave, del pueblo al que representa, dando a entender que no tienen la capacidad de identificar unos nombres que forman parte de la historia y por tanto, del acerbo cultural mínimo al que hoy en día puede accederse incluso desde Internet.

En todo caso, y como el desconocimiento de las leyes no eximen de su cumplimiento, y además la ley tiene ya ocho años, tiempo más que suficiente para que cualquier edil haya podido documentarse, los alcaldes que sigan manteniendo en su municipio los nombres y símbolos franquistas a que la ley se refiere, podrán ser encausados por el delito de desobediencia tipificado en el artículo 410 del Código Penal, que lleva aparejadas multa de tres a doce meses y una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Algo malo ocurre en nuestro sistema cuando es necesario procesar a los representantes de los ciudadanos para obligarlos a que cumplan las leyes.