Posted: 16 Feb 2016 02:38 AM
PST
Público/Eduardo Bayona
El Gobierno autonómico retoma
los contactos, cuya paralización durante la etapa PP-Par denunció IU, para
obtener los expedientes de Maci Albayda, una asociación privada que buscaba
padres adoptivos para niños desamparados y para jóvenes sin recursos que
daban a luz en una clínica privada, y cuya entrega Cáritas negó a un juzgado.
ZARAGOZA.- El Gobierno de
Aragón ha retomado los contactos para que Cáritas le entregue los
archivos de la asociación Maci Albayda, una entidad privada que en los
años 80 se dedicó a mediar para la adopción de niños maltratados o
desamparados tutelados por los tribunales y de bebés que daban a luz en
una clínica privada jóvenes sin recursos a las que ayudaba durante su
embarazo. IU denunció que el traspaso fue paralizado durante los cuatro
años del ejecutivo PP-Par.
El archivo, clave para
esclarecer adopciones realizadas durante la transición y para que varios
jóvenes puedan conocer la identidad de sus madres, está blindado a los
tribunales por Cáritas, entidad que lo custodia desde que la
asociación se disolvió y que se ampara en los Acuerdos Jurídicos de 1979
entre España y el Vaticano, coloquialmente conocidos como el concordato, para
no entregar los expedientes al juzgado.
La magistrada del Juzgado de
Instrucción número 3 de Zaragoza archivó hace unos meses la denuncia con la
que una joven pretendía que se investigara si ella era una niña robada
tras recibir un informe en el que Cáritas asegura que sus padres biológicos
habían firmado cuando nació, en 1985, varios documentos en los que rechazaban
que a su hija le fuera revelada su identidad, pedían que fuera inscrita en el
Registro Civil como hija de padres desconocidos y solicitaban que fuera dada
en adopción.
El concordato blinda
los expedientes de una entidad laica y privada
La jueza había pedido el
expediente completo de la madre -menor de edad cuando alumbró al bebé, pero
el organismo diocesano, apelando a una subrogación de los pactos de
confidencialidad de Mecy Albayda, optó por ofrecer una respuesta selectiva
acompañada de un recordatorio sobre “la inviolabilidad de archivos, registros
y demás documentos” de las instituciones eclesiásticas en España que
contemplan los Acuerdos Jurídicos.
La abogada Beatriz García,
que está tratando de localizar a los padres biológicos de tres jóvenes en
cuyas adopciones intervino Maci Albayda, mostró su confianza en que la
reanudación de los contactos acabe permitiendo que los afectados accedan a
esa documentación, que incluye a al menos medio centenar de hijos de mujeres
que dieron a luz en centros privados. “Al no existir ley de adopción había
una laguna legal –recuerda-, pero la legislación reconoce ahora a los hijos
adoptivos el derecho a conocer la identidad de sus madres biológicas”.
La letrada, que lleva el caso
que archivó la juez tras el informe de Cáritas, está esperando al desenlace
de las negociaciones para reactivarlo e impulsar los otros dos.
Esa no era la primera adopción
en la que había intervenido Maci Albayda que
llegaba a los tribunales. A finales de 1990, el Constitucional anuló una en
la que tres años antes había participado la asociación: un juez de Zaragoza
había eludido consultar a los padres biológicos de un menor si estaban de
acuerdo en que este fuera entregado a la pareja seleccionada por la entidad.
Los primeros residían en
Pamplona, cuyo Tribunal Tutelar de Menores de Navarra les había retirado la
guardia y custodia del niño por estar desnutrido y mal cuidado, y el juez
aragonés había despachado la consulta, obligatoria por ley, con un anuncio en
el tablón del juzgado y otro en el boletín oficial de la provincia. Se limitó
a consultar a los adoptantes, que aseguraron desconocer dónde vivían los
progenitores.
Un traspaso paralizado
durante los cuatro años del PP-Par
“Ha transcurrido un tiempo más
que razonable”, sostiene la diputada de IU Patricia Luquin, que considera
que “no existen razones” para que ese archivo no sea custodiado y catalogado
por el Gobierno de Aragón y pueda ser “puesto a disposición de aquellas
personas que llevan tiempo luchando por saber qué ocurrió con sus
adopciones”. Entre esas entidades se encuentra SOS Bebes Robados, asociación
que “lleva años luchando en un tema tan sensible como la búsqueda de madre
biológicas de bebes robados” y que contactó con IU para exponer la
imposibilidad de acceder a los expedientes.
El actual ejecutivo aragonés,
que conoció formalmente la congelación del traspaso mediante una pregunta
parlamentaria de Luquin, ha activado los contactos para hacerse cargo de los
legajos y ha abierto una vía para la esperanza de los jóvenes adoptados con
la mediación de Meci Albayda que quieren conocer a sus padres biológicos.
La consejera de Ciudadanía y
Derechos Sociales, Mariví Broto, señala en su respuesta a Luquin que “una
vez se ha tenido conocimiento de la situación de los expedientes”, ha
“iniciado conversaciones con los responsables de Cáritas” para culminar el
traspaso del archivo a la comunidad autónoma, proceso que quedó abortado en
el verano de 2011.
El Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (IASS) puso en marcha el proceso para asumir el archivo en
el interín entre las elecciones autonómicas de 2011 y la formación del
siguiente ejecutivo, periodo en el que el Gobierno PSOE-Par estaba en
funciones a la espera de ser relevado por otro PP-Par.
Cáritas dio su conformidad al
traslado el 4 de julio de ese año, diez días antes de que Rudi fuera
investida como presidenta. Y, ese mismo 14 de julio, el IASS se dirigía al
Servicio de Archivos para que el fondo documental de Maci Albayda “fuera
trasladado e incorporado” al autonómico. Nunca más se supo. Hubo un nuevo
intento en 2014, aunque la propia Administración no tiene constancia de su
resultado.
Un listado incompleto
de los archivos sobre adopciones
Otra iniciativa parlamentaria
de la diputada ha permitido que la comunidad elabore por vez primera un
listado de la ubicación física de “archivos sobre adopciones, historiales
clínicos y expedientes clínicos de Aragón”.
Los cuatro archivos
provinciales de la comunidad custodian toda la documentación de las Juntas
de Protección de Menores y, desde 1987, los documentos relativos a
procesos de acogimiento y adopción. La Diputación de Zaragoza conserva los
legajos del hospital Provincial, el Hogar Pignatelli y los hospicios de
Calatayud, Tarazona y La Misericordia anteriores a 1987. Y, por último, el
Archivo Histórico contiene los expedientes del Tribunal de Protección de
Menores (1921-1992), la Junta Provincial de Protección de Menores
(1930-1971), la Casa Tutelar del Buen Pastor (1921-1985) y la prisión
(1864-1995).
El listado, cuyo conocimiento
consideran fundamental las entidades que tratan de esclarecer adopciones bajo
sospecha en el franquismo y la transición, tiene, sin embargo, algunas
carencias: no incluye la localización de los archivos de historiales de
hospitales como el Miguel Servet o el Clínico, ni tampoco los de algunas
clínicas privadas que cerraron en los años 70 y 80 en Zaragoza.
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Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme..... "Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
dimecres, 17 de febrer del 2016
Aragón intenta rescatar un archivo de adopciones que la Iglesia blinda con el concordato
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