La Delegación del Gobierno ha vuelto a ser el marco de un acto de restitución y homenaje a represaliados del franquismo en Cantabria, comunidad que aún mantiene 140 fosas comunes de víctimas sin exhumar. En este caso se ha celebrado un acto en recuerdo a Julián Quintana, fusilado frente a la tapia del cementerio de Ciriego en Santander en octubre de 1939 y que, 85 años después, el Gobierno de España ha anulado la sentencia del tribunal que lo condenó a muerte.
El lugar elegido tiene un especial carácter simbólico, ya que en sus sótanos hubo calabozos durante la dictadura y en algunas de sus plantas la Brigada Político Social interrogaba a los detenidos “y más de uno y más de dos fueron apaleados”, según se ha señalado en un homenaje al que no ha asistido ningún miembro del Gobierno de Cantabria.
En virtud de la Ley de Memoria Democrática, familiares de represaliados por el franquismo pueden pedir la revisión de sus condenas cumplimentando una declaración, como queda recogido en lo dispuesto para Reconocimiento y Reparación Personal, de la Ley de Memoria Democrática. La familia de Julián Quintana lo ha hecho y, en virtud de lo dispuesto en la legislación, “ha sido declarado ilegal e ilegítimo” el tribunal que lo juzgó, así como declaradas ilegítimas y nulas sus resoluciones.
“Se declara ilegal e ilegítimo el tribunal que juzgó a don Julián Quintana Ruiz, así como los jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, a partir del golpe de Estado de 1936, se hubieran constituido para imponerle, por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la ilegitimidad y nulidad de sus resoluciones”, dice la resolución. Y se agrega: “Se declara igualmente ilegítima y nula la condena, sanción o resolución, dictada contra don Julián Quintana Ruiz tanto judicial, como administrativa, producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra de España o durante la dictadura posterior”.
Julián Quintana, natural de Caranceja y maestro de obras en Forjas de Los Corrales de Buelna, además de ser el dueño del bar 'Quintana' en la localidad de Torres, fue miembro de la Unión General de Trabajadores (UGT) y afiliado al Partido Socialista. El 27 de agosto de 1937 fue detenido por las tropas franquistas en Torrelavega, siendo procesado mediante procedimiento sumarísimo. La sentencia fue dictada el 21 de junio de 1938 por el Consejo de Guerra Permanente número 2 de Torrelavega, siendo condenado a pena de muerte por el supuesto delito de adhesión a la rebelión militar. Fue ejecutado el 23 de octubre de 1939 en Ciriego.
El diploma de reconocimiento ha sido recogido por el hijo de Julián Quintana, Ramón Quintana, quien emocionado delegó en su hija, Ana Quintana, las palabras de agradecimiento. Esta ha indicado que el objetivo de la familia ahora es la exhumación de los restos, para lo cual ha pedido colaboración a todos los organismos oficiales. Tras agradecer la restitución por el Estado de “la integridad, honorabilidad e inocencia de mi abuelo”, ha preguntado: “Cuando mi abuelo fue fusilado, mi padre tenía ocho años. ¿Se lo imaginan? ¿Se imaginan cómo puede cambiar tu vida y la de tus cinco hermanos?”.
Los descendientes
El acto ha tenido más intervinientes: Aurora Ocejo, descendiente de represaliado; y Antonio Ontañón, quien ha dedicado su vida a la recuperación de la memoria de los represaliados y presidente de la asociación Héroes de la República, han participado también.
Ocejo, nieta de un fusilado, ha recordado cómo su abuela, que perdió a tres hijos y hermanos ejecutados, siempre defendió la reconciliación. “Que el odio y el dolor no os lleve nunca al rencor”, decía de continuo. “El dolor y el recuerdo siguen, pero esto es muy reconfortante”, ha comentado en su intervención en la Delegación del Gobierno.
Antonio Ontañón ha relatado una experiencia personal, de cómo, en Santander, “lo habitual era celebrar el Primero de Mayo en Los Pinares del Sardinero, pero en mayo del 68 fuimos rodeados por la Brigada Política Social. Al ver que estábamos rodeados, decidimos disolvernos y reunirnos en la Plaza de Farolas [Plaza de Alfonso XIII, frente a la actual Delegación del Gobierno], sabiendo que los 'grises' saldrían para impedirlo. Nos cogimos por los codos y formamos un corro -ha proseguido-. Salieron los de la Brigada Político Social y les dijimos que serían solo cinco minutos. Entonces sacaron las pistolas y dispararon gas lacrimógeno a la cara. Hasta 34 personas ingresaron en la Prisión Provincial y las multas oscilaban entre 8.000 y 10.000 pesetas. Allí estuvieron varios meses y todos en común hicimos caja para mantener a las familias”.
Por haber dedicado la vida a la investigación del pasado, Ontañón ha sido quien ha identificado a 1.200 fusilados en Ciriego, cruzando los registros de la parroquia de Corbán y los de la Prisión Provincial. “A Cantabria no ha llegado la Transición porque sigue habiendo 140 fosas comunes por investigar y de esto han tenido conocimiento los sucesivos gobiernos, que no han hecho nada”, ha denunciado. “La Universidad de Cantabria hizo en 2010 un inventario de las fosas de Cantabria. Desde entonces, nos hemos dirigido a los sucesivos gobiernos exigiendo que se investiguen y ni nos han contestado”. “No tengo a nadie en las fosas comunes, tengo a todos”, ha apostillado en una alocución dedicada a la labor ética y justa de investigar lo ocurrido.
Reconocimiento institucional
En su turno de intervención, la delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego, ha reivindicado la labor que están haciendo el Ejecutivo de Pedro Sánchez por reivindicar la memoria y reparar a las víctimas de una “brutal dictadura”. Según ha dicho, la memoria es una manera de tender puentes entre los ciudadanos. “Ninguna democracia se desarrolla con pactos de silencio”, ha apostillado.
Ha subrayado el papel fundamental de la Ley de Memoria Democrática en devolver la dignidad a las víctimas, destacando los avances logrados, según ha detallado: más de 5.600 cuerpos exhumados, 637 declaraciones de reconocimiento tramitadas y la resignificación de espacios como el Valle de Cuelgamuros. “No hay tirano cuya obra merezca ser ensalzada en una democracia como la nuestra”, ha indicado.
Tras agradecer a los intervinientes sus testimonios, ha denunciado que continúa “la amenaza involucionista” y ha considerado que la derogación de leyes de Memoria Histórica, como ha ocurrido en Cantabria, es cualquier cosa menos un acto de “concordia”, en referencia a la expresión utilizada en otras comunidades a la hora de eliminar legislación memorialista.
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