Entrevista a Emilio Silva.

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“el estado español fomentó una política de la ignorancia”

25.04.2013 | entrevista a emilio silva barrera

–¿Cómo pudieron desarrollar el trabajo arqueológico desde el comienzo, y qué respuesta recibieron de los poderes públicos españoles?
–Entre el 2000 y el 2007 realizamos decenas de exhumaciones sin ninguna ayuda del gobierno español, pero el trabajo fue posible gracias a muchos expertos que dedicaron su tiempo, sus conocimientos y sus recursos económicos.

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Cuando como familiares de desaparecidos le pedimos colaboración a ese gobierno, se nos dijo que “la sociedad española había decidido mirar hacia el futuro”. Sin embargo, al mismo tiempo, José María Aznar daba dinero a la fundación alemana Volksbund, que investigaba los enterramientos de españoles muertos junto a soldados nazis en la Segunda Guerra Mundial, lo que se llamó la División Azul. Eso quería decir que las instituciones del Estado “miraban hacia un pasado”, pero decidían esconder a las víctimas de la dictadura franquista fronteras adentro. Lo que cambió en los últimos tiempos, desde aquel 2007 hasta el año pasado, fue que el Estado habilitó subvenciones que debían ser solicitadas por asociaciones o grupos de familiares, para solventar la búsqueda de los cuerpos de miles de asesinados. Algo tremendamente grave, que obligaba a las mismas víctimas a organizar su auto reparación. Por eso decimos que el gobierno español nunca ha querido responsabilizarse de la búsqueda de los desaparecidos, que es lo que le hemos reclamando insistentemente. –¿Cuándo les dijeron que las ayudas no vendrían? –Nadie nos ha dicho que dejábamos de tener esas ayudas. Hace un año, la vicepresidenta del gobierno, en una rueda de prensa, aseguró que las partidas económicas se mantendrían, pero exclusivamente para exhumar restos, quitando presupuestos originalmente destinados a ediciones de libros, producciones documentales o congresos de historiadores. Pero cuando se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado para el 2013, esas partidas no estaban. El hecho de ni siquiera comunicarlo representa el maltrato del gobierno hacia las familias de los desaparecidos, y la falta de atención a víctimas de las más graves violaciones de Derechos Humanos.  –Acá y en todo el mundo fue muy comentada la postura de la corporación judicial española de boicotear toda iniciativa que buscara analizar el franquismo. ¿Eso se mantiene? –El Estado tiene una actitud paralizadora de las investigaciones. Hay que tener en cuenta que en España existe una élite política que nos ha gobernado en democracia, pero ha sido formada en las universidades de la dictadura. Y para acudir a la universidad en los años cincuenta o sesenta había que ser fundamentalmente hijo del régimen franquista. Llevamos muchos años haciendo exhumaciones, y denunciando violaciones a los Derechos Humanos en juzgados y en organismos internacionales, y nadie tocó esa élite. Fue el juez Baltasar Garzón, en su intento en octubre de 2008 por investigar los crímenes del franquismo, el que supuso una amenaza para ese sector privilegiado. La consecuencia para él fue que hoy está inhabilitado como juez en España. Había vulnerado “la ley de hierro de la oligarquía”. Por otra parte, el Estado ha fomentado una política de la ignorancia, para que millones de estudiantes desconozcan la realidad de su pasado. –¿Sería posible solventar un trabajo como este sin recursos públicos? –Si no hay dinero público, igual seguiremos haciendo exhumaciones. Lo que nos permiten esos recursos es avanzar un poco más rápido, y eso es especialmente importante cuando hablamos de hombres o mujeres de más de 80 años que quieren morirse habiendo encontrado y enterrado dignamente a sus padres. Por otra parte, más allá de lo económico, es importante la participación del Estado, porque significa un mínimo reconocimiento de los hechos.  –¿Qué opinión tienen acerca del proceso judicial que tramita en Argentina, teniendo en cuenta que es el único abierto en el mundo sobre lo ocurrido con el franquismo? –Fuimos promotores de esa denuncia, presentada el 14 de abril de 2010 ante la justicia argentina, y por lo tanto estamos totalmente de acuerdo con lo que está ocurriendo. España, tras el final de la dictadura, ha querido exportar una imagen idílica de su transición a la democracia, como si las cuestiones relacionadas con el pasado estuvieran resueltas. En ese sentido, la aparición de los nietos de los desaparecidos fue una especie de accidente que no estaba previsto, una desprogramación. Somos nietos y nietas que hemos visto a la justicia española encargarse del caso (Augusto) Pinochet o del caso (Adolfo) Scilingo. Y por esa razón vemos con naturalidad la intervención de la justicia argentina, y esperamos que las autoridades españolas no pongan más obstáculos para impedir que la causa avance. Un detalle: cuando se presentó la causa, unas semanas después el fiscal argentino aseguró que estos crímenes ya se estaban juzgando en España. Y eso fue porque alguien desde el Poder Judicial español le contó un cuento.  –Ahora, esa investigación está a punto de tomar un nuevo aire, con los testimonios por videoconferencia desde Europa que se tomarán el 25 y 26 de abril. –Por supuesto. Las declaraciones por videoconferencia son una oportunidad que no han tenido las víctimas de gravísimas violaciones de Derechos Humanos de ser interrogadas por un juez que pretende conocer los hechos, y aplicar justicia. Será una gran oportunidad para que la sociedad española entienda que la existencia de 113 mil desaparecidos y miles de torturados no fue una especie de accidente de la historia que ocurrió por casualidad. Fue un plan planificado para limpiar y eliminar ideas y una identidad política. Quienes sufrieron en sus vidas esa violencia estarán por primera vez declarando en un juicio que se celebra para garantizarles su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.