QUERELLA ARGENTINA CONTRA LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO
"La impunidad de la dictadura franquista sigue viva"
Las víctimas del franquismo impulsan una querella criminal interpuesta en Argentina para investigar los crímenes de la dictadura franquista
Las víctimas del franquismo han mostrado su apoyo a la querella criminal presentada en Argentina para investigar los crímenes de la dictadura franquista, criticando que "hayan tenido que recurrir a la justicia extranjera para que se haga justicia de verdad". Carlos Slepoy, uno de los abogados que ha redactado la querella, ha querido destacar la situación "sangrante" que supone "la impunidad de uno de los grandes genocidios del siglo XX" y ha puesto como ejemplo el proceso judicial seguido en España contra el dictador Pinochet.
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"Es sangrante que uno de los grandes genocidios del siglo XX siga impune hoy en día". Con esas palabras expresaba el abogado Carlos Slepoy la "indignación" de las víctimas del franquismo, que han recurrido a la justicia argentina para intentar que se investiguen los crímenes de la dictadura. La plataforma ciudadana de Apoyo a la Querella Argetina (AQUA), compuesta por diversas asociaciones de afectados y víctimas del franquismo, ha mostrado su apoyo a esta querella que avanza por los tribunales argentinos. Slepoy, uno de los siete letrados que han redactado la querella, señala que lo que buscan es "que termine la impunidad". En Argentina, una condena por estos hechos podría enfrentar a los acusados a penas de entre 8 y 25 años de cárcel.
"Es la única esperanza que se nos abre a día de hoy"
Varias víctimas del franquismo, algunas de ellas querellantes, también han querido subrayar la importancia que para ellos tiene el avance de esta querella. Fausto Canales, querellante hijo de uno de los desaparecidos en agosto de 1936 en la localidad de Pajares de Adaja, ha anunciado medidas "paralelas" para luchar contra la "invisibilidad" del colectivo de víctimas. Andoni Txasko, de la Plataforma Vasca de apoyo a esta querella, ha señalado que este proceso judicial "es la única esperanza que se nos abre a día de hoy".
A falta de solventar trámites correspondientes a las Cancillerías española y argentina, las primeras videoconferencias requeridas por la jueza argentina están planeadas para el próximo 25 de abril en la sede madrileña del Consulado de Argentina. Entre las víctimas que declararán como testigo está previsto que lo haga Merçona Puig Antich, hermana de Salvador Puig Antich, anarquista ejecutado a garrote vil en 1974. Una vez escuchados estos testimonios, la jueza tendrá que deliberar si admite las ocho imputaciones propuestas por los querellantes, entre ellas la de varios exministros franquistas.
Es una querella que también pretende investigar los casos de niños robados que presuntamente se cometieron durante la dictadura franquista en diversas ciudades españolas: Soledad Luque, de la asociación "Todos los niños robados son mis niños", ha opinado que los casos de niños robados están vinculados con el franquismo y que no constituyen casos aislados sino que "presentan patrones comunes".
Cinco grupos parlamentarios apoyan la querella
Diversos grupos parlamentarios como Izquierda Plural, Esquerra Republicana, el Bloque Nacionalista Galego, Compromis y Amaiur se han sumado al apoyo a esta querella argentina. Desde Izquierda Unida, Gaspar Llamazares ha querido recordar que "si alguien pensaba que linchando al juez Garzón se iba a acabar con la necesidad de verdad, se equivocaba". Con respecto a la actitud del Gobierno, Llamazares ha señalado que "los herederos del franquismo quieren situar a España al margen de la ley por no asumir el derecho internacional". En esa misma línea se ha expresado el diputado de ERC Joan Tardà, quien ha tildado de "insensato, absurdo y muy estúpido" lo que ha denominado como el "modelo español de impunidad" con respecto al franquismo. "Tarde o temprano todas las democracias han tenido que metabolizar el pasado, y la única que no lo ha hecho ha sido la española".
Desconfianza de la justicia española
Todos los ponentes han coincidido en mostrar su desconfianza hacia la justicia y el Gobierno españoles para encontrar apoyo en este procedimiento. Muchos han querido recordar la inhabilitación del juez Baltasar Garzón como "una puerta que se cerró", al igual que se ha señalado que "desde el parlamento español se podría hacer mucho, pero hay que recordar que mandan los hijos de aquellos".
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