Fusilamiento de la Corporación Municipal de Tudela de Duero

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Se trataba de eliminar a todos aquellos que tuviesen relevancia en la vida política, sindical y social de la época de la República; y es necesario subrayar que todos ellos habían sido elegidos de manera democrática para ocupar los cargos que desempeñaban.

3 de marzo de 2015 | Fuente: | por Orosia Castán |  GRUPO VERDAD

Ayuntamiento de Tudela de Duero

Hoy, dos de marzo de 2015, se cumplen 78 años del fusilamiento de varios vecinos relevantes de Tudela de Duero que habían sido detenidos por los sublevados tras el golpe militar de julio de 1936. Estos vecinos, la mayoría de ellos cargos municipales elegidos en las urnas, fueron sometidos a juicio junto con un grupo muy grande de tudelanos el día 20 de enero de 1937. Todos ellos habían sido detenidos entre julio y agosto del 36 y permanecían presos en las Cocheras de Tranvías de la ciudad de Valladolid, situadas en la zona trasera de lo que hoy es la estación de autobuses.

Catorce personas fueron condenadas a muerte, y entre ellas estaba buena parte de la Corporación Municipal legítima, además de los directivos de la Casa del Pueblo, Presidentes de sindicatos, serenos, policías municipales y guardas de campo.

Se trataba de los siguientes vecinos:

Pablo Arranz Sanz, Alcalde. Condena: Muerte

Toribio Peñalva Nicolás, Concejal. Condena: Muerte

Serapio González Sanz, Concejal. Condena: Muerte

Guillermo González Ramos, Presidente de la Casa del Pueblo. Condena: Muerte

Fortunato Román Abad, Presidente de la Sociedad de Agricultores. Condena: Muerte

Modesto Velasco Acebes, Presidente de la Sociedad de Oficios Varios. Condena: Muerte

Domingo Alcázar Navia (guarda de campo). Condena: Muerte

Crescencio Suárez Ortega (Casa del Pueblo). Condena: Muerte

Segundo Rivera Plaza (Casa del Pueblo). Condena: Muerte

Saturnino Sánchez de la Cruz (Casa del Pueblo). Condena: Muerte

Elías Palomo González (policía municipal). Condena: Muerte

Teófilo García García (sereno). Condena: Muerte

Darío Gerardo de Castro Olmedo (médico). Condena: Muerte

Luciano Montalvillo Molpeceres. Condena: Muerte

Se trataba de eliminar a todos aquellos que tuviesen relevancia en la vida política, sindical y social de la época de la República; y es necesario subrayar que todos ellos habían sido elegidos de manera democrática para ocupar los cargos que desempeñaban. Por otra parte, el juicio a que fueron sometidos se desarrolló sin ningún tipo de garantía procesal, sin posible defensa por parte de los acusados y sin que en ningún momento pudiese demostrarse la acusación por la que les iban a arrebatar la vida.

La sentencia se cumplió con extrema rapidez. Hay que tener en cuenta que el golpe de estado franquista no triunfó, y en aquellos momentos, enero del 37, no estaba nada claro el final que iba a tener. A los golpistas les interesaba en gran manera quitar de en medio a todos aquellos que pudieran defender la legalidad, ya que les iba la vida en ello. Si el golpe no hubiera salido adelante, hubieran tenido que responder ante la justicia por sus crímenes: conspiración contra el estado, alzamiento armado, juicios ilegales, asesinatos y actos violentos de todo tipo contra la población civil desarmada. En Tudela de Duero, el golpe de estado transcurrió igual que en la mayoría de los pueblos de la zona: por sorpresa y sin que nadie pudiera reaccionar o defenderse.

El domingo 19, hacia las nueve de la mañana, se presentaron en el pueblo un par de camionetas de los Guardias de Asalto de Valladolid y se dirigieron al ayuntamiento. Vinieron una por cada carretera: por la de Las Maricas y por la de Valladolid. Su entrada en el pueblo, dando tiros y voces, despertó al vecindario. El alcalde y varios concejales, acompañados de un grupo de vecinos afines fueron al ayuntamiento, donde les informaron de la sublevación y fueron detenidos. Este es el grupo que fue conducido a Valladolid e internado en las Cocheras, de donde sólo saldrían para ir al paredón. La guardia civil del pueblo se unió de inmediato a los golpistas.

A las doce de la mañana, un teniente de la guardia civil de nombre Julio Maeso Hoyos destituyó a la Comisión Gestora legal, nombrando otra “en uso de las atribuciones del Excmo. Gobernador Civil de la provincia”.

Esta Corporación, a todas luces ilegal, estaba compuesta de la siguiente manera:

Alcalde-Presidente: Ángel López García. Vicepresidente: Luis Martín Ibáñez. Depositario: Gregorio Sanz Sanz. Síndico: Benigno Díez Tapias.

Firmaba esta acta fraudulenta el secretario municipal, Priscilo Recio.

Como es natural, todos ellos estaban incondicionalmente del lado de los sublevados, por lo que afrontaron los cargos ofrecidos por la guardia civil arriesgando con ello incluso su vida en el caso de el golpe que no hubiera triunfado. Por la tarde, hacia las siete, un camión de Guardias de Asalto procedentes de Valladolid, orientados por la gente del pueblo, interceptó al Tesorero de la Casa del Pueblo, Pedro Palencia, consiguiendo que les entregase la caja de las finanzas.

Así, una de las primeras acciones de los golpistas consistió en el robo de la Caja, cuyo dinero era propiedad de todos los asociados a la Casa del Pueblo. Pedro sería llevado a Cocheras, sacado y asesinado posiblemente en las tapias del cementerio de Valladolid. Su nombre no aparece en ningún registro. Es un desaparecido.

Otro grupo de vecinos, entre los que se encontraba Fortunato Román Abad, Presidente de la Sociedad Agrícola y Crescencio Juárez Ortega, decidió salir del pueblo y aguardar en el campo hasta que la situación se aclarara. Se dirigieron hacia Campaspero y se mantuvieron ocultos entre las morenas unos días, hasta que fueron descubiertos por un chico que les denunció; entonces fueron detenidos sin llegar a enfrentarse con los agresores. Este grupo, como el del alcalde, también fue conducido a Valladolid, donde todos los vecinos serían juzgados y algunos, como el propio Fortunato, condenados a muerte y ejecutados.

Ninguno de estos vecinos había cometido actos ilegales. Como se ha explicado, la mayor parte de ellos fue detenida en el recinto del ayuntamiento, cuando acudieron para ver qué pasaba al escuchar tiros por las calles. La acusación por la que fueron fusilados parece hoy en día surrealista, ya que ellos fueron detenidos ilegalmente por gente armada que se sublevaba contra el estado legal, es decir, que se trata de la famosa “justicia al revés” por la que se acusa y condena a unos por actos que los acusadores y sólo ellos han cometido.

Tras el fusilamiento, que se efectuó a las siete de la mañana, la mayoría de los cadáveres fueron conducidos al cementerio del Carmen, en Valladolid, y enterrados en una fosa común, que pude verse todavía a fecha de hoy. Solamente dos de los fusilados, Crescencio Juárez y Darío de Castro pudieron ser enterrados en fosas individuales, con lo que sus restos, por lo menos, estaban localizados; y es que, para evitar el enterramiento en una fosa común era requisito indispensable que los familiares aportaran la caja mortuoria y abonasen tasas. En aquellos momentos de caos y desesperación, prácticamente ninguna familia pudo realizar los trámites, por lo que los descendientes no pueden saber exactamente dónde fueron enterrados sus familiares.

Un tema muy llamativo es la falta de reconocimiento que estas víctimas han tenido por parte de las autoridades. Las Corporaciones posteriores han optado por el ninguneo y el desprecio hacia el hecho histórico, posición que resulta muy sorprendente. Sin embargo, existe en el pueblo un parque conmemorativo con una escultura en la que nunca faltan flores, y el Homenaje realizado a instancias privadas en el año 2012 sirvió para recuperar la información que estaba en peligro de perderse, y además sirvió de consuelo a los familiares de los asesinados, obligados a guardar silencio sobre el drama durante toda su vida.