El objetivo de la visita y la petición remitida a la Comisión de Peticiones es “alzar la voz en el Parlamento Europeo y denunciar la impunidad que los crímenes del estado fascista perpetrados en España no queden impunes".
| 05 Marzo 2015 - 11:20 h.
"La Transición fue un proceso de condena a las víctimas y de perdón a los verdugos y el Parlamento Europeo tiene que trabajar por la justicia y la reparación”
Con los aniversarios de la masacre de Vitoria y la ejecución de Salvador Puig Antich como telón de fondo, la portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo (PE), Marina Albiol, junto a eurodiputados integrantes del Grupo de trabajo de Memoria, recibió en Bruselas a una delegación de la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo(CeAQUA), quienes reclamaron a la Eurocámara y a la Comisión Europea (CE) que obliguen al Estado español a cumplir con las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y exijan al Gobierno que ponga en marcha los mecanismos necesarios para hacer justicia, si no quieren ser cómplices de la impunidad.
Durante su paso por el PE, los abogados Carlos Slepoy y Jacinto Lara, así como Paqui Maqueda, Chato Galante, Merçona Puig Antich, Soledad Luque, Josu Ibargutxi, Luis Suárez-Carreño e Irene de la Cuerda, todos ellos representantes de los colectivos que forman parte de la querella argentina, entregaron en mano a la comisaria Cecilia Wikström, una petición en la que denuncian la vulneración por parte del Estado español “de los derechos que asisten a las víctimas de la dictadura franquista" y solicitan que se constituya "una comisión de investigación en relación con la vulneración de la normativa europea que ampara los derechos de los ciudadanos víctimas de una dictadura", así como que "la Comisión Europea investigue y detenga el incumplimiento de la normativa comunitaria”.
Durante una rueda de prensa, Albiol señaló que el objetivo de la visita y la petición remitida a la Comisión de Peticiones es “alzar la voz en el Parlamento Europeo y denunciar la impunidad de los crímenes del estado fascista porque la Transición fue un proceso de condena a las víctimas y de perdón a los verdugos y esta Cámara tiene que trabajar por la verdad, la justicia y la reparación”.
José María Galante, portavoz de la asociación de expresos del franquismo La Comuna, denunció cómo “desde el final de la dictadura” todos los gobiernos le han ido“cerrando todas las puertas” a las víctimas y se les ha negado “el derecho a la Justicia, un derecho básico previo a la política y que es uno de los pilares sobre los que se asienta un Estado de Derecho”.
“Este Gobierno y los que le precedieron –continuó- han sido cómplices de la barbarie franquista. Las víctimas nos hemos visto obligados a buscar justicia fuera y gracias a la justicia universal hemos conseguido que se abra el proceso en Argentina. Son cómplices del franquismo porque se niegan a juzgar los crímenes en nuestro país y ahora se saltan toda la legislación internacional tratando de impedir la extradición de aquellos que firmaron las condenas de muerte contra nuestros compañeros, la extradición de torturadores, de médicos que han colaborado en el robo de bebes y un largo, etc”.
Para el representante de La Comuna, “Europa no puede seguir considerándose la tierra de la libertades y de los derechos humanos, cuando se niegan a reconocer esos derechos”, por eso reclamó resoluciones por parte del PE y de la CE “que obliguen al Gobierno español a cumplir las peticiones y recomendaciones que reiteradamente se les ha hecho desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y reconozca el derecho a la justicia de las víctimas de la dictadura franquista”. “Si esta UE no lo hace, consideraremos que también es cómplice necesaria en el mantenimiento de la impunidad”, advirtió.
Slepoy, siguiendo la línea de Galante, dijo que se preguntó “por qué por parte de Europa no se exige a España de forma contundente que empiece a hacerse justicia” y consideró “una verdadera vergüenza que por parte de las víctimas se tenga que recurrir a la UE, a la ONU o a Argentina”.
“Queremos solicitar que la CE y el PE que exija al Gobierno que remueva todo tipo de obstáculos para identificar los crímenes, recuperar e identificar a los muertos, que ponga fin a la apología de la dictadura, a los monumentos a la memoria del franquismo, a las iglesias con menciones a José Antonio Primo de Rivera y a Franco”, explicó, antes de señalar que la situación que se vive en el Estado español sería “una vergüenza impensable en cualquier otro país europeo”.
“A diferencia del resto de países europeos, ¿van a seguir obviando esta impunidad, o van a tomar medidas?” volvió a preguntar a las instituciones comunitarias. “España ha decidido echar un manto absoluto sobre la Justicia. Se impide actuar a los tribunales españoles y se impide que actúen los argentinos. Tenemos que dar más pasos pero confiamos que este será eficaz”, sentenció.
Tras un encuentro con el eurodiputado de Syriza, Manolis Glezos, símbolo de la lucha del pueblo griego contra la ocupación nazi, la delegación de CeAQUA participó en un emotivo acto en el que estuvieron Albiol y los miembros del Grupo de Memoria del PE, Ernest Urtasun (ICV), Josu Juaristi (EH-Bildu) e Izaskun Bilbao (PNV), además de Josep Maria Terricabras (ERC). En él, los representantes de todos los colectivos pudieron relatar su experiencia vital, sus reclamaciones y sus esperanzas y uno a uno fueron pidiendo verdad, justicia y reparación.
Paqui Maqueda, de la Asociación para la memoria histórica y justicia en Andalucía, habló de las desapariciones forzadas denunciando “la situación de indefensión de cientos de familias que tienen desaparecidos a sus seres queridos” y “la impunidad de un Estado que prefiere mirar a otro lado”. Tras recordar que “aún hoy en el Estado español hay más de 114.000 personas desaparecidas y 2.000 fosas comunes”, lanzó dos preguntas: “¿Qué pasó con nuestros familiares? ¿Por qué los padres de la Constitución se dejaron a nuestros familiares en las cunetas?”
A continuación tomó la palabra Merçona Puig Antich, hermana de Salvador, ejecutado por la dictadura franquista hace justo 41 años, quien explicó cómo la lucha de su familia durante todo este tiempo “para que se revisara” el caso de su hermano “y lo disolvieran” no ha tenido una respuesta pese a haber pasado “por Estrasburgo, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional”. “Hemos comprobado que no se puede hablar con ellos de lo que fue el franquismo y hemos visto cómo continúan defendiéndolo porque son incapaces de dar la cara y acabar con la impunidad”, dijo.
“He venido aquí para que se sepa que mi hermano no es un asesino que disparó a un policía a bocajarro sino que tenía una ideología política, que luchaba por ello y que por ello lo mataron de una manera vil”, expresó.
Soledad Luque, de la Asociación todos los niños robados son mis niños, reivindicó que el robo de bebés “continuó más allá del año 52 en todo el territorio español”, dejando “a un número incalculable de familias amputadas para siempre”.
“En 2015 –dijo- después de 38 años de democracia, la impunidad continúa porque los delitos de lesa humanidad” de la dictadura franquista “no están siendo investigados de manera exhaustiva”. “Las denuncias se archivan a ritmo escandaloso, no se están buscando a esos niños y niñas, hoy hombres y mujeres, ni hay nadie en la cárcel por todo lo ocurrido a pesar de las miles de denuncias presentadas. Es decir, hoy no está Franco, pero la sombra del franquismo es tan larga que todavía nos cubre y las víctimas seguimos sin saber la verdad, sin tener justicia y sin obtener reparación”, afirmó.
Desde la Asociación Goldatu, Josu Ibargutxi reclamó la importancia del 3 de marzo de 1976 para Euskadi, día en que “se perpetró una de las masacres más importantes contra trabajadores por parte de la dictadura franquista” con cinco trabajadores asesinados y 100 heridos de bala y que gracias a las grabaciones de la Policía sabemos que emplearon más de 1.000 cartuchos. “No hubo ningún responsable ni político ni militar”, pese a que Goldatu haya estado denunciando constantemente aquello y que hubieran pasado por el Parlamento Europeo en 2006 o en 2004 en la sede de la ONU de Ginebra.
Lamentó que haya tenido que recurrirse a la Justicia argentina, pero se felicitó de que “por lo menos se haya conseguido imputar a Martín Villa, uno de los responsables” de la masacre de Vitoria.
Luis Suárez-Carreño, de La Comuna, denunció que “se está enmascarando lo que significó el tardofranquismo para convertirlo en algo más suave y más ambiguo y nosotros queremos que quede claro que no hay ambigüedad alguna: la dictadura fue la dictadura hasta el último día e incluso un poquito después”.
“Nuestro testimonio como víctimas directas de la represión en las cárceles del franquismo persigue la impunidad de los criminales, que tengan que presentarse ante un tribunal y explicar lo que hicieron. Y queremos rescatar a las víctimas que ya no están entre nosotros de la ofensa y del desprecio al que han sido sometidos”, dijo.
Irene de la Cuerda, de la CGT, fue la encargada de hablar de las más de 4.000 personas que fueron explotadas económicamente por la dictadura franquista y que, para ella, son “los olvidados de los olvidados”. “Fueron sometidos a trabajos forzados como mano de obra gratuita”, gracias a la cual “el empresariado, generosamente recompensado, levantó sus imperios económicos”, construyendo carreteras, pantanos y reconstruyendo ciudades devastadas.
Además, recordó cómo en el caso del nazismo, “las empresas alemanas pagaron a las víctimas contribuyendo con la mistad de las indemnizaciones, mientras que la otra mitad la cubrió el Estado”. “Las empresas españolas, sin embargo, no reconocen el lucro del trabajo esclavo”, dijo.
Por último, José Luis Galán, familiar de víctima, leyó un texto preparado por Elsa Osaba, de la Asociación de Descendientes del exilio español, que ayer no pudo estar en Bruselas. Osaba definió en él el exilio como “un genocidio con crímenes de lesa humanidad” y denunció la hipocresía de las autoridades españolas, que han “celebrado 70 años de dolor judío, pero archivan el dolor de víctimas y familiares españoles de la barbarie nazi, mientras dejan libres a los verdugos”. Asimismo, se preguntó “cuál va a ser la postura de Europa frente a nuestros dirigentes, que no asumen los acuerdos de juicio y la extradición de los verdugos del franquismo”, el próximo 8 de mayo cuando se celebren los 70 años de la liberación.
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