SOBRE RETRASOS DE PAGOS DE SUBVENCIONES, EXHUMACIONES, ADMINISTRACIÓN Y ELECTORALISMO Grupo de trabajo «Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía» (RMHSA de CGT.A)

Esperamos sea de interés este artículo que hemos elaborado sobre el momento actual de la memoria histórica en Andalucía.
Como siempre se agradecen los comentarios y opiniones en este correo: memoriahistorica@cgtandalucia.org o en https://www.facebook.com/memoriasocialcgtandalucia

Evidentemente SE AGRADECE LA DIFUSIÓN.

Cecilio.

No es que sean malos tiempos para la lírica, es que tampoco son buenos para la épica. Cautivo y desarmado el movimiento memorialista, las tropas administrativas están alcanzando sus últimos objetivos. Son tiempos de derrota. No total porque la sociedad nunca lo termina siendo por completo. Esa es la esperanza. Que tras la resistencia, poner pie en pared, venga, de nuevo, el paso adelante, la ofensiva civil. Son muchos los indicios de ello. Vamos a centrarnos en dos: el cumplimiento de los compromisos económicos por parte de las administraciones, en esta caso la autonómica, y la política de exhumaciones.

1. Las subvenciones 2013 y 2014

Cercano a que el año 2015 llegue a su ecuador, del 25 % que faltaba por librar de la subvención del año 2013 no se sabe nada. Están justificados los gastos hace meses y adelantada la cantidad en muchos casos, como en el de «Todos (…) los Nombres», pero los organismos competentes ni hablan ni se les espera. O por lo menos eso parece.

Aún más problemática es la situación de la nonata subvención de 2014. Recordemos que, cuando ya estaba aprobada una resolución provisional, una orden de la supe-rioridad envió al limbo de las covachuelas administrativas el uso efectivo del dinero. Desde entonces, noviembre de 2014, se nos ha venido diciendo —siempre en voz baja y con sordina— que los problemas burocráticos se habían solucionado y que, en breve, saldría la resolución definitiva y se harían efectivas las cantidades.

2. Por supuesto que de la de 2015 ni está ni se le espera

Esto fue lo que nos dijo Javier Giráldez, director general de Memoria Histórica - preferimos este nombre que deja claro a qué nos referimos frente al más ambiguo de Memoria Democrática- en la reunión que este Grupo mantuvo con él cuando ocupó el puesto tras el cambio de Gobierno de la Junta que llevó a la convocatoria de elecciones del pasado mes de abril. Una situación provisional que se prolonga en el tiempo y, parece, que lo hará por algunas semanas más.

Entramos en un contexto que se escapa al mero ámbito memorialista. Aunque le afecte. En un mundo político y una sociedad con tantos déficits democráticos, siquiera los formales, la confusión entre administración y gobierno es completa. Tanta que se identifica la primera con los intereses del segundo y, mientras que no lo sean, todo es «provisional». Evidentemente las opciones políticas son las que deciden la orientación de la administración. Pero también lo es que, en un Estado homologable a las demo-cracias occidentales, debe ser historia la época de las cesantías y la parálisis de la vida social, que siempre es más amplia que la gubernamental.

Sin embargo «la provisionalidad», en lo que respecta a la Memoria Histórica, es el instrumento que pone de manifiesto que los partidos políticos, incluso aquellos que se dicen de «izquierdas», la consideran una cuestión de segundo orden. Nunca apostaron decididamente por ella. Cuando lo hicieron fue por el empuje del movi-miento asociativo, en el que participaban muchos de sus afiliados, que ponía a los partidos políticos contra la pared.

Los años setenta no eran el momento. En los ochenta, la sociedad anestesiada no la demandaba. A finales del siglo pasado el despertar de una parte de la sociedad, los primeros síntomas de un régimen que se resquebrajaba y los intereses electorales la subieron a la cresta de la ola. A regañadientes, con la boca chica siempre, muchos se montaron al carro. Pero poco habían cambiado en treinta años. La existencia de un movimiento civil autónomo y potente volvió a despertar urticarias en las direcciones de las empresas que son los actuales partidos políticos. Poco tardaron en aprestarse a controlar o desmontar las asociaciones por la Recuperación de la Memoria Histórica. Por las buenas o por las malas. En última instancia siempre cabía la posibilidad de pasarse por el registro e inscribir cuantas nuevas asociaciones fuesen necesarias y autoproclamarse (a modo de sindicato) «más representativas».

Así, en Andalucía, precisamente este año se ha cumplido (enero) la década de lo que primero fue la oficina del Comisario de la Memoria Histórica de Andalucía, el antecedente de la actual Dirección General, al rebufo de lo que estaba haciendo el Gobierno central, por aquel entonces, también gestionado por el PSOE de Rodríguez Zapatero. Por cierto, que quizás celebrar este cumpleaños fuera un buen momento para que se iniciara la buena práctica de elaborar un balance público de la actividad realizada. Ni siquiera tiene que ser anual, podría ser cuatrienal por eso de los tiempos electorales. Bueno, si se mantienen. Sería un avance ya que hasta hoy, tras el «gobierno» de la memoria andaluza por cinco políticos, ninguno ha considerado necesario hacerlo. También es verdad que nadie, ni en el Parlamento ni en la calle, ha pedido explicaciones por este hecho.

La consecuencia ha sido que años después de ordenar la elaboración de un mapa de fosas y, tras pasar también un largo espacio de tiempo antes de ser hecho público en la Web de la consejería pertinente, no ha experimentado ninguna modificación a pesar de las decenas de intervenciones realizadas en fosas desde entonces. Vergüenza debe dar tal actuación que, cuando la comisión de la ONU visitó estas tierras, los responsables mintieron asegurando que se iba actualizando. Algunos pensamos, malamente, hay que reconocerlo, entonces que, haciendo de la virtud vicio, es decir, aprovechando una necesidad, lo que en realidad se pretendía era mantener «distraídas» a las asociaciones en una faena que sobrepasaba su capacidad de acción y así se «olvidaban» de otras.

Podemos poner otros ejemplos de cómo descafeinar la acción memorialista y, por supuesto, no hacer ningún balance. Uno es el de los «lugares de memoria», un híbrido con el que escabullirse de la figura del Bien de Interés Cultural y, además, poder contentar a muchos e inaugurar muchas más placas y monolitos. Bueno, pues si hay alguien interesado en conocer el catálogo actual completo o su localización por provincias o localidades, se llevará un gran chasco. Simplemente no existe. Ni en papel ni digital.  Otro caso, desaparecido en los muelles de las brumas administrativas, es el de los «tejedores de memoria». ¿Quién se acuerda de ellos?, ¿quiénes saben cuántos son y sus nombres?

Hoy, quince años más tarde, han conseguido prácticamente el objetivo, a tenor por el encefalograma prácticamente plano del tejido asociativo memorialista. Salvando, por supuesto, contadas excepciones. La RMH es una cuestión de segundo o tercer orden en los programas electorales. Se le dedican unas cuantas líneas y se silencia en las intervenciones públicas. Renacen las viejas prácticas de las buenas palabras y ningún hecho. Una música que no es nueva. Lleva muchos años tocándose.

Así que ¿librar el 25 % adeudado de la ayuda de 2013? Claro que es un compromiso. ¿Qué cuándo se llevará a cabo? Estamos en ello. Recordárnoslo de vez en cuando, ¿en campaña electoral? Bueno, si queréis, pero tampoco es tan importante.

¿La del 2014? Bueno, conocéis el problema que hubo. ¡Está arreglado! Pero ya sabéis que las cosas llevan sus trámites. En la administración nada es fácil. ¡No os podéis imaginar lo complicadas que son las cosas para que queden de verdad transparentes y justificadas! No os preocupéis que, en breve por supuesto, se resolverá...

Más difícil es lo del 2015. ¿Qué están aprobados los presupuestos? Sí, pero ha habido que ajustarlos. Ya sabéis la presión del Gobierno central en manos de los fachas del PP. Además todavía no hay Gobierno. Cosas de las elecciones y de la maldad de los demás partidos que ni comen ni dejan comer. ¡Irresponsables! En esas estamos. Contentos y sin la dote de la novia. Tampoco, de momento, parece que ésta vaya a aparecer por el lugar de la boda.

Mientras, no hay problemas de ningún tipo, incluidos los económicos, en continuar con políticas comenzadas con anterioridad. Aunque valgan dinero. Lo veremos ense-guida con un ejemplo sobre la cuestión de las exhumaciones.

3. La intervención en la fosa de Paterna de Rivera (Cádiz)

Las exhumaciones de los asesinados fue uno de los elementos constitutivos de las asociaciones por la Recuperación de la Memoria Histórica. Columna vertebral de sus actuaciones es, también, uno de los puntos más polémicos que han dividido a asociaciones, familiares, partidos y administraciones.

Las intervenciones en cementerios, campos y cunetas fueron una tarea asumida por familiares y, después, las asociaciones formadas por ellos ante la inacción de la administración democrática en todas sus facetas: gubernativa, legislativa y judicial.

Un tema, sensible por muchas cuestiones, que fue afrontado por unos y otros con los instrumentos y medidas que tenían a su alcance. Fuera del alcance judicial y arqueológico por encontrarse en «tiempo muerto» (con perdón), fueron las propias leyes mortuorias existentes las que permitieron y deben seguir de momento permitiendo la intervención: básicamente la autorización del propietario del terreno en donde se encuentren los restos.

Realizando las catas en Paterna de Rivera.

Por supuesto que la intervención debe basarse en un protocolo de buena práctica que recoja todas las variantes de una exhumación de este estilo. Contamos con varios de ellos, tanto locales, regionales y nacionales como internacionales. De momento, a tenor con la experiencia acumulada, en Andalucía podemos encontrar ejemplos afortunados y desafortunados, independientemente del protagonista de la iniciativa. Sean familiares, asociaciones o administraciones. Así que no se pueden cargar las culpas en unos u otros como a veces se ha querido argumentar.

Pero a medida que ha pasado el tiempo, y dentro de ese principio general de asimilación, control y desmontaje del asociacionismo memorialista, han comenzado a aparecer dificultades, cada vez en mayor número. De dos tipos principalmente: administrativas y por una supuesta judicialización. Las primeras por el cada vez mayor protagonismo de la administración.

Una actuación siempre demandada por familiares y asociaciones en el convenci-miento, por lo menos por nuestra parte, de que ello significaba la asunción de las exhumaciones como una política activa de memoria, como un compromiso de poner la maquinaria administrativa a disposición de resolver un problema no creado por ellas. Ingenuos que somos.

Sin embargo, pensamos que no ha sido así. Creemos que se ha utilizado como un instrumento más para reducir el papel de familiares y asociaciones. Un reflejo más de la histórica, por lo menos hasta cuarenta años atrás, desconfianza de las estructuras partidarias y estatales hacia la ciudadanía. Hacia la sociedad que unas dicen represen-tar y otras administrar. Como si el partido encargado de la administración fuera su propietario, único con capacidad de gestionar y, por supuesto, decidir. Algo con lo que no estamos de acuerdo y, hoy más que nunca, no es real ni política ni socialmente. Incluso en una democracia formal, su concepto debe ser un poco más ancho.

Así que paulatinamente se ha ido reduciendo por la vía de los hechos la posibilidad de llevar efectivamente las intervenciones propuestas por asociaciones y familiares. Se les ha ido arrinconando a pesar de declaraciones e intenciones. Y eso cuando se hacen. Bastaría recordar que esta autonomía gobernada por supuestas izquierdas ha sido la única, y no deseamos que se tenga que repetir, donde miembros de una asociación se han tenido que poner en huelga de hambre ante el intento de desplazar a los familiares al grito de “¡los muertos son de todos!”, que parecía querer decir que son de todos menos de las familias. No queremos pensar qué hubiera ocurrido si tan esperpéntica situación hubiera tenido lugar en una autonomía gobernada por irredentos derechistas fachas.

Entre deseos y propuestas de exhumación y su efectiva realización se ha ido interponiendo un cada vez más espeso bosque de condiciones de obligado cumplimiento. En muchos casos ni siquiera respaldadas por una necesidad legal, pero que añaden oscuridad y falta de transparencia. Por cierto, no desesperamos en que esta palabra tan de moda termine por llegar al área memorialista de la Junta de Andalucía. Trabajo tiene. Por ejemplo, podría poner a disposición pública los informes de las exhumaciones realizadas, así como del cumplimiento de los plazos de las subvenciones dadas. Y, en fin, de todos los trabajos resultantes de dichas subvén-ciones. Lo decimos porque nosotros por no entregar el trabajo en el plazo previsto, una investigación y su publicación, sufrimos una sanción. Por tres meses, 1.500 euros.

Retomemos el hilo. Ahora, la vía de los hechos impone una primera comunicación a los órganos competentes, léase Dirección General de Memoria Democrática (DGMD), una resolución de un Comité Técnico, cuyos fundamentos, conocimientos y real evaluación de los proyectos permanece en la bruma de la trastienda burocrática, y un acuerdo aprobatorio final. Independientemente de la participación estatal, o no, en la finan-ciación. Primer permiso que debe ir acompañado de la, realmente indispensable, autorización del propietario de los terrenos en donde se quiere intervenir. Algo perfectamente entendible si lo interpretamos como un renglón más del papel activo del Estado y de la necesidad de garantías en las intervenciones. Pero no si se quiere utilizar como un arma para desplazar y reducir el espacio de actuación de familiares y asociaciones. Para convertir en protagonista a la administración, incluso cuando lo único que hace es apropiarse del trabajo ajeno. Algo incluso ilegal tratándose de una subvención.

Por si no fuera poco, desde hace unos meses también se intenta convertir en indispensable, en requisito previo, la judicialización de las exhumaciones. No existe ningún requisito legal que así lo exija. Más allá de las ganas de actuar, o no, que hayan tenido determinados jueces y juezas (no vayan a pensar que no somos políticamente correctos), lo cierto es que en todos los casos han coincidido en que no hace falta ninguna resolución judicial para realizar la exhumación. Ya se ha dicho: el tiempo excede el requerido, veinticinco años. Otra cosa es su consideración como crimen de lesa humanidad y los plazos que significa.

Judicializar las exhumaciones es otro de los debates que llevamos realizando desde hace quince años. Nosotros estamos entre quienes creemos que intervenir en las fosas no va necesariamente acompañado de la destrucción de pruebas de los crímenes del franquismo. Que la elaboración por arqueólogos y antropólogos forenses de sus informes mantiene la prueba testimonial. Que se puede denunciar ante el juzgado pero que la resolución de este, hasta ahora siempre archivar, independien-temente de que se pueda recurrir a algún considerando favorable, no puede significar la paralización de la exhumación.

Utilizar este argumento, no necesario legalmente repetimos, significa dejar en último término a los familiares que llevan años esperando la ocasión y que, en bastantes casos, no tienen mucho tiempo más. Una crueldad, un jugar con los sentimientos que no tiene ninguna justificación más que el interés de quienes administran a la administración. A sus componendas, tiempos y objetivos. Es decir, utilizar la administración de lo público en interés privado. Porque se sabe que resolver estas cuestiones no es una prioridad para los jueces. Como tampoco la justicia destaca por su rapidez resolutoria.

Hemos demostrado durante años que verdad, justicia y reparación son nuestros objetivos. Pero no son unas palabras vacías que se utilizan grandilocuentemente para, después, olvidarlas cuando hay que decirle a un familiar que espere, que sus ansias no son importantes, que más lo es el titular o el camino, que se le supone bieninten-cionado, de ligar memoria histórica y justicia administrativa. Que los tiempos de palacio van despacio.

Hace ahora un año que, tras un largo camino previo, comenzaban las intervenciones, en forma de cata, en el cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz), propiedad eclesiástica. Entonces ocupaba la recién creada DGMD, Luis Naranjo de IU. Fue bajo su mandato cuando se dio el paso de abrir aún más el foso con muchas familias y colocar a las asociaciones en la tesitura de pasar por sus horcas caudinas o atenerse a las consecuencias. Conocidos son los resultados que produjo. Por entonces los familiares de la población gaditana, conjuntamente con miembros de este grupo, decidieron comunicar sus actuaciones a la DGMD. Sobre todo porque en un inusitado amor al cumplimiento de los dictados de la administración socialista-comunista y de subordinación al poder civil, el obispado de Cádiz exigió el pertinente escrito de autorización.

Nuestro objetivo es ayudar a las familias y facilitarles el camino, no crearles problemas. Así que se anduvieron los caminos exigidos y, finalmente, con el apoyo del Ayuntamiento de Paterna, con equipo de gobierno del PSOE, durante dos fines semanas se realizaron las catas pertinentes hasta que aparecieron restos que indicaban, tras la oportuna consulta antropológica forense, que se trataba de muertos violentamente. En ese momento la dirección arqueológica, siguiendo las instrucciones de la DGMD y como también antes se había realizado, puso en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Chiclana de la Frontera el hallazgo. Presentación que, sobre la marcha, el juzgado decidió archivar y así se lo comunicó a quienes la presentaron. De todas formas, en los días siguientes, desde la DGMD se insistió en el escrito de denuncia que hasta el presente no se ha resuelto, a pesar de de que los dos directores generales, tanto Luis Naranjo en julio del año pasado como Javier Giráldez en marzo del presente, se han interesado por el asunto ante el juzgado.

Mientras, con vistas a preparar la intervención en esta primavera, las familias, el arqueólogo y miembros de este grupo contactaron con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Paterna con el fin de concretar el ofrecimiento de apoyo económico que había realizado y puesto en práctica durante la cata. En aquella reunión, celebrada en el otoño del 2014, además de reafirmar el alcalde paternero su disposición total, las familias informaron de la creación legal de una Asociación de Familiares y este grupo de trabajo informó de que el sindicato CGT había destinado 1000 euros a la exhumación. Así mismo se decidió volver a solicitar el permiso al obispado, previo paso por la DGMD, para la nueva intervención.

Así quedó la cosa hasta que hace unos días, el jueves pasado, se celebró en Paterna una nueva reunión, a la que acudió el director general y a la que los miembros de este grupo no fueron invitados. En ella se informó a las familias de que se consideraba que, mientras no estuvieran resueltas por el juzgado de Chiclana las diligencias abiertas el año pasado, la DGMD creía que no se podía intervenir y que la asociación paternera podía presentar un nuevo escrito solicitando la resolución de las diligencias previas. Eso sí, Javier Giráldez se comprometió a que se harían cargo de todo el proceso de exhumación una vez resuelto el tema judicial.

Este grupo no sabe exactamente qué significa ese hacerse cargo de «todo». No estuvo presente en la reunión. Además, la falta de transparencia en la elección de intervenciones y su financiación ha sido una constante desde que se eliminaron de la concurrencia pública las intervenciones en las exhumaciones y tan solo se conocen a posteriori y cuando se considera pertinente. Al comienzo de este texto hemos dicho que la administración andaluza de la Memoria Histórica no ha hecho ningún balance de su actividad. Lo que sí tenemos claro es que la prevista exhumación, a menos que el juez o jueza tenga a bien desprenderse del tema en un breve plazo, se suspende sine die. Eso sí, ante las próximas elecciones queda de manifiesto la voluntad del Ayuntamiento, que parece haber tomado las riendas del asunto, y de la DGMD, ambas ocupados actualmente por PSOE, de proceder a la exhumación siempre que les dejen. ¡A eso se llama echar balones fuera!

Ya se ha explicado por qué consideramos que no se trata sino de una práctica dilatoria que corresponde al planteamiento general de la cuestión y que no pasa, desde luego, por considerarlo un tema importante de la política de la Junta de Andalucía. Ya se vio en el discurso de investidura de Susana Díaz: ni una mención. También veremos, si logra formar gobierno, si la DGMD continúa o si es sacrificada por eso de reducir al mastodonte burocrático autonómico. Ya saben que estamos en tiempos de austeridad y hay que dar ejemplo. No nos vale tampoco la supuesta provisionalidad de la administración regional. Esta funciona y, se supone, que en las perspectivas del nuevo gobierno está continuar con las políticas de memoria. Aunque sean escasas y excluyentes.

En definitiva, en estos días hemos asistido a la demostración del papel cada vez más secundario que tiene la RMH para la administración andaluza. Una en el aspecto más general. Otra a pie de tierra, la que pocas veces se conoce. La que pone más al descubierto las vergüenzas. Cuando hace más de quince años comenzamos a transitar de forma organizada este camino teníamos claro que no iba a ser de rosas. Ni siquiera si íbamos a tener muchos compañeros de viaje. Incluso que con algunos de ellos había que tener mucho cuidado. No nos importó. No tenemos vocación ni de dirigentes de masas ni de poseer la verdad. Solo tenemos claro algunos objetivos.

Foto (Paco Fuentes. El País). Equipo de “todos (…) los nombres” junto al monolito en recuerdo a los fusilados en la muralla de la Macarena (Sevilla).

Que las famosas palabras verdad, justicia y reparación, que están de boca en boca, no son conceptos vacíos. Al contrario, están llenas de contenido, de nombres de personas, de sus historias, de sus rostros. Por eso hemos impulsado la web www.todoslosnombres.org, por eso hemos editado investigaciones, por eso reivindicamos la necesidad de que se reconozca el trabajo esclavo, etc., por eso ayudamos a las familias que buscan a sus deudos antes de que se les acabe el tiempo. Su prioridad es la nuestra. Estrategias, tiempos políticos y demás yerbas se subordinan a ella. ¡Ha pasado ya demasiado tiempo para seguir jugando con ellas!

No importa caer, no importa que desmonten lo que no controlan, una y otra vez. Volverán. Los problemas no desaparecen. Si se aplazan renacerán de diferente forma, bajo distintos protagonistas, con otros nombres. Pero volverán. Como las golondrinas de Bécquer. Por eso de la poesía con la que empezábamos.

Salud y memoria.