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Hace 5 años se iniciaban los procedimientos judiciales para apartar al juez, Baltasar Garzón, de la carrera judicial, una vez constatado su compromiso con los derechos de las víctimas del franquismo y la Dictadura. El estupor y la indignación que estos acontecimientos provocaron, en buena parte de la ciudadanía democrática, se plasmaron en diversos actos y movilizaciones, como la concentración permanente en la Escuela de Relaciones Laborales, y por fin, la gran manifestación unitaria contra la impunidad del franquismo celebrada el 24 de abril de 2010.
Desde entonces, todos los jueves del año familiares y amigos de las víctimas se concentran en la Puerta del Sol, para exigir VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN. Pero el paso del tiempo deja su huella, siempre triste, entre gente que va muriendo sin que sus familiares asesinados sean localizados, exhumados e identificados. La situación de desamparo y olvido institucional de las víctimas del franquismo requiere de urgentes medidas jurídicas, políticas y éticas que pongan remedio a la deuda contraída por el Estado democrático con los miles de personas represaliadas, torturadas y asesinadas por la Dictadura. No obstante, la realidad actual exige nuevos compromisos y alguna que otra reorientación estratégica:
1º. Una vez constatada la negativa de la Justicia española a poner fin a la impunidad heredada del franquismo, la “Querella Argentina”, pone en evidencia al conjunto del Estado, a sus instituciones y su normativa jurídico-legal e incluso, su propia naturaleza. Constituye la más importante denuncia global e internacional de la Dictadura franquista, tanto por su dimensión territorial como por la amplitud de sus contenidos (asesinados y desaparecidos, torturados y represaliados, víctimas del trabajo esclavo, bebés robados, exiliados, preventorios infantiles, homosexuales…). Además, implica el ejercicio práctico de la Justicia Universal para que todos los aspirantes a genocidas, en cualquier lugar del planeta, se sientan sometidos a una Jurisdicción protectora de la Democracia y de los Derechos Humanos. Este es su valor histórico, universal y también, humano…
2º. Pero la impunidad no es un asunto de exclusiva dimensión jurídica. No olvidemos que es una construcción política, deliberada, minuciosa, mantenida en la inercia, en la subordinación de la mayoría a una minoría criminal y parasitaria, sostenida en una desfavorable relación de fuerzas en favor de los grupos sociales beneficiarios del franquismo y a las élites que hoy gobiernan nuestras vidas y nuestros destinos y que, en consecuencia, apuestan –y apostaron- por una política de olvido, de miedo y amenazas, de perdón y de supuesta reconciliación entre víctimas y victimarios. El antídoto de esas pervivencias requiere de otra política, en este caso, respetuosa con la legislación internacional, con la memoria social, con los derechos humanos y con la democracia: en fin, la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
No deja de ser un error reducir la impunidad a un conjunto de normas legales. Ni siquiera la derogación de la normativa vigente, aún siendo necesaria, sería suficiente para liquidar las pervivencias franquistas (la Ley de Amnistía de 1977, la oposición a la imprescriptibilidad de los delitos cometidos, la preeminencia de la Justicia española sobre otras, la vulneración del Acuerdo hispano-argentino sobre extradición), todo ello, son sólo aspectos formales de una inmensa losa que, más allá del Valle de los Caídos, se cerró sobre el conjunto de la sociedad española. No es suficiente, pues, la voluntad política ni los cambios que se operen en las instituciones representativas, sean estos locales, autonómicos o estatales. Sin espacio para el error, podemos afirmar que la impunidad cuenta con sólidas bases, fundamentalmente de carácter estructural.
3º. Seríamos tremendamente ingenuos si no entendiésemos que la impunidad referida va asociada a otras impunidades que padece la sociedad española. ¿Acaso la hegemonía y la impunidad que ejerce el poder financiero resulta ajeno a la genética franquista? ¿Sería posible acometer el expolio de los bienes públicos sin el poder desmesurado de las élites provenientes del viejo régimen? ¿Qué decir de la infecta corrupción de los dueños de este país? Y el rastro de exclusión social y pobreza ¿se podría entender sin mencionar la terrible desigualdad entre el “arriba” y el “abajo”? No, rotundamente no. ¿Entonces? ¿Cómo acabar con las impunidades entrelazadas que castigan la vida de las personas dignas y decentes?
Pedir más democracia y un exquisito respeto hacia los derechos humanos, no puede resultar excesivo y sin embargo, son cosas que ya no caben bajo el régimen de 1978. Somos conscientes de que las demandas de las víctimas constituyen un testimonio incómodo e inoportuno para los poderes públicos. No por ello vamos a pedir disculpas; es más, la regeneración democrática de la sociedad española requiere de la liquidación, hasta el fin, sin pausa, de toda la herencia franquista. Con otras palabras, en la dirección de un nuevo proceso constituyente.
4º. Mientras tanto, seguiremos defendiendo y recordando las recomendaciones de diferentes órganos de Naciones Unidas (Comité de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias, Relator sobre la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Comité contra la tortura…). Si no se dan satisfacción, el Estado español seguirá siendo una anomalía internacional.
Que la “España boba” que padecemos —así fue calificado el régimen de la Restauración (1875-1923)— no nos robe, otra vez, el futuro. Su dominio del pasado ya sabemos adónde conduce. El cambio que necesitamos ha de tener la memoria social y democrática como la mejor de sus garantías.
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