El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, apoyará la Ley de Memoria Histórica propuesta por la Asociación de Archivo, Guerra y Exilio

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21/7/2015

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, se ha reunido con la presidenta de la Asociación de Archivo, Guerra y Exilio (AGE), Esperanza Martínez; y la secretaria general, Dolores Cabra. Santisteve se ha comprometido a estudiar las propuestas de la AGE, además de apoyar la implantación de una Ley de Memoria Histórica Democrática.

Laura Quílez Villanova

Santisteve se ha comprometido a apoyar la implantación de la Ley de Memoria Histórica propuesta por la Asociación

Zaragoza.- El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, se ha reunido con la presidenta de la Asociación de Archivo, Guerra y Exilio (AGE), Esperanza Martínez; y la secretaria general, Dolores Cabra, para tratar el tema de la Memoria Histórica. El alcalde de Zaragoza se ha comprometido, entre otras cuestiones, a estudiar todas las propuestas lanzadas por la AGE, además de apoyar la implantación de una Ley nacional de Memoria Histórica Democrática. “Queremos transmitir a los altos cargos de las principales ciudades españolas que hay que reivindicar la Memoria Histórica”, ha explicado la presidenta de la AGE. Por ello, ha presentado la propuesta de Ley al alcalde de Zaragoza, con el objetivo de que apoye a la Asociación para presentarla al gobierno resultante tras las Elecciones Generales de noviembre.

La presidenta de la AGE considera el cambio de gobierno como “un aire fresco y bueno”. “Parece que la situación ha cambiado, estar aquí en estos momentos es algo muy importante”, ha continuado. Martínez ha comentado que se nota una “clara diferencia” de los gobiernos que tuvo la capital aragonesa en el pasado, y que tiene “mucha esperanza” en el nuevo partido y los nuevos miembros del concejo.

“Queremos que se impulse esta Ley de Memoria Histórica a nivel nacional, a través de todos los municipios del Estado español”, ha comentado la secretaria general de AGE, Dolores Cabra. “Llevaremos el documento también a Ada Colau, a Manuela Carmena, a las mareas de Galicia…”. La secretaria general ha asegurado que Santisteve les ayudará en todo el proceso.

Por su parte, Esperanza Martínez ha recordado también que en los centros educativos “no se está transmitiendo la verdadera historia, aún queda mucho que hacer en el tema pedagógico, hay que escribir la historia todavía”, y que eso es algo que se ha debatido con el alcalde de la capital aragonesa.

Esperanza Martínez también ha querido aprovechar la visita para enseñarle a Santisteve un ejemplar de su libro de memorias, escrito por ella misma ayudada por compañeros que también vivieron la misma época. “Cuenta mis años más duros, todo el tiempo que pasé encerrada en una cárcel de Madrid, que fueron 15 años, toda mi juventud”, ha explicado la presidenta de la AGE. “Con él quiero reivindicar aquella memoria, quiero recordar la lucha que se llevó a cabo, que a día de hoy todavía continúa, y recordar también a todos los que se quedaron en el camino”, ha afirmado Martínez.

Esperanza Martínez, con sus 88 años, continúa inmersa en la vida política española, intentando reconquistar esa memoria que considera perdida, y quiere, por encima de todo, que se reconozca esa lucha que tuvo que llevar a cabo junto a otros muchos, y que a día de hoy, sólo unos pocos pueden contarla.

Ley de Memoria Histórica Democrática

La Asociación Archivo Guerra y Exilio (AGE), en su Asamblea Anual de Socios del pasado 20 de junio de 2015, aprobó dirigir un llamamiento a todas las instituciones de ámbito local, autonómico y estatal, a los partidos políticos, grupos parlamentarios, sindicatos y entidades sociales, a las entidades de memoria histórica democrática, para que insten al Gobierno español, como poder ejecutivo del Estado, a la aprobación de una Ley de Memoria Histórica Democrática en el Congreso de los Diputados, que “cancele definitivamente con justicia, equidad y reparación las secuelas de la dictadura franquista”.

Para ello, los representantes de la Asociación están transmitiendo esas propuestas a los altos cargos de las principales ciudades españolas, a través de encuentros directos de nuestros socios y colaboradores con las instituciones, entidades partidos políticos y asociaciones democráticas. Además, la AGE ha organizado conferencias, charlas, coloquios para la difusión y debate de los contenidos.

“Estas medidas harían viable la reconciliación genuina y verdadera de los españoles en un estado de derecho y de igualdad ante la ley”, ha explicado la secretaria general de la Asociación Archivo Guerra y Exilio, Dolores Cabra.

Esta propuesta de ley recoge nueve medidas. La primera, “declarar por Ley la nulidad de todas las acciones legales del régimen franquista, haciendo mención expresa a las Resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas por unanimidad por la Asamblea General de la ONU el 9 de febrero y el 12 de diciembre de 1946, y a su carácter criminal según las normas de derecho internacional. Condenar jurídicamente la dictadura franquista”.

En segundo lugar, la ley establecería un reconocimiento político, jurídico y social “de cuantos defendieron la legalidad Republicana desde 1931 a 1977. Reconocimiento jurídico de la condición de víctima del franquismo, de la condición de excombatientes por la libertad a los guerrilleros antifranquistas, a los combatientes republicanos en las filas de los aliados en la II GM, y a las víctimas republicanas de la persecución nazi”.

En el tercer punto, se consideraría una nulidad de todos los juicios penales y militares sumarísimos y una reconstrucción de los archivos penales y judiciales afectados. En el siguiente punto, se contempla una “rehabilitación jurídica y política” de los ciudadanos asesinados (considerados por algunos como “desaparecidos”).

En quinto lugar se menciona la localización de todas las fosas comunes, “garantizando jurídicamente las exhumaciones por parte del Estado de acuerdo con sus familiares”. Para ello, se señalarán los espacios del crimen (referente para la historia de España) como lugares de memoria, mediante monumentos, placas y paneles expositores que expliquen los hechos que tuvieron lugar.

También hace una condena “de los actos de exaltación franquista y de negacionismo histórico así como retirada de símbolos franquistas en los espacios públicos”, aplicándose la legislación mediante la aplicación de procedimientos acordes con el derecho internacional de derechos humanos como norma de convivencia ciudadana.

También se contempla una anulación de la Ley de Amnistía de 1977 “que blinda la impunidad de los responsables de los crímenes franquistas y aplicación de la legislación internacional de derechos humanos sobre crímenes contra la humanidad”.

El octavo punto habla de la desclasificación y catalogación, “de forma científica y democrática”, de todos los archivos policiales, diplomáticos, militares, penales, judiciales, carcelarios, municipales, militares de inteligencia y de la represión en general, hasta la instauración del sistema democrático.

El último punto considera necesaria una comprobación y subsanación de contenidos en los libros de texto sobre historia, “contemplándolos desde la objetividad y la transparencia, en pro de un plan pedagógico que ayude a conocer los hechos en beneficio de una armonía ciudadana sin negacionismos ni revisionismos”.