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Solo en la capital hay contabilizadas al menos veintiuna calles y tres iglesias con vestigios de la dictadura y la Guerra Civil
CÉSAR BLANCO | SEGOVIA
La aplicación de la Ley de la Memoria Histórica en el territorio segoviano tiene tajo. Recientemente, el abogado Eduardo Ranz, especializado en Derechos Humanos, ha remitido un escrito al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. En esa misiva solicita a la Administración regional colaboración para dibujar y concretar el mapa de los vestigios de la Guerra Civil y de la dictadura franquista en la región. Se trata, ni más ni menos, que
Inscripción por 'los caídos por Dios y por España', en la iglesia de San Miguel, en la capital. / A. de Torre
elaborar un inventario con todos los restos que pueblan el vasto territorio autonómico.
Inscripción por 'los caídos por Dios y por España', en la iglesia de San Miguel, en la capital. / A. de Torre
elaborar un inventario con todos los restos que pueblan el vasto territorio autonómico.
El letrado, muy activo en causas como el cambio en la denominación de las calles, plazas y otros enclaves urbanos que aún conservan nombres relacionados con el franquismo, pide la catalogación de esos restos «para su posterior eliminación», según el escrito enviado a Herrera. Eduardo Ranz también conmina a que esa lista se traslade a los ayuntamientos para que sean las entidades locales las encargadas de suprimir la simbología que todavía figura en algunas fachadas y edificios y rebauticen las calles.
En Segovia, hay mucho trabajo por delante. De hecho, es la provincia de la comunidad donde más vestigios ha contabilizado el abogado impulsor de esta campaña. Solo en la capital, la documentación facilitada por Ranz para facilitar el trabajo del inventariado y de la posterior eliminación de estas huellas franquistas tiene registradas veintiuna calles o plazas con nombres que recuerdan la dictadura o evocan la Guerra Civil. El debate sobre la aplicación de la ley y la redefinición de estas direcciones ya protagonizó la recta final de la pasada legislatura.
El 9 de septiembre
El silencio administrativo se alió con el anterior grupo municipal popular. A mediados de marzo, expiró sin respuesta el plazo establecido para contestar al recurso interpuesto por las filas del PP, en la que instaban a la suspensión del acuerdo adoptado en el pleno ordinario celebrado por la corporación en enero y que daba vía libre al cambio de denominación de nueve calles.
El más polémico, el de la avenida Fernández Ladreda, que contaba y cuenta todavía con una amplia oposición vecinal y de los comerciantes de la zona, apoyados por la Federación Empresarial Segoviana, entre otras entidades.
A la alcaldesa, y por ende al grupo municipal socialista, no les quedó más remedio que guardar las placas que ya estaban pedidas hasta que el periodo de suspensión acabara. Ese tiempo expira el 9 de septiembre. A partir de ahí, se reabre la 'guerra' de las modificaciones en el callejero, aunque la nueva configuración de la corporación tras las elecciones municipales del pasado 24 de mayo hace pensar que puede ser menos cruenta que la vivida en el primer tercio del ejercicio en curso.
Por un lado, al equipo socialista que lidera la regidora, Clara Luquero, le basta con un solo voto más para sacara adelante la definición de las veintiuna calles que conservan en su nomenclatura reminiscencias de la dictadura. Y, si nada se tuerce, el apoyo de Izquierda Unida, que ya llevaba esta iniciativa en su programa de gobernabilidad del anterior mandato, está asegurado.
Por su parte, la portavoz del principal grupo en la oposición del Ayuntamiento, Raquel Fernández, insiste en que el PP ya pidió un estudio pormenorizado de cada caso. Ahora, la postura no ha cambiado en demasía. La máxima representante de las filas populares en el Consistorio reitera que «por defecto no hay que cambiarlo todo, y tampoco se puede actuar como un rodillo». La joven es partidaria de «evaluar bien y al detalle cada calle de manera individualizada, porque puede haber casos en los que la variación del nombre suponga un trastorno o genere agravios comparativos, además de que el expediente pueda no estar justificado ni documentado».
La portavoz recuerda que así ocurrió cuando el anterior equipo de gobierno se empecinó con la avenida Fernández Ladreda. «El expediente carecía de un análisis histórico y de una motivación, e incluso se reconoció que se basaba en un informe verbal», explica la responsable del PP en el Consistorio.
Raquel Fernández asegura que el sus siglas nunca se han opuesto a la aplicación de la ley, aunque sí han defendido que se haga «con rigor histórico y técnico». Sobre la posibilidad de que el informe que se ponga encima de la mesa a partir del 9 de septiembre no satisfaga esos condicionantes, los populares podrían sopesar acudir a los tribunales; aunque según se deduce de las palabras de la portavoz, la judicialización no es ni la prioridad ni el objetivo del grupo municipal, y sí el consenso. Solo se actuará en este sentido si la formación considera que existe un «error flagrante».
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