Vilalba dels Arcs y Sant Carles de la Ràpita (ERC) imitan las tácticas dilatorias del convergente Bel en Tortosa
Tarragona
Una plantación de espigados molinos eólicos domina la silueta campestre de Vilalba dels Arcs. Este pequeño municipio (menos de 1.000 habitantes) de la ventosa Terra Alta tiene un parque de aerogeneradores que, según un estudio de la Universitat Rovira i Virgili, se ha convertido en el sostén de la economía de la zona. Desde que se puso en marcha, ha ayudado a amortiguar los índices de paro, mientras que los ingresos que recibe el consistorio en forma de tasas se han duplicado. En la comarca hay abundancia de infraestructura eólica, pero no a todo el mundo gusta la proliferación de “ventiladores”, como los conocen sus enemigos.
El revuelo generado por las colosales aspas de molino, sin embargo, no es nada con el que ha suscitado recientemente una discreta cruz de piedra que se halla dentro del entresijo urbano del pueblo. “Caídos por Dios y por España ¡Presentes!”, reza una inscripción esculpida en la base de la cruz. El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha amonestado al consistorio de Vilalba recordándole que, atendiendo a la Ley de Memoria Histórica, la cruz franquista debería ser derribada. Una recomendación que también mantiene la subdirección general de Memoria, Paz y Derechos Humanos de la Generalitat, un ente que depende del departamento de Relaciones Institucionales que comanda Raül Romeva.
“Caídos por Dios y por España, ¡presentes!”, reza una inscripción
El Ayuntamiento, gobernado por Esquerra Republicana en alianza con un partido independiente, obvia las indicaciones dadas por el Síndic y opta por dejar la decisión en manos de los vecinos. “Lo lógico es que respetemos lo que decida la mayoría del pueblo”, ha manifestado la alcaldesa, Teresa Mariné. El consistorio accede a tapar la inscripción de homenaje a los caídos del bando nacional, pero argumenta que retirar o no la cruz es decisión de los vecinos y les convoca a pronunciarse en una consulta popular.
La misma vía a la que se acoge el ayuntamiento de Tortosa, gobernado por el convergente Ferran Bel, para acabar con el debate sobre qué hacer con la enorme estatua franquista que se levanta sobre el lecho del río Ebro.
Ferran Bel, alcalde desde 2007 y ahora también diputado en el Congreso de los Diputados, ha evitado insistentemente tramitar el derribo del armatoste conmemorativo de la Batalla del Ebro. Ahora defiende que una consulta popular es la manera de resolver un asunto “que no se ha sabido resolver durante muchos años”. Bel apunta que 19 de los 21 concejales del Ayuntamiento de Tortosa apuestan por someter el derribo a la voluntad popular. Solo la CUP se muestra partidaria del abatimiento automático. Una opción que también apoya la Comisión por la Retirada de los Símbolos Franquistas de Tortosa.
Los alcaldes optan por consultar a los vecinos y respetar lo que decidan
Se da la circunstancia de que el Parlament votó, a primeros de marzo, tumbar “inmediatamente” y sin consulta previa el monumento conmemorativo franquista. La cámara catalana registró una votación dispar que dejó 43 votos a favor de retirarlo, 42 en contra y 46 abstenciones. La propuesta generó la primera división interna en el grupo de Junts pel Sí. Los diputados convergentes votaron en contra de retirarlo, como el PP, mientras que sus socios de Esquerra se abstuvieron.
A una veintena de kilómetros de Tortosa, en Sant Carles de la Ràpita, se hallan otros dos monumentos de tintes predemocráticos que han suscitado el reproche del defensor del pueblo catalán. La cruz de la Torre de la Guardiola, que se construyó para festejar los 25 años de dictadura del Caudillo, y la estatua del Cristo del Sagrado Corazón tienen connotaciones de “exaltación franquista”.
En Sant Carles de la Ràpita gobierna Esquerra y es el municipio natal de Lluís Salvadó, secretario general adjunto del partido republicano y mano derecha del vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras.
En su informe, el Síndic de Greuges alerta que “afrontar el pasado y hacer justicia” es una asignatura pendiente y que, para dar cumplimiento a la ley 52/2007, se hace obligatorio demoler el rastro de la represión franquista.
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