224.000 EUROS PARA UN INSTITUTO DE LA MEMORIA
La Generalitat de socialistas y Compromís aprobará una norma que prevé sanciones de hasta 150.000 euros por destruir o no conservar los lugares considerados de memoria democrática
La Comunidad Valenciana aprobará su propia Ley de Memoria Democráticaa la estela de la legislación estatal impulsada por el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La Generalitat de Ximo Puig y Mónica Oltra ha presentado este miércoles las bases del anteproyecto que remitirá a las Cortes Valencianas y con el que pretende gestionar la apertura y recuperación de 300 fosas comunes de la Guerra Civil repartidas por todo el territorio, la mayor parte de víctimas del bando nacional, pero también del republicano. Se trata de una labor que, sobre el papel, correspondería ejecutar al Gobierno de Mariano Rajoy, aunque estos trabajos están paralizados por la ausencia de consignación presupuestaria estatal.
La ley apuesta por "reconocer la memoria de todas las víctimas del franquismo y también las de la violencia política incontrolada en la retaguardia republicana".
Para desarrollar la iniciativa, la Administración autonómica contempla crear el Instituto Valenciano para la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas, según ha explicado la consellera de Justicia y exportavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, en un acto de presentación del anteproyecto de ley protagonizado también por Puig y Oltra. El Instituto será el encargado de realizar las labores de estudio, investigación e impulso de las medidas establecidas en la ley. Además, integrará un Consejo Valenciano de la Memoria Democrática, como órgano colegiado consultivo y de participación. Este organismo funcionará como un ente autónomo y cuenta con una dotación presupuestaria para su puesta en funcionamiento durante el año 2017 de 224.000 euros.
La nueva norma contempla la prohibición de la exhibición pública de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, como nombres de calles, lugares o títulos honoríficos de la dictadura franquista. Asimismo, se prevendrán y evitarán los actos públicos que supongan un “menoscabo de la dignidad de las víctimas o sus familiares u homenajes al franquismo”, tal y como ha indicado la consellera, aunque fuentes de su departamento se han encargado de matizar que no podrá prohibir manifestaciones o concentraciones como las del 20-N, aniversarios de la muerte de Francisco Franco, porque no entra en sus competencias.
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VÍCTOR ROMERO. VALENCIA
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Lo que sí incluye la nueva ley es un régimen sancionador para aquellas personas o entidades que la incumplan. Las infracciones más graves están relacionadas precisamente con la preservación y cuidado de los lugares considerados como de memoria histórica. Destruir o tratar de hacer desaparecer una fosa de víctimas de la Guerra Civil y de la represión del franquismo sin autorización, por ejemplo, podrá ser sancionado con hasta 150.000 euros, al margen de otras acciones coercitivas previstas en el Código Penal. Del mismo modo, los propietarios de lugares que obtengan esa calificación memorialística estarán obligados a su conservación y mantenimiento. En caso de no hacerlo cometerán una falta grave que recibirá una multa de entre 2.000 y 10.000 euros. La intención de la Generalitat es crear un catálogo de espacios considerados Lugar o Itinerario de la Memoria Democrática de la Comunitat Valenciana, que deberán estar abiertos al público y ser visitables.
Lugares abiertos al público por ley
Se considerarán infracciones leves, entre otras, la negativa a permitir la visita a esos lugares o la exhibición de símbolos contrarios a la " a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas", entre los que se entiende aquellos que se muestran "en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo de la sublevación militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial". La multa en este caso oscilará entre 200 y 2.000 euros.
En lo se refiere a las fosas comunes y las víctimas, la Administración autonómica tiene previsto, y así lo establece la ley, elaborar un censo de víctimas, la localización de desaparecidos y la denuncia a la autoridad judicial de la "comisión de posibles delitos que se dedujeran de los hallazgos y vestigios". El censo incluirá también a los valencianos de origen que murieron fuera de la autonomía, así como aquellos que fueron víctimas de la represión en campos de concentración "o en cualquier otra circunstancia vinculada al exilio y al desplazamiento forzado". Además, la norma insta a la Generalitat a colaborar con otras administraciones y organismos para abordar la problemática de la desaparición de niños y niñas durante la dictadura franquista.
Contenido obligatorio en secundaria y bachillerato
La nueva ley sostiene en su preámbulo [consulte aquí el anteproyecto completo] que nace con vocación de favorecer la reconciliación. Señala que "el sistema democrático ha de reconocer la memoria y la dignidad de todas las víctimas del franquismo y también las de la violencia política incontrolada en la retaguardia republicana". Su contenido formará parte currículo académico en el enseñanza secundaria y en bachillerato, conmina además al Gobierno valenciano a reclamar los fondos documentales incautados o trasladados durante la Guerra Civil y la posguerra relacionados con la Comunitat Valenciana y que se impulsen "medidas para la restitución del patrimonio documental incautado por las fuerzas franquistas".
El texto que se enviará a las Corts está inspirado en otras normativas autonómicas como las ya aprobadas en Cataluña, Navarra, País Vasco o Baleares o las que están en tramitación como en Andalucía y Aragón. “No es una ley revanchista. Es una ley que busca recuperar para todas a las víctimas tres derechos fundamentales: derecho a la verdad, derecho a la justicia y derecho a la memoria”, ha señalado Bravo. "Se trata de pagar la deuda política y simbólica que tenemos con estas víctimas y a la vez rehabilitarlas moralmente”, ha señalado Ximo Puig.
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