Un día que paseaba junto al cementerio, Agustín Artal vio cómo la Guardia Civil apilaba huesos humanos. Preguntó. Pero los agentes no quisieron responder y taparon de inmediato la montaña de restos que iban acumulando al sacarlos de la tierra. La voz se corrió por Calatayud, un pueblo al noreste de España, y los vecinos se fueron acercando a ver qué ocurría. Algunos identificaron a sus familiares: un hijo supo que los huesos de su padre estaban allí porque vio su mechero [encendedor], que los agentes accedieron a darle. Una madre localizó a su hija, asesinada con 17 años, por la ropa interior de seda y un pelo largo inconfundible.
Los huesos exhumados se repartieron mezclados en nueve cajas. Los que no cupieron se depositaron en el osario del cementerio. Los empaquetados, señalados con su lugar de origen, fueron enviados en camiones en 1959 hasta la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, un enorme templo horadado en la roca de la sierra norte de Madrid, que acababa de ser inaugurado por el dictador Francisco Franco para precisamente dar "reposo" a víctimas de los dos bandos de la Guerra Civil. Se depositaron en una de las ocho criptas construidas en el interior de la iglesia.
Lo que presenció Agustín Artal se lo contó él mismo en 2007 a Purificación Lapeña y su marido Miguel Ángel Capapé cuando comenzaron a buscar los restos del abuelo y tío abuelo de la mujer, fusilados y enterrados en una fosa común en 1936, pocos meses después de comenzar la contienda. Al no encontrar los restos que durante más de 70 años creían enterrados en Calatayud, el testigo del traslado les dio la pista de dónde podían estar.
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Desde entonces han peleado en tribunales nacionales e internacionales por exhumar del Valle de los Caídos los restos de sus familiares, enterrados junto al menos otras 33.845 personas. Siempre se encontraron con las puertas cerradas hasta que un juez ha reconocido recientemente que Manuel Lapeña y Ramiro Lapeña, abuelo y tío abuelo respectivamente de Purificación, tienen derecho a la digna sepultura de la que ahora carecen.
El auto judicial, contra el que no cabe recurso, implica abrir los osarios del Valle de los Caídos, el símbolo más representativo de la dictadura franquista, no solo porque alberga el cementerio más grande de la Guerra Civil, sino porque también es el lugar donde están las tumbas, situadas a los pies del altar, del dictador Franco y del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera.
Ramiro Lapeña Altabas. (Imagen cedida por la familia)
La basílica, construida por personal contratado y numerosos presos políticos, ha sido la puerta más hermética contra la que una y otra vez se han chocado familiares de represaliados cuyos restos fueron trasladados sin su conocimiento y de los que supieron apenas en años recientes. En 2008, cuando la familia Lapeña ya sabía que Manuel y Ramiro podían estar enterrados en el Valle de los Caídos, pidió una subvención al gobierno español para exhumar los restos al amparo de la Ley de Memoria Histórica, aprobada el año anterior. "Nos la denegaron porque nos dijeron que las criptas y capillas estaban en muy mal estado", explica a VICE News Capapé, presidente además de la Asociación para la Recuperación e Investigación contra el Olvido (ARICO).
En el decreto de construcción de la basílica y el monasterio consta que su objetivo es "perpetuar la memoria de los que cayeron en nuestra gloriosa Cruzada [en referencia a la Guerra Civil]". Bajo la gran cruz exterior, que por su envergadura se distingue desde varios kilómetros de distancia, se horadó la basílica.
Desde el diseño inicial se previeron en el interior ocho cavidades a donde después serían trasladados los restos de las víctimas de la contienda. Seis capillas están situadas en la nave central y en cada una de ellas hay tres niveles de almacenamiento, que comienzan a ras de suelo, y es donde se apilan los columbarios — en este caso cajas de madera — en los que se reparten los huesos. Algunos están identificados con sus nombres y apellidos —21.423 personas — el resto, solo está señalado por su lugar de origen. Las capillas permanecen cerradas con cemento y cubiertas de granito.
Al final de la nave central hay dos criptas más, una en cada brazo del crucero y a ambos lados del altar mayor. Cada una tiene cinco niveles de altura a los que se accede mediante una escalera construida en la propia roca. Es en una de estas criptas, la del Santo Sepulcro, donde pueden estar los restos de los hermanos Lapeña, según la documentación remitida al juzgado por Patrimonio Nacional, institución pública que depende del Ministerio de la Presidencia y que es la encargada de administrar el monumento del Valle de los Caídos, incluida la abadía, así como los ocho palacios reales que hay en España, entre otros tantos monumentos.
En los registros que hicieron los monjes benedictinos, orden religiosa que custodia la basílica y gestiona la escolanía, el colegio y la hospedería que hay en el recinto, quedó anotado que procedente de Calatayud llegaron en 1959 nueve cajas con restos de 81 personas desconocidas. "Se situaron en dicha cripta del Sepulcro, posiblemente y por el orden lógico de numeración en el piso 3", recoge el auto judicial que cita la documentación de Patrimonio.
Manuel Lapeña Altabas. (Imagen cedida por la familia)
Cuando el gobierno español denegó a la familia Lapeña, y a otros allegados de represaliados cuyos restos también están en el templo, la ayuda pública para la exhumación, les invitó a visitar la cripta para que vieran de primera mano en qué condiciones estaban los columbarios. "En el primer y segundo piso todas las cajas estaban deshechas [a causa de la humedad de la roca], se veían restos de tela negra que las cubría y todo era un amasijo de huesos", recuerda Capapé. No pudieron ver lo que había en la tercera porque les dijeron que la entrada desde el rellano estaba bloqueada, "Qué casualidad", ironiza el presidente de ARICO. En la cuarta planta pudieron observar que las cajas estaban enteras y hasta leyeron el nombre de los restos que estaban identificados y los que aparecían señalados solo por su lugar de origen.
También se encontró la planta tercera de la Cripta del Sepulcro bloqueada el forense Andrés Bedate, quien en 2011 realizó un examen encargado por el Ministerio de Justicia para conocer la Viabilidad de Identificación en el Enterramiento del Valle de los Caídos, tal y como consta en el informe que posteriormente redactó. Dejó escrito que las diferentes capillas que examinó y las criptas — si bien no pudo estudiar todos los pisos — presentaban diferentes niveles de dificultad para la identificación de los restos. En algunas la complejidad era "extrema" por falta de registros de los traslados de los columbarios, por "riesgo técnico para la extracción de los columbarios" o "mezcla de restos óseos".
Ese mismo año, al final de la última legislatura socialista, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero encargó estudiar el futuro del Valle de los Caídos a una comisión de expertos, que recomendó convertir el templo en un lugar para la Memoria que dignificara a todas las víctimas por igual. Ello implicaba, entre otras medidas, sacar al dictador del templo — puesto que no había muerto en la guerra — y trasladar a Primo de Rivera — caído en la contienda — junto al resto de enterrados. Con la llegada del Partido Popular al gobierno pocos meses después el informe quedó guardado en un cajón.
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Entre los aspectos que la comisión estudió estaba el estado de los osarios, y lo hicieron a través de la consulta con tres forenses que revisaron el informe de Bedate y las fotos realizadas en el templo por su colega, según explica a VICE News el antropólogo social Francisco Ferrandiz, uno de los expertos que participó en la comisión y coordinador del proyecto Políticas de la Memoria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Francisco Etxeberria, antropólogo forense que ha exhumado numerosas fosas de la Guerra Civil, los restos del cantante chileno Víctor Jara, de Salvador Allende, y quien el año pasado identificó los restos de Miguel de Cervantes, fue uno de los expertos que entonces vio las imágenes. En una entrevista reciente tras conocer el fallo judicial señala que, teniendo en cuenta lo que pudo observar en las fotografías, la tarea que determina el juez es "muy difícil pero quizá no completamente imposible". Y añade: "Intentar buscar ya es un avance importante".
La familia Lapeña siempre se encontró con las puertas de la vía penal cerradas. "Nos decían que no se podía enjuiciar a los culpables", explica a VICE News el abogado Eduardo Ranz, quien ha llevado este caso, y el de otros tantos de familiares que reclaman la exhumación de los suyos. De ahí que el letrado decidiera armar un proceso diferente por lo civil sin necesidad de demandar a nadie. Y ha funcionado. No se aventura a afirmar, sin embargo, si esta vía puede dar pie a más exhumaciones en el templo puesto que los artículos del Código Civil en los que ha basado la demanda fueron derogados en una reforma realizada en 2014 por el gobierno que preside Mariano Rajoy.
Lo que sí está claro, subraya el letrado, es que Patrimonio Nacional tiene 45 días para responder a lo estipulado en el auto judicial, es decir, facilitar la entrada en el templo de los expertos que puedan sacar e identificar los restos de Ramiro y Manuel para que su familia pueda darles la sepultura "digna" a la que tienen derecho. Un portavoz de Patrimonio ha informado a VICE News que a fecha de 20 de mayo la institución aún no había recibido el auto, pero que en cuanto llegara se "cumpliría" con lo ordenado.
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