Son 19 y la mayoría fueron ministros, comisarios de policía, capitanes, coroneles del Ejército y jefes de la Guardia Civil durante el franquismo. Sobre todos ellos pesan hoy acusaciones de tortura y homicidio perpetrados durante la Guerra Civil y el régimen franquista (1936-1977), pero el gobierno de España parece estar dispuesto a hacer todo lo posible para evitar que tengan que comparecer ante los tribunales.
España, tras cuatro décadas de democracia, no sólo no ha juzgado a los responsables de las muertes provocadas por el golpe de estado y la represión franquista escudándose en la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977, sino que bajo el amparo del ahora gobernante Partido Popular (PP), que todavía cuenta con cuadros franquistas entre sus filas, les ha otorgado posiciones de poder y reconocimientos por su labor profesional.
Fue precisamente el ejecutivo del PP el que se negó a extraditar a parte de estos 19 investigados para que fueran llevados ante los tribunales argentinos, donde se instruye la única causa abierta contra el franquismo en el mundo.
De nada sirvió, que, en 2015, la ONU instara a España a extraditar a los "responsables de violaciones graves de los Derechos Humanos mientras no se tomen medidas para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas ante las instancias legales españolas". El ejecutivo mantuvo que la ley otorga a España la competencia para enjuiciar a sus propios ciudadanos, que la materia investigada había prescrito y que buena parte de los supuestos delitos penales no eran considerados como tales cuando se llevaron a cabo.
Ahora y ante la petición de colaboración de María Servini de Cubría, la jueza argentina a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal que instruye la causa contra el franquismo, para interrogarlos en España, el gobierno ha optado primero por la inoperancia y luego por la dilación.
"Hay que terminar de estudiarlo, todavía no hay ninguna respuesta", aseguraron hace una semana a VICE News fuentes oficiales del Ministerio de Justicia respecto del necesario traslado de la petición de Servini a la Audiencia Nacional, un paso imprescindible para poder efectuar los interrogatorios. Algo que la jueza había propuesto realizar entre el 7 y el próximo 22 de abril.
El lunes, estas mismas fuentes aseguraron que ya se había remitido una respuesta a la justicia argentina pero no quisieron revelar el contenido de la misma. Con todo, fuentes de la Audiencia Nacional afirmaron a VICE News no haber recibido ninguna instrucción por parte del Ministerio de Justicia para tomar declaración a los acusados. Carlos Slepoy, abogado de una parte de los cerca de ya 400 querellantes, asegura a VICE News que en dicha misiva el ejecutivo reclamaba el pliego de preguntas que Servini quería formular a los acusados.
"La verdadera colaboración de España se acabó cuando en vez de interrogar a los demandantes, se pidió cooperación para tomar declaración a los acusados", considera Slepoy en línea con las denuncias de Amnistía Internacional sobre la obstrucción del proceso judicial por parte del gobierno español.
Buena parte de los 19 investigados han sido condecorados por su labor profesional por parte de instituciones públicas, en algunos casos en fechas tan recientes como 2013, otros son prestigiosos abogados, propietarios de hípicas o forman parte de entidades educativas y culturales. Todos viven, en definitiva, como ciudadanos respetables tras el manto de una impunidad sin precedentes en el contexto europeo.
VICE News ha intentado recabar la información más esencial de cada uno de ellos. Este artículo repasa su identidad y trayectoria, intenta poner cara a los investigados — con contadas salvedades debido a la escasez de documentos gráficos disponibles — y aporta la información clave acerca de los cargos por los que están siendo investigados.
Rodolfo Martín Villa. Nació en Santa María del Páramo, León, el 3 de octubre de 1934. Fue ministro de Relaciones Sindicales (1975-1976) y ministro de Gobernación (1976-1979) durante el franquismo. Después, ya en democracia, fue ministro del Interior de Administraciones Territoriales (1980-1981), viceprimer ministro del Gobierno (1981-1982) y comisionado del gobierno para la catástrofe del Prestige (2003).
Durante su período como ministro de Gobernación era popularmente conocido como "la porra de la Transición", debido a la dureza que empleaba en reprimir manifestaciones obreras y estudiantiles.
Se le acusa por su responsabilidad en los sucesos ocurridos en Vitoria el 3 de marzo de 1976 y que se saldaron con la muerte de los trabajadores Pedro María Martínez Ocio, de 27 años; Francisco Aznar Clemente, de 17 años; Romualdo Barroso Chaparro, de 19 años; José Castillo García, de 32 años, y Bienvenido Pereda Moral, de 30 años. Asimismo se contabilizaron más de 100 heridos.
José Utrera Molina. Nacido en Málaga el 12 de abril de 1926. Fue subsecretario del Ministerio de Trabajo (1969-1973), ministro de la Vivienda en el gobierno de Carrero Blanco (1973), ministro secretario general del Movimiento y vicepresidente del Consejo Nacional del Movimiento (1974-1975) durante el franquismo. También presidió el Banco Rural desde marzo de 1975 hasta su dimisión el 3 de abril de 1978.
Forma parte del gobierno de la dictadura que firma la sentencia de muerte, por garrote vil, de Salvador Puig Antich, el 2 de marzo de 1974.
En la actualidad forma parte del patronato de la Fundación Nacional Francisco Franco.
Antonio Carro Martínez. Nacido en Lugo, el 3 de mayo de 1923. Fue secretario general técnico del Ministerio de la Gobernación. En 1973 se le nombró director general de Administración Local. Después se convirtió en ministro de la Presidencia del Gobierno (del 3 de enero de 1974 hasta el 12 de diciembre 1975). También fue diputado en la Legislatura Constituyente y en cuatro legislaturas más por el Partido Popular (PP), siendo electo por la provincia de Lugo.
Fue miembro de los gobiernos que convalidaron con su firma la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich producida el 2 de marzo de 1974 y, también, las de los últimos fusilamientos del régimen franquista acaecidos el 27 de septiembre de 1975 en las ciudades españolas de Madrid, Barcelona y Burgos, y en las que fueron ejecutados José Humberto Baena, José Luis Sénchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui Etxebarria.
Ostenta la gran cruz del Yugo y la Flechas, así como las del Mérito Civil, de Sanidad, de Cisneros y de Carlos III.
Alfonso Osorio García. Nacido en Santander el 13 de diciembre del año 1923. Fue ministro de la Presidencia en el primer gobierno tras la muerte de Franco y la reinstauración de la monarquía (diciembre de 1975-julio de 1976). Fundó el partido UDE, que terminaría integrándose en UCD, formación por la que sería elegido diputado en las elecciones de 1977. Abandonó UCD para integrarse en Alianza Popular (después rebautizada como partido Popular), siendo elegido diputado por Madrid en las elecciones de 1979.
En el ámbito privado fue presidente de PETROMED desde 1965 hasta 1990, exceptuando los años en los que fue subsecretario y ministro.
Se le acusa por su responsabilidad en los sucesos acaecidos en Vitoria el 3 de marzo de 1976, que se saldaron con la muerte de los trabajadores Pedro María Martínez Ocio, de 27 años; Francisco Aznar Clemente, de 17 años; Romualdo Barroso Chaparro, de 19 años; José Castillo García, de 32 años, y Bienvenido Pereda Moral, de 30 años. Asimismo se contabilizarán más de 100 heridos.
En abril de 2011 recibió la medalla de oro de Cantabria.
José Maria Sánchez Ventura. Nacido en Zaragoza, en 1922. En 1967 presidió el consejo de administración del vespertino madrileño Informaciones, fue nombrado subsecretario del Ministerio de Información y Turismo (noviembre de 1974) y ministro de Justicia (marzo de 1975) cargo que desempeñaba cuando se produjo el fallecimiento de Francisco Franco.
Como ministro de Justicia de la dictadura firmó las sentencias de muerte de cinco fusilados el 27 de septiembre de 1975. Las víctimas fueron José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui.
En la actualidad es Patrono de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, de la Universidad CEU San Pablo, de la Universidad CEU Cardenal Herrera y de la Fundación Universitaria Abad Oliva-CEU de Barcelona.
Fernando Suárez González. Nacido en León el 10 de agosto de 1933. Fue director del Instituto de la Juventud mientras desempeñaba las labores de director del Colegio Mayor Diego de Covarrubias (1960-1970), procurador en Cortes por el tercio familiar de la provincia de León (1967-1971), director general del Instituto Español de Emigración (1973-1975) y vicepresidente tercero y ministro de Trabajo hasta la muerte del dictador.
Como vicepresidente y ministro del gobierno firmó la condena de muerte de los antifranquistas fusilados el 27 de septiembre de 1975 José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui.
En la actualidad es catedrático emérito de Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En 2007 ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Carlos Rey González. En 1974 era capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército y participó en el Consejo de Guerra de la causa número 106/73 que juzgó a Salvador Puig Antich. Desarrolló las funciones de vocal ponente, y como tal informó y fue el redactor de la sentencia que lo condenaría a muerte. Esta sentencia fue ejecutada el 2 de marzo de 1974, por medio del garrote vil. En este sentido asegura que no se arrepiente de ello.
En la actualidad, oficia como como abogado penalista y ha representado legalmente a Alicia Sánchez Camacho, expresidenta del Partido Popular en Cataluña, en el caso de espionaje político de la agencia Método 3.
Antonio Troncoso de Castro. Coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar y exfiscal del Tribunal Supremo. También fue vocal del Tribunal Marítimo Central y especialista en Derecho Militar, de la Guardia Civil y de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad.
Se le acusa por su papel como vocal ponente, es decir, asesor jurídico y redactor de sentencias del Consejo de Guerra Sumarísimo del Proceso de Burgos (diciembre 1970) que se saldó con nueve condenas a muerte. Con todo, sobre él pesa su actuación en varios consejos de guerra y causas militares organizados contra luchadores antifranquistas desde 1963 hasta el final de la dictadura.
En la actualidad reside en Madrid y es director, fundador y consejero de la consultora en gestión empresarial Troncoso y Reigada S.L.
Jesús Cejas Mohedano. Nacido el 25 de diciembre de 1946. Ingresa en el cuerpo jurídico del Ejército en 1969 y, en 2002, el Consejo General del Poder Judicial admite la presentación de su candidatura para el acceso a la carrera judicial como magistrado.
Forma parte de consejos de administración como secretario o administrador en Madrid, Córdoba, Ciudad Real de distintas empresas como Berhanyer Shoemaker, SL; Locales en Propiedad, SA; Artesanos Camiseros, SA; Inversor, SA.
Se le acusa de ser el vocal auditor en el Consejo de Guerra de septiembre de 1975 que condenó a muerte a José Humberto Baena Alonso, Manuel Blanco Chivite, Vladimiro Fernández Tovar y José Humberto Baena Alonso.
Jesús Muñecas Aguilar. Nació el 6 de enero de 1939 en Daroca, Zaragoza. Fue responsable de la Comandancia de la Guardia Civil de Tolosa en 1976. Cargo del que fue relevado por las torturas infligidas a una detenida bajo su custodia. Ya en Madrid, tuvo un papel clave en el Servicio de Información dentro de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
En la intentona golpista del 23-F, era capitán en el Escuadrón de la Ia Comandancia Móvil de Valdemoro, fue encargado de acudir al Congreso con un autobús en el que viajaban un par de tenientes, algunos suboficiales y una veintena de números. Procesado por rebelión militar, el Tribunal Supremo acabó condenándolo a 5 años y salió en libertad tras cumplir las tres cuartas partes de la condena.
Denunciado por Jon Ugutz Arrizabalaga Basterrechea por torturas infringidas a Andoni, el hermano de este último. Tras su detención el 18 de agosto de 1968, Andoni permaneció 22 días incomunicado, siendo posteriormente condenado a pena de muerte y viendo conmutada su pena.
Ha sido profesor de equitación y actualmente es administrador de la empresa Montefor SL, en Valdemoro, Madrid, y propietario Centro Hípico de Valdemoro.
Ricardo Algar Barrón. Nacido el 10 de junio de 1948. Fue nombrado subinspector de segunda clase en enero de 1970 y comisario del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en abril de 1988.
El 27 de octubre de 1974, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid le procesó por un delito de lesiones, cometidos el mes de marzo del mismo año durante el interrogatorio de Andrés González Somolinos, que necesitó de 32 días de atención facultativa para curarse de sus heridas. Salió en libertad al abonar una fianza.
Se desconoce si en la actualidad mantiene un cargo importante dentro del CNP.
Juan Antonio González Pacheco. Nacido el 6 de octubre de 1946 en Aldea del Cano, en Cáceres. Hasta su disolución, en 1976, formó parte de la Brigada Político-Social (BPS) y luego fue trasladado a la Brigada Central de Información.
Declaró ante la Audiencia Nacional por su relación con el caso de los asesinatos de la calle Atocha. En 1973, fue juzgado y condenado a una pequeña multa por agresión física y un año después a un día de arresto y multa de 1.000 pesetas por malos tratos y coacciones en la persona de Francisco Lobatón Sánchez de Medina. Otros procesos pendientes se le sobreseyeron al beneficiarse de la ley de Amnistía.
Se le acusa de un supuesto delito de torturas cometido contra trece personas entre 1971 y 1975.
Félix Criado Sanz. Nacido el 9 de enero de 1923. Desde mediados de los años sesenta del siglo pasado se desempeñó como inspector jefe de la Brigada de Investigación Social de Bilbao.
Denunciado por torturas en la querella presentada por los curas de Zamora y, en particular, en la denuncia del testimonio por videoconferencia realizado por Jon Etxabe Garitacelaya, el 18 de febrero de 2014.
En 1967 figuraba entre los policías a los que se les otorgó la Cruz del Mérito Policial con distintivo blanco, ocupando el cargo de Inspector de Primera clase.
Benjamin Solsona Cortés. Nacido en 1931, fue nombrado jefe superior de Policía de Bilbao el 14 de marzo de 1980, siendo cesado del cargo el 22 de diciembre de 1982. También ejerció como jefe superior de Policía de Baleares hasta su cese el 23 de febrero de 1988.
Solsona perteneció, además, a la brigada político social, una unidad especializada en reprimir la oposición contra el régimen de Franco.
Denunciado en varias ocasiones como torturador de trabajadores y estudiantes detenidos, fue uno de los que se destacó en los interrogatorios y torturas contra casi una veintena de universitarios pertenecientes al Partit Comunista del País Valencià, en el año 1971.
Los estudiantes permanecieron durante 18 días y 18 noches detenidos, sin asistencia letrada o contacto con algún familiar, en las instalaciones de la Jefatura Superior de Policía de Valencia.
Jesús González Reglero. Nacido el 29 de enero de 1949. Ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) como inspector por oposición el 18 de octubre de 1967. En 1974 era miembro del grupo policial "Anti-GRAPO", junto con su hermano Miguel Angel. Cinco años después pasa a formar parte de la llamada Brigada Antigolpista y en 1987 ingresa en la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Después seria ascendido a comisario y, antes de jubilarse, asumió el cargo de comisario jefe de la Policía Nacional de Leganés.
Se le acusa de haber participado en las torturas infligidas a Alfredo Rodríguez Bonilla y Francisca Villar en la Dirección General de Seguridad de Puerta del Sol, en Madrid.
Reglero lucía en su uniforme los tres laureles enmarcados de comisario principal, el máximo escalafón del Cuerpo Nacional de Policía. Ha recibido además diversas condecoraciones, entre ellas la más importante en vida, la Medalla de Plata al Mérito Policial. González Reglero también fue condecorado con dos Cruces Rojas al Mérito Policial, tres Cruces Blancas al Mérito Policial, una condecoración militar, además de la Cruz, la Medalla, la Encomienda y la Placa por la dedicación al Servicio Policial.
Jesús Martínez Torres. Nacido en 1941. En diciembre de 1982 fue nombrado comisario general de Información, cargo que ocupó hasta el 15 de junio de 1994. En 1996, fundó con Juan Antonio González Pacheco, también imputado, la empresa Servicios de Prevención de Atentados y Secuestros, que luego abandonó.
El 6 de abril de 1972 se le otorga la cruz del mérito policial con distintivo blanco, el 22 de enero de 1988 se le concede la medalla de oro al mérito policial — máxima distinción para un policía — y el 23 de noviembre de 2013 se le nombra comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía.
Aunque acumula un largo currículo como torturador, en la causa instruida por la jueza Servini está bajo investigación por agredir físicamente a José Aznar Cortijo.
Jesús Quintana Saracibar. Nacido en Vitoria, en 1941. Poco se conoce de la trayectoria de Quintana, quien el 3 de marzo de 1976 era el capitán de la Policía Armada que comandaba las fuerzas que asaltaron la Iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga, en Vitoria, causando la muerte por disparos de bala de cinco civiles e hiriendo a cientos.
Tampoco se conoce si continua desarrollando una actividad profesional o está retirado.
Pascual Honrado de La Fuente. Nacido el 7 de enero de 1929. Admitido al concurso oposición para cubrir plaza en la Escuela de Mandos del Cuerpo General de Policía. Trabajó para Claudio Ramos de la Brigada Político-Social. Fue inspector de tercera y luego de segunda y el 7 de junio de 1977 fue ascendido a Inspector primero de la policía.
Acusado por haber participado de las torturas infligidas a Gerardo Iglesias Argüelles, exsecretario del PCE, quien habría sido detenido por la brigada político social de Oviedo por incitar a la huelga.
Abelardo García Balaguer. Nacido el 16 de noviembre de 1937, García Balaguer es el único médico que figura en esta lista. Ginecólogo de profesión en la Línea de la Concepción, Cádiz. También fue presidente del comité local del Partido Popular en esta zona gaditana.
Se le acusa de haber actuado como principal responsable en la sustracción de bebés a algunas de las mujeres que atendía, dando información falsa sobre la presunta muerte del niño, o no dando información alguna sobre el paradero del mismo
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